Propuesta de liquidacion provisional

La importancia de formular un buen escrito de alegaciones contra la liquidación complementaria girada por la Administración en sede de un procedimiento de comprobación de valores

¿Conoces la importancia de formular un buen escrito de alegaciones contra la liquidación complementaria girada por la Administración en sede de un procedimiento de comprobación de valores?

Cuando la Administración autonómica en cuestión inicia un procedimiento de comprobación de valores respecto del valor declarado por el contribuyente en la adquisición inter vivos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas o Impuesto sobre Donaciones) o mortis causa (Impuesto sobre Sucesiones) de un determinado inmueble suele girar una liquidación complementaria, la cual va acompañada habitualmente de un documento donde se motiva el procedimiento llevado a cabo y el medio de comprobación utilizado de entre los diferentes que se contemplan en el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria.

Contra dicha propuesta de liquidación complementaria, el contribuyente puede formular un escrito de alegaciones en el plazo máximo de diez días hábiles (no computan sábados, domingos ni festivos) a contar desde la recepción de la referida carta.

La opinión más extendida en la ciudadanía respecto a ese escrito de alegaciones contra la liquidación complementaria es que las mismas no sirven de nada, porque la Administración no se va a desdecir de lo argumentado en la propuesta de liquidación.

Sin embargo, nuestra experiencia profesional nos demuestra claramente lo contrario, es decir, hay muchos casos en los que gracias a la presentación de un buen escrito de alegaciones contra la liquidación complementaria se consigue anular totalmente o reducir el importe exigido inicialmente por la Hacienda autonómica.

Por ejemplo, si la vivienda ha sido adquirida a un banco y la misma ha estado habitada por okupas, o bien ha sido objeto de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, es bastante habitual que el inmueble presente daños lo suficientemente importantes como para que la Administración los tenga en cuenta a la hora de efectuar una valoración. De hecho, son habituales los casos en los que la vivienda no tiene puertas, tiene los techos de escayola agujereados, las rejas arrancadas, los sanitarios retirados, etc. Si todas esas circunstancias se ponen en conocimiento de la Administración a través de un reportaje fotográfico anexado a nuestro escrito de alegaciones, las posibilidades de anular o reducir el importe de la liquidación complementaria crecen exponencialmente. Y si en ese escrito podemos incluir también un certificado emitido por la agencia inmobiliaria que ha intervenido en la operación de compraventa mucho mejor, ya que de esa manera se acredita que el estado real del inmueble en el momento de su compra es el que aparece en las fotografías.

Cosa parecida ocurre con aquellos clientes que han adquirido un inmueble antiguo con la idea de rehabilitarlo. La Administración suele hacer una valoración sin tener en cuenta las verdaderas circunstancias del inmueble, así que si no le informamos, mediante un escrito de alegaciones bien hecho, de que por ejemplo el inmueble no tiene licencia de ocupación o que las condiciones de habitabilidad son deficientes nos encontraremos obligados a satisfacer una liquidación en base a un supuesto valor de mercado que no se corresponde con la realidad. En este punto suele ser bastante útil solicitar al arquitecto que vaya a redactar el proyecto que certifique tal circunstancia y aportarlo a nuestro escrito.

Si quiere contar con nuestra experta ayuda para recurrir su liquidación complementaria, por favor, contacte con nosotros en [email protected] o al teléfono 956360842. ¡¡¡Recuerde que solo cobramos si anulamos o reducimos el importe de su liquidación!!!

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Alegaciones presentadas a la propuesta de valoración y liquidación provisional realizada por la compra de una vivienda por la comunidad de madrid.

Muchas gracias a jflc e IsabelCanoGalant por vuestras respuestas.
Entiendo que al no haberme contestado, se considera DESESTIMATORIO las alegaciones realizadas, yo creí que sería al contrario, dado que según creo, la Comunidad de Madrid aún recibiendo las alegaciones, si no estuviera de acuerdo con estas, a los pocos días de recibirlas, debían de haberme mandado una liquidación definitiva, cuestión esta que hasta la fecha no ha sucedido, por eso me he hecho ilusiones de que estas se me habían tenido en cuenta y por tanto se había estimado.
Isabel, esa pregunta que me haces, de si había visitado algún perito la vivienda, ha sido una de las cuestiones que he alegado, pues es una vivienda de 35 años aprox., en un barrio en el que todos los demás bloques, tienen 55 años y la verdad, aunque la gente es muy maja y todos nos conocemos, 500 familias trabajadoras, no tiene nada, ni tiendas y ni actividades, pero se vive muy bien. El caso es que, la Comunidad de Madrid para hacer esa valoración coge dos viviendas de mi barrio, casas humildes de 50 m2 sin ascensor, nada de nada, y dos casas de la Alameda de Osuna, que aseguro no tienen nada que ver, ni en m2, ni en valor de las mismas, ni en prestaciones, ascensor, calefacción, portero, zona comunitaria, piscina, garage, no se, nada que ver. ¿Cómo me pueden hacer la media con unas viviendas que no tienen nada que ver con la mía, ni tan siquiera el barrio, con metro, multitud de autobuses, en mi caso sólo uno y pasa cada 20 minutos.
Bueno no continuo por que me parece totalmente injustificado lo que están haciendo y entiendo que todo es debido a la falta de dinero de presupuestos, pero no nos sacan ya bastante con tantos impuestos, que no es suficiente aún y les parece poco, que todavía nos tienen que chupar más la sangre.
Es más cuando pagué los impuestos a la Comunidad, como vi que el precio que pagué era inferior al valor real o de mercado, aumenté el importe hasta donde yo sé positivamente, era el valor real o de mercado.
Bueno lo dicho os agradezco mucho vuestras contestaciones, este foro es único y sus componente más.

Alegaciones liquidaciones complementarias ITP-AJD

SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA

SECCION DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Referencia del expediente (RUE) ______________________________________________________

MODELO PARA EFECTUAR ALEGACIONES

LEY 58/2003 ART. 135.

D./Dª XXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI ______________________________ domicilio en, c/ ______________________________________________________________, _______________(CIUDAD)

EXPONE:

Habiendo recibido en fecha __________________________ propuesta de liquidación por el impuesto por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con el expediente arriba referenciado, y comunicación de puesta de manifiesto del mismo para su consulta, formulación de alegaciones y aportación de documentos, justificantes y pruebas que considere oportunas de mis derechos, deseo poner de manifiesto:

Mi disconformidad con la propuesta de liquidación practicada por los siguientes motivos:

Por todo ello deseo poner de manifiesto MI DISCONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PRACTICADA, por lo que deseo manifestar que:

1.- Que el valor real/mercado actual del bien transmitido que figura en la escritura notarial anteriormente indicada, no habiéndose producido ninguna cesión ó pago adicional al descrito en la misma NO CORRESPONDE con el VALOR MEDIO DE MERCADO EN LA ZONA, siendo la COMPROBACIÓN DE VALOR practicada muy por encima del VALOR REAL medio de mercado, tal y como se aporta en el documento 01 (tasación inmobiliaria de ITE-ESPAÑA Sociedad de Tasaciones).

Que el precio pagado por la compra del citado inmueble es superior a los precios de mercado y tasación actuales de los inmuebles en la misma zona y calidades, como se podrá comprobar más adelante promoviendo una tasación oficial pericial contradictoria, por “los testigos de mercado” por comparación que utilizan actualmente diferentes empresas tasadoras. Por mi parte, manifestarle mi predisposición a encargar una tasación contradictoria actualizada que sirva para fundamentar el valor actual del inmueble.

2.- Que el método practicado en la COMPROBACIÓN DE VALORES, está defectuosamente motivado, NO SIENDO UNA PRUEBA REAL Y CONCRETA, que exprese concretamente su resultado, pues se evidencian insostenibles ante la falta de consideración del mercado inmobiliario local, y su evaluación (estado de conservación o calidad del inmueble), siendo estos informes INFUNDADOS, y sin MOTIVACIÓN, ni INDIVIDUALIZACIÓN, impuesta en el art. 121 de la Ley General Tributaria.

3.- El método de valoración utilizado con el explicación de la fórmula o criterios aplicados, no hace que el valor reflejado sea una imposición infundada por parte de la Administración, dejando expuesta la ausencia de conocimiento sobre le valor real de mercado de los inmuebles. Por tanto, deben ser anuladas aquellas regularizaciones que se dictan como consecuencia de la comprobación de los valores declarados, cuando el perito de la Administración ha tomado en consideración características del inmueble para cuyo conocimiento es imprescindible visitar y examinar el mismo, y sin embargo no consta que se haya personado.

4.- Cada vez son más frecuentes las comprobaciones que realiza la administración tributaria respecto de los valores que atribuyen a sus inmuebles los contribuyentes en sus declaraciones. A menudo dichas comprobaciones se realizan por peritos que hacen su informe sin personarse en el inmueble en cuestión, una reciente sentencia del Tribunal Supremo les obliga a realizar esa visita. Hecho no constatado en este expediente, dejando al contribuyente en una situación de inseguridad jurídica ante la falta de rigor en la prueba de valoración.

Además, habiendo comprobado los siguientes parámetros, fundamentales para la valoración del inmueble he de hacer constar los siguientes (comprobarlos):

Cuando haya incongruencia en los datos catastrales. En ese caso, deberá Ud. declarar los errores en al ayuntamiento del municipio donde radica el bien. Para llevar a cabo la valoración deberá Ud. acudir a la “valoración independiente de catastro. Por ejemplo:

  • Cuando la superficie de mi vivienda no corresponde a la catastral, es inferior a la catastral, después de haber realizado una medición técnica por un perito.
  • El estado de conservación de la vivienda no es adecuado los estándares tomados en la valoración de la Administración, es necesario reformar la vivienda para obtener un buen estado de uso. (describir las reformas que necesita)
  • Las calidades de la vivienda son inferiores a los estándares practicados en la valoración de la Administración.
  • El inmueble no tiene ascensor. (si se diese el caso)

Por tanto, como prueba de ello, se aportan los siguientes justificantes:

1.- Listado de precios de la promoción.

2.- Escritura notarial de compraventa

3.- Fotocopia sobre de notificación

4.- Documentación de notificación

5.-Documento de tasación, y documentos técnicos de comprobación de superficies, estado de conservación, etc

mas info aquí.

En consecuencia, SOLICITO de este Organismo la anulación de dicha valoración y de la liquidación practicada sobre la misma, admitiendo el valor que figura en la escritura notarial como valor real. Además de las suspensión del periodo recaudatorio, y de los intereses de demora en posibilidad de ser devengados.

Por lo expuesto, y de tener por desestimado este recurso, me reservo el derecho a acogerme a las previsiones del artículo 135 «Tasación pericial contradictoria» de la LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la normativa propia del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Actos Jurídicos Documentados.

Cuando un contribuyente ha adquirido un inmueble, es muy posible que reciba una comprobación de valores y una liquidación, por la que se le exige un impuesto (Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones, según los casos) mayor al que pagó en su día. En este caso, tiene dos opciones: Recurrir la liquidación, o solicitar la tasación pericial contradictoria. Pero ¿en qué consiste cada opción? ¿Son compatibles? ¿Qué le interesa más al contribuyente? (Publicado en Idealista)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE RECURRIR UNA COMPROBACIÓN DE VALORES Y SOLICITAR LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA?

La principal diferencia es que mediante el recurso se busca la anulación de la liquidación y de la valoración realizada. Mediante la tasación pericial contradictoria por el contrario, sólo se busca la corrección de la valoración realizada, porque se discrepa de los aspectos técnicos de la valoración. Por ello, el éxito del recurso supondrá que el contribuyente no tendrá que pagar ningún impuesto adicional al que pagó en su día. A través de la tasación pericial contradictoria sin embargo, se obtendrá normalmente una reducción de la deuda que exige la Administración.

Si quiere recurrir, en este post explicamos cómo hacerlo en cada Comunidad Autónoma.

¿QUÉ PROCEDIMIENTO HAY QUE SEGUIR EN CADA CASO?

Si el contribuyente decide recurrir la liquidación, lo habitual será interponer en primer lugar reclamación económico-administrativa contra la misma, que será resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que corresponda. El plazo para interponer dicho recurso es de un mes. Con carácter previo a esta reclamación puede interponerse recurso de reposición, aunque nunca sirve de nada.

En los TEAR se anulan muchas comprobaciones de valores. Pero si el TEAR desestima la reclamación habrá que interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Autónoma. En estos Tribunales se anulan también infinidad de comprobaciones de valores, que los TEAR habían considerado ajustadas a Derecho.

Si el contribuyente decide promover la tasación pericial contradictoria, tendrá que solicitarlo en el plazo de un mes desde que reciba la liquidación. Si la comprobación de valores fue realizada mediante un método distinto al del dictamen de peritos (tasación hipotecaria, precios medios en el mercado, coeficientes sobre el valor catastral…), será necesario que un perito de la Administración valore el inmueble. Frente a esta valoración, el contribuyente elegirá a un perito para que valore asimismo el inmueble.

A partir de ahí, si la diferencia entre la valoración de la Administración y la del contribuyente es igual o inferior a 120.000 euros, y al 10 por ciento de dicha tasación, esta última se tomará como base de la liquidación. En caso contrario, se nombrará un perito tercero e independiente que valorará el bien. Y se tomará su valoración siempre que no sea inferior al valor que declaró en su día el contribuyente, o superior al comprobado por la Administración. Y cuidado, porque si la valoración del perito tercero es superior en un 20% al valor declarado por el contribuyente, será éste quien pague sus honorarios.

¿ES POSIBLE SIMULTANEAR EL RECURSO Y LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA?

La respuesta es no. Si el contribuyente interpone un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, no podrá promover la tasación pericial contradictoria, sino sólo reservarse el derecho a hacerlo. Eso sí, dicha reserva supondrá la suspensión de la deuda, según veremos más adelante.

Del mismo modo, tanto la Dirección General de Tributos como algunos Tribunales consideran que no es posible simultanear la solicitud de la tasación pericial con la interposición del recurso contencioso-administrativo. Y para evitar dicha simultaneidad, se aboga por suspender el procedimiento de tasación pericial contradictoria promovido por el contribuyente, si finalmente éste decide interponer, además, el recurso contencioso-administrativo. Estamos en cualquier caso, ante una cuestión controvertida, que ya comentamos de forma más amplia en este post de nuestro blog.

LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA, ¿ES UNA OBLIGACIÓN O UN DERECHO?

Normalmente los contribuyentes promoverán la tasación pericial contradictoria, cuando discrepen de la valoración en cuanto a sus elementos técnicos (módulos aplicados, coeficientes, depreciación por antigüedad…). Y recurrirán la liquidación cuando la oposición se centre en la falta de motivación de la liquidación, o cuando la valoración realizada no se corresponda con el valor real que tiene el inmueble. Como se ha dicho antes, en el primer caso se busca corregir la valoración. En el segundo se persigue su anulación, por no ser ajustada a Derecho.

Pero lo que está claro es que el contribuyente no está obligado a promover la tasación pericial contradictoria, cuando no esté de acuerdo con la valoración realizada. Los Tribunales han considerado que no se puede obligar al contribuyente a promover la tasación pericial contradictoria, que es un remedio costoso (ya vimos que el contribuyente puede acabar pagando también al perito tercero) y de incierto resultado.

Y también está claro que la aportación por el contribuyente de un informe pericial no es algo que sólo pueda hacerse en el procedimiento de tasación pericial contradictoria. Los contribuyentes pueden aportar prueba en el procedimiento contencioso-administrativo. Dicha prueba consistirá, normalmente, en un informe pericial de parte. El objeto de dicha prueba no será el de confrontarla con la valoración administrativa, para que el Tribunal decida cuál es la correcta, y en su caso nombrar un perito independiente (para esto ya está la tasación pericial contradictoria), sino el demostrar al Tribunal que de la valoración realizada por la Administración no resulta el valor real del inmueble.

Hay que tener en cuenta que hay métodos de valoración (como el de tasación hipotecaria), en el que la valoración administrativa se presume acertada, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario. Algo parecido pasa con el método de coeficientes sobre el valor catastral. Muchos Tribunales consideran el método válido, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario. Por tanto, cuando se recurra alguna liquidación basada en alguno de estos métodos, la aportación de prueba en el recurso será fundamental.

¿QUÉ HAGO CON LA DEUDA MIENTRAS RECURRO, O SOLICITO LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA?

Cuando el contribuyente recibe la liquidación y comprobación de valores tiene un plazo para recurrir (o solicitar la tasación pericial contradictoria), y otro para pagar. Éste último se cuenta por quincenas: Si el contribuyente recibe la liquidación en la primera quincena, el plazo de pago acabará el día 20 del mes siguiente. Si la recibe en la segunda quincena, el día 5 del segundo mes posterior.

Pues bien, la solicitud de la tasación pericial contradictoria (o su reserva, si se ha optado por recurrir), suspenden la ejecutividad de la liquidación. De este modo, el contribuyente no tendrá que preocuparse por la deuda hasta que finalice el procedimiento de tasación pericial contradictoria, o hasta que sea resuelto su recurso en vía administrativa. Eso sí, la suspensión de la deuda así obtenida, no se mantendrá si el contribuyente tiene que interponer finalmente un recurso contencioso-administrativo.

¿QUÉ ES MEJOR, RECURRIR, O SOLICITAR LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA?

Nuestra experiencia nos dice que la mayoría de las liquidaciones y comprobaciones de valores que se recurren, son anuladas por los Tribunales (tanto económico-administrativos como judiciales). Por ello, siempre recomendaremos el recurso ante cualquier comprobación de valores.

Eso sí, existen situaciones en las que, por el método de comprobación utilizado, por el importe de la liquidación, y por los criterios del Tribunal Superior de Justicia al que tengamos que dirigirnos, interese más promover la tasación pericial contradictoria que recurrir. Por ejemplo, si va a ser necesario aportar prueba pericial en el recurso, y la liquidación es de una cuantía pequeña, quizá sea mejor intentar reducir el importe a pagar mediante la tasación pericial contradictoria, que afrontar los gastos de un recurso.

Existe la posibilidad también, de recurrir la liquidación ante el TEAR, y solicitar la tasación pericial contradictoria en lugar del interponer el recurso contencioso-administrativo (siempre que nos hayamos reservado el derecho a solicitar la tasación). Pero sólo recomendamos dicha opción cuando conozcamos la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia al que tenemos que acudir, y estimemos que las posibilidades de éxito del recurso son mínimas.

Estamos en definitiva, ante una decisión que ha de tomarse analizando caso por caso.

El Tribunal Supremo fija la base imponible del impuesto de transmisiones en los casos de dación en pago

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Público

22 de Marzo de 2019

  • Incluye la sentencia

La Sala Tercera señala que la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

CGPJ

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

Así lo establece el Supremo en una sentencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por Caixabank contra la sentencia del TSJ de Madrid que consideró correcta la liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas que se le giró a la entidad financiera tras recibir la dación en pago a su favor de unas fincas para saldar la deuda derivada de un préstamo hipotecario.

El tribunal fija el criterio interpretativo que consiste en determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible ha de establecerse en función del valor real del inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 93.1 de La Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa y de acuerdo con los artículos 10 y 46.3 de la Ley que regula este impuesto (TRITPAJD), la Sala indica al respecto que » en una dación de pago de uno o varios inmuebles hipotecados al acreedor, la base imponible del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los bienes inmuebles que se transmiten».

En su sentencia, la Sala analiza la comprobación de valores establecida en el artículo 46.3 TRITPAJD así como la integración de la base imponible conforme a la realidad jurídica de la dación en pagos. El artículo 46.3 permite complementar la previsión del artículo 10.1 TRITPAJD, que debe tomarse en consideración para determinar la base imponible en supuestos de adjudicación en pago. » El examen sosegado del artículo 10 TRITPAJD -señalan los jueces – permite reparar en la circunstancia de que el criterio general para la determinación de la base imponible en transmisiones patrimoniales reside, efectivamente en el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituye o ceda. Pero debe insistirse, una vez más, que la dación en pago no responde a una mera transmisión del bien inmueble sino que tiene una finalidad extintiva de la carga hipotecaria que pesa sobre el deudor y que opera como contraprestación de la adjudicación de la finca al acreedor hipotecario».

Por ello, concluye la Sala, habrá que convenir que el valor real de dicha operación o negocio jurídico viene determinado, precisamente, por el importe de la deuda hipotecaria a extinguir cuando sea superior al valor del inmueble.

En el caso concreto resuelto, Caixabank presentó la correspondiente liquidación por el concepto ITPO (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales onerosas) consignando como base imponible el valor de las fincas adquiridas (141.982,90 euros), lo que arrojaba una cuota tributaria de 8.518,97 euros. Sin embargo, la administración tributaria consideró que la base imponible del impuesto debía coincidir con el importe de la deuda hipotecaria cancelada como consecuencia de la transmisión, lo que determinó que el órgano competente de la Comunidad de Madrid girase una liquidación provisional del ITPO, por la que se determinaba una cuota de 11.832,71 euros, ya que el tipo de gravamen debía proyectarse sobre la suma que estaba pendiente (197.211,91 euros) y que fue extinguida por consecuencia de la dación en pago.

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El Tribunal Supremo establece que la venta de oro de un particular a un profesional del sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

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17 de Diciembre de 2019

  • La Sala Tercera desestima el recurso de casación interpuesto por una entidad de compraventa de oro

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la transmisión de metales preciosos por un particular a un empresario o profesional del sector está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

Comunicación poder judicial

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, examina la relación entre el Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tenor de la normativa vigente, en relación a la venta de oro o metales preciosos efectuada por un particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial.

El tribunal concluye que la operación ha de reputarse sujeta a TPO porque la misma debe ser analizada desde la perspectiva del transmitente (el particular), que es quien «realiza» el hecho imponible. Y ello a pesar de que la ley establezca que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues esa misma ley no establece excepción alguna por el hecho de que dicho adquirente sea comerciante.

Los magistrados destacan que la cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones podría afectar a la neutralidad del IVA ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la misma Sección Segunda de la Sala III del Supremo, que ha dictado la sentencia notificada hoy.

En el caso concreto examinado, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad Oro Efectivo, S.L,. contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

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