Modelo reclamacion ibi

Modelos de Reclamación Económica Administrativa contra el acuerdo de notificación de valor catastral

En anteriores circulares hemos hecho referencia a la interposición de recursos contra la notificación individual electrónica.

Con la presente circular queremos informarle sobre algunos puntos de este procedimiento:

  1. 1. Errores en la notificación electrónica.

El Catastro nos informa que en la notificación recibida para efectuar la comparecencia electrónica deben figurar todas las referencias catastrales de los bienes inmuebles de su titularidad. Consideran que, en caso de no venir la relación de todos sus bienes, debe comunicar al Catastro que se ha producido un error para que éste le incluya a todos sus bienes en la clave de acceso, ya que todos los bienes se han agrupado en una única notificación.

2. Recurso contra la notificación de valor catastral.

Como ya le hemos informado en la anterior circular, si desea recurrir, puede optar por el recurso de reposición ante la Gerencia Regional del Catastro de Aragón, o interponer directamente reclamación económico-administrativa. En este caso hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales cuando la cuantía de la valoración sea inferior a 72.000. En estos casos, el escrito de interposición debe contener ya las alegaciones que se formulan.
  • Por el contrario, en el procedimiento ordinario puede interponerse la reclamación y esperar a efectuar las alegaciones cuando el Tribunal abra dicho plazo.
  • Adjuntamos modelos de interposición:

Procedimiento abreviado.

Procedimiento ordinario.

  • Si la cuantía es superior a 1.800.000 euros, puede interponerse la reclamación directamente ante el Tribunal Económico-administrativo Central.

En todo caso, aconsejamos que consulte con su asesor fiscal.

¿Inconforme con la astronómica cifra que tiene que pagar por el impuesto predial?

Ondas de Ibagué es uno de los medios aliados que se suma al reclamo masivo que los ibaguereños han pedido a gritos, para evitar ser víctimas del ‘predialazo’, razón por la cual se adelantará una acción popular de la que usted puede hacer parte.

Para esto, debe imprimir y diligenciar un PODER que se otorgará al abogado Wilson Leal Echeverry y una CARTA DE RECLAMACIÓN que se entregará al secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PODER

  • DESCARGUE E IMPRIMA EL PODER DANDO CLIC AQUÍ
  • – El poder puede ser otorgado por cualquier persona natural o jurídica, preferiblemente mayor de edad, sea o no propietaria, poseedora o tenedora de inmuebles en el municipio de Ibagué.
  • – No necesita anexarle ningún documento al poder.
  • – Lea cuidadosamente el texto y llene la información suya que se le solicita.
  • – Firme el poder en el espacio destinado para el efecto, llévelo a una notaría y haga nota de presentación personal. Ese servicio tiene un costo aproximado de 2.200 pesos.
  • – En la notaría le van a devolver el poder con un sello y la firma del notario, hágalo llegar a Ondas de Ibagué (Calle 10 #3-16 · Tercer Piso), a La Cariñosa (Ibagué) o a la Calle 5 No. 3 A 09.

¡NO SE DEJE ESTAFAR!

Fuera del pago en la notaría, el servicio no tiene ningún costo, nadie puede exigir suma alguna de dinero por esta demanda que se presentará sin costo alguno para la ciudadanía.

Estaremos informando los avances y presentación de la demanda en los medios de comunicación aliados.

¿QUIÉNES PUEDEN RECLAMAR?

Todas aquellas personas a quienes el recibo del Impuesto Predial les haya aumentado en más del 25%. Haga sus cuentas.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE IBAGUÉ

  • – Verifique con el nuevo recibo el valor que pagó el año 2017.
  • – Si el valor que le liquidan para el año 2018 es más del doble del impuesto que pagó el año anterior (sin intereses) utilice este formato.
  • DESCARGUE LA CARTA DE RECLAMACIÓN DANDO CLIC AQUÍ
  • – Diligencie claramente en computador o a mano, los datos requeridos por el formato.
  • – El número catastral está en recibo nuevo, cópielo exactamente.
  • – Fírmelo al final, no debe autenticarlo ni hacer otra diligencia en notaría.
  • – Preséntelo en la Alcaldía Municipal. Sáquele una copia en lo posible para que le pongan el sello de recibido y le quede una constancia. TENGA EN CUENTA QUE EL PODER NO SE DEBE DEJAR EN LA — ALCALDÍA, SINO QUE SE DEBE ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN SEÑALADA EN EL INSTRUCTIVO ANTERIOR.
  • – Si tiene un correo electrónico, inclúyalo en el texto para que le contesten por ese medio que es más ágil.
  • – Si tiene dudas al diligenciar el formulario, escríbanos al Whatsapp 3188328283 o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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Santa Marta, agosto de 2.012

Señora Directora

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

Ciudad.

REF: Derecho de petición de entrega de información y de documentos.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, por el presente escrito y en mi condición de propietario de los inmuebles identificados con la cédula catastral xxxxx, y con folio de matrícula inmobiliaria número xxxxx, me permito de manera respetuosa con fundamento en el artículo 23 de nuestra Constitución Nacional, presentar el siguiente derecho de petición en interés particular.

1.- Sírvase informarme cual fue el proceso utilizado en la actualización de los avalúos catastrales en la ciudad de Santa Marta y cuál fue el acto en el que se materializó el respectivo incremento. Entregar copia del respectivo acto.

2.- Informarme que factores intervinieron dentro del proceso de corrección y/o actualización catastral aplicado por esa entidad para efectos del incremento del avalúo catastral a cobrar en el año 2.012 en los predios identificados como objeto de esta petición.

a- Si se trató de cambio físico, ¿indicar en qué consistió el cambio y en qué año fue realizado?

b- Si se trató de variación de uso o de productividad, ¿indicar cuál fue la variación, en qué año fue realizada y cuál el acuerdo del Consejo Distrital en qué se realizó el cambio con la indicación del artículo respectivo?

c- Si se trató de la realización de una obra u obras públicas, ¿indicar cuál fue o cuales fueron las obras, el valor de la realización de la obra u obras, en qué año fue o fueron acometidas, y como fueron aplicadas a los predios objeto de la presente petición?

d- Si se trató de reajuste con fundamento en la variación de las condiciones locales del mercado inmobiliario, indicar cuales fueron esas variaciones específicamente en los predios objeto de la petición; deberá entregar copia del estudio en donde repose el análisis y depuración de los respectivos valores presentados en el mercado inmobiliario y el reflejo de los puntos de investigación económica para cada zona homogénea física, en especial de las zonas en que se encuentran ubicados los predios objeto de la presente solicitud, y copia del acto administrativo en el cuál fueron plasmados dichos valores.

e- Sí se trató de un concepto diferente a los anteriormente mencionados, indicar en su respuesta cual fue el concepto aplicado y entregar copia de los respectivos estudios y actos administrativos en donde se plasmaron.

En la respuesta deberá señalar con exactitud qué variables fueron tenidas en cuenta en la calificación o ponderación de las zonas homogéneas determinadas para efectuar los reajustes catastrales y cuáles no, entregar copia del informe técnico del Estudio de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y análisis que soportaron el reajuste catastral a los predios objeto del derecho de petición, así como del acto administrativo en el cuál se plasmó o plasmaron los respectivo valores arrojados para realizar el reajuste.

3.- Responder SI o NO para los efectos de los respectivos ajustes catastrales se tuvieron en cuenta los factores de depreciación de los predios. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron esos factores tenidos en cuenta? Debe entregar copia del estudio y análisis en donde se refleje como se aplicaron dichos factores de depreciación y del acto administrativo en el cual fueron plasmados.

4.- Sírvase manifestar SÍ se notificó o NO al propietario o propietarios de los predios las modificaciones realizadas con respecto al valor del avalúo catastral, y en caso de ser afirmativa su respuesta, cuál fue el procedimiento seguido para efectuar la respectiva notificación.

5.- Sírvase informarme, ¿Cuál fue el valor unitario comercial y cual el valor unitario catastral por metro cuadrado asignado a cada uno de los inmuebles descritos anteriormente?

6.- Sírvase informarme en que zonas se incrementó el avalúo catastral en la ciudad de Santa Marta y los porcentajes de incremento en cada zona.

David Álvarez | 21 junio, 2019

Como nuestros lectores sabrán, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) es un Impuesto que se paga al Ayuntamiento por el vendedor cuando se trasmite un inmueble.

Dicho impuesto se calcula aplicando unos porcentajes y tarifas a la parte del valor catastral que se haya atribuido por el Catastro al terreno del inmueble transmitido.

La plusvalía municipal conforma uno de los principales fuentes de ingresos tributarios de los Ayuntamientos, junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y su recaudación se ha visto favorecida en los últimos años en el Municipio de Madrid por dos hechos singulares:

1) La revisión catastral que entró en vigor el 1 de enero de 2012 la cual, en medio de la peor crisis económica de nuestra democracia, aumentó de forma significativa los valores catastrales de los inmuebles y, en consecuencia, el importe sobre el que se calculaba dicho impuesto

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2) La supresión de la reducción del 40% sobre el valor catastral revisado que figuraba en la Ley de Haciendas Locales, a efectos de calcular el Impuesto durante los cinco primeros años de vigencia del nuevo valor para mitigar su impacto a lo largo de varios años, y que el Gobierno convirtió de obligatoria en potestativa en el mismo año 2012.

La paradoja de que este impuesto hubiera que pagarlo independientemente de si se había obtenido una ganancia por la transmisión del inmueble o, por el contrario, se había producido una pérdida fue resuelta por el Tribunal Constitucional en la sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017.

Mediante la cual declaró la nulidad de varios artículos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de aquellas transmisiones en las que no se hubiera puesto de manifiesto un incremento de valor del terreno urbano objeto de transmisión.

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El Tribunal Supremo interpretó dicha sentencia fijando que los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba.

Esto, sin poseer un valor absoluto sí que bastaría, por lo general, como fuente de acreditación de que no se había producido un incremento de valor de terreno y, por tanto, que no debería pagarse nada en concepto de plusvalía municipal al Ayuntamiento.

El Supremo desplaza, en consecuencia, al Ayuntamiento, como gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios consignados son falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido y que sí se ha producido un incremento de valor del terreno urbano transmitido.

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A este respecto, recientemente ha aparecido en varios medios de comunicación que, tras varios años en que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido paralizados la práctica totalidad de los expedientes de solicitud de devolución de ingresos indebidos por las plusvalías municipales pagadas e ingresadas que se habían presentado por los contribuyentes por haberse producido una pérdida y, no existir, por tanto, incremento del valor del terreno (aportando como prueba las escrituras de transmisión y adquisición del inmueble).

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Ya se está procediendo a comunicar por dicho Ayuntamiento a todos aquellos que hayan acreditado haber tenido una pérdida por la transmisión del inmueble que no deben pagar la plusvalía municipal.

¿Es esto cierto? Pues no, es una verdad a medias

Puesto que no se está devolviendo la plusvalía municipal a todos aquellos contribuyentes que, mediante la aportación de sus escrituras, hayan acreditado que han tenido una pérdida, sino solo a aquellos que, según una metodología que usa el Ayuntamiento, hayan tenido una pérdida como resultado de la misma.

Esta metodología pone en relación tanto el valor de adquisición y transmisión del inmueble como el valor catastral del terreno en el momento de su adquisición y transmisión y, como veremos, es claramente favorable a los intereses recaudatorios del Ayuntamiento de Madrid.

Pongamos como ejemplo un caso real de una clienta de nuestro despacho que compró una vivienda en el Municipio de Madrid durante la burbuja inmobiliaria en 2005 por 1.000.000 €.

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En 2016 (11 años después) consiguió vender dicha vivienda por 935.000 €, obteniendo por tanto una pérdida de 65.000 € por dicha transmisión.

En base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, se solicitó una devolución de la cantidad ingresada en concepto de plusvalía municipal.

Recientemente, tras casi tres años, hemos recibido la desestimación de nuestra pretensión en base a que, a efectos de calcular la pérdida el Ayuntamiento tiene en cuenta el valor catastral del terreno en el momento de la adquisición y transmisión.

El Ayuntamiento expone, en primer lugar, que el valor catastral en el momento de la adquisición del inmueble era de 270.911,58 € (de los cuales 203.387,67 €, un 75,08 %, se correspondían con el valor del terreno).

En base a ello, el Ayuntamiento multiplica el valor de adquisición y transmisión (1.000.000 € y 935.000 €, respectivamente) por los porcentajes anteriores (un 75,08% y un 81,84%, respectivamente) y, así, obtiene un valor de adquisición del terreno ponderado de 750.800 €.-

Y un valor de transmisión del mismo igualmente ponderado con el valor catastral de 765.204 €, resultando, por tanto, que sí ha existido un incremento del valor del terreno de 14.404 € según esta creativa metodología y no ha lugar a la devolución de la plusvalía municipal pagada.

Como base para adoptar este criterio toma una resolución del Tribunal Económico-Administrativo (TEAR) de Madrid de 26 de julio de 2018 que indica que, en ausencia de un valor específico del suelo debidamente acreditado por el contribuyente, debe aplicarse el criterio ya descrito que ha utilizado el Ayuntamiento de Madrid.

Hasta aquí todo correcto si no fuera porque, con posterioridad a esta Resolución del TEAR pero antes de que se resolviera esta solicitud de ingresos indebidos, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su Sentencia de fecha de 27 de septiembre de 2018, como el Tribunal Supremo en sentencia de fecha de 6 de noviembre de 2018 ya determinaron que la comparación de valores catastrales, como método para determinar si ha habido un incremento del valor del terreno y, por tanto, una manifestación de capacidad económica del contribuyente para cobrar el impuesto de plusvalía municipal, no es admisible.

Ya que esto solamente puede determinarse comparando valores de mercado, no valores catastrales y en modo alguno se puede considerar que un valor catastral se pueda considerar de mercado, correspondiendo al Ayuntamiento en todo caso la carga de la prueba de probar tal circunstancia.

Por lo anterior, la metodología empleada por el Ayuntamiento que utiliza como prueba, a efectos de determinar si ha existido pérdida o no, el porcentaje que representa el valor del terreno sobre el valor catastral total en el momento de la adquisición y trasmisión del inmueble no es válida.

No aporta prueba alguna de que ese porcentaje es de mercado con respecto al inmueble transmitido en fecha de adquisición y trasmisión porque, como ya hemos mencionado, el valor catastral.

Y de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, no se puede tomar a priori como un valor de mercado de referencia, tanto de una forma absoluta como si lo es a efectos de establecer una proporción entre valor catastral del terreno y el total, si el Ayuntamiento no lo prueba y aquí no lo ha probado en absoluto.

En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid, usando una muy discutible metodología que aprovecha el Ccatastrazo de 2012, no solo infló artificialmente los valores catastrales, sino que aumentó de manera significativa la proporción que tenía el valor del terreno sobre el valor catastral total, determina que no ha habido pérdida y niega la devolución de la plusvalía municipal a numerosos contribuyentes.

No deja de ser curioso que el Ayuntamiento, a la hora de aplicar su metodología, haya tenido en cuenta una Resolución del TEAR de Madrid pero no haya tenido en cuenta la existencia de numerosas sentencias de, entre otros, el Juzgado de lo Contencioso Nº 6 de Valencia, por ejemplo, la de 19 de enero de 2018.

Y del Nº 2 de Zaragoza (por ejemplo, la del 3 de octubre de 2018), que resuelven que debe aplicarse el IPC al valor de adquisición a efectos de determinar si ha habido pérdida o no, ya que no es idéntico lo que puede comprarse con una cierta cantidad de dinero en un año y once años después, como ocurre en nuestro caso.

Finalmente, debemos tener en cuenta que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para determinar si la plusvalía municipal puede tener para ciertos casos un carácter confiscatorio al representar el importe a pagar una parte muy importante de la ganancia obtenida o ser, incluso, superior a esta.

Por ejemplo, en el caso de nuestra clienta, esta ha tenido una pérdida patrimonial de 65.000 € que el Ayuntamiento ha convertido, metodología discutible mediante, en una ganancia de 14.404 euros.

Denegando, así, la devolución de la plusvalía pagada que asciende a 25.536,61 €, esto es, casi un 180% de dicha supuesta ganancia, resultando que se ha producido, en cualquier caso, no ya una confiscación de la ganancia obtenida sino una expropiación pura y dura de su patrimonio personal.

Huelga decir que vamos a recurrir la resolución de desestimación recibida hasta donde sea necesario para que se reconozca el derecho legítimo de nuestra cliente a que se le sea reembolsado, y con intereses de demora, la totalidad del importe que ingresó indebidamente por plusvalía municipal.

Devolución de Ingresos derivados de la normativa

La devolución de ingresos derivados de la normativa afecta al proceso de liquidación y cuantificación de la deuda. La causa de la devolución se sitúa en una fase previa al cobro y su tramitación corresponde al departamento de gestión tributaria, sin que se genere obligación de pago de intereses de demora. Los supuestos son:

  • Prorrateos de IVTM por baja en el ejercicio.
  • Prorrateo de IAE por baja en el ejercicio.
  • Devolución de ICIO por falta de realización de las obras.
  • Devolución de tasas si desiste de la solicitud de autorización antes de su concesión.
  • Devolución de tasas por no prestarse el servicio por causas imputables a la Administración.
  • Por concesión de exención o bonificación con posterioridad al pago.

Fuera de estos casos, la devolución de ingresos requiere la anulación de la liquidación, ya sea por la estimación de un recurso administrativo o judicial, o bien por acordarse en el marco de un procedimiento de revocación o nulidad.

¿Qué plazo hay para resolver?

El plazo para resolver la solicitud es de seis meses a contar desde su presentación, debiendo entenderse desestimada si pasado ese plazo no se ha resuelto. Se podrá entender notificada la resolución, si es estimatoria, cuando reciba la transferencia si la cuantía coincide con el importe solicitado.

Departamento gestor

Departamento de Gestión Tributaria. C/Juan Carlos I nº 42, 1ª planta. 28660 Boadilla del Monte. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:30; jueves ininterrumpidamente hasta las 17:00h.

¿Cómo solicitarlo?

Cumplimentando el siguiente formulario

Forma de presentación

  • Presencial: Ante el Departamento de Gestión Tributaria.
  • Por correo administrativo, mediante carta certificada dirigida al Ayuntamiento.
  • En los registros de órgano administrativo que pertenezca a la AGE o CA de Madrid
  • Sede electrónica: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

Para más información puede contactar

Forma de devolución:

El acuerdo resolviendo la solicitud de devolución se notificará al interesado, pudiendo entenderse estimado cuando reciba la transferencia si coincide con el importe principal solicitado. La devolución se realizará a la cuenta del titular del derecho a la devolución, requiriéndose para ello disponer de los datos bancario

Comunicación de datos bancarios para devolución:

  • Si es persona física: en la cuenta designada a tal efecto en su solicitud de devolución
  • Si es persona jurídica: en la cuenta que figure en el documento “Ficha de Terceros”. Si ya la he remitido a Tesorería para éste u otros pagos no es necesario aportarla, salvo actualización de datos.

Normativa

  • Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección: artículos 111 y siguientes
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: artículo 14.1
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: artículo 221
  • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa: artículo 14

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es un viejo conocido para todos los propietarios de bienes inmuebles rústicos o urbanos que, con el arranque del nuevo año, deben liquidar este tributo. Además, en 2017, el IBI subió en casi 1.895 localidades después de la última actualización del catastro para 2.452 municipios.

Qué es el IBI

El IBI es el impuesto que debes pagar cada 1 de enero a tu ayuntamiento si eres propietario, copropietario o heredero de un inmueble, ya que grava el valor catastral de los bienes inmuebles. De hecho, el valor en el catastro es la base imponible del tributo, con lo que es frecuente que se produzcan desfases entre el valor real y el atribuido para el cálculo del impuesto.

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Quien se encuentre en esta situación tiene varias opciones para reclamar IBI excesivo o para presentar alegaciones regularización catastral. Antes de eso, es importante saber de qué administración es competencia el IBI.

De un lado está la Dirección General del Catastro, y de otro el ayuntamiento de la localidad, que será el encargado de la recaudación del impuesto y del establecimiento del tipo de gravamen a aplicar que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debe ir del 0’4 al 1’1 por ciento para bienes urbanos y del 0’3 al 0’9 para rústicos.

Por su parte, la Dirección General del Catastro diseña las bases de datos sobre los bienes. Es con esta información con la que se determina el sujeto pasivo del impuesto (la persona que debe pagarlo) y la base imponible.

Los valores catastrales no suelen cambiarse, por lo general, en una década, lo que provoca que, con frecuencia, existan desajustes, tal y como aseguran las organizaciones de consumidores y la oficina del Defensor del Pueblo, que especifica además que el criterio de la Secretaria de Estado de Hacienda en estos casos es que sean los ayuntamientos los que establezcan medidas correctoras cuando el valor en catastro sea superior al real.

Entre estas medidas figurarían la bajada del tipo impositivo o las bonificaciones y reducciones. Sin embargo, el margen de actuación no es muy amplio, puesto que el tipo de gravamen a aplicar solo podría bajarse hasta el 0’1% cuando hayan entrado en vigor nuevos valores catastrales y por un máximo de seis años.

Catastrazo en 2017

Con un IBI que no ha hecho más que subir desde el inicio de la crisis, muchos expertos creen que ajustar el valor catastral cada año sería una opción para evitar cobros excesivos. Sin embargo, los ayuntamientos son los que tienen que pedir al Gobierno la revisión de los valores catastrales, algo que se puede hacer anualmente si se trata de una modificación puntual, pero que debe esperar cinco años cuando la revisión es profunda (lo que se conoce como ponencia de valor). Además, este plazo se sobrepasa con frecuencia.

Este trámite lo pidieron el año pasado 2.452 municipios para los que, antes de que finalizar 2016, el Gobierno autorizó los coeficientes de actualización de los valores de las propiedades en el catastro. El resultado: una subida del valor catastral en 1.895 localidades, entre ellas capitales como Alicante, Badajoz, Granada o Valencia.

El ascenso o descenso del valor catastral se explica, en buena medida, según el año en el que se hubiera actualizado previamente. Si fue durante la burbuja inmobiliaria, lo más probable es que tu recibo del IBI baje; pero si la actualización se realiza sobre valores anteriores a 2004, es previsible que suba.

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Reclamación catastro valor catastral

Si el valor catastral de tu vivienda o local ha subido y tu ayuntamiento mantiene los tipos impositivos, esta actualización impactará tanto en el IBI como en otros impuestos, como la plusvalía. Por ello una posibilidad es entregar un impreso de alegaciones al catastro para empezar un procesimiento de regularización catastral.

Lo primero que habría que hacer ante una regularización del catastro que incremente el valor de una propiedad sería revisar que se ha realizado correctamente. Si se considera, por ejemplo, que el valor no se ajusta a la realidad del mercado o que se incluye como urbano suelo que podría ser rústico (por ejemplo cuando no tiene planteamiento aprobado, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo) es posible impugnar la ponencia de valores, antes de que sea declarada firme, algo que ocurrirá transcurrido un mes desde que finalice su exposición pública.

Además, también se puede reclamar contra la revisión del valor catastral de una propiedad en concreto. Este trámite tendrá que realizarse en un máximo de 30 días hábiles desde que se reciba la notificación de la revisión.

Los tipos de acciones posibles son los siguientes:

  • Recurso de reposición ante el Centro de Gestión Catastral que se puede tramitar generalmente online. También en la red es posible encontrar modelo recurso IBI para tomarlo como referencia.
  • Reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo, si existe en la zona en la que se ejerce la acción.

Estas opciones de reclamación por la vía administrativa no podrán ejercitarse simultáneamente. Se recomienda que, además de la identificación del titular y del inmueble, se concrete al máximo en qué se fundamenta la oposición y que se aporten todos los documentos que respalden la reclamación. Si esta vía no ofrece resultados satisfactorios, se puede acudir a los tribunales con la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Por otra parte, aunque los ayuntamientos suelen derivar estos asuntos al Catastro, también se les puede trasladar el desacuerdo con el IBI planteado. A esta administración tendrá además que acudir quien considere que se ha cobrado el IBI de forma indebida, por ejemplo porque se ha liquidado dos veces o porque se ha dirigido a un titular incorrecto.

En estas situaciones se puede activar el trámite de solicitud de devolución de ingresos en el Ayuntamiento correspondiente. Al formulario que se envíe por la vía que se elija, por ejemplo en Madrid puede ser online o presencial, es conveniente adjuntar distintos documentos, como el justificante de pago del IBI en Madrid. Quien haya traspapelado este documento, puede pedir un duplicado del recibo del IBI en Madrid para poder remitirlo.

Un dato importante que conviene recordar: pagar el IBI será imprescindible, aunque se esté en desacuerdo con la cuantía, para pedir la devolución de los importes al ayuntamiento y para plantear el resto de recursos frente a una regularización catastral que se considere injusta.

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Apovata asesorará a quienes reclamen el IBI cobrado indebidamente por el Ayuntamiento talaverano

Miércoles 27 de Septiembre de 2017.

La asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata), que preside Víctor Jiménez Enciso, asesorará en sus reclamaciones a todos los propietarios de terrenos urbanizables a los que el Ayuntamiento ha cobrado indebidamente los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y plusvalía, para que les sean devueltas las cantidades correspondientes.

Así lo ha decidido la citada asociación en la Junta General Extraordinaria celebrada este lunes, que contó con la asistencia de alrededor de 70 personas y en la que se acordó poner los servicios de Apovata a disposición de todos los afectados por el cobro indebido del IBI y las Plusvalías en terrenos urbanizables sin plan parcial aprobado, que tienen que ser considerados rústicos a efectos fiscales según sentencia de la Audiencia Nacional correspondiente a una demanda presentada por la propia asociación.

FISCALMENTE RÚSTICOS

Como en su momento informamos, la sentencia de la Audiencia Nacional, que estimó parcialmente la demanda presentada por Apovata contra la Ponencia de Valores de Talavera, determina que los terrenos urbanizables que no tengan aprobado un plan parcial para su desarrollo tienen que ser considerados como rústicos a efectos fiscales; además, en el momento actual el impuesto municipal de Plusvalía es sólo aplicable si se demuestra que efectivamente existe plusvalía.

Los cobros indebidos, según se informó en la citada reunión de Apovata, son los de IBI y Plusvalía de los últimos años desde 2013, a cuya devolución tendrán derecho todos aquellos propietarios de terrenos en los que no se haya aprobado ningún plan parcial y, sin embargo, hayan sido considerados como urbanos a efectos de la aplicación de los mismos.

TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES

Apovata recomienda que quienes quieran presentar su correspondiente reclamación de cantidades se pongan en contacto con el despacho del asesor jurídico de la propia asociación, Javier González de Rivera -el mismo que ha dirigido el procedimiento que ha culminado con la sentencia de la Audiencia Nacional-, a quien deberán facilitar el DNI del propietario, la referencia catastral del terreno y los recibos con el justificante del pago cuya devolución se reclama. El despacho de González de Rivera está en Talavera, calle Trinidad 29, segunda planta.

Según advirtió el propio González de Rivera, lo lógico sería que el Ayuntamiento realizara las liquidaciones correspondientes y, en aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional, procediera a devolver a los impositores las cantidades cobradas indebidamente sin esperar a la reclamación; no obstante, como no se espera esta reacción municipal, Apovata recomienda que se presenten las reclamaciones «cuanto antes».

Pedimos que le devuelvan a una persona una cantidad pendiente de pago por error en el cobro del IBI

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria proceda a la revocación de la resolución dictada y proceda a la liquidación y abono de los intereses de demora devengados desde la fecha en que se produjeron los ingresos indebidos, conforme solicitó el interesado.

ANTECEDENTES

I.- El interesado nos exponía en su escrito inicial de queja básicamente que ese Servicio no liquidaba los intereses de demora, tras una devolución de ingresos indebidos (por importe de 442,78 euros) a la que había accedido, con la excusa de que la devolución de ingresos indebidos había sido a consecuencia de un error de la Gerencia Territorial del Catastro de Jaén, por la alteración catastral de un bien y su bajada de valor con efectos retroactivos a la hora de liquidar el IBI; desestimando expresamente el Servicio de Recaudación en vía de recurso la liquidación de tales intereses de demora.

II.- Vista la completa y detallada información recibida del promovente de la queja, entre la que cabe citar su solicitud de devolución de ingresos indebidos; Resolución de la Gerencia Territorial del Catastro de 24 de marzo de 2016, conteniendo la alteración catastral motivo de sus solicitudes de devolución, y la propia Resolución del Servicio de Recaudación accediendo a la devolución de ingresos indebidos, pero no a la liquidación de los intereses de demora; y, el recurso de reposición formulado contra la misma; hemos decidido admitir a trámite la queja y procedemos a poner en marcha las actuaciones ante el Servicio citado.

Consta en las mismas que el interesado formuló, en fecha 30 de marzo de 2016, solicitud de devolución de ingresos indebidos, como consecuencia del Acuerdo de alteración de la descripción catastral, adoptado por la Gerencia Territorial del Catastro.

Igualmente, consta que en fecha 31 de mayo de 2016 se dictó Resolución del Servicio por la que se reconocía el derecho a la devolución de lo indebidamente ingresado, Resolución que fue notificada al contribuyente en fecha 10 de junio de 2016, y que como resultaba desestimatoria de la liquidación de intereses, fue determinante del Recurso de reposición interpuesto por el interesado el 17 de junio de 2016, no siendo el mismo resuelto sino hasta el 25 de enero de 2018.

III.- El organismo de gestión recaudatoria formuló su Resolución citada, cuya copia nos aporta el interesado, constando en su fundamentación de derecho:

“PRIMERO.- Que este Servicio es competente para resolver la solicitud formulada, por tener asumida la recaudación en el momento de producirse el ingreso, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. V del R.D. 520/2005, de 13 de mayo, que regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, dictado en desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, y por tener asumida la gestión tributaria del impuesto por delegación del ente acreedor y aceptación de esta Diputación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHHLL), y que, entre otras funciones, dicha gestión comprende la resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, según el artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

SEGUNDO.- El Acuerdo de la Delegación de Jaén de la Gerencia Territorial del Catastro de 24 de marzo de 2016, determinó en su momento, tal y como ha quedado expuesto, el reconocimiento a devolución de ingresos indebidos de la cantidad de 442,78 euros.

TERCERO.- De otro lado, y respecto de los intereses solicitados, hemos de tener en cuenta que el propio sistema dual de exacción del IBI, con sus dos fases de gestión, la catastral (ponencias de valores, padrón del impuesto, fijación, revisión y modificación de los valores catastrales), atribuida a la Administración del Estado, y la tributaria (liquidación, recaudación y devolución de ingresos indebidos, entre otros aspectos) a los Ayuntamientos, determina que solo pueda imputarse a quien realiza la liquidación los vicios o errores que contenga la misma, y así lo establece el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de noviembre de 2003, entre otras, al manifestar que “El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria está en la determinación de la base imponible del impuesto que viene constituida por el valor catastral; dicho valor constituye el resultado de la gestión catastral y el punto de partida para la gestión tributaria; la gestión tributaria empieza donde termina la gestión catastral, “Esa autonomía en cuanto a la actuación de ambas Administraciones -la estatal y la local- determina que sus actos deban ser objeto de impugnaciones autónomas, sin que pueda imputarse a quien realiza la liquidación vicios que, en realidad, solo son imputables a la previa fijación de valores, realizada en fase procedimental autónoma y por Administración independiente”.

En consecuencia, y tratándose de una devolución de ingresos dimanante de la anulación de liquidaciones cuya causa es una errónea valoración llevada a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro, si bien es procedente la devolución del exceso ingresado como ya se hizo en fecha 31/05/2016, por cuanto ha de proceder a la misma quien tuviera asumida su recaudación en el momento de producirse el ingreso, no ocurre lo mismo con los intereses solicitados ya que, en el sentido expuesto, la responsabilidad por demora ha de imputarse al causante de la misma y este Organismo no ha tenido intervención alguna en el acto de gestión catastral erróneo llevado a cabo por un órgano inserto en el seno de la Administración del Estado. En cuanto a los intereses de demora en que pudiera incurrir este Organismo por la tardanza en proceder al pago de la devolución solicitada, no han transcurrido tampoco los seis meses previstos en el artículo 31.2 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde que en fecha 30 de marzo de 2.016 se solicitó la devolución a la fecha de la resolución del reconocimiento del derecho a la devolución que fue 31/05/2016, para proceder al abono de los mismos”.

Por cuanto antecede, y como quiera que queda expuesta suficientemente la actuación seguida por la Administración recaudadora en las presentes actuaciones, en unidad de acto con la admisión a trámite, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido formular en aplicación de lo establecido en el articulo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, Resolución en base a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La devolución de ingresos indebidos: régimen jurídico y procedimiento.

La devolución de ingresos indebidos figura como una de las obligaciones de la Administración tributaria en la relación jurídico-tributaria, en garantía de los derechos de sujeto obligado tributario o del infractor sancionado económicamente.

Su régimen jurídico básicamente está establecido en los artículos 32 y 221, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), modificada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre; y desarrollados por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa.

Conforme a las previsiones legales y reglamentarias citadas, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los supuestos que a modo de casuística cerrada relaciona el artículo 221.1 de la LGT, esto es:

«a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en el artículo 252 de esta Ley.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.»

Establece el legislador al respecto, en ese mismo precepto (artículo 221.1, in fine) que en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos se habrán de establecer las previsiones reglamentarias correspondientes, idénticas a las establecidas en el apartado 2 del artículo 220 de la propia LGT, para el procedimiento de rectificación de errores.

A saber, tales previsiones reglamentarias hacen referencia al plazo máximo para notificar resolución expresa, que será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o, desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos:

a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado.

En cualquier caso, y dado que nos encontramos ante un tributo local típico, cual es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), hemos de tener en cuenta -en el presente caso- las previsiones establecidas al respecto de la revisión de oficio, o a instancia de parte, de los actos de gestión tributaria local,.

Conforme establece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), debemos tener presente la remisión expresa que efectuó el Legislador al régimen general de la LGT, en el sentido de que los procedimientos de devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito tributario local, se ajustan también, a lo dispuesto en los artículos 32 y 220 de la citada LGT.

Por último, en lo concerniente al régimen de recursos la Ley General Tributaria (en su artículo 221.6), establece que las resoluciones de la Administración tributaria que recaigan en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, como en el de rectificación de errores, serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa.

La ley General Tributaria, estableció como plazo máximo para la resolución del recurso de reposición el de un mes, así el artículo 225.4 de la LGT, dispone:

«El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.»

En las presentes actuaciones, la Gerencia Territorial del Catastro, mediante Acuerdo de 24 de marzo de 2016, resolvió la rectificación de valoración catastral a instancia de parte, lo que dio lugar al reconocimiento de la devolución de ingresos indebidos solicitada al Servicio de Recaudación, como delegado del Ayuntamiento gestor tributario.

Ahora bien, el órgano recaudador aceptó la devolución de las cantidades ingresadas en exceso por la deuda tributaria básica, desestimando la liquidación de intereses de demora y el consiguiente recurso de reposición formulado por el interesado en demanda de aquellos intereses.

Desestimación que el Servicio de Recaudación basa o fundamenta en la interpretación contenida en la STS de 19 de noviembre de 2003, al considerar como autónomas las fases de gestión catastral por la Administración del Estado, y la fase de gestión tributaria y recaudatoria por la Administración local de que se trate. Lo que determinaría que sus respectivos actos deban ser impugnados en forma autónoma, conforme entendió el TS en aquella su Resolución.

Considerando por nuestra parte que la interpretación contenida en la citada Sentencia casacional referida, resultaba afectante a la distribución de competencias y vías procedimentales administrativas, según la materia fuere de gestión catastral o de gestión tributaria, vías autónomas evidentemente.

En cualquier caso referida a supuestos de hecho y aplicación normativa anteriores a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Segunda.- La Liquidación del interés de demora.

En nuestra opinión, los hechos o actos que se cuestionan en la presente queja, lo son de gestión tributaria, en la que se incluyen los procedimientos de liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como la revisión de los actos dictados en el curso de dicho procedimiento.

La gestión tributaria en la figura impositiva que nos ocupa (IBI), es una competencia que corresponde a los Ayuntamientos, conforme establece el artículo 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Pudiendo estos celebrar convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas para el ejercicio de las competencias y funciones de gestión tributaria del IBI.

En la gestión indicada, se incluyen funciones como las de concesión o denegación de beneficios fiscales, determinación de la deuda tributaria, elaboración de los instrumentos cobratorios, resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos y resolución de recursos interpuestos contra las mencionadas actuaciones.

Otra función más, también incorporada bajo el paraguas de la gestión tributaria por mandato legislativo, y con ocasión de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, es la de liquidación de los intereses de demora (artículo 221.5 de la LGT), que ha de realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de la citada Ley, que dispone:

«2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.»

En ese sentido, hemos de tener en cuenta que en aplicación de los preceptos legales señalados, y del desarrollo reglamentario de los mismos, producido mediante el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, el contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos queda integrado por el importe del tal ingreso, las costas si se realizó durante el procedimiento de apremio, así como el interés de demora (articulo 16, del citado Real Decreto 520/2005).

Al margen de lo anterior y teniendo en cuenta la interpretación contenida en sentencias mas recientes y, referidas al asunto concreto de la liquidación de intereses de demora en unidad de acto con la devolución de ingresos indebidos, como por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) 8527/2012, de 17 de diciembre, que en su Fundamento Juridico Tercero enlaza la calificación de un ingreso como indebido , lo que acarrea como «necesaria consecuencia la aplicación del mencionado artículo 32 LGT , que impone su devolución, en el importe realmente ingresado con el devengo del interés de demora desde la fecha en que se hubiera realizado dicho ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución».

Añadiendo el propio Fundamento Jurídico Tercero citado, lo que sigue:

«En este mismo sentido la sentencia dictada en el recurso 3/2008 (en el recurso de casación en interés de ley) realiza un examen detallado de la evolución de la devolución de ingresos indebidos a lo largo de los diversos preceptos que se le han aplicado y que en relación a la ley 58/2003 señala que: “En la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre , se declara, en su artículo 32.2 que «con la devolución de ingresos indebidos, la Administración abonará el interés de demora regulado en el art. 26 de la misma Ley , sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite”, teniendo en cuenta que “a estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se orden el pago de la devolución”; y, en su art. 221.2, que “cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido… en virtud de un acto administrativo o una resolución económico administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan”.»

Así pues, en las presentes actuaciones y teniendo en cuenta las previsiones de la LGT, citada y la interpretación jurisprudencial citada, consideramos ajustada a Derecho que la Administración recudadora -gestora tributaria por delegación-, liquidare los intereses de demora, si no desea incurrir en un enriquecimiento injusto; debiendo con posterioridad reclamar si lo estima procedente contra la Gerencia Territorial del Catastro.

Por cuanto antecede formulamos al Servicio la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN en el sentido de que conforme a la normativa indicada, proceda revocar la resolución expuesta, y proceda a la liquidación y abono de los intereses de demora devengados desde la fecha en que se produjeron los ingresos indebidos, conforme solicitó el interesado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Con la aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 por la cual el artículo 7.2 b) de la Ley del Catastro debe entenderse en el sentido de que sólo puede considerarse suelo de naturaleza urbana el calificado por la normativa urbanística como urbanizable, pero únicamente desde el momento en el que se haya aprobado el instrumento urbanístico necesario y exigido legalmente para establecer los criterios de desarrollo del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana que califica aquel suelo como urbanizable, de tal modo que, hasta entonces, el suelo tendrá la consideración catastral de rústico.

Esto implica que si una finca rústica fue recalificada como urbanizable por la correspondiente normativa urbanística, a efectos de valoración catastral seguirá siendo rústica si no se ha aprobado el instrumento urbanístico necesario para el desarrollo del correspondiente plan general de ordenación urbana o bien si la calificación realizada por la norma general no precisa más trámites de ordenación urbana; en el momento en que se dicte ese instrumento de desarrollo pasarán a tener la valoración de urbana.

El valor catastral debe reconocer la realidad urbanística puesto que de otro modo está gravando una riqueza ficticia o inexistente por vulneración del principio de capacidad económica en relación al valor del mercado.

Para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este último – tal y como establece el artículo 23.2 del TRLCI-, ya que si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente.

Por tanto para aplicar los efectos de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 2014, y poder recuperar los recibos pagados en los últimos cuatro años, y evitar que se cobre en los próximos años, tendríamos las siguientes vías:

1.- Recurrir la Ponencia de Valores: tendremos el plazo de un mes para presentar recurso de reposición contra la Gerencia de Catastro.

2.- Impugnar la notificación individual de los nuevos valores de la finca, igualmente presentado un recurso de reposición en el plazo de un mes contra dicha notificación.

3.- Recurrir las liquidaciones del IBI: formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra el recibo del IBI

a) bien alegando que la base imponible se basa en un valor catastral que no ha sido notificado por el Catastro, y no ha tenido la oportunidad de formular alegaciones. (en el caso de que no haya recibido la notificación individual de la nueva valoración)

b) bien alegando la aplicación extensiva de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014

el plazo para su interposición será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de la lista cobratoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones del Ayuntamiento, si la notificación es colectiva; en el plazo del mes se cuenta desde el día siguiente a la notificación expresa de la liquidación o en el plazo de un mes desde el último día del periodo voluntario de pago

En todo caso transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación económico administrativa procedente

4.- solicitud de la devolución de ingresos indebidos: se podrá redactar un escrito dirigido al Ayuntamiento pidiendo la devolución de los últimos 4 recibos anuales pagados

En todo caso y con el fin de estudiar la viabilidad de las reclamaciones, previamente deberíamos solicitar al Ayuntamiento un certificado urbanístico pidiendo información urbanística de la finca o parcela en cuestión, a fin de conocer dicha situación urbanística:

AL AYUNTAMIENTO DE …..

D……, con DNI nº ……..y domicilio en …….., como propietario de la parcela nº….. polígono nº …. de este término municipal (se adjunta copia del último recibo de IBI), como mejor proceda comparezco y DIGO:

Que solicito se emita certificado comprensivo de la situación urbanística en la que se haya la parcela nº …. del polígono nº …… y más concretamente si se ha aprobado el instrumento urbanístico de desarrollo y si la calificación realizada por el Plan General precisa o no algún trámite de desarrollo y ordenación urbanística.

Por ello,

SOLICITO, se tenga por presentado este escrito y se emita certificado comprensivo de los citados extremos y se me de traslado del mismo.

En ……… a ….de….de ……

Documentación que se aportará con los recursos:

1.- Certificado del Ayuntamiento acreditativo de la realidad urbanística de la finca.

2.- Recibos abonado de IBI de los años que se reclamen

3.- Recibo abonado de años anteriores con parcela como rústica (copia)/

4.- Valoración de mercado actual de la finca.

Impuestos a los que afectan los valores catastrales:

Es muy importante que tengamos en cuenta que los valores catastrales no sólamente afectan al IBI, sino que son la base sobre la que se aplican otros seis impuestos:
1. Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (de ámbito nacional).

2. Impuesto sobre el patrimonio (de ámbito autonómico).

3. Impuesto sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales (de ámbito autonómico).

4. Plusvalías sobre ventas de inmuebles (de ámbito municipal).

5. Plusvalías sobre sucesiones y donaciones de bienes inmuebles (de ámbito municipal).
6. Impuesto sobre bienes inmuebles IBI (de ámbito municipal).

Los ayuntamientos han recibido un nuevo varapalo judicial que afectará a sus arcas públicas. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia (que puede leer pulsando aquí) que permite a los contribuyentes impugnar el recibo del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) o la liquidación de la plusvalía (impuesto sobre el incremento de los terrenos) si el valor catastral atribuido no es el correcto. Una solución excepcional porque rompe la regla general según la cual «impugnándose la liquidación del impuesto no cabe discutir el valor catastral que adquirió firmeza». Esta decisión puede provocar una oleada de reclamaciones de propietarios de fincas situadas en suelo calificado como urbano pero cuyo desarrollo nunca se llegó a aprobar, y que generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de plusvalía.

La situación de estos contribuyentes, afectados por una sobre valoración de su inmueble, se había enquistado. Los ayuntamientos se escudaban en que estos índices (sobre los que se determina la cuantía de los impuestos municipales) son competencia del Catastro, y que, hasta que este revisase la calificación de las fincas, debían seguir cobrando los importes correspondientes. No pueden los ayuntamientos, argumentaban, anular o autorizar valores catastrales. Una situación anómala ya que el Supremo ya fijó en 2014 (en una sentencia cuyo texto puede consultar aquí) que no todo suelo urbanizable podía ser considerado urbano a efectos catastrales. En este sentido, afirmó que los suelos proyectados en el plan urbanístico pero que no habían tenido un posterior desarrollo solo podrían ser calificados y valorados como rústicos a efectos de IBI y plusvalía.

Como explica el abogado José Miguel Ayllón Camacho, de Bufete Legis, las vías de reclamación administrativa y de litigios contencioso-administrativos «no estaban dando los resultados apetecidos en orden a acabar con esta lacra». Una situación que el letrado califica de «ciertamente injusta» e, incluso, «inconstitucional» que se dilataba en el tiempo. Sobre la reciente sentencia del Supremo, el letrado considera que «intenta hacer justicia en estos miles de casos donde se liquida un impuesto a todas luces desproporcionado; y los argumentos que emplea son difícilmente mejorables». «Los ayuntamientos tienen obligación de iniciar la revalorización catastral de esas fincas», y su inactividad es el argumento de esta sentencia, explica. Sin embargo, Ayllón cree que «una buena parte de los ayuntamientos no la acatarán; no se hará una justicia inmediata sino que lo que en realidad se prevee es un aluvión de reclamaciones administrativas, económico-administrativas y contencioso-administrativas».

La resolución del Supremo pone ahora punto y final, permitiendo que los propietarios de estos inmuebles puedan discutir la calificación y el valor catastral asignado al reclamar el recibo del impuesto. Como explica en su sentencia la Sala, «situaciones excepcionales permiten soluciones excepcionales». Los magistrados interpretan en su sentencia los preceptos de la Ley reguladora de las haciendas locales que se refieren a la gestión catastral y recaudación del IBI y llegan a la conclusión de que no se oponen a la posibilidad de impugnar liquidaciones por IBI discutiendo el valor catastral del inmueble aunque este haya adquirido firmeza en vía administrativa. En otras palabras, se puede impugnar indirectamente la valoración catastral a través de la reclamación del recibo del impuesto en situaciones excepcionales. Ello es así, explican los magistrados, porque el principio de seguridad jurídica debe ceder otros principios superiores que, en determinadas situaciones, prevalecen.

El litigio, resuelto ahora por el Supremo afecta al Ayuntamiento de Badajoz, que, frente a los recurrentes, defiende su postura alegando que no puede invadir competencia estatal y girar nuevos recibos del IBI como fincas rústicas. Sin embargo, los afectados (que pelean las liquidaciones de los años 2012 a 2015) señalan que el ayuntamiento nunca negó que sus inmuebles fueran rústicos, y que por tanto, estaría consintiendo un enriquecimiento injusto. Simplemente se pide, explican, que el ayuntamiento gire las liquidaciones conforme a la naturaleza de los terrenos (así declaradas judicialmente).

La Sala argumenta que nada obsta para que el juzgador revise la atribución incorrecta del valor catastral, máxime cuando no había constancia de que se hubiera iniciado el procedimiento para adaptar el catastro a la nueva redacción legislativa. Como explican los magistrados, respetando las competencias de ayuntamiento y Estado, el juzgador debe poder «examinar la conformidad jurídica» del dicho valor catastral, en tanto que es la base del impuesto municipal. Por todo ello, fija como criterio que la ley de haciendas locales no se opone a que para obtener la anulación del IBI el contribuyente pueda discutir el valor catastral de inmueble, aunque fuera firme en vía administrativa.

Acceso a la documentación y publicaciones

Texto

Se ha recibido su escrito, en el que contesta a la queja de referencia sobre la valoración catastral de terrenos sin desarrollo urbanístico.

De la lectura del mismo se desprende que consideran que no existe ningún conflicto en la aplicación conjunta del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y que los valores catastrales vigentes no se encuentran afectados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 y que, consecuentemente, los recursos o reclamaciones contra estos y las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que basen sus alegaciones en dicha Sentencia, deberán ser desestimados por la Administración local, por carecer de competencia para resolverlos.

Consideraciones

Parece evidenciarse que el problema ocasionado como consecuencia de la valoración catastral de los suelos urbanizables tiene origen en la evolución legislativa que se ha producido de ese concepto, ya que no se contempla específicamente hasta el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. La legislación vigente, sin embargo, ha realizado una modificación de la clasificación del suelo urbanizable que no puede ser ignorada por el resto de la normativa con la que se relaciona.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 realiza un análisis pormenorizado de la relación entre los valores contenidos en la legislación urbanística y los catastrales, y alcanza como conclusión que aunque el legislador haya distinguido de forma heterogénea las clases de suelo en las sucesivas normas que regulaban esta materia, y a pesar de la particularidad de que la normativa urbanística fuera luego objeto de desarrollo específico en cada ámbito competencial (autonómico y municipal), la definición del suelo urbano que sirvió como base para la actual redacción del artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, no se acomoda al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Esto es particularmente relevante porque tal y como explica la mencionada Sentencia que esta norma, pese a su denominación, “no se trata de una ley urbanística, sino, como señala su artículo 1, de una ley encaminada a regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo.” (FJ 3).

El artículo 12 de dicha norma, regula las situaciones básicas del suelo, y solamente recoge dos: suelo rural o suelo urbanizado, considerando que “está en la situación de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir como mínimo los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevean la legislación de ordenación territorial o urbanística.

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.”

Continúa la Sentencia diferenciando cuándo se produce el paso a la situación de suelo urbanizado y remite esa definición al punto 3 del propio artículo 12, cuando establece que será “el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.”

Igualmente, establece la misma naturaleza para los suelos que cumplan las siguientes características: “ el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.”

El artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por su parte, considera que es suelo de naturaleza urbana el que venga clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente, así como aquellos terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo, en consonancia con la legislación vigente en materia urbanística en el momento en que se dicta.

La principal dificultad para adaptar esta regulación con la normativa vigente viene dada por el hecho de que el legislador estatal no precisa lo que entiende por suelo urbanizable ni por suelo sectorizado, y acude el Tribunal al sentido ordinario de los vocablos. Recurre a la definición que recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua del término “urbanizable” como un terreno “que se puede urbanizar”.

Esta referencia al sentido básico del término viene justificada porque tras la promulgación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que declaró inconstitucionales una buena parte de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, la variedad y heterogeneidad de las denominaciones de las situaciones del suelo en cada Comunidad Autónoma, no permiten establecer una garantía de claridad para la clasificación del suelo con la nueva norma, ya que la mayoría de los planeamientos municipales vigentes se dictaron bajo textos auspiciados por la norma abatida.

Así comprende el Tribunal la amplitud de la redacción dada por el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, pero considera necesario precisar “que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, aunque sectorizado, carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales solo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.”

Los suelos que no se encuentren en esa situación deben ser considerados rústicos, ya que de lo contrario se vaciaría de contenido el último inciso del artículo citado cuando dice: “los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo”, porque, según afirma el Tribunal, “este momento no puede ser el momento de sectorización o delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia del momento de aprobación del instrumento urbanístico de desarrollo.”

El propio artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece que el ámbito de valoración se extiende desde las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, hasta la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, pasando por la fijación del justiprecio en la expropiación y en la venta o sustitución forzosas. Esta amplitud no permite omitir la valoración de los inmuebles a efectos catastrales, ya que de lo contrario, se estaría desequilibrando el sistema de valoración de estos suelos en perjuicio del propietario cuando actúa como obligado tributario frente a la Administración y no en los otros supuestos en que es la Administración la que adquiere compromisos basados en dichos valores.

La valoración de un terreno según unas expectativas urbanísticas que proceden de una normativa anterior, que no se han materializado ni desarrollado, y que, en las actuales circunstancias socioeconómicas, ofrecen dudas muy razonables sobre su posible desarrollo, no es respetuoso con ese sistema tributario justo que persigue la Constitución Española, y que pretende que la capacidad económica de cada obligado se encuentre adecuadamente valorada por la Administración que debe practicar las liquidaciones.

El artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que “La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.” Por tanto, es la Dirección General del Catastro, a través de su normativa general y de valoraciones, quien tiene la potestad de acomodar los valores de los terrenos que se encuentran, de hecho, en situación de suelo rural, al valor real, para cumplir con la función que le atribuye el artículo 3.1 de su Ley y los demás artículos citados.

Este valor debe cumplir con el límite que se recoge en el artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y no superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse entre partes independientes un inmueble libre de cargas, así como con el que también establece la Disposición Segunda de la Orden de 14 de octubre 1998, que aprueba el módulo de valor M y el coeficiente RM y modifica Ponencias de valores, establece la aplicación de un coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5, al valor individualizado resultante de la Ponencia de valores del municipio.

Decisión

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, procede formular la siguiente:

RECOMENDACIÓN

1. Modificar la vigente redacción del artículo 7.2.b del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

2. Modificar la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real.

En espera de la remisión de la información en la que se ponga de manifiesto la aceptación de esta RECOMENDACIÓN o, en su caso, las razones que se estimen para no aceptarla, de conformidad con el artículo 30 de la citada Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril
Defensora del Pueblo

Así puedes recurrir la revisión catastral de tu casa si te han subido el IBI o la plusvalía municipal

Artículo escrito por José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico

Muchos contribuyentes han visto cómo, en los últimos años, el valor catastral de un inmueble se ha incrementado notablemente. Normalmente, los efectos de dicho “catastrazo” no se notan hasta que toca pagar algún impuesto como el IBI o la plusvalía municipal, que se calcula sobre el valor catastral ya revisado. Pero, ¿pueden entonces los contribuyentes recurrir la revisión catastral, o existe algún plazo para hacerlo? Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, aclara hasta cuándo es posible recurrir dicha revisión catastral.

¿A qué impuestos afecta la revisión catastral?

La revisión del valor catastral de un inmueble afecta principalmente a impuestos como el IBI o la plusvalía municipal, cuya base imponible se calcula partiendo de dicho valor. Sin embargo, también afecta a otros impuestos como el IRPF (para imputar rentas a los inmuebles vacíos), el ITP o el ISyD. Hay que tener en cuenta que muchas Comunidades Autónomas realizan sus comprobaciones de valores, aplicando coeficientes sobre el valor catastral de los inmuebles.

Por tanto en cada revisión catastral los contribuyentes se juegan mucho dinero, y por ello es conveniente saber cuál es el momento idóneo para recurrir la nueva valoración catastral.

Los pasos de una revisión catastral

La modificación del valor catastral de un inmueble afecta a los contribuyentes en tres momentos sucesivos: Con la aprobación de la ponencia de valores, con la notificación individualizada de los valores catastrales, y por último, con la liquidación de algún impuesto como el IBI o la plusvalía municipal, que se calcula partiendo del valor catastral.

El contribuyente puede recurrir cada uno de estos actos, pero los motivos que podrá alegar en cada caso no siempre serán los mismos, y llegado un momento, ya no podrá cuestionar el valor catastral, a pesar de que éste resulte desproporcionado.

El recurso contra las ponencias de valores

La ponencia de valores es el documento que, partiendo de un estudio del mercado inmobiliario, recoge los criterios, módulos de valoración y demás elementos necesarios para establecer el valor catastral de los inmuebles.

El problema de ponencias de valores es que son documentos muy técnicos que no determinan valores concretos de inmuebles, sino que, como se ha dicho, sólo fijan los valores genéricos del suelo y de las construcciones, y los coeficientes correctores que se utilizarán para valorar cada inmueble. Por tanto, las ponencias de valores no fijan valores sino criterios de aplicación. Por ello, es difícil que el contribuyente pueda apreciar, consultando simplemente la ponencia, cómo le afectará la revisión catastral llevada a cabo.

La ponencia de valores se publica en el Boletín Oficial correspondiente, y a partir de entonces puede recurrirse directamente por los contribuyentes. En este momento el contribuyente puede discutir cualquier aspecto o cuestión de dicha ponencia, incluidos los defectos formales de la misma, como la falta de motivación o la ausencia de algún documento en que se basen los criterios y módulos fijados en la ponencia. Como veremos, algunas de estas cuestiones no se podrán plantear más adelante.

El recurso contra la notificación individualizada del valor catastral

La aplicación a cada inmueble de los criterios y módulos fijados en la ponencia de valores se lleva a cabo a través de la notificación individualizada de los valores catastrales a los contribuyentes.

Es en este momento cuando los contribuyentes pueden apreciar y valorar los posibles defectos de la ponencia de valores, que no se manifiestan hasta que no se proyectan sobre un inmueble en particular. Por este motivo, dicha valoración individualizada puede ser recurrida directamente, pero también se permite alegar motivos que afecten o tengan que ver con la propia ponencia de valores. Durante un tiempo dicha posibilidad estuvo vedada, ya que se consideraba que las ponencias de valores no tenían la consideración de disposiciones generales y por tanto no podían ser impugnadas a través de sus actos de aplicación. Dicha interpretación fue comentada en este post de nuestro blog. Afortunadamente este criterio ha sido superado, y tal impugnación indirecta es ahora posible.

Sin embargo, en este momento ya no puede alegarse cualquier defecto que tenga la ponencia de valores, sino sólo aquellos que se hayan puesto de manifiesto al aplicar los criterios de dicha ponencia sobre el inmueble del contribuyente.

Por tanto, la alegación de defectos formales de la propia ponencia, o de la inexistencia en el expediente administrativo de documentos en que la misma se basa etc…, no podrán ser alegados si no afectan de algún modo al concreto valor catastral del inmueble del contribuyente.

El recurso contra el valor catastral, al recibir una liquidación del IBI o de la plusvalía municipal

La notificación individualizada del valor catastral es el último momento en que la mayoría de los Tribunales vienen permitiendo la impugnación del valor catastral.

De hecho, si un contribuyente recurre una liquidación del IBI o de la plusvalía municipal con el único argumento de que no está de acuerdo con el valor catastral del inmueble, la respuesta administrativa y judicial será normalmente la de considerar que la valoración catastral ya es firme e inatacable, porque en su día no se recurrió ni la ponencia de valores ni la notificación individualizada. No es posible por tanto discutir en este momento, ni los criterios de la ponencia de valores que afecten al inmueble, ni el propio valor catastral del inmueble. Sólo podrían alegarse, a lo sumo, motivos de nulidad de pleno derecho que afecten a la ponencia de valores o a la notificación individualizada (artículo 217 de la Ley General Tributaria), con la dificultad que ello conlleva al tratarse de motivos tasados.

Hay excepciones a este criterio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Badajoz sí ha permitido en algunas sentencias la impugnación indirecta del valor catastral a través del recurso contra el IBI o la plusvalía municipal, en supuestos en los que se habían considerado urbanos los suelos que posteriormente se reconoció eran rústicos. Sin embargo, tal criterio ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, habiendo sido admitido a trámite el recurso de casación. Habrá que esperar para saber cuál es el criterio del Alto Tribunal.

Conclusión

En definitiva, los contribuyentes deben estar muy atentos a toda notificación que reciban y se refiera a la revisión catastral de un inmueble de su propiedad. Normalmente estas notificaciones se pasan por alto, porque la subida del IBI que incluyen se produce de forma paulatina (durante los nueve años siguientes a la revisión catastral), y se considera que no tiene sentido iniciar un procedimiento administrativo o judicial por cuantías tan pequeñas.

Como se ha visto esto es un error, porque en otros impuestos puede haber mucho dinero en juego, y cada recurso que dejamos de interponer supone la pérdida de opciones de defensa, pudiendo llegarse a perder toda opción de recurrir el valor catastral a pesar de que el mismo resulte desproporcionado.

Recurso contra el IBI en Actuaciones Urbanísticas no terminadas (PAI, PAU)

Descripción

Recurrimos de forma conjunta los valores catastrales desproporcionados y liquidaciones IBI de los propietarios de una misma comunidad de bienes, inmuebles de gran valor y actuaciones urbanísticas no terminadas (PAIs y PAUs). También las liquidaciones de otros impuestos ya pagados por los valores catastrales injustos como por ejemplo: IIVTNU, I S/Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, IRPF, Sociedades e IVA.

Causa

Un propietario, de los anteriores inmuebles, considera que su valor catastral y la cuota IBI a pagar es excesiva porque el valor catastral no corresponde con el valor de mercado.

Procedimiento

El propietario del inmueble se pone en contacto con Jurislex y nos remite el recibo catastral del IBI que considera desproporcionado así como autorización – poderes para reclamar. La asociación comprueba la desproporción y se dirige al resto de los propietarios invitándoles a participar en la defensa colectiva. Si hay suficiente número de propietarios y cuota IBI significativa que quieren reclamar, Jurislex redacta un recurso colectivo que será presentado en la sede del Catastro de su provincia.

Adhesión a la agrupación IBI

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Vídeo explicativo

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Consulta General 0027-16, de 23 de junio de 2016, de Subdirección General de Tributos Locales).

Error en el valor catastral y devolución de ingresos indebidos. Derecho a solicitar la devolución de aquellos ingresos que efectuó en concepto de IBI que correspondan a periodos impositivos devengados desde la fecha a la que se retrotraen los efectos en la resolución del Catastro, siempre y cuando no hayan transcurrido 4 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó cada ingreso, y teniendo en cuenta que todos los actos realizados en el procedimiento catastral, incluida la presentación de la solicitud por la consultante, son actos interruptivos del plazo de prescripción.

La consultante solicitó en fecha 22/04/14 la revisión catastral de un inmueble urbano por existir un error en la superficie. Con fecha 01/05/14 solicita al Ayuntamiento la paralización del recibo del IBI hasta que resuelva la Gerencia del Catastro. Con fecha 24/09/15 se le notifica el acuerdo de alteración de la descripción catastral del inmueble, con efectos desde el 11/10/06 (fecha de la adquisición).
CUESTION-PLANTEADA
Respecto a la devolución de ingresos indebidos, ¿a cuántos años de devolución tiene derecho? ¿tiene que solicitar intereses, y desde cuándo? ¿le pueden exigir intereses de demora por los años 2014 y 2015 en los que se paralizó la emisión del recibo?
CONTESTACION-COMPLETA
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El IBI es un impuesto de gestión compartida, en el que la gestión catastral corresponde a la Dirección General del Catastro y la gestión tributaria a los Ayuntamientos.
Así, el artículo 77.1 del TRLRHL establece que “La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones de asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.”.

El apartado 5 del mismo artículo 77 dispone que “El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, (…).”.
La determinación del valor catastral de los bienes inmuebles es competencia de la Dirección General de Catastro mediante los procedimientos establecidos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
El valor catastral de un bien inmueble constituye la base imponible del IBI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del TRLRHL, que establece:
“La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.”.
Con carácter general, la determinación y asignación de un nuevo valor catastral a un bien inmueble por aplicación de los procedimientos de valoración colectiva tiene efectos catastrales y en el IBI el día 1 de enero posterior a la notificación del mismo (artículo 29.5 TRLCI y artículo 75.3 TRLRHL).
La determinación de un valor catastral con efectos retroactivos ocurre en los casos en que se producen hechos, actos o negocios jurídicos que tienen efectos catastrales y que como tales deben ser objeto de declaración, como puede ser la construcción de una nueva obra, el cambio de naturaleza del suelo, etc. En estos casos, bien porque son declarados por el obligado tributario, o bien porque son descubiertos por la inspección catastral, por parte de los órganos del Catastro se determina un nuevo valor catastral para el bien inmueble que tendrá efectos retroactivos desde el día siguiente a la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio. Este nuevo valor catastral tendrá efectos en el IBI en el devengo posterior a la efectividad catastral (artículo 20.2 TRLCI y artículo 75.3 TRLRHL).
También se producen efectos retroactivos en los casos en los que el valor catastral se ha determinado incorrectamente, y se procede a determinar un nuevo valor catastral correcto en el marco de un procedimiento iniciado bien a instancia del interesado que recurre el valor catastral asignado a su bien inmueble o, bien de oficio por los órganos del Catastro Inmobiliario. En ambos casos, el nuevo valor catastral asignado al bien inmueble también tendrá efectos retroactivos.
En los casos en que el nuevo valor catastral determinado por la resolución del Catastro sea inferior al anterior valor catastral, procederá la devolución del exceso de cuota del IBI satisfecha.
El artículo 32 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), establece que la Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios los ingresos que indebidamente se hubieran realizado, abonando el correspondiente interés de demora, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
El artículo 221 de la LGT establece en su apartado 1 que el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, entre otros casos, cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.
En cuanto a la prescripción, el artículo 66.c) de la LGT establece que prescribirá a los cuatro años el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
En cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, el artículo 67 establece en su apartado 1 que:
“1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:
(…).
En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiriera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
(…).”.
Por último, el artículo 68, relativo a la interrupción de los plazos de prescripción, en su apartado 3 dispone:
“3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

  1. a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
  2. b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.”.

De acuerdo con la información facilitada, el primitivo valor catastral estaba incorrectamente determinado y así queda establecido en la resolución del Catastro Inmobiliario que procede a su modificación a la baja con efectos retroactivos (desde 11/10/2006), en un procedimiento que se inició en fecha 22/04/2014 por el titular catastral que no estaba de acuerdo con la superficie asignada al inmueble.
Por tanto, procede la devolución del exceso de cuota del IBI ingresada por el contribuyente correspondiente a los períodos impositivos devengados desde la fecha a la que se retrotraen los efectos en la resolución del Catastro, más los intereses de demora devengados desde la fecha en que se produjo el ingreso hasta la fecha en la que se ordene el pago, todo ello con el límite temporal de la prescripción.
De lo que se concluye que la consultante tendrá derecho a solicitar la devolución de aquellos ingresos que efectuó en concepto de IBI que correspondan a periodos impositivos devengados desde la fecha a la que se retrotraen los efectos en la resolución del Catastro, siempre y cuando no hayan transcurrido 4 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó cada ingreso, y teniendo en cuenta que todos los actos realizados en el procedimiento catastral, incluida la presentación de la solicitud por la consultante, son actos interruptivos del plazo de prescripción.
En este caso, podrá solicitar la devolución del exceso de cuota ingresada correspondiente al IBI de los períodos impositivos 2011, 2012 y 2013. Respecto al IBI de 2010, si el ingreso se produjo después del 22/04/2010 también podrá solicitar la devolución correspondiente.
En cuanto a los intereses de demora de la devolución de ingresos indebidos, tal como dispone el artículo 32 de la LGT no es necesario que el obligado tributario lo solicite.
Respecto de las liquidaciones de IBI correspondientes a los períodos impositivos 2014 y 2015, cuyos recibos fueron suspendidos según manifiesta la consultante, hay que tener en cuenta que el artículo 26 de la LGT en su apartado 1 dispone:
“1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.
La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.”.
Los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, son una compensación del coste financiero que para la Administración tributaria supone deja de disponer a tiempo de cantidades dinerarias que le son legalmente debidas.
Por tanto, el Ayuntamiento exigirá a la consultante los intereses de demora devengados correspondientes al IBI de los períodos impositivos 2014 y 2015 desde la fecha en que finalizó el período voluntario de pago correspondiente.
Lo que comunico a Vd. con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que esta contestación tenga efectos vinculantes, por plantearse en el escrito de consulta cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

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