Reclamación economico administrativa modelo

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    … Sociales, Económicos e Internacionales (1966), que … un cambio de modelo donde el paciente pasa a … las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias …, legislación y formularios , Lex Nova, Madrid, 2002. – …, en Actualidad Administrativa, núm. 10, 1992. – SEUBA …

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Recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas en la Ley General Tributaria

Se regula en el Capítulo III «Recurso de reposición», del Título V «Revisión en vía Administrativa» (Art. 222-225 ,Ley General Tributaria). Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico- administrativa podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición.

NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre modificó la Ley General Tributaria con efectos, salvo excepciones, a partir del 12/10/2015.

La nueva redacción de los artículos 229.6, 230, 234.2, 235.5, 241 ter, 242 y 245 a 247 será de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.

La nueva redacción del artículo 239.6 será de aplicación a las resoluciones que se dicten desde su entrada en vigor.

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido. Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se diga otra cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.

Características:

1. Potestativo, el interesado podrá optar entre interponer este recurso o una reclamación económico-administrativa.

2. Deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa.

3. Relación con reclamaciones económico-administrativas.

No se puede interponer de forma simultánea con una reclamación económica administrativa. De tal manera que una vez interpuesto el recurso de reposición no se podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. En el caso de que se interponga un recurso de reposición y una reclamación económico-administrativa con objeto idéntico, dentro del plazo establecido, el efecto será que se tramite el presentado en primer lugar y se declarare inadmisible el segundo.

Plazo para recurrir.

El plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

Tramitación.

Si el recurrente precisase del expediente para formular sus alegaciones, deberá comparecer durante el plazo de interposición del recurso para que se le ponga de manifiesto.

A los legitimados e interesados en el recurso de reposición les serán aplicables las normas establecidas al efecto para las reclamaciones económico-administrativas.

La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del recurrente.

Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones.

Suspensión de la ejecución del acto recurrido.

La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.

Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.

Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las siguientes:

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.

En los casos del artículo 68.9 de esta Ley, si el recurso afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que, en su caso, deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso.

Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, se liquidará interés de demora por todo el período de suspensión, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 26 y en el apartado 3 del artículo 212 de esta ley.

Resolución

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido.

Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se diga otra cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.

El órgano competente para conocer del recurso de reposición no podrá abstenerse de resolver, sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia de los preceptos legales.

La resolución contendrá una exposición sucinta de los hechos y los fundamentos jurídicos adecuadamente motivados que hayan servido para adoptar el acuerdo.

En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artículo 68.9 de esta Ley, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto en el recurso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.5 de esta Ley.

El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.

En el cómputo del plazo anterior no se incluirá el período concedido para efectuar alegaciones a los titulares de derechos afectados a los que se refiere al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 232 de esta ley, ni el empleado por otros órganos de la Administración para remitir los datos o informes que se soliciten. Los períodos no incluidos en el cómputo del plazo por las circunstancias anteriores no podrán exceder de dos meses.

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta ley.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.

Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.

Reclamaciones económico-administrativas.

Regulación.

Las reclamaciones económico-administrativas, se regulan en el Título V «Revisión en vía administrativa», Capítulo IV «Reclamaciones económico-administrativas»

Características.

Es un recurso obligatorio con respecto al contencioso-administrativo, es decir, si se va a interponer un recurso contencioso-administrativo, deberá previamente interponerse una reclamación económico-administrativa.

Resuelve un órgano distinto e independiente del que dicto el acto recurrido.

Ámbito de aplicación.

El Art. 226 ,LGT enumera las materias en las que podrá reclamarse por esta vía:

«a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

b) La aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado y la imposición de sanciones que se deriven de unos y otros.

c) Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso.»

El Art. 227 ,LGT enumera los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa:

«1. La reclamación económico-administrativa será admisible, en relación con las materias a las que se refiere el artículo anterior, contra los actos siguientes:

a) Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.

b) Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

2. En materia de aplicación de los tributos, son reclamables:

a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.

b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.

c) Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.

d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.

e) Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.

f) Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.

g) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.

h) Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.

3. Asimismo, serán reclamables los actos que impongan sanciones.

4. Serán reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:

a) Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente.

b) Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta.

c) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

d) Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

5. No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes actos:

a) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.

b) Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Ministro de Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda la resolución que ultime la vía administrativa.

c) Los dictados en virtud de una ley que los excluya de reclamación económico-administrativa.»

En el apartado uno se establece la regla general, y en los siguientes apartados se limita a realizar una enumeración.

  • Otras materias.

En la Disposición adicional undécima, de la LGT se establecen las Reclamaciones económico-administrativas sobre otras materias:

» 1. Podrá interponerse reclamación económico-administrativa, previa interposición potestativa de recurso de reposición, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto relativo a las siguientes materias:

a) Los actos recaudatorios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativos a ingresos de derecho público del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado o relativos a ingresos de derecho público, tributarios o no tributarios, de otra Administración pública.

b) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos de los Ministerios de Hacienda y de Economía de obligaciones del Tesoro Público y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por dichos órganos con cargo al Tesoro.

c) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sea competencia del Ministerio de Hacienda.

2. No se admitirán reclamaciones económico-administrativas con respecto a los siguientes actos:

a) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.

b) Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al ministro competente la resolución que ultime la vía administrativa.

c) Los dictados en virtud de una ley que los excluya de reclamación económico-administrativa.

3. Estará legitimado para interponer reclamación económico-administrativa contra los actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1 cualquier persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo, así como el Interventor General de la Administración del Estado o sus delegados, en las materias a que se extienda la función fiscalizadora que le confieran las disposiciones vigentes.

4. No estarán legitimados para interponer reclamación económico-administrativa contra los actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1:

a) Los funcionarios y empleados públicos salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.

b) Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios en ella.

c) Los denunciantes.

d) Los que asuman obligaciones en virtud de pacto o contrato.

e) Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fondos gestionados mediante dicho acto. …»

Organización.

En el Art. 228 ,LGT dispone que, «el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.»

En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-administrativos:

a) El Tribunal Económico-administrativo Central.

b) Los tribunales económico-administrativos regionales y locales.

También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

La competencia de los tribunales económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Acumulación.

El Art. 230 ,LGT señala lo siguiente al respecto de la acumulación de reclamaciones económico-administrativas:

«1. Los recursos y las reclamaciones económico-administrativas se acumularán a efectos de su tramitación y resolución en los siguientes casos:

a) Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo, que deriven de un mismo procedimiento.

b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente, planteen idénticas cuestiones y deban ser resueltas por el mismo órgano económico-administrativo.

c) Las que se hayan interpuesto por varios interesados contra un mismo acto administrativo o contra una misma actuación tributaria de los particulares.

d) La interpuesta contra una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de la que derive.

2. Fuera de los casos establecidos en el número anterior, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acumular motivadamente aquellas reclamaciones que considere que deben ser objeto de resolución unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista conexión entre ellas. En el caso de que se trate de distintos reclamantes y no se haya solicitado por ellos mismos, deberá previamente concedérseles un plazo de 5 días para manifestar lo que estimen conveniente respecto de la procedencia de la acumulación.

Las acumulaciones a las que se refiere este apartado podrán quedar sin efecto cuando el tribunal considere conveniente la resolución separada de las reclamaciones.

3. Los acuerdos sobre acumulación o por los que se deja sin efecto una acumulación tendrán el carácter de actos de trámite y no serán recurribles.

4. La acumulación atenderá al ámbito territorial de cada Tribunal Económico-Administrativo o sala desconcentrada, sin que en ningún caso pueda alterar la competencia para resolver ni la vía de impugnación procedente, salvo en los casos previstos en los párrafos a), c) y d) del apartado 1 de este artículo. En estos casos, si el Tribunal Económico-Administrativo Central fuera competente para resolver una de las reclamaciones objeto de acumulación, lo será también para conocer de las acumuladas; en otro supuesto, la competencia corresponderá, en los casos contemplados en los párrafos a) y c) del apartado 1, al órgano competente para conocer de la reclamación que se hubiera interpuesto primero, y, en el establecido en el párrafo d), al órgano competente para conocer de la reclamación contra la deuda tributaria.»

Suspensión ( Art. 233 ,LGT).

La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 212.3 ,LGT.
Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.
Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las siguientes:

  • Depósito de dinero o valores públicos.
  • Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.
Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, se liquidará interés de demora por todo el período de suspensión, sin perjuicio de lo previsto en el 26.4 ,LGT y en el 212.3 ,LGT

Por disposición de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, se modifica el apartado 7º del presente artículo, disponiendo lo siguiente:

«En los casos del artículo 68.9 de esta Ley, si la reclamación afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial de la reclamación.»

Normas generales del procedimiento económico-administrativo.

El Art. 234 ,LGT establece que las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán en única o primera instancia con los recursos que la Ley General Tributaria prevé.

Se tendrá por acreditada la representación voluntaria, sin necesidad de aportar uno de los medios establecidos en el artículo 46.2 de esta Ley, cuando la representación hubiera sido admitida por la Administración Tributaria en el procedimiento en el que se dictó el acto impugnado.

El procedimiento se impulsará de oficio con sujeción a los plazos establecidos, que no serán susceptibles de prórroga ni precisarán que se declare su finalización.

Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término en cualquier instancia a una reclamación económico-administrativa serán notificados a aquéllos, bien por medios electrónicos, bien en el domicilio señalado o, en su defecto, de acuerdo con el artículo 112 de esta Ley.

La notificación se hará de forma electrónica obligatoriamente para los interesados, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, en los supuestos en que, de acuerdo con el artículo 235.5 de esta Ley, sea obligatoria la interposición de la reclamación por esta vía.

La notificación deberá expresar si el acto o resolución es o no definitivo en vía económico-administrativa y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin que ello impida que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

El procedimiento económico-administrativo será gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente.

La condena en costas se impondrá en la resolución que se dicte, con mención expresa de los motivos por los que el órgano económico-administrativo ha apreciado la concurrencia de mala fe o temeridad, así como la cuantificación de la misma.

Cuando se hubiera interpuesto recurso de alzada ordinario, la eficacia de la condena en costas dictada en primera instancia quedara supeditada a la confirmación de la misma en la resolución que se dicte en dicho recurso de alzada ordinario.

El procedimiento económico-administrativo se regulará de acuerdo con las disposiciones previstas en este capítulo y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo.

Resolución.

En cuanto a la resolución el Art. 239 ,LGT establece lo siguiente:

1. Los tribunales no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales.

2. Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados.

3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.

Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación.

Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes.»

5. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación. Las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el artículo 227.4 de esta Ley, una vez hayan adquirido firmeza, vincularán a la Administración Tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e investigación. A tal efecto, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente.

6. Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolución del Tribunal que imponga la obligación de expedir factura, el reclamante podrá, en nombre y por cuenta del reclamado, expedir la factura en la que se documente la operación, conforme a las siguientes reglas:

1.ª) El ejercicio de esta facultad deberá ser comunicado por escrito al Tribunal Económico-Administrativo que haya conocido del respectivo procedimiento, indicándose que el fallo no se ha cumplido y que se va a emitir la factura correspondiente. Igualmente deberá comunicar al reclamado por cualquier medio que deje constancia de su recepción, que va a ejercitar esta facultad.

2.ª) La factura en la que se documente la operación será confeccionada por el reclamante, que constará como destinatario de la operación, figurando como expedidor el que ha incumplido dicha obligación.

3.ª) El reclamante remitirá copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder el original de la misma. Igualmente deberá enviar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria copia de dicha factura y del escrito presentado ante el Tribunal Económico-Administrativo en el que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.

7. En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente la reclamación contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artículo 68.9 de esta Ley, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto por el Tribunal, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.5 de esta Ley.

8. La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente.

Plazo de resolución (Art. 240 ,LGT):

1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

recurso reposición liquidacion

109918 sentencias sobre recurso reposición liquidacion

Valoración vLex

  • STS, 30 de Octubre de 2014

    IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. RECTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA TRAS ESTIMAR RECURSO DE REPOSICIÓN. Aplicación de la doctrina del Tribunal. Interpretación del artículo 140 de la LGT: imposibilidad de la Administración Tributaria de modificar la liquidación provisional que ya fue revisada mediante un recurso de reposición, salvo que se descubran nuevos hechos o circunstancias. Se…

    … liquidación y sanción por … de reposición» y su modificaci\xC3″…

  • STS, 30 de Junio de 2011

    IMPUESTOS. LIQUIDACION. En el caso que examinamos la retroacción ordenada por el TEAC, encuentra su apoyo normativo en base a lo dispuesto en el artº 54 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico Administrativas . Del texto y del contexto sistemático de dicho artículo, dentro de la Sección Segunda del Capítulo Primero del Título IV , sobre actuaciones en general, y en…

    … la liquidación que ha de … y reposición de actuaciones …

  • STS, 5 de Mayo de 2014

    TASAS. Al caso del artículo 106.4 de la LJCA supone la necesaria ejecución provisional de la sentencia mediante una nueva liquidación, de modo que la cantidad a pagar sea exclusivamente la diferencia entre la primera y la segunda. Con carácter subsidiario, para el caso de que no fuera admitida la ejecución provisional en el modo señalado en la alegación anterior, al amparo también del artículo 106

    … de reposición promovido … la liquidación núm. …

  • STSJ Comunidad de Madrid 247/2013, 14 de Marzo de 2013

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. Los interesados suelen solicitar la devolución de ingresos indebidos, por considerar que los actos administrativos de liquidación han incurrido en errores de derecho, sin que de modo expreso y explícito califiquen su escrito como un recurso administrativo, pensando que tienen un plazo de…

    … de liquidación provisional por … de reposición contra la …

  • STS, 26 de Marzo de 2004

    TRIBUTOS LOCALES. IMPUGNACIÓN DE LIQUIDACIÓN. ACCESO A LA VÍA JURISDICCIONAL. RECURSO DE REPOSICIÓN PREVIO. Se impugnan liquidaciones giradas en concepto de el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La expresión «podrán» que utiliza el art. 108 de la Ley 7/1985 no implica que el recurso de reposición sea una posibilidad cuyo ejercicio se atribuya a los …

    … liquidaciones – las nums. … de reposición contra las …

Madrid.org – Contribuyente

Si no se está de acuerdo con la resolución de una reclamación económico-administrativa se puede interponer recurso ante los tribunales contencioso-administrativos.
¿QUÉ SE PUEDE RECURRIR?
Se puede recurrir cualquier acto de la Administración tributaria, que afecte directamente al interesado, como por ejemplo:
– La resolución del Recurso de Reposición.
– Liquidaciones provisionales.
– Resolución de devoluciones de ingresos indebidos.
– Acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento.
– Acuerdo de reembolso de garantía.
– Acuerdo de denegación de prórroga de los plazos de presentación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
– Acuerdo de levantamiento de suspensión.
– Sanciones tributarias.
Es muy importante tener en cuenta que la sola interposición de una reclamación económico administrativa NO suspende la deuda: si se interpone una reclamación pero la deuda no se ingresa o no se suspende, ésta seguirá su curso y puede llegar a apremio y embargo.
Para evitar que esto ocurra se puede optar por::
a) Pagar la deuda que ha sido recurrida:
Si se opta por pagar íntegramente la deuda recurrida o bien solicitar su aplazamiento o fraccionamiento, una vez recibida la resolución de la reclamación, y siempre que sea favorable al interesado, la Administración procederá a devolver las cantidades que hubiesen sido ingresadas con sus correspondientes intereses.
b) Suspender la ejecución del acto impugnado presentando la oportuna garantía.
El interesado deberá aportar garantía que cubra el importe de la deuda recurrida, más los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensión.
Como excepción, si lo que se recurre es una sanción tributaria, la interposición de la reclamación económico-administrativa suspenderá automáticamente la ejecución de la sanción sin necesidad de aportar garantía alguna.
¿CÚAL ES EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA?
El plazo de interposición es de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del acto recurrido.
Si se ha interpuesto previamente recurso de reposición, el plazo para interponer reclamación económico-administrativa será de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición o de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que se produzca los efectos del silencio administrativo (un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haber obtenido una resolución expresa).
¿CÓMO SE INTERPONE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA?
Se interpone mediante escrito dirigido a la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, que lo remitirá al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid o bien a la Junta Superior de Hacienda.
¿QUE RECLAMACIONES SON COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO?
Corresponden al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra actos tributarios derivados de tributos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid.
Estos tributos son:
– Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
– Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
– Impuesto sobre el Patrimonio.
– Tasa fiscal sobre el juego: Máquinas o aparatos automáticos.
– Tasa fiscal sobre el juego: Casinos de juego.
– Tasa fiscal sobre el juego del Bingo.
– Tasa fiscal sobre el juego del Bingo simultáneo.
– Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
¿QUE RECLAMACIONES SON COMPETENCIA DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA?
Corresponden a la Junta Superior de Hacienda las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra actos tributarios derivados de tributos propios de la Comunidad de Madrid.
Estos tributos son:
– Impuesto sobre los Premios del Bingo.
– Impuesto sobre la Instalación de Máquinas en Establecimientos de Hostelería Autorizados.
– Impuesto sobre las modalidades especiales del Juego del Bingo Simultáneo.
– Impuesto sobre Depósito de Residuos.
También corresponde a la Junta Superior de Hacienda el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en relación con las tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid, así como frente a actos recaudatorios relativos a otros ingresos de derecho público.
¿CÓMO PUEDO SUSPENDER EL INGRESO DE LA DEUDA TRIBUTARIA?

El interesado podrá presentar una de las siguientes garantías:
– Depósito de dinero en efectivo o en valores públicos constituido ante la Tesorería de la Comunidad de Madrid (Plaza de Chamberí 8, 2ª planta, 28010-Madrid)
– Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
– Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, cuando la deuda tributaria no sea superior a 1.500 €.

El órgano económico-administrativo (TEAR o Juntar Superior de Hacienda) podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causa perjuicios de difícil o imposible reparación y también sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictar el acto se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
¿QUE VIGENCIA TIENE LA SUSPENSIÓN?

La suspensión de la ejecución del acto se mantendrán durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo.

Una vez terminada la vía económico-administrativa si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, la suspensión producida en vía administrativa (recurso de reposición o reclamación económico-administrativa) se mantendrá siempre que el interesado comunique a la Administración tributaria dentro del plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo (2 meses) que ha interpuesto dicho recurso y que ha solicitado la suspensión del mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponde con la suspensión solicitada.
¿QUE EFECTOS TIENE LA SUSPENSIÓN?

MODELO DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTO DE comprobación de valores

Posibles Alegaciones:

  • La valoración realizada por el obligado tributario es correcta.

    En el presente caso se ha realizado una valoración correcta por parte del obligado tributario. En este sentido, interesa señalar que el artículo 134 de la LGT establece un importante límite a la práctica de la comprobación de valores, al establecer que la Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de la LGT, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios o, como añade el apartado 1 del artículo 157 del Reglamento de gestión e inspección de tributos, haya declarado el valor que le haya sido comunicado en los términos del artículo 90 de la LGT. El procedimiento de comprobación de valores, por tanto, no puede ser promovido si el obligado tributario ha declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios de valoración a que se refiere el artículo 57 de la LGT.

  • Falta de motivación del acto de comprobación de valores.

    El acto de comprobación de valores adolece de falta de motivación. En el presente caso es evidente la falta de motivación de la propuesta de valoración resultante de la comprobación de valores realizada mediante cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 160.3 del Reglamento de gestión e inspección de tributos. Según la norma, la Administración, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, expresando los medios y criterios empleados para comprobar el valor, tal y como señala el artículo 134 de la LGT. El acto de comprobación de valores debe estar suficientemente motivado, de conformidad con el apartado 3º de los Arts 103 y 104 de la LGT y 159 y 160 del Reglamento. En consecuencia, en el expediente administrativo y en la propia notificación al contribuyente deben constar los motivos y circunstancias por los cuales la Administración ha elevado la base imponible declarada por el sujeto pasivo. En este sentido, interesa a mi derecho la cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24-03-2003, dictada en el Recurso Nº 4213/98, según la cual la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de tal manera que al contribuyente al que se notifica el que la Administración considere valor real pueda conocerlo o rechazarlo y sólo, en este sentido, proponer la tasación pericial contradictoria, sin que se le pueda obligar a acudir a dicho medio cuando no conoce suficientemente las razones de la valoración propuesta por Hacienda, En la misma línea, la Sentencia del TSJ de Valladolid de 19-04-2005, dictada en el Recurso Nº 1653/00 precisa que se aprecia insuficiente motivación cuando se alega por la Administración que la valoración se fundamenta en estudios realizados por la propia Administración, pero no constan en el expediente ni siquiera los datos esenciales de los mismos respecto del bien litigioso. Por último, tal y como señala la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 25-02-2005, dictada en el Recurso Nº 152/01, en el expediente administrativo y en la propia notificación al contribuyente deben constar los motivos y circunstancias por los cuales la Administración ha elevado la base imponible declarada por el sujeto pasivo.

  • La propuesta de liquidación no incluye los elementos del artículo 102 LGT.

    La propuesta de liquidación no incluye los elementos que determina el artículo 102.2 de la LGT, que indica que «2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de: a) La identificación del obligado tributario. b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho. d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición. e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. f) Su carácter de provisional o definitiva.»

  • El medio de comprobación utilizado por la Administración no es el idóneo.

    El medio de comprobación utilizado por la Administración en este caso no es el ídoneo, según el artículo 57 de LGT y el artículo 160 del Reglamento. Y es que, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-01-1996, la Administración goza de discrecionalidad para aplicar cualquiera de los medios comprobatorios autorizados, siempre, naturalmente, que se trate del medio adecuado e idóneo a la naturaleza y características de los bienes o derechos de que se trate.

  • La aplicación de coeficientes abstractos sobre valores catastrales(artículo 57.1.b) LGT) no es adecuada para establecer el valor real del bien.

    El medio de comprobación utilizado por la Administración en este caso no es el ídoneo, según el artículo 57 de LGT y el artículo 160 del Reglamento. Y es que, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-01-1996, la Administración goza de discrecionalidad para aplicar cualquiera de los medios comprobatorios autorizados, siempre, naturalmente, que se trate del medio adecuado e idóneo a la naturaleza y características de los bienes o derechos de que se trate. Sin embargo, el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en Sentencia de 18/07/2018, dictada en el Recurso 3736/2017, bajo el Nº de Resolución 1283/2018, ha señalado, respecto a la aplicación de coeficientes abstractos sobre valores catastrales (artículo 57.1.b) LGT), que es un método legal de valoración; pero ello no significa que sea un método idóneo, por su abstracción, para establecer el valor real (artículos 10.1 y 46.1 TRLITP). Añade el TS que el método de comprobación del artículo 57.1.b) LGT no es adecuado para valorar los bienes inmuebles a los efectos de los impuestos cuya base imponible lo constituye legalmente su valor real. Así, la Sentencia citada señala: «A.- La primera cuestión consiste en «(…) determinar si la aplicación de un método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real». La respuesta a esa primera pregunta exige que transcendamos de los literales términos en que ha sido formulada, lo que resulta imprescindible para satisfacer el propósito legal de formar jurisprudencia sobre la aplicación del método legal de comprobación del artículo 57.1.b) de la LGT, consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, aquí los que figuran en el Catastro Inmobiliario. A tal efecto, la respuesta es la siguiente: 1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. 2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) de la LGT no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no. 3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral. 4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia». En el mismo sentido, y respecto de la utilización del método de valoración del artículo 57.1.b) LGT, por referencia al valor catastral, multiplicado por coeficientes actualizados y su inadecuación para hallar el valor real se han pronunciado también la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Junio de 2019, Sala de lo Contencioso y las Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 2018.

  • Disconformidad con los datos que maneja la Administración.

    Existe disconformidad con los datos que obran en poder de la Administración y que han servido de fundamento para motivar la propuesta de liquidación, según el artículo 108.4 de la LGT, que señala que «4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario. Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.» En consecuencia, el presente caso la Administración queda obligada a corroborar y comprobar que los datos de que dispone y que no coinciden con el contribuyente son ciertos y pueden servir para practicar propuesta y liquidación correspondiente, por cuanto que………………………… . .

  • Notificación realizada en domicilio distinto al domicilio fiscal.

    La notificación no se ha practicado correctamente, ya que la misma no fue realizada en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. Y al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración, el lugar señalado por la LGT en su artículo 110.2 para la práctica correcta de la notificación es el antedicho domicilio fiscal. Según consta en el expediente, la Administración tiene perfecto conocimiento del domicilio fiscal del obligado tributario, que es distinto a dónde se ha practicado la notificación, lo cual me ha provocado manifiesta indefensión, que alego.

  • La notificación no es conforme a derecho porque se realizó en Agosto.

    La Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 29 de Mayo de 2014 acordó la anulación de una notificación realizada por edictos, tras los dos preceptivos intentos de notificación personal, porque ambos se realizaron en dos días consecutivos del mes de Agosto, y el contribuyente se encontraba de vacaciones estivales. En consecuencia, ni tuvo conocimiento de esos dos intentos ni tampoco de la posterior notificación edictal. Para el Tribunal, los dos intentos de notificación así realizados, ambos en fechas en las que lo racional es pensar que no se va a poder localizar al destinatario por vacaciones, hacen que el segundo de ellos se reduzca a un mero acto de cumplimiento de la formalidad porque, según la sentencia, los dos intentos de notificación tienen la finalidad de garantizar que el destinatario tome conocimiento del acto administrativo que se intenta notificar; y no son un mero requisito formal que permita continuar el procedimiento acudiendo a la notioficación edictal. Es decir, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, la Administración, antes de acudir a la notificación edictal, debe agotar todas las posibilidades para intentar que la notificación personal llegue al interesado. Y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso de 13 de Mayo de 2015, dictada en el Recurso Nº 3529/2014, reitera la jurisprudencia que señala que el incumplimiento de los requisitos formales de las notificaciones no les priva de efectos cuando el órgano jurisdiccional, en virtud de las circunstancias concurrentes, llega a la convicción de que el obligado tributario ha recibido la comunicación objeto de notificación; y que, contrariamente, y por idéntica razón y pese a cumplirse los requisitos legales, si el Tribunal llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado, ello permitiría privar de efectos a la notificación efectuada. En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que el órgano jurisdiccional puede no dar validez a notificaciones realizadas en el mes de agosto y en el domicilio del interesado cuando en virtud de las circunstancias concurrentes llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado. Es decir, es la convicción a la que llegue el Tribunal, a tenor de las circunstancias concurrentes, acerca del conocimiento real del acto notificado por el interesado, el elemento determinante de la validez de las notificaciones en los casos de conflicto. En el presente caso estamos ante una notificación recibida en Agosto, y que me ha impedido conocer el contenido del acto administrativo, y, por ende, defenderme. Por tanto, la misma debe ser anulada porque, tal y como se acredita con…………, en las fechas en las que se práctico la misma estaba fuera del domicilio por vacaciones).

  • Ya se realizó anteriormente otro procedimiento de comprobación.

    En el caso concreto que nos ocupa, con anterioridad al inicio de las actuaciones de comprobación de valores se realizó otro procedimiento de comprobación con una actuación de carácter parcial por los órganos de Gestión o de Inspección; por lo que, habiendo concurrido sobre unos mismos hechos y período impositivo una actuación administrativa de comprobación con el mismo alcance y carácter de la liquidación que la que ahora se recurre, se solicita la anulación del Procedimiento de comprobación limitada y de la liquidación tributaria derivada del mismo, conforme al artículo 140.1 de la LGT. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala de lo Contencioso, de 22 de Septiembre de 2014, en la que señala que está prohíbido regularizar otra vez la misma obligación tributaria, salvo que se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas; lo que no acontece en este caso.

  • Falta de documentación de las actuaciones por parte de la Administración.

    En el presente caso existe una falta de documentación de las actuaciones de la Administración tributaria, conforme al artículo 99.7 de la LGT según el cual «Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento». En este procedimiento no consta ninguna diligencia, ni cualquiera otro documento hasta la notificación de la propuesta de liquidación que ahora es objeto de la presente alegación.

  • Error de hecho cometido por el contribuyente.

    Se invoca la existencia de un error de hecho del contribuyente en relación a los hechos manifestados y aceptados en la diligencia de fecha …/…/…., según la documentación que se aporta; y de conformidad con el artículo 107.2 de la LGT.

  • Caducidad o incumplimiento de los plazos para resolver.

    Se invoca la caducidad o incumplimiento de los plazos de resolución, de conformidad con el artículo 104 de la LGT. El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en el artículo 134 de la LGT será el regulado en el artículo 104 de esta misma ley; y en el presente caso no se ha respetado porque…………………………………

  • Prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda.

    Concurre en el presente caso la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación tributaria, que se alega, de conformidad con el artículo 66 de la LGT, que señala que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

  • La notificación no contiene el texto íntegro de la Resolución.

    No se ha acreditado en este caso un intento de notificación que contenga el texto integro de la resolución, tal y como exige el artículo 104.2 de la LGT, que establece que «2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.»

  • Falta de justificación de las dilaciones imputables al contibuyente.

    No se han justificado correctamente por parte de la Administración la interrupciones o dilaciones computadas en el procedimiento imputables al contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la LGT.

  • Propuesta de sanción formulada fuera de plazo.

    En relación con la propuesta de sanción, y según consta en el expediente, han trascurrido más de 3 meses desde la notificación de la liquidación que da origen al expediente sancionador hasta la notificación de inicio del mismo. Con base en ello, se solicita la anulación del procedimiento sancionador iniciado y de la liquidación derivada del mismo.

  • Otros motivos.

    …….(redactar texto deseado)……. .

Reclamación económico-administrativa contra actos de Gestión Tributaria

Datos Generales

Denominación

Reclamación económico-administrativa contra actos de Gestión Tributaria

Tipo de procedimiento

Tributaria

Materia

Impuestos

Objeto

Procedimiento de revisión resuelto por los Tribunales Económico – Administrativos, órganos independientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Corresponde al órgano de la Agencia Tributaria que haya dictado el acto reclamable recibir el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa en única o primera instancia y remitirlo junto con el expediente en el plazo de un mes, pudiendo acompañar el expediente de un informe. Si el escrito de interposición además incluye las alegaciones, el órgano que dictó el acto puede anular parcial o totalmente el acto impugnado dentro del plazo de un mes para remitir el expediente al Tribunal Económico – Administrativo.

Órgano responsable

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Información general del procedimiento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano – Empresa

Lugar de presentación

Telemática. (Obligatoria la presentación por la Sede electrónica si el reclamante está obligado a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones).
Oficinas de la AEAT.
Oficinas de Correos.
Demás lugares contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

Documentación

Escrito de interposición, al que se adjuntará copia del acto que se impugna, así como las pruebas que se estimen pertinentes.

Fases del procedimiento/servicio

Inicio: Presentación de la reclamación ante el órgano que dictó el acto. Cuando la reclamación incluya alegaciones dicho Órgano, puede anular el acto administrativo antes de enviar el expediente al Tribunal.
Tramitación: Envío del expediente y la reclamación al Tribunal Económico Administrativo y tramitación de la resolución por el Tribunal. El Tribunal Económico-Administrativo pondrá de manifiesto el expediente a los interesados durante el plazo de un mes, para que durante este plazo presenten el escrito de alegaciones (si no hubieran formulado alegaciones en el escrito de interposición de la reclamación) con aportación de las pruebas oportunas.
Si la tramitación de la reclamación se realizase por el procedimiento abreviado, la puesta de manifiesto del expediente se realizará por el órgano que dictó el acto impugnado durante el plazo de interposición de la reclamación.
El Tribunal Económico-Administrativo podrá solicitar informe al órgano que dictó el acto impugnado. Se practicarán las pruebas testificales, periciales y las consistentes en declaración de parte que sean relativas a hechos relevantes.
Terminación: Por renuncia al derecho en que la reclamación se fundamente, por desestimiento de la petición o instancia, por caducidad de ésta, por satisfacción extraprocesal de las pretensiones del recurrente, o por resolución dictada por el tribunal económico- Administrativo competente, que podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. El plazo de resolución es de seis meses en el supuesto de procedimiento abreviado (regulado en los artículos 245-248 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria) y del recurso extraordinario de revisión (artículo 244 de la LGT), y de un año en los supuestos del procedimiento en única o primera instancia (artículos 235-240 de la Ley General Tributaria) y del recurso de alzada ordinario (artículo 241 de la Ley General Tributaria),

Plazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Tribunales Económico Administrativos.

Recursos

Recurso de anulación en los casos exclusivos previstos legalmente (artículo 241 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria), ante el mismo órgano económico administrativo en el plazo de 15 días desde la notificación.

Recurso de alzada ordinario contra resoluciones dictadas en primera instancia, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.

Recurso extraordinario de revisión, en el plazo de tres meses contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 244 de la Ley 58/2003.

Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Información vinculada a la tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividad

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 226 a 249. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. (BOE 27-mayo-2005)

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 03-enero-2006)

Instrucción 2 /2006, de 28 de marzo de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre interposición, tramitación, resolución y ejecución de resoluciones de recursos de reposición, reclamaciones económico administrativas y recursos contencioso-administrativos.

Portal del Gobierno de La Rioja

Es otra vía de impugnación ante los Tribunales Económico-Administrativos que son órganos administrativos, no judiciales.

Cómo se interpone la reclamación económico-administrativa

La reclamación económica-administrativa tiene como objeto conocer la revisión de actos y resoluciones dictados en materia de tributos cedidos.

Se interpone mediante escrito dirigido a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que lo remitirá al Tribunal Económico-Administrativo Regional de La Rioja.

Plazo para la interposición de la reclamación ecónomico-administrativa

El plazo de interposición es de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del acto recurrido.

Si se ha interpuesto previamente recurso de reposición, el plazo para interponer reclamación económico-administrativa será de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición. Finalizado el plazo de resolución del recurso de reposición sin que haya resolución expresa, se podrá interponer reclamación económico-administrativa frente a la desestimación presunta por silencio administrativo.

Es muy importante tener en cuenta que la sola interposición de una reclamación económico administrativa NO suspende la deuda. Si se interpone una reclamación, pero la deuda no se ingresa o no se suspende, ésta seguirá su curso y puede llegar a apremio y embargo.

Como excepción, si lo que se recurre es una sanción tributaria, la interposición de la reclamación económico-administrativa suspenderá automáticamente la ejecución de la sanción sin necesidad de aportar garantía alguna.

Cómo suspender el ingreso de la deuda tributaria

El interesado podrá solicitar la suspensión y presentar una de las siguientes garantías:

  • Depósito de dinero en efectivo o en valores públicos constituido ante la Tesorería de la Comunidad de La Rioja.
  • Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia.
  • Cuando el interesado no pueda aportar alguna de las garantías anteriores, se puede acordar la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes.

El interesado deberá aportar garantía que cubra el importe de la deuda recurrida, más los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensión y los que procederían en caso de ejecución de la garantía. No obstante, en el supuesto de deudas garantizadas mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el legal.

El órgano económico-administrativo (TEAR) podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causa perjuicios de difícil o imposible reparación y también sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictar el acto se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Se producirá la suspensión de forma automática cuando el interesado se reserve el procedimiento de tasación pericial contradictoria, por tratarse de una reclamación contra un acto de comprobación de valores basada en la falta de motivación del informe de valoración y así se haga constar expresamente en el escrito de interposición.

La suspensión de la deuda conllevará, si la resolución de la reclamación no es favorable para el interesado, los correspondientes intereses de demora por todo el período de suspensión.

Finalización de una reclamación económico-administrativa

Mediante notificación del Fallo por el órgano económico-administrativo competente, la ejecución material del mismo se llevará a cabo por Resolución del órgano que dictó el acto revisado.

En el caso de que la estimación de su reclamación de lugar a la devolución de la cuantía que proceda para que esta se haga efectiva será necesario que presente la ficha de alta de terceros.

Qué puedo hacer contra la resolución de una reclamación económico-administrativa

Si el interesado está disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución, podrá presentar un incidente de ejecución que deberá ser resuelto por el tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta.

Si la reclamación económico-administrativa se ha dictado en primera instancia, se podrá interponer recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico Administrativo Central; por el contrario, si la reclamación económico-administrativa se ha dictado en única instancia, contra la misma se podrá interponer recurso ante los Tribunales Contencioso-Administrativos.

Normativa principal

  • Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria: Título V, Capítulo IV
  • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa: Título IV.

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