Web TV blusens 2017

Si la tecnología española tuviera su panteón de rockstars Blusens sería firme candidata a ocupar un puesto de honor. Difícil encontrar una empresa patria dedicada a la electrónica de consumo que ilustre mejor la máxima de Humprey Bogart en Llamad a cualquier puerta y que habitualmente se asocia a James Dean: “Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver”.

Durante sus años dorados, en los que la firma de origen gallego patrocinaba un equipo de Moto GP, lucía su marca en la pasarela de Miss España y protagonizaba fastuosas campañas de promoción en Pachá, Blusens (Blu:sens) acaparó piropos y galardones. Su impulsor, José Ramón García, llegó a recibir en 2007 de manos del entonces principie Felipe el Premio Joven Emprendedor. Hoy la compañía está liquidada y su nombre, envuelto en polémica.

Fundada en Santiago en 2002, con un más que modesto capital de 3.000 euros, Blusens consiguió convertirse en muy poco tiempo en una empresa de éxito que facturaba 56 millones anuales. La Xunta llegó a incluirla en un dossier que elaboró en 2011 con 20 casos de éxito innovador en Galicia y estuvo presente en el Foro Empresa 2009 del Instituto Aragonés de Fomento. Además de la distinción como Joven Emprendedor de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, García —la cara más visible de la compañía— llegó a recibir el nombramiento de Gallego del Mes (febrero de 2007) y obtuvo el Premio Empresario Emergente de Ernst&Young 2008.

La prensa también se hacía eco del crecimiento estratosférico de Blusens con artículos elogiosos. Su éxito tuvo resonancia incluso en las aulas donde se formaban los empresarios del futuro. En 2007 García acudía a la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago, la ciudad que vio nacer su compañía, para impartir una conferencia bajo el ampuloso título de “El milagro Blu:Sens”. Años después el periplo de la firma se exponía en Barcelona, en el foro “Hoy es Marketing” (2013), o durante una ponencia similar en Valencia (2014). Miguel Silva, cofundador de Blusens, llegó a intervenir en la prestigiosa cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores IE University.

La empresa logró crecer a un ritmo vertiginoso

Los datos avalaban esa admiración mayúscula. Su crecimiento vertiginoso y su expansión comercial a decenas de países lograron atraer incluso a grandes inversores. El milmillonario coruñés Manuel Jove entró con su grupo Inveravante en 2008 y no se desprendería de su participación del 47,5% hasta un lustro después, en 2013. Para entonces la estrella de Blusens había cambiado.

A lo largo de su meteórica existencia, Blusens comercializó televisores, ordenadores portátiles, discos duros, reproductores de DVD y audio, proyectores con TDT integrado, navegadores GPS… Sin embargo si hubo un mercado en el que destacó fue el de los reproductores de MP3. Solo en 2006 —durante el boom de estos productos— vendió 500.000 aparatos, lo que representaba un 15% del mercado español. Los dispositivos con el logo de Blu:sens aventajaron en las tiendas a los de titanes del sector, como Apple, Sony, Creative Labs o Supratech.

Una de las grandes bazas comerciales de la compañía era su flexibilidad, la capacidad para detectar los productos con más éxito y ponerlos al alcance de los clientes en un tiempo récord. Gracias a esa agilidad en algunos foros se apuntaron las similitudes entre la fórmula de Blusens y la de Inditex aplicada a la tecnología de consumo. “Si un modelo se vende, lo fabricamos en nuestra planta de China y en 15 horas está en España. Movemos todas nuestras mercancías por avión; fletamos un Antonov directo Hong Kong-Barcelona y cada miércoles y sábado tenemos aquí 10.000 unidades del producto”, explicaba García a El País a principios de 2007.

“Nosotros no jugamos en la liga de Apple porque ellos son una compañía global. Queremos estar por debajo de las grandes marcas pero por encima de los que solo quieren vender más barato», comentaba el empresario por esas mismas fechas al diario catalán El Periódico.

Durante años la compañía no solo creció a una velocidad de vértigo. Supo también internacionalizarse y extender sus brazos hacia el mundo, más allá de Galicia, España e incluso Europa. En otra entrevista, García confesaba en 2011 a la revista Executive Excellence “la vocación» de Blusens de saltar fronteras. “Nuestro crecimiento ha tenido lugar en España, pero la consolidación de la filial de Dubái y la apertura de Uruguay y México harán que en breve la facturación proveniente de las filiales sea superior a la de España”, avanzaba el emprendedor gallego.

Su ascenso al podio empresarial fue sin embargo tan abrumador, rápido y sonado como su caída en desgracia. Los focos que la compañía tecnológica buscó con empeño durante los años de bonanza terminaron jugando en su contra en su última etapa. En 2013 trascendía que el Juzgado Nº 2 de Santiago investigaba a la empresa por un supuesto fraude fiscal en carrusel ligado al IVA que alcanzaba los 800.000 euros. El origen del caso se remontaba a 2008, cuando la Agencia Tributaria había empezado a mirar con lupa el cobro del IVA en materiales de la firma.

Cuatro años más tarde la Audiencia Provincial de A Coruña condenaba a un exdirectivo a penas de cárcel por el fraude, del que consideraba responsable subsidiaria a Blusens Technology. Más o menos por las mismas fechas en las que la Justicia estudiaba las cuentas de la compañía, el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña condenaba a la firma compostelana por infringir los derechos de propiedad intelectual de Televés, la veterana multinacional española dedicada a la producción y comercialización de equipos de telecomunicaciones.

Los problemas de financiación, clave de su caída

Sus mayores problemas eran sin embargo los de índole económica. A pesar de los millones de euros que facturaba cada año, Blusens necesitaba inyección financiera de los bancos para operar. Desde el entorno de la empresa se reconoce que su fin lo precipitaron los problemas de circulante. Con la llegada de la recesión las entidades financieras le cerraron el grifo del crédito y el modelo de negocio con el que funcionaba Blusens empezó a tambalearse.

«La empresa creció y creció porque se hizo un buen I+D, un buen marketing, se comercializó fuerte e internacionalizó en su momento. Pero con una premisa básica. Los clientes pagan a 120 días. Todo eso tiene que ir acompañado siempre de una financiación de circulante. Esa financiación se tuvo siempre de la banca española. Tenía 16 bancos con los que juntaba unos 50 millones en pólizas con las que todos los días se compraban productos para la comercialización», explican desde el entorno de la compañía disuelta: «Cuando en 2010-2011, en plena crisis financiera, la banca empieza a quebrar, se baja de 55 millones a 14 en pólizas en un año».

Las mismas fuentes insisten en que cuando Blusens empezó a padecer los problemas de financiación su negocio crecía e «internacionalizaba a una velocidad de vértigo». «Justo cuando tenía casi 200 empleados, con una estructura grandísima, cortan la línea de crédito. ¿Cómo se hace?»

A finales de 2013 Blusens Tecnology —la central de compras del grupo de electrónica de consumo— se declaraba en concurso voluntario de acreedores con el fin de “reestructurar su deuda y buscar nuevas alternativas de financiación”. La empresa ya no levantaría cabeza. Aunque —según las informaciones recogidas por La Voz de Galicia— en 2016 contactó con un fondo americano, las negociaciones no prosperaron y en 2017 se terminó liquidando la central de compras.

A Blusens sin embargo aún le quedaban muchos titulares por protagonizar. De las páginas rosadas de información económica, pasó a las de crónica judicial. El 28 de febrero de 2018 la Policía Nacional detenía a García en Galicia. Otras dos personas pasaban también a disposición judicial.

La compañía dedicada a la electrónica de consumo se convirtió en un ejemplo de emprendimiento. Nació con 3.000 euros y facturó cerca de 60 millones anuales. García fue distinguido además como Joven Emprendedor en 2007

¿La razón? Una investigación del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santiago por dos presuntos delitos: uno contra la propiedad intelectual y otro de organización criminal. La fotografía de García —el mismo que una década antes había recogido un premio de manos del ahora rey de España— declarando ante el juez ilustró portadas de periódicos y se emitió en los telediarios de todo el país. Tras el interrogatorio, el empresario quedó en libertad, aunque con el pasaporte retenido.

La intervención del juzgado la motivaba WebTV, un pequeño aparato lanzado por Blusens y que permitía acceder a contenidos de Internet desde los televisores. De hecho poco después de que la Policía Nacional llevase a García ante el juez la compañía inutilizaba el producto. En un mensaje colgado en su cuenta de Facebook, la empresa explicaba que se veía obligada a desactivar “como medida cautelar” los servidores con los que operaba WebTV. “Hasta que se esclarezca la situación por posible relación con alguna vulneración de derechos de propiedad intelectual, se exige que WebTV no pueda conectarse a Internet para funcionar de forma regular”, detallaba.

La denuncia que puso en marcha la maquinaria judicial la presentó la Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales (Egeda). A ella se sumaron más tarde como partes perjudicadas La Liga y Mediapro. El colectivo presidido por Enrique Cerezo habría actuado al detectar la presunta “distribución ilícita de la señal de TV de multitud de cadenas de televisión, muchas de ellas de acceso condicionado a pago”.

Según informaría la Policía Nacional tras saltar la polémica, su investigación comprobó “a través de herramientas de certificación digital” que la compañía —de Blusens el WebTV terminaría pasando a Magna, en la que también estaba presente García— “comercializaba en grandes superficies y de forma masiva un dispositivo multimedia que permitía visionar de forma gratuita contenidos televisivos y audiovisuales infringiendo derechos de propiedad intelectual”. Los agentes realizaron ocho registros e intervinieron 4.600 aparatos WebTV, material informático, documentos y dinero.

La desactivación del WebTV llevó a un buen número de usuarios a quejarse en las redes. La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) incluso solicitó a Fiscalía que interviniera. Desde el colectivo de defensa de los usuarios admitían hace un año desconocer cuántos afectados ha dejado la venta del dispositivo, pero matizaban que “el número puede ser elevado”. “Recibimos consultas desde diferentes partes de España, no solo desde Galicia”, apuntaba la asociación, que ha atendido más de un centenar de solicitudes relacionadas con el polémico aparato desarrollado por Blusens.

UCGAL lamenta la “excesiva lentitud” con la que avanza el proceso judicial y recuerda que los clientes que se sientan afectados por la desconexión del WebTV disponen de vías para presentar reclamaciones. “Si hablamos del ámbito de garantías tenemos la posibilidad de reclamar siempre por aquellos defectos que surjan dentro de los dos años desde la entrega. Si hemos dejado de visualizar contenidos y no han transcurrido esos 24 meses podríamos plantear una reclamación. Todas aquellas personas que se consideren perjudicadas por esta circunstancia podrán trasladar su reclamación o personarse en el propio proceso judicial”, apuntaba en 2018 el colectivo gallego.

La Unión de Consumidores aseguraba en julio del año pasado que “meses” antes se había reunido con un abogado de la compañía para buscar fórmulas que permitan “satisfacer las reclamaciones” de los perjudicados. “Sin embargo, tras varios meses, Blusens no se ha manifestado, lo cual ha llevado a UCGAL a estudiar nuevamente la personación en el procedimiento, atendiendo a la falta de voluntad de Blusens en cuanto a una solución de naturaleza extrajudicial y más ágil”. Por las mismas fechas, el juzgado aseguraba estar a la espera de informes para avanzar en una causa que ya se avanzaba “muy compleja”.

Desde el entorno de la firma santiaguesa se insiste sin embargo en que la denuncia es “una chapuza” que buscaba “sacar WebTV de circulación”. Fuentes próximas a Blusens explican que los investigados ultiman un informe pericial que prevén presentar en breve. Con él aspiran a “desmontar” la denuncia impulsada por Egeda y respaldada por Mediapro y La Liga.

¿Dispositivo de streaming o decodificador?

“WebTV no es un decodificador, no decodifica ni tiene contenidos. Es un dispositivo de streaming, como un PC, y lo único que hace es reproducir enlaces”, recalcan las mismas voces, del entorno de la disuelta compañía: “El aparato lleva Internet a la tele, nada más. Dispone de una zona para que los usuarios desarrollen apps libres. En esa zona privada hay gente que ha abierto aplicaciones de todo tipo y en esas aplicaciones privadas es donde se pueden reproducir enlaces. Pero esas aplicaciones privadas no vienen precargadas en el producto. Las baja el usuario”.

Sobre el peso que llegó a alcanzar WebTV en las cuentas de Blusens, las mismas fuentes relativizan tanto el número de aparatos vendidos como los ingresos que aportaron. Desde que se lanzó el producto se habrían comercializado en total unas 40.000 o 50.000 unidades. “WebTV no supone ni el 1% de las ventas de Blusens. Se vendieron 1,5 millones de teles, casi 2 millones de reproductores de MP3, más de 800.000 TDT en la época del apagón analógico, 500.000 tablets… Electrónica de consumo”, recalcan: “Ni siquiera justifica el esfuerzo realizado en I+D”.

En los últimos años WebTV seguía comercializándose a través Magna, una sociedad en la que García dispondría de una participación del 35%. Las mismas fuentes —próximas a la compañía— lamentan que la denuncia no refleje esa circunstancia e inciden en que lo que se investiga es una “cooperación necesaria” en un delito contra la propiedad intelectual. Reivindican también que la caída de Blusens la precipitó únicamente la crisis financiera y que durante la década y media que operó, la compañía compostelana “solo tuvo una incidencia fiscal” de 800.000 euros por el IVA. “En impuestos pagó en total 67 millones de euros”, argumentan.

Un juzgado de Santiago investiga un presunto delito contra la propiedad intelectual. Desde el entorno de la empresa, ya disuelta, se asegura que la denuncia es una «chapuza»

A pesar de la caída de Blusens Tecnology, García se ha mantenido de forma activa en el sector empresarial. En marzo de 2018 El Confidencial publicaba que el empresario gallego ostentaba, al menos entonces, cargos en 13 empresas: Minercoin, Moonoff, Moonoff Global, Club Financiero de Santiago, Blusens Global Corporation, Tendeus Spain, Amazing Store, Visualiza Business, Industrias Hermanos García, Garcil Inversiones 2006, García Morán e Hijos, Co-Comm Servicios Telecomunicaciones y Trend Luxury.

Tiempo después otro diario, El Correo Gallego, se hacía eco de que una de esas firmas, Moonoff, especializada en LED, figuraba en el listado FT100-Europe´s Fastets Growing Companies 2018, elaborado por Financial Times con la evolución de los ingresos de las empresas de 31 países europeos entre 2013 y 2016. La empresa gallega figura en una zona cómoda, en el puesto 38º.

En 2016 Moonoff tenía una plantilla de más de medio centenar de empleados, facturaba en 15 países y disponía de una filial en Miami para atender su importante volumen de negocio en América. El 40% de su facturación global llegaba de hecho del mercado internacional.

Una historia que aún se escribe en los juzgados

A día de hoy la causa contra Blusens permanece enredada en los juzgados. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explican que el caso “sigue en instrucción, con los mismos investigados”. “Justo ahora está a la espera de que las partes presenten los escritos con sus conclusiones”, apuntaban hace escasos días desde Santiago de Compostela.

Al margen del proceso que avanza en el alto tribunal, García ha aparecido a lo largo del último año varias veces en la prensa autonómica. En enero lo hizo por otro proceso judicial, aunque en este caso el fundador de Blusens era solo un personaje secundario, una nota a pie de página.

A comienzos de 2019 saltaba la noticia de que se había detenido a un inspector de Hacienda en Vigo por una supuesta trama de corrupción en la que también estarían implicados otros compinches. De forma muy resumida —y siempre presuntamente— el inspector, que ostentaba responsabilidades en el departamento de grandes contribuyentes, sancionaba a empresas que si querían librarse o ver rebajada su multa debían abonar una jugosa “mordida”. Aunque el principal acusado llegó a entrar en prisión a mediados de enero, meses después, en primavera, trascendía que se había decretado su puesta en libertad provisional bajo una fianza de 80.000 euros.

¿Qué tiene que ver el caso con el fundador de Blusens? En un giro inesperado, meses después los medios gallegos se hacían eco de que dos empresas habían decidido querellarse contra la trama corrupta al considerarse perjudicadas por sus supuestos abusos. Una es la firma viguesa Redcom, dedicada a la telefonía y que se ha visto obligada a despedir a cientos de empleados; la otra, la firma tecnológica de García. Supuestamente, ambos emprendedores se habrían negado a aceptar chantajes para que les retirasen o rebajasen sanciones. García se sumaba así a la causa del Juzgado de Instrucción Número 3 de Compostela que investiga la trama.

A la red corrupta se la investiga por presuntos delitos de blanqueo, contra la administración pública, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Como apuntaba Economía Digital (ED) en junio, el inspector de Vigo estaba especializado en fraudes del IVA «en carrusel», una de las acusaciones a las que se enfrentó José Ramón García.

La otra aparición de García en la prensa surgió a raíz de la decisión adoptada en mayo de 2018 por la Audiencia Provincial de A coruña de inhabilitarlo para llevar empresas durante un año y medio. En concreto, la sala herculina fijaba un plazo de 540 días que estaría a punto de vencer durante los que el fundador de Blusens no podría ejercer como administrador ni apoderado de compañías.

A la espera de que concluyan las investigaciones sobre la trama corrupta de Hacienda, la historia del auge y caída de Blusens, que la llevó del olimpo tecnológico a un infierno legal, sigue escribiéndose en los juzgados. A comienzos de verano trascendía además que Blusens Technology SLU era una de las empresas de Galicia que acumulaba mayor deuda con el Fisco: 5,7 millones.

Artículo actualizado el 31 de octubre de 2019.

en A Coruña, 02 de marzo de 2018 (21:18 CET)

La página oficial en Facebook de WebTV, el dispositivo que el juez ha ordenado retirar del mercado en la investigación contra Blusens, ha publicado un comunicado este viernes en el que pide «disculpas» a los usuarios. Los servidores del receptor de televisión están inactivos por orden judicial en una de las medidas cautelares de la causa que llevó al fundador de la tecnológica, José Ramón García, ante el juez.

«Queremos pediros disculpas por todas las molestias que está causando la situación actual. La complejidad de esta situación no deja margen de maniobras», dice WebTV.

«Los servidores que permiten el funcionamiento completo del dispositivo tv box WebTV deben permanecer inactivos como media cautelar. Hasta que se esclarezca la situación por posible relación con alguna vulneración de derechos de propiedad intelectual se exige que WebTV no pueda conectarse a Internet para funcionar de forma regular», prosiguen las explicaciones.

Desde el miércoles dejaron de funcionar las aplicaciones de recepción de señal de televisión incluidas en los aparatos que comercializaba Blusens. Concretamente, permitían la posibilidad de descargar aplicaciones con las que poder conectarse a enlaces piratas de webs con películas, series y deportes, entre otros contenidos. El juez ha ordenado retirar de los lineales el receptor y ha prohibido su comercialización.

La recomendación dada en algunas de las tiendas afectadas ha sido la de recoger los datos a los clientes que acudan a preguntar y esperar a tener nuevas instrucciones sobre estos receptores.

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La investigación policial iniciada a raíz de una denuncia presentada por Egeda (entidad que protege los derechos de productores audiovisuales) y a la que se ha sumado Mediapro y La Liga de Fútbol Profesional, se ha saldado, por el momento, con seis personas investigadas y ocho registros en los que se han incautado 4.600 terminales. La policía nacional ha informado este viernes del operativo desplegado por «la distribución de contenidos televisivos», para el que han contado con el apoyo de Europol, y eleva a seis las personas investigadas, cuatro detenidos (tres en Santiago y uno en Jaén) y dos más implicados (uno en Galicia y otra persona que fue localizada en Barcelona).

En un comunicado, la policía ha indicado que estos aparatos, por los que Blusens ha facturado, según los datos policiales, 1,5 millones de euros, se comercializaban en más de 14.000 puntos de venta y permitía «el acceso ilícito a la señal de televisión de multitud de canales, algunos de acceso condicionado a pago». Además de en tiendas físicas en la geografía española, este producto se podía comprar en plataformas de venta online. En los registros realizados por los agentes policiales, se han intervenido 4.600 terminales, «numeroso material informático, abundante documentación contable y financiera y dinero en efectivo».

Fuentes conocedoras de la investigación han precisado a Europa Press que el montante total se eleva a 1.400 euros en una sede (30 billetes de diez euros, 20 billetes de 20 euros y 14 billetes de 50 euros) y otros 440 euros, lo que se correspondería con el dinero en metálico para gestiones diarias de la empresa. El diseño y desarrollo del terminal se realizaba en el laboratorio de I+D de la empresa, en donde también «se desarrollaban las aplicaciones con las que acceder a películas, series o eventos deportivos». Fuentes de las partes que han denunciado han asegurado que, precisamente, en uno de los registros en la capital gallega se hicieron incautaciones de los ordenadores con los que se hacía el «control remoto» del servidor, que según explicó la policía se sitúa en Francia.

Consultados usuarios del aparato WebTV, han explicado que el receptor se sigue encendiendo, pero no se conecta a internet ni a la red wifi, lo que a su vez permitía acceder a otros contenidos. La Policía ha indicado que la investigación desarrollada ha permitido «comprobar y certificar» que, a través de herramientas de certificación digital que se «comercializaba en grandes superficies y de forma masiva un dispositivo multimedia que permitía visionar de forma gratuita contenidos televisivos y audiovisuales infringiendo derechos de propiedad intelectual».

Ahora instruye el caso el Juzgado número 3 de Santiago, cuyo titular, Andrés Lago Louro, ordenó retirar de la venta y paralizar la comercialización de este producto. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que ya se ha decretado el levantamiento del secreto de actuaciones este mismo viernes.

En su comunicado, la policía ha explicado que el diseño y desarrollo técnico del dispositivo se realizaba en el laboratorio de la empresa en Galicia y la producción se hacía en China. La distribución se realizaba en grandes superficies o tiendas de electrodomésticos o en canales de venta online y el precio oscilaba entre los 90 y los 130 euros. En el laboratorio I+D, explica la policía, «también se desarrollaban las aplicaciones que permitían el acceso ilícito a los contenidos audiovisuales canales de televisión». Por su parte, los contenidos televisivos y otros eventos deportivos, películas o series, «se encontraban alojados en un servidor en Francia, si bien el control del mismo se realizaba de forma remota desde el departamento de I+D de la mercantil».

La Policía ha explicado que los clientes «recibían asesoramiento en un foro especializado» que funcionaba a modo de servicio técnico y que permitía «visionar contenidos ilícitos». También desde ahí «se podía descargar el firmware necesario para actualizar la conexión con el servidor desde donde se emitían los contenidos». Así, explica la Policía, una vez descargada la aplicación e instalado el software, el cliente «podía acceder a cientos de canales de televisión, la mayoría condicionados a pago y a listados ordenados de copias fraudulentas de obras audiovisuales por diferentes plataformas de pago». El fundador de la empresa gallega de electrónica Blusens, José Ramón García, quedó, tras pasar a disposición judicial, en libertad provisional, tras haber sido detenido en relación a un supuesto delito contra la propiedad intelectual y organización criminal.

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