Modelo recurso plusvalia

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Cómo recurrir el impuesto de plusvalía municipal y qué hacer con la deuda mientras tanto

Recurrir y pagar una liquidación tributaria son dos cosas distintas, aunque a menudo se confunden. De hecho, los plazos para recurrir la liquidación y para pagarla son diferentes. Pero a pesar de ello, muchos contribuyentes presentan un recurso, y piensan que ya sólo les queda esperar a que llegue la respuesta, despreocupándose del pago. O están tan preocupados en pagar en plazo, que se les olvida recurrir. Por ello, en este artículo el despacho Ático Júridico explica cómo recurrir una liquidación de plusvalía municipal, y qué hacer con la deuda mientras se recurre.

¿Cuál es el plazo para recurrir?

El plazo para recurrir la plusvalía municipal dependerá de si el Ayuntamiento ha dictado una liquidación, o es el contribuyente el que ha presentado una autoliquidación.

En el primer caso, el contribuyente sólo tendrá el plazo de un mes para interponer el recurso, y si no lo hace, la liquidación devendrá firme e inatacable. No es cierto por tanto, que pueda reclamarse la devolución de todas las plusvalías municipales pagadas en los últimos cuatro años. Si el Ayuntamiento dictó una liquidación y ésta no fue recurrida en el plazo de un mes, el contribuyente ya no podrá hacerlo con posterioridad. En ese caso, sólo cabrá iniciar un procedimiento especial de revisión, basado en alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 217 de la Ley General Tributaria. Pero se trata de un recurso complejo, y que los Tribunales inadmitirán si aprecian que lo que realmente está pretendiendo el contribuyente, es recurrir la liquidación fuera del plazo que existía para ello.

Por el contrario, si es el contribuyente el que ha presentado una autoliquidación ante el Ayuntamiento, tendrá cuatro años para solicitar su rectificación y la devolución del ingreso indebido que resulte como consecuencia de dicha rectificación.

¿Qué recurso debo interponer?

Al igual que en el caso anterior, dependerá de si es el Ayuntamiento el que ha dictado una liquidación, o es el contribuyente el que ha presentado una autoliquidación.

En el primer caso, el primer recurso a interponer será el de reposición. Pero atención, porque este recurso es obligatorio o potestativo (voluntario), según los casos.

Si estamos ante un Ayuntamiento de “gran población” (artículo 121.1 de la Ley 7/1985), el recurso será potestativo, pudiendo interponer el contribuyente directamente contra la liquidación, en el plazo de un mes, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal correspondiente. No será necesario por tanto, interponer el recurso de reposición. Si dicha reclamación fuera desestimada, ya sólo procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Si estamos ante un Ayuntamiento que no sea considerado de “gran población”, el recurso de reposición será obligatorio, y deberá interponerse en el plazo de un mes. Si es desestimado, el contribuyente sólo podrá interponer el oportuno recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses. En este caso, por tanto, no existirá la vía económico-administrativa que sí existe en los municipios de gran población.

Por el contrario, si fue el contribuyente el que presentó una autoliquidación, lo primero que deberá hacer es presentar ante el Ayuntamiento una solicitud de rectificación de su autoliquidación. Y a partir de ahí, si es desestimada, valdrá todo lo afirmado en los párrafos anteriores respecto al recurso de reposición y vía contencioso-administrativa, dependiendo de si el municipio es de gran población o no.

¿Puedo beneficiarme de la sentencia que ha declarado la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal?

Hay que aclarar que la sentencia del Tribunal Constitucional sólo se refiere a los supuestos en los que se acredite que no ha existido incremento de valor en el momento de la transmisión del terreno. Además, la sentencia no hace referencia expresa a sus efectos temporales. Por ello, lo lógico es pensar que sólo podrán beneficiarse de ella los siguientes contribuyentes:

– En el caso de que el Ayuntamiento fuera el que realizó la liquidación del impuesto, aquéllos que recurrieron la liquidación, y a día de hoy sigan sosteniendo dicho recurso.

– En el caso de que fuera el contribuyente el que presentó la autoliquidación del impuesto, cuando inste su rectificación antes de que transcurran cuatro años contados desde que finalizó el plazo para presentar dicha autoliquidación.

Respecto a la posibilidad de instar la responsabilidad patrimonial del estado legislador, hay que recordar que ésta sólo procederá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, cuando el particular haya obtenido previamente una sentencia firme desestimatoria de un recurso planteado contra la liquidación de plusvalía municipal que le ocasionó el daño, y siempre que en dicho recurso se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

¿Qué puedo hacer con la deuda tributaria que se me exige?

Aunque muchos contribuyentes no lo saben, pagar no es la única opción cuando se recibe una liquidación de plusvalía municipal. Además de realizar el pago, los contribuyentes también pueden solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, e incluso solicitar su suspensión. La suspensión sólo podrá solicitarse si se recurre la deuda, y evitará tener que pagar mientras dure el recurso.

Para pagar, es evidente, lo único que hay que hacer es ir al banco y abonar el importe de la liquidación.

El aplazamiento o el fraccionamiento, necesariamente, exigirán la presentación de un escrito ante el órgano de recaudación del municipio, solicitándolo. No será necesario aportar garantías para obtener el aplazamiento o fraccionamiento, si la deuda es inferior a 30.000 euros.

Por último, la suspensión será automática, si se aporta alguna de las garantías previstas en la Ley General Tributaria (depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de una entidad de crédito, o fianza solidaria de dos contribuyentes). Si no pudiera aportarse ninguna de ellas, podrá acordarse la suspensión si se aportan otras garantías que se estimen suficientes en cada caso.

Dentro de las garantías mencionadas por la Ley General Tributaria, la gran desconocida es la fianza solidaria de dos contribuyentes, que permite la suspensión de deudas inferiores a 1.500 euros mediante la firma de un simple documento privado, y evitando por tanto gastos notariales, y comisiones bancarias.

Según el caso, puede obtenerse la suspensión sin necesidad de aportar garantías, si la liquidación que se recurre pudiera generar graves perjuicios al contribuyente, o adoleciera de errores aritméticos, materiales o de hecho. Pero en este caso la suspensión ya no es automática, sino que tiene que concederla la Administración, una vez acreditadas las circunstancias referidas.

¿Qué plazo tengo para pagar, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, o solicitar la suspensión de la deuda?

Como decíamos al principio, el plazo para pagar es diferente al previsto para interponer el recurso, por lo que nunca deben confundirse ambos plazos.

La liquidación deberá abonarse, o bien solicitar su aplazamiento, fraccionamiento o suspensión, antes del día 20 del mes siguiente al que se recibió la notificación (si se recibió en la primera quincena), o del día 5 del segundo mes posterior, si la notificación se recibió en la segunda quincena.

Si la liquidación se recibe por tanto un 13 de marzo, el plazo finalizará el 20 de abril. Y si se recibe el 16 de marzo, el 5 de mayo.

¿Qué pasa si no hago nada dentro del plazo que tenía para pagar?

Si el contribuyente no paga la deuda, ni solicita su aplazamiento, fraccionamiento o suspensión, dentro del plazo conferido para ello, la deuda entrará en apremio al día siguiente del vencimiento del plazo, exigiéndosele un 20% más sobre el importe inicialmente reclamado.

Si dicha deuda apremiada tampoco fuera pagada, la Administración podrá iniciar actuaciones para llevar a cabo el embargo de bienes del deudor.

No obstante, ello no afecta al recurso que se haya presentado. Y si finalmente el mismo fuera estimado, se anularía tanto la liquidación impugnada, como los actos de recaudación llevados a cabo para su cobro.

Recursos

  • Concepto
  • Actos recurribles
  • Actos no recurribles
  • Clases de recursos
  • Quiénes están legitimados para recurrir
  • Cómo formular un recurso
  • Plazos para recurrir
  • A quién se dirigen los recursos y/o ante quién se pueden interponer
  • Lugar de presentación
  • Resolución
  • Modelos de solicitud
  • Servicios Electrónicos

CONCEPTO

Los recursos administrativos son actuaciones de los particulares en las que se solicita de la Administración la modificación o revocación de una resolución o acto administrativo, porque no se consideran acordes con el ordenamiento jurídico.

ACTOS RECURRIBLES

Son recurribles, a tenor de lo establecido en el artículo 112 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante la denominaremos LPACAP), las resoluciones y los actos de trámite, siempre y cuando (éstos últimos) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

ACTOS NO RECURRIBLES

Las disposiciones administrativas de carácter general no son recurribles en vía administrativa.

Las reclamaciones económico-administrativas tienen un régimen que difiere del general.

CLASES DE RECURSOS

Hay tres tipos de recursos, que pueden ser interpuestos según las circunstancias de cada caso:

  • Alzada
  • Potestativo de Reposición
  • Extraordinario de revisión

El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre y cuando del mismo se deduzca su verdadero carácter.

El recurso de alzada es el que se interpone contra las resoluciones y actos a los que se refiere el artículo 112.1 de la LPACAP, esto es, contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
En los casos señalados, su interposición es obligatoria para poder acudir, una vez resuelto, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso potestativo de reposición se puede interponer contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. Dependiendo de la autoridad de la que provengan, puede haber actos de trámite que hayan de ser recurridos a través del recurso de reposición.
Es potestativo, es decir, no es obligatorio para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque, una vez presentado, hay que esperar a su resolución o a que transcurra el plazo para ello para poder interponer un recurso ante la autoridad judicial de dicho orden.

Tanto los recursos de alzada como de reposición han de fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad, definidos respectivamente en los artículos 47 y 48 de la LPACAP.

El recurso extraordinario de revisión es el que puede interponerse contra los actos firmes en vía administrativa que en su momento no fueron impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y han de fundarse en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 125.1 de la LPACAP:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

QUIÉNES ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECURRIR

Están legitimados para interponer estos recursos los interesados en la resolución o el acto administrativo, según el concepto del artículo 4 de la LPACAP, que establece lo siguiente:

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

CÓMO FORMULAR UN RECURSO

La interposición del recurso deberá expresar obligatoriamente (artículo 115 de la LPACAP):

  • El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
  • El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
  • Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
  • Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
  • Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.
  • Si se presenta a través de representante, hay que atender a los requisitos exigidos para que dicha representación sea válida en el artículo 5 y siguientes de la LPACAP, ya que si no fuera así, el recurso podría no admitirse.

Aunque con carácter general no es obligatorio, conviene señalar el DNI y dirección de correo electrónico.

PLAZOS PARA RECURRIR

Recurso de alzada: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del acto recurrido cuando éste fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Recurso potestativo de reposición: El plazo será de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del acto recurrido cuando éste fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Recurso extraordinario de revisión: Cuando se trate de la causa citada en el apartado a) del artículo 125.1 de la LPACAP (actos dictados incurriendo en errores de hecho), el plazo será de cuatro años, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución impugnada; en los demás casos en los que cabe este recurso, el plazo será de tres meses a contar desde que se tuvo conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial invocada quedó firme.

A QUIÉN SE DIRIGEN LOS RECURSOS Y/O ANTE QUIÉN SE PUEDEN INTERPONER

El recurso de alzada se dirige al órgano superior jerárquico del que dictó el acto que se desea impugnar. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al Presidente de los mismos y se puede interponer bien ante el órgano dictante de la resolución o acto que se impugna o ante la autoridad que ha de resolver el recurso.

El recurso potestativo de reposición se dirige al órgano administrativo que dictó el acto o resolución recurrida.

El recurso extraordinario de revisión se dirige al órgano administrativo que dictó el acto o resolución recurrida.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Como todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, los recursos administrativos podrán presentarse:

  • En los registros físicos de cualquier órgano de la Administración General del Estado, de órganos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de entidades que integran la Administración Local.
  • En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las entidades que integran la Administración Local o al sector público institucional. Esta opción es obligatoria cuando el representante o el interesado sea una persona jurídica, una entidad sin personalidad jurídica o un profesional en ejercicio de su actividad, para la cual se requiera estar colegiado, según lo ordena el artículo 14.2 de la LPACAP.
  • En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  • En las oficinas de asistencia en materia de registros.
  • En las oficinas de Correos.

RESOLUCIÓN

Los plazos para dictar la resolución varían en cada recurso:

  • Recurso de alzada: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo, se podrá entender desestimado el recurso, tanto si se interpone contra actos expresos como contra desestimaciones tácitas, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la LPACAP.
    Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos legalmente establecidos, quedando expedita en todo caso la vía jurisdiccional contencioso- administrativa.
  • Recurso de reposición: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, tanto si se interpone contra actos expresos como contra desestimaciones tácitas.
    Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos legalmente establecidos, quedando expedita en todo caso la vía jurisdiccional contencioso- administrativa.
  • Recurso extraordinario de revisión: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
    Contra la resolución de un recurso extraordinario de revisión no cabrá ningún otro recurso administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Cuando no estás conformes con las decisiones de Hacienda o de cualquier administración pública puedes reclamar con un recurso potestativo de reposición. Descubre aquí cómo presentarlo y el modelo para hacerlo

La Administración Pública no es infalible. Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos y general cualquier órgano como Hacienda o el SEPE son susceptibles de equivocarse o de tomar decisiones que no dejen contentos a los ciudadanos. Un buen ejemplo son las resoluciones de la Agencia Tributaria sobre qué es y qué no es vivienda habitual o las de los consistorios municipales sobre determinado tipo de multas. Cuando esto ocurre los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública presentando un recurso potestativo de reposición.

Qué es el Recurso Potestativo de Reposición

Como ya hemos comentado brevemente, el recurso potestativo de reposición es una herramienta que los ciudadanos tienen a su disposición para recurrir las decisiones de la administración pública y que permite revisar el acto administrativo por el mismo órgano que lo dictó.

Para que lo entiendas mejor, si el ayuntamiento te ha multado, presentaste alegaciones y no se tuvieron en cuenta, puedes usar el recurso de reposición. Esta es la última fórmula para tratar de solventar tu problema por la vía administrativa sin salir de los cauces de este mismo organismo. Se trata de un recurso potestativo en tanto y en cuanto a que no es obligatorio y que puede incluso prescindirse de él.

En este sentido, se puede optar por presentar un recurso de reposición o acudir directamente al la justicia ordinaria presentando un recurso judicial contencioso-administrativo, que supondría ir a juicio.

Qué actos y decisiones se pueden reclamar

En principio, el recurso de reposición se puede interponer contra cualquier resolución administrativa. Cuando ahondamos un poco más, vemos cómo esta herramienta puede usarse para impugnar tanto actos como decretos legales enteros o sobre resoluciones administrativas concretas. La clave en este punto es que esa resolución ponga fin a la vía administrativa, es decir, que zanje la posibilidad de continuar el proceso por la administración y sólo reste ya acudir a los tribunales y la justicia ordinaria.

Este recurso puede interponerse ante cualquier organismo público y cualquiera de sus decisiones que afecten directamente al ciudadano. Eso sí, en caso de iniciar esta vía no podrás presentar un recurso contencioso-administrativo en el tribunal hasta haya una resolución firme.

Actos que ponen fin a la vía administrativa

Como hemos visto, la clave para poder interponer esta reclamación es que el acto que se recurre ponga fin a la vía administrativa.
Estos son los actos que ponen fin a la vía administrativa y que por lo tanto pueden reclamarse mediante un recurso potestativo de reposición:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada, que buscan que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano jerárquicamente dependiente de él.
  • Las resoluciones de los procedimientos de impugnación que puedan sustituir al recurso de alzada según se describen en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su posterior modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  • Las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, siempre que la Ley no establezca lo contrario
  • El resto de resoluciones de órganos administrativos cuando no exista una disposición legal o reglamentaria que establezca otras vías de reclamación.
  • Los acuerdos, pactos, convenios y contratos que tengan la considración de finalizadores del procedimiento. Dicho de otra forma, cualquier documento que termine con la vía administrativa normal para reclamar

Ante cualquiera de estos casos se podrá interponer el recursos de reposición para que el organismo reconsidere una vez su postura antes de iniciar otras acciones legales (reclamación judicial).

Quien puede interponer el recurso de reposición

Parece claro que la persona afectada es quien puede reclamar, pero como casi siempre la Ley es más concreta sobre quien puede interponer un recurso de reposición. En concreto, el artículo 31 de la Ley 30/1992 delimita qué perfiles tienen potestad para hacerlo y qué requisitos deben cumplir:

    Los titulares de derechos legítimos indivuales o colectivos que hayan promovido el procedimiento administrativo
    Quienes tengan derechos que puedan verse afectados por la decisión del proceso administrativo, incluso si ellos no han iniciado el proceso
    Personas cuyos intereses se puedan ver afectados por la resolución y se personen en el procedimiento antes de que haya una resolución definitiva
    Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, que actuarán como titulares de intereses legítimos colectivos
    El derechoaniente, es decir, herederos u la persona en la que deriva el interés y responsabilidad cuando esta se deba a una relación jurídica transmisible

Como es lógico, también se puede actuar en nombre de otras personas, en cuyo caso habrá que presentar la documentación que así lo acredite según lo marcado por el artículo 32 de la citada Ley 30/92.

Plazos para poner un recurso de reposición

Como es lógico, existen unos límites temporales para interponer este tipo de recursos. Como norma no se podrá demorar más de un mes la decisión cuando se trate de un acto expresa y de tres meses si no lo es.

En ambos casos se tendrá en cuenta como fecha de partida a partir de la cual contar el mes o los tres meses el acto presunto, es decir, lo que motivó la acción que se sanciona y se quiere recurrir.

Cómo y dónde presentar un recurso de reposición

Toda persona que quiera presentar un recurso de reposición deberá incluir ciertos datos en la solicitud -en el último punto incluimos varios modelos de recursos de reposición que puedes descargar- según lo establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992.

El recurso se puede interponer ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o, en su defecto en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades del Convenio de Ventanilla Única, además, de por correo.

Desde el Ministerio de Justicio ofrecen una fórmula centralizada explican más en detalle los lugares y formas de presentar el recurso potestativo de reposición.

De forma presencial

Se podrá presentar la solicitud junto con la documentación requerida -en el siguiente punto te detallamos cuál es- en los siguientes lugares de forma presencial:

  • En la Oficina Central de Atención al Ciudadano y Registro del Ministerio de Justicia, que actuaría así como una suerte de órgano central
  • En cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, exceptuando la Gerencia de Órganos Centrales.
  • En el Registro General de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado o de la Administración de las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales que hayan suscrito el Convenio de Ventanilla Única

Por correo

Otra alternativa es hacer uso del correo, para lo que será necesario enviar la documentación bien al organismo o a la siguiente dirección: Oficina Central de Atención al Ciudadano y Registro del Ministerio (Centro de Atención al Ciudadano), Plaza de Jacinto Benavente 3, 28012 Madrid.

Se puede enviar con acuse de recibo o certificada y desde el Ministerio de Jusricia recomiendan además presentar en la oficina de correos el sobre abierto para que sellen el escrito de la carta y una copia del mismo que después puedes quedarte.

A través de internet

La página web del Ministerio de Justicia permite realizar este trámite, aunque para ello será necesario contar con certificado digitsal para que la tramitación sea completa. Durante el proceso rellenarás un modelo de recurso del ministerio y después podrás consultar el estado del recurso.

Puedes iniciar los trámites a través de este enlace.

Datos necesarios para iniciar la tramitación

Para poder presentar el recurso necesitarás aportar, como poco, los siguientes datos, según precisa el artículo 110 de la Ley 30/1992.

    Nombre y apellidos y DNI de quien recurre
    El acto que se recurre y el motivo por el que se impugna
    Lugar, fecha y firma de quien recurre, así como identificación del medio y del lugar que se señale a efectos de notificaciones posteriores
    Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige el recurso
    Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

A esto puedes aportar todas las pruebas que estimes oportunas para defender tu postura.

Modelos de recurso de reposición

Existen diferentes modelos de recurso de reposición dependiendo del organismo al que te dirijas y del motivo de la reclamación. Hacienda, por ejemplo, dispone de uno propio y de trámites concretos que puedes consultar en este enlace, en tanto que el Ministerio de Justicia cuenta con el suyo propio.

Este es un modelo básico que tomamos de

MODELO RECURSO DE REPOSICIÓN

AL ÓRGANO COMPETENTE AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.

D./Dª. ………………, mayor de edad, con N.I.F nº. …., con domicilio en la calle ……, nº ……., piso ……., en ……., provincia de ……., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio y en condición de interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente administrativo número ………., comparezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que mediante resolución de fecha ….. de ……. de ….., notificada el siguiente día …. de ……., dictada por el órgano administrativo …………, se acuerda ……………., y pone fin a la vía administrativa.

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- ……………….

SEGUNDA.- ……………….

(Alguna de las causas de nulidad o anulabilidad establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán el fundamento del recurso; se deberá justificar la causa del recurso, el agotamiento de la vía administrativa y el plazo de interposición).

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO A VE, VI o UD:

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra resolución de fecha …. de ……. de ….., dictada por el órgano administrativo ………., por la que ……………, y estimando el recurso anule dicha resolución.

Por ser de justicia que pido en …….., a ….. de …… de …..

Este es un modelo general que puedes usar para casi cualquier recurso, pero luego hay administraciones que tiene el suyo propio y otro. Estos son algunos de los modelos más extendidos.

Modelo de Recurso de Reposición

Modelo de Recurso de Reposición de Hacienda

Modelo de Recurso del Ministerio de Justicia

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Plusvalía municipal • Modelo para reclamar el impuesto

Puntúa esta Información

Si vendiste un inmueble, pagaste el impuesto y tuvo pérdidas es posible reclamar la plusvalía municipal. Esto se debe a que muchísimas personas pagaron el importe cuando su propiedad no obtuvo incremento del valor o, se pagó demás por un mal cálculo. Para hacer el trámite debes acudir al ayuntamiento que te corresponda para solicitar la devolución del dinero pagado por dicho concepto.

Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional los ciudadanos tienen la oportunidad de demostrar como nulo o inconstitucional el proceso y exigir el reembolso. Si quieres saber más sobre este tema, continúa leyendo. En las siguientes líneas te enseñaremos todo lo que debes saber sobre el reclamo del importe, cómo es el modelo para hacer el trámite y los pasos a seguir para la devolución de la plusvalía municipal.

¿Qué es la plusvalía municipal?

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o, comúmente conocido como plusvalía municipal es el impuesto que se grava por el incremento del valor de cualquier inmueble a través de los años. Dicho importe se deberá calcular tomando como punto de partida la posesión hasta el momento del traspaso del inmueble (venta, herencia o donación). Este tributo se manejará como un monto separado al generado por la venta o traspaso del inmueble.

Es importante aclarar que no todas las personas están obligadas a pagar el impuesto. Lo harán únicamente las personas que cumplan con los requisitos. Para saber si está o no exento de ello, te dejamos este artículo donde te explicamos todo lo relacionado al pago del importe.

Leer cómo saber si estoy exento de pagar plusvalía.

Cabe destacar, que la plusvalía municipal es de carácter obligatorio. Suele ocurrir que al momento de ser pagado no hayan sido tomados en cuenta algunos factores que causan el aumento del valor real del inmueble. Esto trae como consecuencia que la persona se vea obligada a realizar la venta o traspaso del inmueble a pérdidas. A pesar de que el pago de la plusvalía municipal es de carácter obligatorio, se aclara quién paga el mismo, atendiendo a la forma en que se realizó la venta o traspaso del inmueble. Hay dos formas de hacer este trámite.

Donación o Herencia

Este tipo de trámite se conoce como título gratuito, de tal forma que el pago del impuesto deberá ser realizado por quien recibe el inmueble.

Compra – venta

En este tipo de trámite se realiza un intercambio de dinero y el responsable de pagar el impuesto es el vendedor.

Sobre la sentencia de tribunal

Este trámite se lleva a cabo en atención a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Dicho pronunciamiento es un alcance que brinda una aclaratoria de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017. Recordemos que en dicha sentencia los artículos 107.1 y 107.2 de la Ley de Haciendas Locales, definen la base imponible del impuesto de plusvalía. Dicho monto debe declararse inconstitucional y nulo en la medida en que estén sometidos a tributos, situaciones inexpresivas de capacidad económica.

Ahora bien, en la nueva sentencia el Tribunal Constitucional aclaró que el impuesto de plusvalías sería nulo dependiendo del caso. En este sentido, el impuesto es nulo solo en aquellos casos en que el contribuyente pueda comprobar que la venta del inmueble le ha generado pérdidas.

¿Quién puede reclamar la plusvalía?

Todas aquellas personas que hayan pagado el impuesto por la venta o traspaso de un inmueble. Esto desde octubre de 2013 y que a la fecha no se haya producido un incremento del valor del mismo pueden realizar la reclamación. Dicha solicitud la debes realizar ante el Ayuntamiento que te corresponda. En caso de que se nieguen o no contesten en dos meses tu reclamación de la plusvalía municipal, deberás acudir a la vía judicial e interponer tu demanda.

¿Cómo reclamar la plusvalía municipal?

Los contribuyentes afectados pagaron una suma que nunca debió ser cobrada y las sentencias fueron claras ante esto. Por este motivo, es de crucial importancia que los ayuntamientos hagan la devolución del tributo, con el fin de restablecer los derechos de todos los afectados. Dentro de este contexto, estos son los documentos que se deben presentar para reclamar la plusvalía municipal:

  • DNI (copia).
  • Copia de la escritura de adquisición (por compra, herencia o donación).
  • Liquidación del impuesto (copia).
  • Escritura de compra y venta del inmueble.

Hay que tener en cuenta que el primer paso para reclamar la plusvalía es a través de la vía administrativa. Posteriormente si no se recibe una respuesta satisfactoria, se puede seguir la vía judicial. Aunado a ello, se debe contar con una evaluación por parte de un perito (eleva el costo del reclamo). Siendo necesario para hacer constar que la venta fue realizada por un valor inferior a inicial de compra. Claro está que este documento es complementario y de gran utilidad. Sin embargo, el mismo no es de carácter obligatorio.

Si no deseas tomar la opción del perito, ahora cuentas con la alternativa de poder visitar las oficinas de catastro. Registros Municipales Administrativos que cuentan con una base de datos donde reflejan el comportamiento del valor de los inmuebles en España. Verificando de esta forma, la bajada respectiva del valor de la propiedad.

Procedimiento para el reclamo

Este tipo de reclamo es calificado como un acto administrativo. En este sentido, se debe iniciar el procedimiento en el Ayuntamiento mediante la manifestación escrita donde se solicita la devolución de las cantidades pagadas en exceso. En el caso de que el Ayuntamiento no responda o rechaza la solicitud, se presentará una segunda manifestación escrita. Esta manifestación se llama recurso de reposición ante el Ayuntamiento. Otra alternativa que tiene la persona es apelar una solicitud ante el Tribunal Económico – Administrativo.

Ahora bien, si este tipo de recursos se agota. El siguiente paso a realizar es contar con la ayuda y asesoramiento de un equipo de profesionales y expertos legales para optar por la vía judicial.

Modelo de reclamación plusvalía municipal

En la actualidad, la mayoría de los Ayuntamientos en España cuelgan en sus portales web modelos de autoliquidación del impuesto de plusvalía. Siendo el propio contribuyente quién genera su liquidación y asiste a la entidad financiera respectiva a cancelarla. Pero, sí lo que desea es hacer un reclamo, le presentamos un modelo de escrito de solicitud de ingresos indebidos para el reclamo de la plusvalía municipal ante el Ayuntamiento:

Finalmente, es considerable recordar que existen plazos para presentar el reclamo de la plusvalía municipal ante el Ayuntamiento. El mismo se cuenta 30 días después de la fecha en la que se produzca la venta o seis meses después cuando se derive de actos mortis causa. A su vez, el plazo y formas de reclamar la devolución por este tipo de impuesto dependerá de la forma en cómo se ha liquidado el propio impuesto. En este sentido, recomendamos revisar cuidadosamente su caso y tener precaución con el vencimiento para el plazo de presentación.

Formulario para solicitar la devolución de lo abonado por el impuesto de plusvalía

Como es sabido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 2017 se ha pronunciado acerca de que el impuesto de plusvalía no podrá gravar actos o hechos que no sean exponentes de riqueza real o potencial.

La sentencia que se cita ha venido a declarar por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En este fallo, de aplicación a todo el territorio del Estado, el TC reitera la doctrina establecida en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Guipuzkoa y Álava. En estas resoluciones, el Tribunal apreció que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). Además indicó que, en la salvaguarda de tal principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

En consecuencia para el TC, el legislador no puede establecer un tributo teniendo en consideración actos o hechos que no evidencien una situación de riqueza real o potencial. Y matiza respecto del impuesto que discutimos que éste se está aplicando en supuestos en los que la riqueza no es siquiera potencial, sino directamente inexistente, virtual o ficticia.

El Tribunal especifica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo.

Pese a lo anterior el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”. En consecuencia, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Ello implica que el mero hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.

La sentencia citada del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulos los preceptos citados y advierte que resulta necesario analizar los impuestos que se hubieran pagado por este concepto respecto de cada transmisión llevada a cabo, con objeto de advertir los requisitos descritos en aquella y reclamar, si procede, el importe indebidamente abonado, siendo recomendable revisar no solo las autoliquidaciones sino también aquellas liquidaciones firmes que se hubieran devengado en los últimos cuatro años.

En consecuencia en supuestos en que la transmisión del inmueble no ha implicado un incremento del valor del mismo, sino todo lo contrario, una disminución más que considerable del mismo, advierte el TC que se está sometiendo a tributación situaciones que no muestran una capacidad económica, siendo ello contrario al mencionado Art. 31.1 de la CE.

Con anterioridad al pronunciamiento del TC, otros tribunales se han pronunciado en el mismo sentido descrito:

* La STSJ de Cataluña, en la Sentencia Nº 805/2013, de 18 de Julio, concluía que, conforme al Art. 104 de la Ley de Haciendas Locales, si el impuesto grava el incremento del valor del terreno, puesto de manifiesto con la transmisión; si no hay tal incremento tampoco habrá lugar a la sujeción al impuesto.

* Las SSTSJ de Castilla-León, de 10 y 28 de Junio de 2016, SSTSJ Cataluña, de 21 de marzo y 9 de mayo de 2012 y 21 de abril de 2014; STSJ Madrid, de 24 de abril de 2014,

han venido a establecer que la ausencia objetiva de incremento del valor da lugar a la no sujeción al impuesto; dado que no se materializa el hecho imponible del mismo; de modo que si falta un elemento esencial del hecho imponible no puede surgir la obligación tributaria.

* El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, en su sentencia de 22 de enero de 2013, Recurso 152/2012, advertía:

“…habida cuenta que aparecen perfectamente identificados los valores de transmisión de las fincas, obrando en los documentos 13 y 14 del escrito de demanda escritura de compraventa de las fincas en fecha 9 de Febrero de 2005 y escritura de transmisión efectuada en fecha 29 de Junio de 2010, en las que se hace constar como valor de adquisición de la finca 715.323 € y como valor de transmisión 602.605,32 €, siendo aquellos perfectamente razonables como valor de mercado y sin que se haya desplegado prueba contradictoria por la parte procesal al respecto, debe concluirse que resulta acreditada y constatada la disminución en términos reales del valor sufrido por las fincas de autos, lo que nos debe llevar forzosamente a concluir en aplicación de la praxis jurisprudencial expuesta la inexistencia del hecho imponible y consecuentemente la no sujeción al IVTNU, y ello sin perjuicio del resultado positivo que arroja la base imponible del impuesto, imponiéndose la estimación de la demanda.”

* Y, para finalizar la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Nº 1 de Burgos, de 29 de Marzo de 2017, considera que:

“El hecho imponible exige, como presupuesto necesario, que se produzca un incremento de valor del terreno en el momento del devengo del Impuesto y teniendo en cuenta el periodo que se considere en la correspondiente liquidación tributaria. La base imponible del Impuesto solamente se tendrá en cuenta cuando se ha producido el incremento de valor del terreno cuantificándolo de una manera objetiva en función de las reglas previstas en el artículo 107 del TRLRHL y en el artículo 7 de la ordenanza fiscal. En consonancia con lo establecido en el referido artículo 7, el incremento del valor del terreno que determina la existencia del hecho imponible del Impuesto ha de producirse en términos económicos y reales. Solamente de esta manera se respetará la esencia y la razón de ser del Impuesto, que hay que relacionar con la participación de la comunidad en las plusvalías generadas y puestas de manifiesto en un momento determinado, que es el del devengo. La exigencia del Impuesto, máxime si se tiene en cuenta que el mismo es directo, sin haberse producido una plusvalía en los términos indicados contraviene los principios que rigen el sistema tributario, tal y como los mismos se establecen en la Constitución y en la Ley General Tributaria. Lo determinante, atendiendo a la naturaleza y finalidad del Impuesto, es la existencia de un incremento real del valor del terreno debiendo entenderse -como ya se ha dicho y ahora se insiste en ello- que la aplicación de los criterios legales de cuantificación de la base imponible solamente pueden tenerse en cuenta cuando existe el incremento real del valor del terreno, que es lo que, según el hecho imponible, grava el Impuesto y permite su liquidación.”

Nuestra Ley General Tributaria y el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en lo que se refiere a la revisión de actos en vía administrativa, contempla la posibilidad de interesar la devolución de las cantidades que, una vez ingresadas en la Hacienda Pública, resulten indebidas. Es el caso de las cantidades abonadas a tenor del impuesto de plusvalía, de conformidad con todo lo expuesto y acreditado en el cuerpo del presente escrito.

En atención a lo expuesto acompaño y comparto un formulario para solicitar la devolución del impuesto de plusvalía en aquellos supuestos en que el obligado tributario puede acreditar que el bien objeto de tributación no ha experimentado un incremento en su valor.

Formulario.ImpuestoPlusvalía

Le notifican resolución sobre su recurso de reposición contra liquidación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU- (Plusvalía)IIVTNU

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a recurso de reposición contra liquidación por el IIVTNU, el Ayuntamiento de Torredonjimeno nos traslada la siguiente información:

“….. RESOLVER:

PRIMERO.- Desestimar, por cuanto se ha expuesto, el recurso de reposición interpuesto por D. …, titular del D.N.I…., detallado en los antecedentes de la presente, confirmando en sus propios términos el acto administrativo impugnado.

SEGUNDO.- En consecuencia, dictada resolución expresa desestimatoria, desestimar (sic) igualmente la solicitud de iniciación de revisión de actos nulos instada ante la resolución presunta, denegando las solicitudes de devolución de ingresos indebidos formuladas.

TERCERO.- Dar traslado de esta resolución a la persona interesada, con indicación de los recursos que contra la misma cabe interponer.”

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra resuelto, al haberle notificado resolución recaída y no constando que la recurriera, por lo que, con esta fecha, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

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