La alianza española

Una aseguradora es condenada por cambiar las condiciones del nicho

El litigio tuvo su origen porque en vez de prestar los servicios de tanatorio en Cáceres, ciudad de residencia de la fallecida, se indicó a la familia que debía desplazarse al tanatorio de Malpartida de Cáceres

SERGIO LORENZO Jueves, 26 enero 2017, 08:17

Un hijo tuvo que añadir al dolor de la muerte de su madre la disputa con la compañía con la que ella había firmado una póliza de seguro de decesos. El fallecimiento ocurrió el 29 de octubre de 2015, y la póliza de seguro había sido suscrita el 1 de enero de 2010.

El litigio tuvo su origen porque en vez de prestar los servicios de tanatorio en Cáceres, ciudad de residencia de la fallecida, se indicó a la familia que debía desplazarse al tanatorio de Malpartida de Cáceres. Además, tampoco se le proporcionó el nicho dispuesto en la póliza.

El hijo acudió a la Justicia, que le ha dado la razón. La sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a La Alianza Española S.A. a que le indemnice con 1.645 euros. La familia de la fallecida había pedido en los tribunales una indemnización superior, de 4.154 euros, por incumplimiento contractual, imputable a la compañía.

El hijo decidió enterrar a su madre en un nicho propio, alegando entonces la compañía que no procedía darle la indemnización sustitutiva que pretendía. La Audiencia Provincial de Cáceres afirma en su sentencia que el hecho de que el hijo decidiera inhumar a su madre en un nicho de su propiedad o de propiedad familiar, «no vino motivado por su voluntad en tal sentido, ni por la renuncia al servicio que, con este objeto, se pactó en la póliza sino que se debió al incumplimiento contractual de la entidad aseguradora demandada».

Los 1.645 euros de la indemnización se corresponde con el 61,86% de la cantidad de 2.660,78 euros, que era el precio de los sepulcros vacantes en el cementerio de Cáceres en octubre de 2015. Ese precio es por 30 años renovables.

En diciembre de 2011 se constituyó una Asociación de afectados de seguros de decesos de La Alianza Española, que aún se encuentra activa en internet.

  • Información de Mora Bancaria y Comercial Asnef Empresas: Acreedores, tipos de productos impagados, situación actual e importes de las operaciones, números de impagos y fecha de los mismos, saldo impagado y tipo de deudor, evolución de la mora, operaciones solventadas y antigüedad de la deuda.
  • Información del Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI): Número de apuntes, importe y fecha del último apunte.
  • Identificación de la Sociedad: Denominación social, Nombre comercial, CIF, Estado mercantil, Fecha de constitución, Última publicación BORME, Último depósito de cuentas publicado y Capital Social.
  • Localización: Nombre de la vía, código postal, población, provincia, teléfono, fax, página web y dirección de correo electrónico.
  • Actividad: Código CNAE declarado por la Sociedad, tamaño de la sociedad, ámbito comercial (importa / exporta), actividad principal de la sociedad. Tamaño y descripción de la plantilla por ejercicios/empleados fijos y no fijos, distribución de ventas según zona geográfica, actividad, productos y clientes. Distribución del personal por sexo y por agrupaciones.
  • Vinculaciones societarias: Empresas participadas por Sigma Reparaciones SL. Identifica si la sociedad es matriz de un grupo de empresas y si pertenece a su vez a otro grupo o grupos de empresas matrices.
  • Delegaciones, Locales y Establecimientos de la sociedad: Domicilio, Municipio, Código postal, Provincia y Teléfono de todas las instalaciones de la sociedad.
  • Órganos Sociales: Informe de los cargos ejercidos por los Órganos y Apoderados de Sigma Reparaciones SL tanto si están vigentes como si son históricos.
  • Información Mercantil: Fecha de constitución de Sigma Reparaciones SL, objeto social, domicilio social, resumen cronológico de actos mercantiles, denominaciones anteriores que haya tenido la sociedad, cambios de su actividad y objeto social, así como los domicilios anteriores y cambios estructurales (fusiones, uniones, absorciones, etc.) producidos. Composición y evolución del capital social.
  • Scoring: Indicación del nivel de calificación de crédito de los analistas. Opinión de crédito de 0 a 10 con comentario cualitativo. Crédito máximo comercial recomendado.
  • Probabilidad Estimada de Impagos: Sección que muestra la probabilidad que tiene Sigma Reparaciones SL de no poder atender a sus obligaciones comerciales que contraiga en los próximos 12 meses, así como la comparativa con la probabilidad media del sector.
  • Pagos a Proveedores: Sección que muestra detalladamente los pagos a proveedores de los dos últimos años con su correspondiente variación, así como los plazos medios de pagos establecidos conforme a la Ley de Pagos a Proveedores.
  • Impagos, Incidencias y Procedimientos Concursales: Procedimientos de Concurso, Quiebra y Suspensiones de Pagos de Sigma Reparaciones SL. Impagos con entidades financieras y grandes empresas (Asnef Empresas). Impagos registrados en RAI. Incidencias (notificaciones, procedimientos ejecutivos, embargos, subastas, crédito incobrable). Procedimientos ante el Juzgado de lo Civil. Procedimientos ante el Juzgado de lo Social.
  • Principales datos económicos – financieros: Análisis para conocer la evolución de Sigma Reparaciones SL en los últimos ejercicios económicos.
  • Balance y Cuenta de Resultados: Ejercicios presentados por Sigma Reparaciones SL. Balance y cuenta de Resultados. Detalle y evolución de las partidas del balance de los últimos 5 ejercicios disponibles respecto del activo, patrimonio neto, pasivo y cuentas de Resultados.
  • Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Evolución del patrimonio neto de Sigma Reparaciones SL de los 5 últimos ejercicios. Estado de ingresos y gastos reconocidos en cada ejercicio.
  • Estado de Flujos de Efectivo: Contiene información sobre el origen y la utilización del efectivo, y otros activos líquidos equivalentes, y su variación de los 5 últimos ejercicios disponibles, tanto si proceden de actividades de explotación, como de inversión o de financiación.
  • Diagnóstico Económico Financiero: Proporciona los principales ratios y magnitudes económicas de Sigma Reparaciones SL de los últimos 5 ejercicios disponibles.
  • Balance Sectorial Comparativo: Análisis comparativo entre los estados contables de los dos últimos ejercicios conocidos de la sociedad a través de las principales masas patrimoniales y los de la media de empresas del mismo sector de Sigma Reparaciones SL.
  • Auditorías de Cuentas Anuales: Información del nombre del auditor, fecha de la auditoría, resultado y descripción de la misma, de cada una de las Memorias presentadas por Sigma Reparaciones SL, respecto a los tres últimos ejercicios disponibles.
  • Fuentes de Financiación: Información privilegiada sobre créditos y préstamos concedidos por entidades financieras y no financieras a Sigma Reparaciones SL, así como cargos con empresas, con acceso a la imagen de la Memoria presentada por la sociedad.
  • Avales: Información de los avales concedidos a Sigma Reparaciones SL por otras entidades, así como de los concedidos por la sociedad como avalista de otros entes, con acceso al detalle de la página de la Memoria original de la Sociedad donde se han recogido.
  • Información Estratégica: Información relevante sobre actuales y/o futuras decisiones de Sigma Reparaciones SL relativas al negocio y actividad de la compañía, permitiendo obtener información sobre los hechos reales y potenciales de la sociedad respecto a los tres últimos ejercicios disponibles.
  • Sección Investigada: Información investigada sobre la situación de Sigma Reparaciones SL, comportamientos en pagos, fiscabilidad, perspectivas de futuro, trayectoria e información adicional sobre la actividad de la sociedad.
  • Vinculaciones y Análisis de la influencia del entorno de la sociedad: Contiene los vínculos de Sigma Reparaciones SL con otras empresas nacionales o internacionales, junto con la probabilidad de incumplimiento de pagos, liquidez, nivel de endeudamiento, y solvencia de las sociedades vinculadas.
  • Lista de Marcas: A través de este apartado conocerá todas la Marcas utilizadas por Sigma Reparaciones SL, tanto nacionales como europeas junto a la descripción de la actividad para la que van a ser explotadas.
  • Concursos y Subastas Públicas adjudicadas a la sociedad: Detalle de los tres últimos ejercicios de todos los Concursos y Subastas publicadas a nombre de Sigma Reparaciones SL en Boletines Oficiales, con indicación del organismo convocante, objeto de la licitación, fecha de adjudicación, importe adjudicado, fuente de publicación y acceso al detalle completo del concurso.
  • Subvenciones y Ayudas Concedidas a la sociedad: Detalle de los tres últimos ejercicios de todas las Subvenciones publicadas a nombre de Sigma Reparaciones SL en los Boletines Oficiales, con indicación del último estado publicado en el que se encuentre el expediente ya sea la solicitud, concesión, modificación, denegación o revocación con detalles de importe, organismo concedente, y el concepto y proyecto por el que se concede.
  • Información Medioambiental: Sección que comprende la normativa del sistema de gestión medioambiental, la inversión anual y la empresa certificadora respecto a los tres últimos ejercicios disponibles.
  • Publicaciones en Prensa y Revistas sobre la sociedad: Contiene todos los artículos publicados en los principales diarios de prensa nacional y de prensa económica sobre Sigma Reparaciones SL respecto a los tres últimos ejercicios disponibles, con acceso al texto completo de la noticia publicada.

La Alianza Española SA de Seguros cumple 75 años dentro del sector asegurador y consolida a Complethogar Plus como uno de los seguros de hogar más completos y acreditados del mercado

La Alianza Española SA de Seguros, pionera en el sector asegurador, está llevando a cabo un plan de encuentros con mediadores, acciones formativas y otros eventos dirigidos a reforzar la visibilidad de su seguro del hogar, Complethogar Plus. “Contamos con uno de los seguros de hogar más completos y solventes del mercado español. Ahora es el momento de informar sobre todo lo que nuestro seguro de hogar puede ofrecer”, señalan desde la firma.

Dos son los principales públicos a los que Alianza Española se está dirigiendo en este plan de refuerzo de su Seguro de Hogar. Por un lado, los mediadores, colectivo clave en el adecuado asesoramiento al asegurado y en el crecimiento de cuota de mercado. A ellos se está dirigiendo una campaña divulgativa y de formación pensada para que conozcan mejor el producto. El segundo público clave son los asegurados actuales de Alianza Española en el ramo de decesos. Alianza Española ya cuenta con una gran base de asegurados en decesos y busca ahora ampliar su volumen de negocio en el ramo de hogar. Para ello ha desarrollado un programa de fidelización con interesantes descuentos y ventajas que disfrutarán los asegurados en decesos que se unan al seguro Complethogar Plus de Alianza Española. Este, y otros seguros de la casa, pueden ser contratados en cualquiera de las oficinas de la extensa red que tiene Alianza Española repartida por toda España.

El seguro del hogar de Alianza Española, cuenta con más de 30 garantías. Además de proteger contra los daños por agua, rotura de cristales, incendio o robo/hurto, Complethogar Plus ofrece asistencia frente a la pérdida u olvido de llaves, atraco fuera del hogar o daños a terceros. Su amplia cobertura y servicio diligente, unidos a la sólida atención al cliente, hacen de él uno de los Seguros de Hogar más acreditados de España.

Sobre Alianza Española
Fundada hace 75 años, Alianza Española es una de las compañías con más tradición en el mercado asegurador de España. Alianza Española está especializada en productos diseñados específicamente para la cobertura de todos los riesgos a los que la familia pueda estar expuesta: decesos, hogar, accidentes, etc. Con una presencia que cubre todo el territorio nacional a través de su extensa red de oficinas, atendidas por agentes mediadores altamente especializados, Alianza Española ofrece un servicio personalizado a su más de un millón de clientes ante cualquier situación. También dispone de un servicio de asistencia permanente para sus clientes, las 24 horas todos los días del año, que garantiza una respuesta ágil y profesional ante cualquier eventualidad tanto en España como en el extranjero. Desde sus orígenes, hace más de 75 años, la Compañía ha dado prioridad a la satisfacción de sus clientes y al cumplimiento de los compromisos adquiridos, manteniendo un nivel de solvencia muy superior al exigido por la normativa de seguros. Sobre esos pilares se sustenta la creciente confianza en la que se basan las relaciones con su amplia clientela.

La medida se concreta en “la prohibición de disponer de los inmuebles, valores, cuentas, depósito, activos financieros y cualquier otros de los que sea titular”.

La aseguradora deberá contar con la autorización del supervisor para “realizar actos de gestión y disposición, asumir nuevas deudas, conceder préstamos y garantías o dividendos”, según publica hoy Expansión, haciéndose eco de una situación que era conocida en el mercado, pero que no había transcendido hasta la fecha.

El diario recuerda ahora que la entidad cerró sus cuentas de 2015 con unos fondos propios negativos de 500.752 euros tras registrar unas pérdidas de 17 millones, según información de la DGSFP. Con estos datos, la solvencia de la entidad, destinada a cubrir imprevistos, arrojó una cifra negativa de 594.641 euros y las provisiones técnicas para futuros siniestros también presentan un saldo negativo de 1,4 millones.

Poco antes de la imposición de medidas especiales, la Junta de la compañía acordó hace unos meses reducir su capital en tres millones para eliminar pérdidas de 2015. La compañía cuenta con alrededor de un millón de asegurados, una facturación cercana a 40 millones y 150 oficinas en España.

Vigo: El Gobierno multa a una empresa 5 veces por abusos en seguros funerarios

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Comentarios 0 La Voz de Galicia luis carlos llera
vigo / la voz 02/11/2015 09:34 h

El Gobierno ha multado cinco veces a la compañía aseguradora Alianza Española por presuntos abusos cometidos por la empresa con sus asegurados. Las sanciones han sido impuestas por la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía a raíz de las denuncias de la asociación de afectados Afeale, cuyo promotor y administrador es el vigués Jesús Domínguez.

El subdirector general de Inspección ha comunicado, que tras una fase previa de análisis de reclamaciones, se iniciaron cuatro procedimientos sancionadores en el año 2012 de los cuales dos acabaron en multa y otros tres en el 2013, «también con sanción de multa para la citada entidad». El importe de los castigos económicos no ha sido desvelado.

La asociación sigue recogiendo denuncias de posibles abusos por parte de las aseguradoras. Uno de ellos es el incremento repentino, y de manera muy considerable, de las cuotas. Otro «la negación al traslado del cadáver». Este es un tema muy delicado en Galicia pues mucha gente quiere ser enterrada en su aldea.

Jesús Domínguez se muestra satisfecho del trabajo de la asociación en defensa del asegurado. Muchas personas que contratan un seguro de decesos se encuentran, cuando sucede el óbito que no les cubre todo lo que creían. El fundador y administrador de la asociación de afectados señala que «con los seguros de decesos normalmente se paga tres o cuatro veces lo que cuesta un funeral». Domínguez afirma que en España los entierros son más caros que en otros países más avanzados como Alemania. Se cobra más porque existe una cultura de anticipar el pago de las exequias por temor a no contar con el dinero suficiente cuando llega la muerte de un ser querido. «En Afeale recogemos cientos de reclamaciones con testimonios de asegurados que tienen graves problemas con algunas compañías de seguros de decesos. Estos testimonios, nos llegan a través de nuestro correo electrónico, llamadas telefónicas e incluso correo ordinario», relata su impulsor.

La plataforma de afectados con sede en Vigo lleva desde el año 2009 presentando infinidad de reclamaciones ante las instituciones para defender el derecho de los asegurados. «Para ello, incluso nos hemos reunido varias veces con la Directora General de Seguros y sus máximos colaboradores», dice Domínguez.

El Defensor del Pueblo reconoce que se han detectado «problemas con los seguros de decesos» por parte de la Dirección General de Seguros, encargada de supervisar el contrato de seguro en nuestro país y defender en todo momento el derecho de los asegurados.

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El 4 de agosto, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba la prohibición a La Alianza Española Sociedad Anónima de Seguros de disponer de “los bienes inmuebles, valores mobiliarios, cuentas corrientes o de depósito, activos financieros y cualesquiera otros activos de los que sea titular”. Tampoco se le permite, “sin la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”, a la aseguradora “realizar actos de gestión y disposición, asumir nuevas deudas, conceder préstamos o prestar garantías o distribuir dividendos”.

Estas medidas especiales significan una intervención de facto de La Alianza Española, aunque la compañía mantenga sus órganos de gobierno y de dirección. Por cierto, la web de la aseguradora no informa de la existencia de esas medidas especiales de la Dirección General de Seguros, que en principio no impiden la captación de clientes.

La Alianza Española, fundada en 1943, se presenta como “una de las pocas aseguradoras con capital social íntegramente español”. Tiene 150 oficinas, cerca de un millón de asegurados, prácticamente todos titulares de pólizas de Decesos, una facturación de 40 millones de euros, y en 2015 registra unas pérdidas de 17 millones, una ratio de solvencia negativa en 600.000 euros, más unas provisiones técnicas para siniestros también negativas en 1,4 millones.

En 2009, nada menos que 7 años antes de que se adoptaran esas medidas especiales, 5 asegurados de La Alianza Española denunciaron ante la Dirección General de Seguros que la compañía aseguradora no pagaba los servicios funerarios contratados en las respectivas pólizas. La Dirección General de Seguros abrió expediente a la aseguradora en septiembre de 2010. Finalmente, la compañía abonó esos servicios, con más de un año de retraso, al intervenir también el Defensor del Pueblo.

En 2011 se detectan nuevos problemas de impago de servicios funerarios por parte de La Alianza Española. Esta compañía tiene el dudoso honor de figurar en la Memoria del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros como la entidad con mayor número de quejas en relación con su volumen de primas.

El 14 de diciembre de 2011 se constituye la Asociación de Afectados de Seguros de Decesos de La Alianza Española (Afeale), http://afectadosalianza.blogspot.com.es/ con el número 599.750 del Registro General de Asociaciones. Desde entonces mantiene una gran actividad de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros, el Defensor del Pueblo, las comunidades autónomas (sobre todo, la Xunta de Galicia, donde tiene su sede la compañía de seguros), el Defensor del Pueblo y los tribunales.

Los problemas de impago de servicios funerarios generan 2 sanciones económicas de la Dirección General de Seguros a la compañía en 2012, otras 3 en 2013, y un buen número de sentencias judiciales contra La Alianza Española.

Sin comentarios

¿Por qué, entonces, se ha tardado 7 años en adoptar medidas contra La Alianza Española por parte de la Dirección General de Seguros? Silencio por respuesta. La directora general de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, se refugia en que “no podemos hablar de entidades concretas”. La misma reacción en otros responsables del supervisor y del Ministerio de Economía, del que depende.

La directora general de Seguros se reunió el 4 de octubre, dos meses después de la adopción de las medidas especiales, con una representación de afectados de La Alianza Española. Un encuentro que no frena, sino todo lo contrario, las duras críticas de los afectados contra la tardanza en actuar contra La Alianza Española por parte de la autoridad reguladora y supervisora.

Al mismo tiempo, los responsables de las principales aseguradoras que operan en España niegan haber recibido indicación alguna por parte de la Dirección General de Seguros o del Ministerio de Economía para hacerse cargo de La Alianza Española. Uno de ellos, cuya compañía no oculta su interés en ganar peso en el ramo de Decesos, afirma que “primero tendrán que explicar bien lo que está pasando con La Alianza Española, y luego ya veremos, si es que sale a la venta”.

Conflicto de intereses

En Afeale, y en otras organizaciones de consumidores, señalan que un elemento clave en la situación de La Alianza Española es el conflicto de intereses que existe al contar las compañías de seguros con funerarias en su grupo o entre sus participaciones. Mencionan varios casos: Mapfre con Funespaña, en la que en 2005 adquirió una participación del 1,016% precisamente La Alianza Española para “completar la oferta de servicio en las zonas prioritarias de desarrollo de negocio y expansión, asegurando un servicio cercano y de calidad para las familias”; Santalucía con Albia, y Ocaso con Service, entre otras.

Ese conflicto de intereses se resuelve siempre en perjuicio del cliente, según los representantes de los consumidores, porque éste se queda sin la libre elección de prestación de servicios funerarios. Además, plantea problemas de competencia.

El temor a otro caso AMA/Ricardo Lozano

El caso La Alianza Española, y la tardanza en tomar medidas por parte de la Dirección General de Seguros, puede tener otra explicación, sugerida en voz baja por responsables del sector. La existencia de un temor a reproducir un caso como el protagonizado por el antecesor de Flavia Rodríguez Ponga, Ricardo Lozano, y la Agrupación Mutual Sanitaria (AMA) en 2009.

La adopción de medidas especiales por la Dirección General de Seguros contra AMA, su consejo de administración, y su presidente, Diego Murillo, desembocó en un proceso judicial que terminó quitando la razón al supervisor. El director general de Seguros, Ricardo Lozano, llegó a estar imputado por este asunto.

Es una experiencia que, de alguna manera, ha marcado a los responsables de Inspección en la Dirección General de Seguros.

Otra lectura, más ‘polìtica’, es la supuesta conexión de La Alianza Española con el Partido Popular y con la Xunta de Galicia, que tienen un evidente peso e influencia en el Gobierno, y que haría que la Dirección General de Seguros tenga que andarse con pies de plomo en este asunto. Pero la adopción de medidas especiales, aunque sea con retraso, viene a desmentir esa clave política.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un paquete de medidas urgentes para eliminar algunas de las trabas burocráticas que lastran a la ciencia española desde 2014, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impuso un nuevo régimen fiscal de intervención previa que supuso el aterrizaje de un interventor de Hacienda en cada organismo público de investigación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto ley que incluye la eliminación de esta intervención previa y la vuelta a la situación de 2014: la fiscalización de los gastos a posteriori.

“Esto es oxígeno”, celebra el bioquímico Óscar Fernández Capetillo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Hace un año, el científico alertaba de que “el auténtico lastre de la ciencia española” es que está “intervenida de facto” por Hacienda. “He tenido problemas hasta para poder comprar sillas, porque los proyectos no indican explícitamente que necesitemos el concepto sillas”, denunciaba. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, anunció en noviembre el fin de esta intervención previa en una entrevista con EL PAÍS. Entonces, afirmó que el plan de choque estaría listo antes del fin de 2018.

El nuevo paquete de medidas atiende otras reivindicaciones históricas de la ciencia española, como la agilización de la contratación y la estabilización del personal. Durante años, científicos de alta cualificación han encadenado contratos temporales fraudulentos, a veces durante más de una década, para cubrir necesidades permanentes. La química Cristina García, por ejemplo, fue despedida tras denunciar al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) por haber pasado 10 años trabajando con contratos temporales. García, entre otras tareas, calibraba desde 2006 las máquinas de radioterapia de los hospitales para que los pacientes de cáncer recibieran la dosis adecuada. Un juzgado de Madrid consideró su despido improcedente y apreció fraude de ley por estar cubriendo un puesto fijo con contratos temporales.

El real decreto ley facilitará la contratación de personal de forma indefinida

El real decreto ley aprobado hoy modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. El Ministerio de Ciencia cree que esta medida “contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes”.

En los últimos años, los jueces han obligado a indemnizar o a readmitir a cientos de trabajadores de instituciones científicas, incluyendo a una química empleada por la actual número 2 del Ministerio de Ciencia, Ángeles Heras, en su etapa al frente de un grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. En los laboratorios españoles —según explicó Heras a este diario tras ser nombrada secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación— “se desarrolló una colección de personas jóvenes, muy válidas todas, pero no había otra forma de contratarlas y han acabado poniendo muchos recursos ”.

Heras achacó entonces la contratación fraudulenta de la química a “la situación totalmente frágil que han tenido tanto los grupos de investigación como los jóvenes investigadores”, con “una única figura normativa, que es la de la contratación por obra y servicio”. El pasado 25 de enero, el Gobierno ya aprobó la estabilización de 1.454 plazas temporales en organismos públicos de investigación.

La burocratización ha hecho que pedidos de materiales para investigar el cáncer lleguen con meses de retraso

Más de dos centenares de científicos denunciaron en marzo que el Ciemat estaba “al borde del colapso”, con el 20% de su personal trabajando “en situación precaria”, con contratos temporales concatenados uno detrás de otro. El primer firmante de aquella carta, el físico Julio Cárabe, recibe “con esperanza y agradecimiento” el paquete de medidas de Pedro Duque, aunque recuerda que quedan temas pendientes, como facilitar el pago de las cuotas anuales para pertenecer a sociedades científicas internacionales. En la actualidad, el pago de una cuota de 2.000 euros requiere la aprobación del Consejo de Ministros y de los ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores. “Tu prestigio depende de 2.000 euros que se abonan con meses de retraso, porque el procedimiento es demasiado complicado”, explica Cárabe.

“La burocratización es tremenda y hace que todo se ralentice. Si un pedido de material llegaba antes en dos semanas, ahora llega en tres meses”, denunciaba hace un año Giovanna Roncador, una bióloga italiana de 51 años que dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO. La maquinaria burocrática no tenía en cuenta que los pedidos retrasados eran urgentes y consistían en materiales para investigar moléculas para el diagnóstico del cáncer.

El real decreto ley agiliza la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos. Los centros de investigación y las universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor y para distintas unidades, según ha anunciado el Ministerio de Ciencia. Esta medida facilitará, por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos diferentes de una misma universidad. A juicio de Duque, estas reformas significan «levantar las cadenas» que bloqueaban el sistema científico español, según ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El bioquímico Luis Serrano pide que la ciencia española esté exenta de IVA

El Gobierno también atiende otra medida muy reclamada por las científicas madres. El real decreto ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situación de maternidad o paternidad, y también los que estén con una incapacidad temporal, no se vean discriminados en la evaluación de su actividad científica. Por ejemplo, si una investigadora está de baja seis meses tras ser madre y para optar a una convocatoria del Ministerio de Ciencia se evalúa su trabajo de los últimos cuatro años, a partir de ahora sus méritos será prorrateados para que la maternidad no penalice.

El bioquímico Luis Serrano, presidente de la alianza Somma de centros de investigación de excelencia, aplaude el nuevo paquete de medidas. “Habrá que ver la letra pequeña, pero suena bien. Atiende dos de nuestras principales reivindicaciones: permitir la contratación indefinida y facilitar la compra de materiales”, afirma. Sin embargo, Serrano echa de menos otras medidas, como “que la ciencia se considere una actividad económica y esté exenta de IVA”.

La mayor parte de los grupos de investigación de España, según recuerda Serrano, depende de los planes nacionales, que en teoría se otorgan cada año y aportan financiación para tres años. Desde hace siete años, según denunció hace unos días en una entrevista con este periódico, el Plan Nacional se convoca aleatoriamente, con diferencias de siete u ocho meses. Hay años, incluso, en los que la convocatoria no se publica hasta el año siguiente. Estos retrasos “hunden a los grupos de investigación pequeños”, alerta Serrano, que pide un presupuesto plurianual para que la Agencia Estatal de Investigación pueda asegurar que los planes nacionales salen siempre el mismo día del año.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) agrupa a 82 organizaciones que representan a más de 40.000 investigadores asociados, según sus propias cifras. Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de la Confederación desde hace cuatro años. Martín, nacido en Madrid en 1956, recibió con “optimismo” el nombramiento de Pedro Duque al frente del Ministerio de Ciencia el pasado 6 de junio. Sin embargo, el tono de su organización ha cambiado desde entonces, como muestra un posicionamiento oficial emitido ayer: “La COSCE viene alertando desde hace meses sobre las dificultades crecientes de gestión que el sistema de ciencia debe afrontar por una reglamentación y una legislación inadecuadas. Hemos denunciado y trasladado repetidamente esta situación tanto al Ejecutivo como al Congreso, con escaso éxito hasta ahora, por lo que cualquier rectificación al respecto será bienvenida”. En conversación telefónica, Martín desarrolla la postura de la Confederación.

¿Qué le parece el paquete de medidas aprobado por el Gobierno?

Desde la COSCE hacemos una valoración preliminar positiva. Son medidas que eran imprescindibles para no ahogar el sistema de ciencia español. Son unos cuantos peldaños, pero hay que seguir caminando. Hacienda no distingue para nada las particularidades de la gestión de la ciencia. Hacienda tiene muchas cosas más que ceder.

¿Qué cosas?

Estamos muy preocupados por cómo funciona la Agencia Estatal de Investigación . O, mejor dicho, estamos muy preocupados por cómo no funciona. Es el Ministerio de Hacienda quien tiene que gestionar unos presupuestos plurianuales para la Agencia. Ahora, si un año no se aprueban los presupuestos generales, las convocatorias de proyectos del Plan Nacional no salen. Y eso es un desbarajuste. Son cosas que dependen de Hacienda y no están resueltas. Sin embargo, como criterio general, valoramos muy positivamente el paquete de medidas. Somos conscientes de que habrá supuesto mucho esfuerzo para las personas que hayan sacado este plan adelante dentro del Ministerio de Ciencia.

¿Qué medidas echa de menos?

Medidas como pasar de un tope de 15.000 euros a uno de 50.000 euros son muy importantes, pero también necesitamos que todo el mundo en el sistema de ciencia español pueda confiar que que las convocatorias del Plan Nacional saldrán el 1 de enero de cada año, se resolverán el 1 de junio y se empezarán a ejecutar el 1 de septiembre. Con los retrasos actuales, estamos perdiendo a jóvenes investigadores, que no pueden pasarse meses esperando para saber si los vas a poder contratar con una beca. Se van a trabajar a otras partes. Necesitamos una Agencia Estatal de Investigación que saque las convocatorias con precisión. Es un fallo del sistema que hay que corregir.

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