Intereses abusivos tarjeta credito

A través de www.reclamapormi.com se han registrado denuncias que superan el 40, 87% de interés TAE y diferencias del 200% entre la cantidad inicial del préstamo y la final a devolver

Madrid, 6 de marzo de 2019. Las alarmas se han disparado y no hay vuelta atrás. Para el Tribunal Supremo las tarjetas revolving o revolventes, comercializadas por empresas como Wizink, Cetelem o Carrefour que permiten fraccionar los pagos y se renuevan de forma automática pueden ser consideradas usura.

Un escenario en el que, tan solo tomando como referencia el caso de Wizink, nos encontramos con que, en 2017, la entidad tuvo que enfrentarse a 245 sentencias en contra, que le hicieron perder un total de 4,6 millones de euros.

Y todo apunta a que, este año, el número de denuncias contra las tarjetas revolving no hará sino incrementarse, pudiendo triplicarse estas cifras.

Para quienes no estén familiarizados con este tipo de tarjetas, son habitualmente utilizadas para realizar una serie de pagos extraordinarios ante situaciones en las que el cliente no dispone de liquidez inmediata sobre unos servicios o productos específicos: Centros comerciales, hipermercados, agencias de viajes, tiendas de muebles y grandes almacenes.

Una búsqueda por internet sobre este tipo de tarjetas, pone de manifiesto las bondades de este tipo de créditos que se comercializan en su mayoría como un tipo de crédito “Rápido, fácil y con descuentos”. La realidad, sin embargo es otra.

La trampa de las tarjetas revolving

Las alarmas del despacho de abogados de www.reclamapormi.com hace tiempo que se dispararon cuando comenzaron a recibir numerosos casos en los que los clientes afirmaban que:

– Habían pedido el contrato a la entidad y nunca llegaba

– Les llamaban al trabajo, a casa, a sus amigos diciéndoles que tenían una deuda

– Si no habían pagado una cuota no les permitían acceder a la plataforma para ver lo que debían

– No podían ver el cuadro de amortización

– Les aumentaban el límite dispuesto unilateralmente

– Recibían más de 20 llamadas al día

– Llamaban desesperados al despacho con ataques de ansiedad debido a la amenazas de los operadores.

– Por mucho que pagaban el crédito nunca acaba

Según el despacho, se repiten los mismos patrones y se producen de manera sistemática las mismas vulneraciones de derechos por parte de las entidades que otorgan esos préstamos.

Intereses muy por encima de los del mercado: 2, 3 y 4 veces superiores al interés medio concedido por el Banco de España. El interés nominal anual en la mayoría de los afectados es superior al 20% sin contar las comisiones que surjan durante el contrato, entre las cuales encontramos: comisión apertura, gastos de formalización notarial, gastos devengados por avales concedimos por entidades diferentes a las que concede el préstamo, primas de seguro concertadas a favor de la entidad con un tercero, comisión de estudio… que deben sumarse al nominal y quedando un TAE por encima del 24% en la mayoría de las tarjetas. En alguno de los casos recibidos y gestionados por Reclama Por Mí se han encontrado intereses del 40,87% TAE.

2. Falta de transparencia: Muchos de los titulares de este tipo de tarjetas desconocen lo que les queda por pagar o llevan años pagando y, pese a que han devuelto el crédito principal con creces, la deuda sigue existiendo de forma perpetua. Cuando además preguntan lo que les queda por pagar no hay respuesta o si la hay esta es confusa y no coincide con el tiempo que llevan pagando y la deuda que contrajeron.

3. Acoso: La mayoría de los afectados sufre una absoluta persecución por parte de la entidad que les ha concedido el préstamo. Algunos aseguraban que recibían constantes llamadas al día incluso a su trabajo o familiares indicando que debían dinero a la entidad y amenazando literalmente con “quitarles la casa”. Muchos de ellos se niegan a pagar por no tener el dinero o pensar que con creces habían saldado su deuda.

“Hay razones más que suficientes para actuar. Desde Reclama Por Mí hemos iniciado una ofensiva legal contra todas las entidades que comercializan este tipo de créditos ya que vulneran prácticamente sin excepción los derechos de quien solicita este tipo de tarjetas y el Tribunal Supremo está del lado del consumidor”, asegura Fernando Renedo, Director Jurídico de la empresa.

“Recomendamos a los afectados de estas tarjetas que contacten con un abogado especializado para reclamar la tarjeta revolving y recuperar lo pagado de más”, añade Adrián San Martín, CEO del despacho.

La postura del Tribunal Supremo El Tribunal Supremo considera que si se cumplen los requisitos para considerar que un crédito infringe la Ley de Represión de la Usura se deberán considerar abusivos y por tanto nulos.La norma, dictada en 1908, no pone límites precisos pero sí fija los requisitos para considerar que un préstamo es leonino: lo será aquel que fije un interés «notablemente superior al normal del dinero» y que sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

De hecho, el caso juzgado en concreto por el Alto Tribunal el 28 de octubre de 2015 en el Pleno de la Sala de lo Civil anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés.

A día de hoy casi todas las Audiencias de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Toledo, Tarragona, Bizkaia, Palma de Mallorca, León, Valladolid y Oviedo, se han pronunciado con una respuesta casi unánime: los préstamos con un TAE superior al 20% son usurarios y por lo tanto son nulos.

Contenidos

Preguntas reclamación intereses tarjetas y préstamos

Si tienes una tarjeta o préstamo con intereses elevados, si pagas cuota mensuales muy altas por los intereses, o incluso si no puedes pagarlas; si llevas años pagando una tarjeta que ya no utilizas, o simplemente si crees que el banco está abusando con los intereses, las siguientes preguntas, te puede ayudar:

¿Cuándo puedo reclamar los intereses?

Se puede reclamar los intereses, cuando son más altos de lo habitual, o no hubo transparencia a la hora de solicitar la tarjeta (tarjetas revolving), préstamo, o microcrédito. Como ejemplo, decirte que tenemos muchas sentencias estimadas anulando intereses de Wizink del 26%, de EvoFinance 24% y Cofidis o Cetelem entre el 20% y 29%.

¿A qué entidades puedo reclamar?

Presentamos reclamaciones de nulidad de intereses contra entidades: Wizink, Evo Finance, Cofidis, Cetelem, Santander, Caixabank, Bankinter Consumer, Santander Consumer, Oney, BBVA, IKEA, Affinity Car, Abanca, Credito Rapid, …

Una de las preguntas reclamación intereses más frecuentes.
¿Cuánto cuesta la reclamación?

Tramitamos la reclamación y si es viable y necesario la demanda ante el Juzgado, sin necesidad de pagar nada. Sólo Cobramos si tenemos éxito en la reclamación un 20% de lo recuperado y si hay condena en costas, algo muy habitual, el 10% de lo recuperado más las costas.

¿Cómo iniciar la reclamación?

Para iniciar la reclamación necesitamos que firme la Hoja de encargo, que incluye las condiciones generales para reclamar y otorga representación para poder reclamar en tu nombre. Puedes iniciar la reclamación de intereses pinchando AQUÍ.

¿Qué documentación necesito?

Solamente nos tienes que enviar el DNI en formato foto o pdf y si tienes el contrato o algún extracto. Pero no te preocupes si no lo tienes, con la reclamación pedimos el contrato y todos los extractos para saber cual fue el total de gastos, de pagos y de intereses y comisiones.

¿Tengo que seguir pagando las cuotas mensuales?

Sí, siempre que puedas y no te encuentres en situación de insolvencia, debes seguir pagando las cuota mensuales, que en caso de conseguir la nulidad de los intereses, te tendrán que devolver o descontar de la deuda pendiente.

¿Qué cantidad puedo recuperar?

En caso de conseguir una sentencia estimatoria, con nulidad de intereses por no superar el control de transparencia o por usurarios, recuperarás todos los intereses pagados, de modo que todo el importe de las cuotas pagadas se aplicará a amortización de la deuda.

¿Existe riesgo?

Todos los procedimiento judiciales tienen riesgos, y nadie puede asegurar un buen resultado. En este tipo de procedimientos son muchas la sentencia estimatorias, pero también las hay desestimaratorias, con condena en costas. Debes tener en cuenta, que si no vemos viable presentar la demanda, te lo vamos a decir, sólo cobramos por nuestro trabajo si ganamos, y no nos apetece perder el tiempo, en los casos que vemos riesgo elevado.

¿Cuánto pueden ser las costas en caso de perder?

Dependerá de la cantidad reclamada con la demanda, y siempre intentamos cuantificarlo antes de presentarla para conocer el riesgo que asume y ponerlo en relación con la cantidad a recuperar de intereses.

¿Vale la pena reclamar microcréditos?

Solamente reclamamos intereses de microcréditos, cuando estos suponen una cantidad mínima de 1.000 €, en una o varias operaciones con la misma entidad.

¿Se puede cancelar la deuda y después reclamar?

Sí, si prefieres dejar de pagar las cuotas mensuales y los elevados intereses, puedes cancelar la deuda y despeñes iniciar la reclamación o presentar la demanda.

¿Puedo reclamar si cancelé la tarjeta hace años?

Sí, se puede reclamar aun ya no tengas la tarjeta.

¿Puedo seguir usando la tarjeta?

Recomendamos no utilizar más la tarjeta una vez iniciada la reclamación, para no aumentar la deuda y dificultar la cuantificación de intereses a recuperar.

¿Puedo hablar con el abogado? ¿Y reunirme para aclarar dudas?

Sí, puedes hablar con nosotros si quieres aclarar dudas concretas de tu caso o tienes más preguntas reclamación intereses, tanto por teléfono como de forma presencial en el despacho, pidiendo una cita por email a [email protected] o en el teléfono 986223341, o pinchando AQUÍ.

¿Quién estudia el caso antes de reclamar?

Cuando recibimos contestación de la entidad, un abogado de Asesority revisará el contrato y los extractos que nos aporten, además de la documentación inicial que nos envíes. Seguidamente nos pondremos en contacto contigo para informarte de la situación, de la viabilidad de la demanda y del importe de los intereses a recuperar.

¿En qué Juzgado se presenta la demanda?

En caso de ser necesario presentar demanda, lo haremos en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de tu domicilio, y si o hay en el que corresponda por partido judicial. Tendrás que ir al Juzgado a firmar poder Apud Acta a favor del procurador/a, cuando nos requieren para ello.

¿Que son las tarjetas revolving?

Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las compras o disposiciones de efectivo que se realizan con ella, quedan aplazadas automáticamente. De este modo, el usuario de la tarjeta puede realizar el pago de estas compras en cómodos plazos.

¿Por qué son los intereses abusivos y usurarios de las tarjetas?

Los intereses SON ABUSIVOS, por la falta de transparencia en el momento de su contratación. No supera el filtro de incorporación unas condiciones o cláusulas difícilmente legible, por el diminuto tamaño de las letras, lo farragoso de su redacción, y sobre todo, por no constar firmado más que en el anverso. Y no existe aceptación de las condiciones generales del contrato, cuando la entidad no haya informado expresamente al cliente sobre las misma de forma detallada.

Los intereses SON USURARIOS, por la Ley de represión de la usura, dice que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”. Algo que ya había confirmado el Tribunal Supremo en Sentencia TS de 25/11/15.

Sentencia contra Cetelem por tarjeta revolving: Reclamar y denunciar con abogados especialistas

SENTENCIA Nº 38/19 JDO 1ª INST Nº10 DE CASTELLÓN CONTRA CETELEM

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª SOFIA DIAZ GARCIA

Lugar: CASTELLON Fecha: dieciocho de febrero de dos mil diecinueve

PARTE DEMANDANTE: XXXXXXXXXXXXXXX Abogado: RENEDO ARENAL, FERNANDO Procurador: MURCIA SANCHEZ, JOSE MARIA

PARTE DEMANDADA BANCO CETELEM SAU Abogado: VICENTE MONLLEO LLERENA Procurador: AZNAR GOMEZ, IGNACIO JESUS

Primero._ Por el Procurador de la parte actora se interpuso escrito de demanda en la que se decía que la Señora Balaguer funcionaria del Cuerpo de Policía, carece de conocimientos financieros adecuados, para alcanzar a comprender el entramado que supone el tipo de líneas de crédito revolving. La contratación de la tarjeta con sitema revolving, tuvo lugar como resultado de la manipulación que sufrió mi cliente, a quien al realizar una compra se le ofreció una forma fácil y rápida de realizar las futuras, pudiendo pagar lo que comprase en módicas cuotas, amortizando el total del capital prestado en pocos meses.

En fecha 15 de Febrero del 2011, la actora suscribió un contrato mediante el cual se hacía titular de una tarjeta de Crédito Sistema Flexipago, lo que viene siendo una Tarjeta Revolving perteneciente a la entidad demandada mediante formulario que le fue entregado y cumplimentado por un comercial la misma que nada le explicó. Resulta imposible conocer las condiciones salvo que se utilice una lupa, pues no cumple con los requisitos establecidos mínimos de 1,5 mm . Por otra parte, los extractos presentados por Banco Cetelem señala que la actora ha dispuyesto de una cantidad de 12.671 euros, que han devengado 9.223 euros de interees, y así, habiendo pagado casi 13.000 euros, todavía se le reclaman 9.000 euros.

Entiende la actora que el contrato es nulo en base a la Ley Azcárate, dado la nulidad del interés acordado, que es usurario, de forma que solo debe devolver la suma recibida.

Señala la actora que nos encontramos ante un contrato de adhesión con cláusulas abusivas, y en concreto la cláusula sobre interés remuneratorio del contrato.

Por lo expuesto solicita la nulidad del contrato,; subsidiariamente la nulidad de la cláusula sobre interés remuneratorio condenando a Banco Cetelem a devolver las cantidades abonadas por intereses durante la vida el contrato.

Segundo._ Admitida a trámite de demanda por decreto de 4 de octubre de 2018, se dio traslado de la misma a la demandada, que compareció oponiéndose a la demandaEn fecha 15 de febrero de 2011, se suscribió contrato por las partes, contrato de tarjeta de crédito en el que se acuerda como importe de financiación 11.950,37 euros, y como intereses, 5.189,61 euros y no, 9.223 euros que dice la actora. No es cierto que la actora no conociera las condiciones del contrato cuando se puede ver claramente la línea de crédito, el interés, TAE y la cuota mensual inicial. No es cierto que no conociera el interés aplicado cuando todos los meses la demandada le remitió extractos de la cuenta donde constaban dichos intereses. Entiende la demandada que no existe ninguna claúsula abusiva; que de hecho se deja a libertad del cliente las cantidades a devolver ; que el tipo de interés que se ha aplicado en el presente caso, es el normal en esta clase de productos financieros. En todo caso, los intereses remuneratorios solo pueden ser analizados como usurarios, pero no como abusivos atendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Tercero._ en fecha 22 de enero de 2019 tuvo lugar la celebración de la audiencia previa y habiendo solicitado las partes como prueba únicamente la documental, quedaron los autos pendientes de dictar sentencia.

Cuarto._ Que en la sustanciación del presente procedimiento, se han observado todas las formalidades del orden procesal.

Primero._ Acción que se ejercita

En la presente relación jurídico procesal, se ejercita por la parte actora una acción de nulidad de contrato en base a los artículos 1.254, y ss del CC, al indicar que el contrato es nulo porque el interés es usurario. Subsidiariamente solicita se decrete la nulidad de la claúsula relativa al interés remunertorio por usurario.

El artículo 1.254 del Código Civil dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El artículo 1255 señala que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y el artículo 1256 indica que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. No obstante el artículo 1261 dispone que no hay contrato sino cuando concurren: consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación, indicando el artículo 1.258 que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento.

La ineficacia de un contrato supone la falta de producción de consecuencias, o cuando menos de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que son razonablemente esperadas en virtud de la celebración de un contrato como dice Diez Picazo. Siguiendo la clasificación que hace Castán la ineficacia es un termino genérico que se puede clasificar del siguiente modo: a) la falta de algún elemento esencial para la formación del negocio supondría su inexistencia ; b) la celebración del negocio violando un mandato o prohibición legal da lugar a su nulidad absoluta o radical; c) la existencia de un vicio o defecto en los requisitos del negocio provoca la anulabilidad o nulidad relativa; d) la lesión o perjuicio para las partes o para terceros conlleva la rescisión; y e) otras causas derivadas del negocio o sobrevenidas con posterioridad a su celebración supondría la resolución o revocación. No obstante se habla de nulidad radical tanto cuando no concurre alguno de los requisitos del artículo 1.261 del CC, como cuando el contrato es contrario a una norma imperativa. Por el contrario los contratos anulables son aquellos en que concurren todos los requisitos generales para su validez, pero adolecen de algún vicio susceptible de producir su ineficacia, contemplándose en el art. 1.300 del C.C. Mientras la acción solicitando la nulidad radical del contrato es imprescriptible, la acción de anulabilidad tiene un plazo de ejercicio que ha fijado la ley en cuatro años. (artículo 1.301 del CC).

Atendiendo a lo expuesto, y la redacción de la demanda, es claro que no nos encontramos ante la posible nulidad de un contrato por falta de causa, objeto o consentimiento, ni siquiera por vicio en consentimiento que tampoco se alega. Lo que se pretende por la actora es que se considere que el tipo nominal pactado en el contrato celebrado, es usurario.

Segundo._ Intereses remuneratorios. Carácter usurario.

En primer lugar señalar que los intereses remuneratarios forman parte del precio del contrato y por lo tanto su fijación se rige por el principio de autonomía de la voluntad y no pueden quedar bajo el control de abusividad, a diferencia de lo que ocurre con los intereses moratorios, que sí pueden ser declarados abusivos si vulneran la legislación de protección a los Consumidores y Usuarios.

En este sentido la AP de Badajoz en sentencia de fecha 28 de enero de 2015 indica: “Los intereses remuneratorios responden a la productividad del dinero como retribución por un préstamo y nacen del propio contrato, mientrasque los moratorios son una sanción por el retraso. Los intereses remuneratorios , a diferencia de los de demora, en principio no se pueden someter a control judicial si han sido redactados de manera clara y transparente dado que forman parte del precio y el art. 4.2 Directiva 93/13/CEE no permite la apreciación del carácter abusivo de cláusulas relativas a la definición del objeto principal del contrario ni a la adecuación entre precio y servicios, a menos que no se redacten de forma comprensible, por lo que el Juez tan sólo podría controlar el cumplimiento de la transparencia. En el mismo sentido, en el considerando 19 de la mentada Directiva se señala que «la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación».

Ahora bien los intereses remuneratorios sí pueden ser declarados usurarios y, por tanto, nulos, si se dan los supuestos previstos en la Ley de Usura. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de noviembre de 2015. A esta sentencia se refiere la dictada por la AP de Salamanca en fecha18 de marzo de 2016: “Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable….” También la AP de Barcelona en sentencia de 17 de junio de 2018 dispone: “..Ciertamente el precio no es revisable por el tribunal, pues la fijación de los elementos básicos o estructurales del contrato quedan sometidos al libre acuerdo de las partes, pues la autonomía de la voluntad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, cosa diferente es que el precio ha de quedar fijado de forma clara y precisa que permita al consumidor representarse de una manera adecuado el coste real, el objeto del contrato. El art ículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 , establece que «2. la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de una manera clara y comprensible.»

La Sentencia del Tribunal Supremo 406/2012, de 18 de junio , indica que «si bien considera que las cláusulas sobre intereses remuneratorios sí tienen la cualidad legal de condiciones generales de la contratación, al mismo tiempo estima que afectando a un elemento esencial del contrato, no pueden ser objeto de control de contenido. La exclusión de tal control, con fundamento en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE , tiene por objeto evitar que los jueces puedan controlar los precios, asegurando, de esta forma, la función de asignación de los recursos que corresponde al mercado…. El objeto del control de equilibrio contractual son los derechos y obligaciones de las partes, no las prestaciones; es decir, los jueces pueden controlar el equilibrio jurídico del contrato, no el equilibrio económico. Así queda recogido en los artículos 80.1 c) y 82.1 TRLCU que se refieren expresamente a «justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes»; no existiendo criterios jurídicos para controlar la corrección del ajuste precioproducto.

La sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de mayo 2013 EDJ 2013/53424 declara: » 197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia que seguidamente se expone.
(…) 201. En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -«(l)a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez» -, 7 LCGC -«(n)o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato (…); b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (…)»-.

(…) 210. Ahora bien, el art ículo 80.1 TRLCU dispone que «(e)n los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente (…), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (…)-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido». Lo que permite concluir que, además del filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio , el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil, del «error propio» o «error vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo».

Partiendo, por tanto, que los intereses remuneratorios, como elemento esencial del contrato, quedan excluidos del control de contenido, pero sí pueden ser objeto de control por la vía de inclusión y de transparencia (artículos 5.5 y 7 de la ley de condiciones generales), se ha de concluir que no son exigibles las cantidades que se reclaman por intereses ordinarios, pues al hecho de que las condiciones generales aparecen recogidas en el reverso del documento, que no está firmado por la demandada, están redactadas en una letra de difícil lectura y sin que datos esenciales como el tipo concreto de interés aplicable aparezcan redactados en modo alguno, fijándose un TAE distinto en función de que los importes sean inferiores a 6.000 euros, o vayan de dicha suma hasta 9.000 euros y, por último, superiores a dicha cifra, ..”

Es este el caso que nos ocupa. Como se observa en el anverso del contrato que se acompaña, no figura el interés remuneratorio del mismo, a pesar de que existe una apartado para que se especifique el TIN y el TAE para la tarjeta flexipago que aparece sin cumplimentar. Hay que irse al reverso del contrato, con una letra de difícil lectura, que además no aparece firmado por la demandada, en el que se establecen los tipos de interés, que varían según la cantidad dispuesta, por lo que la demandada en el momento de contratar desconocía cuáles iban a ser los intereses remuneratorios que iba a pagar. Es más ni siquiera en la contestación a la demanda se indica cuáles son los intereses remuneratorios que se han aplicado.

Así pues, ni tan siquiera procede a analizar si el TIN o TAE aplicado es usurario pues ni siquiera supera el control de incorporación al contrato. De esta forma se estima la demanda, declarando nula la cláusula sobre interés remuneratorio por no superar el control de incorporación al contrato, y en consecuencia ,se acuerda la devolución de las cantidades abonadas por tal concepto durante la vida del contrato, con más los intereses legales desde la fecha de cada reclamación

Tercero._ Costas.

Que en cuanto a las costas procesales en aplicación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimar la demanda las costas se imponen a la demandada.

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Jose Maria Murcia Sánchez en nombre y representación de doña XXXXXXXXXXXXXX contra BANCO CETELEM S.AU debo declarar y declaro nula la claúsula sobre interés remuneratorio por no superar el control de incorporación al contrato, y en consecuencia,se acuerda la devolución de las cantidades abonadas por tal concepto durante la vida del contrato, con más los intereses legales y expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que contra la misma podrán interponer ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de esta resolución, para su remisión posterior ante la Ilma. Audiencia Provincial, según prevén los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en redacción dada por Ley 37/11 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal.

Líbrese testimonio de esta resolución para su constancia en autos, llevándose el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Carlos Berbell | 05 enero, 2020

Nuria Alonso Malfaz, titular del Juzgado del Primera Instancia 15 de Valladolid, ha condenado al Banco Cetelem, S.A., a devolver a María de las Mercedes, una ciudadana de Valladolid, 17.040,64 euros en intereses pagados desde 2003 por su tarjeta de crédito “revolving” y a anular la tarjeta en cuestión.

La magistrada, en su sentencia 212/2019 de 18 de diciembre pasado, considera que los intereses aplicados eran usurarios porque la Tasa Anual Equivalente (TAE) –que incorpora el tipo de interés nominal, las comisiones y el plazo de la operación– de la tarjeta en cuestión superaban el 20 por ciento por los intereses por pago aplazado,; el doble del interés medio para operaciones similares.

La demandante, reza la sentencia, “ha recibido 13.221,87 euros. Y tras pagar 30.262,51 euros le quedan por pagar 6.512,63 euros”.

“No se entiende que solo de intereses se haya generado una obligación de pago o coste del crédito del 119,23% del principal. Un 175,57% si se le suma la cantidad pagada en concepto de prima de seguro”, añade.

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La magistrada Alonso Malfaz refiere en su fallo que, mientras que el Banco de España publicitó un tipo medio de un 7,98 TAE en julio de 2005, cuando comenzó la línea de crédito de la demandante, con tipos entre el 9 y el 11 por ciento hasta el año 2010, “se comunicó la aplicación de un 23,14 %” en ese año.

LA CLÁUSULA ES ABUSIVA Y EL CONTRATO ADOLECE DE TRANSPARENCIA

“El funcionamiento del producto es perverso y siendo un préstamo al consumo, no puede calificarse de otro modo que usurario por desproporcionado“, afirma la magistrada en su sentencia, que considera que la cláusula es abusiva y el contrato suscrito adolece de transparencia.

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En la sentencia se invoca la Ley de Represión de la Usura de 1908, que en su artículo 1 establece: «erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Alonso Malfaz aplicó en este caso, además, la jurisprudencia marcada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 628/2015 de 25 de noviembre de 2015 que dice que “La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter ‘abusivo’ del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable”.

La demandante fue representada por el abogado Raúl Rubio Toral, letrado de DonReclamador.com, una “startup” (empresa emergente) de servicios jurídicos “LegalTech”.

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Según Artemio Quijano, fundador de DonReclamador.com, “cada día decenas de consumidores se acercan con una historia común: llevo años pagando una tarjeta de crédito y mi deuda no baja. En ocasiones aumenta”.

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“Esta situación se produce por dos motivos: uno, por los altísimos intereses, en su mayoría abusivos por usurarios, que tienen estas tarjetas, y el otro es, por la baja cuota mensual que el cliente decide pagar“, explica.

“Actualmente , la inmensa mayoría de los Juzgados y Audiencias Provinciales, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de Noviembre de 2015, están anulando este tipo de tarjetas de crédito por intereses usurarios, al superar en más del doble el interés medio del dinero legal y por falta de transparencia en la contratación, según la Ley de Condiciones Generales de Contratación”, cuenta.

“El Banco de España ha puesto a disposición de los consumidores una calculadora para que, en función del importe de la deuda, tipo de interés y cuota a pagar, puedan comprobar si su deuda se puede convertir en indefinida o perpetua”, concluye.

Una calculadora que se puede consultar pinchando en este enlace.

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La sentencia, de primera instancia, puede recurrirse en apelación.

Sentencia nulidad intereses CETELEM Juzgado de Vigo 260918

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE VIGO

JUICIO ORDINARIO 64/2018
XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 1 VIGO
SENTENCIA: 00101/2018

SENTENCIA

En Vigo, a 26 de septiembre de 2018.

Vistos por María Isabel Castro Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia no 1 de Vigo, los autos de juicio ordinario sobre condiciones generales de la contratación con el número 64/18, promovidos por SGR, representado por el Proc. Sr. Vidal Ruibal y asistido por el Letr. Sr. Alfaya Massó; contra Banco Cetelem S.A.U., representado por la Proc. Sra. Barreras Vázquez y asistido por el Letr. Sr. Gómez Marcos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la representación de SGR se presentó demanda de juicio ordinario contra Banco Cetelem S.A.U., en ejercicio de acción sobre no incorporación de las condiciones generales relativas a intereses y comisiones, por falta de transparencia, así como prima de seguro no expresamente pactada, de la tarjeta de crédito Sistema Flexipago Aurora concertada con la demandada.

Suplicaba se declarase que dichas condiciones generales no superan el control de transparencia, con lo que deben tenerse por no puestas y no incorporadas válidamente al contrato; o de forma subsidiaria, se declare que los intereses remuneratorios son usurarios, con nulidad del contrato; y en cualquier caso, se condene a la demandada a pagar al actora la cantidad de 7.243’45 euros, en cuanto diferencia entre la cantidad abonada y el capital dispuesto, con intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial, y al pago de las costas procesales.

SEGUNDO. Emplazada la demandada para contestar a la demanda, se opuso a la misma, alegando la existencia de documento contractual firmado por el cliente, que reúne los requisitos de claridad y transparencia, oponiéndose a la consideración del interés remuneratorio como usurario. Solicitaba desestimación de la demanda, con imposición de costas a la actora.

TERCERO. Convocadas las partes al acto de audiencia previa, ratificaron sus pedimentos y propusieron prueba documental, admitida y practicada.

CUARTO. Concluido el acto, quedaron los autos en situación de resolver sin necesidad de celebración de juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El actor concertó con la demandada una tarjeta de crédito mediante documento de solicitud en fecha 6 de septiembre de 2008, cuyo condicionado general en cuanto a los intereses remuneratorios, comisiones y gastos (seguro) entiende no es transparente; y solicita se declaren no incorporadas al contrato tales condiciones generales, alegando que no se le facilitó información sobre el funcionamiento del mismo, ni pudo conocerla a través del documento contractual, porque no se le entregó copia y por estar incorporadas tales especificaciones en su reverso, con letra diminuta, ilegible y poco comprensible. Alega que no suscribió el seguro cuya prima le es repercutida; y que la cláusula A2, sobre revisión del tipo de interés, no fue pactada por las partes.

De forma subsidiaria, alega el carácter usurario del préstamo, por superar el interés remuneratorio el medio de los préstamos a consumo a fecha de contratación.

La demandada alega que el documento contractual aportado de adverso está firmado por el actor, con aceptación expresa del condicionado general que obra en el mismo documento, que resalta las condiciones financieras impugnadas y particularmente el tipo de interés remuneratorio en las condiciones particulares. Alega que los extractos mensuales al actor especificaban los conceptos cargados. Y finalmente, que el interés remuneratorio no es susceptible del control de contenido, y tampoco es notablemente superior al interés de operaciones similares, que no son los préstamos al consumo, sino las condiciones específicas de las tarjetas de crédito, de las que no existen estadísticas oficiales sino a partir de 2013.

SEGUNDO. El interés remuneratorio, por formar parte del contenido esencial del contrato, no puede ser objeto de un control de contenido o examen de abusividad por aplicación de la normativa sobre consumidores y usuarios, ni de Directiva 93/13/CEE, que establece en su art. 4.2. que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensiva”.

Respecto a estas cláusulas, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, el control judicial ha de limitarse al control de incorporación y de transparencia.

El control de incorporación actúa en la fase de perfección del contrato, buscando garantizar la correcta formación de la voluntad contractual por el adherente, por lo que incide en la formación del consentimiento; el control de incorporación no analiza la legalidad intrínseca de la cláusula en cuestión, sino si ésta puede o no incorporarse válidamente en el contrato, de forma que cumpla con los requisitos previstos en los arts. 5 y 7.

El art. 5.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, bajo la rúbrica de “Requisitos de incorporación”, establece que las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas. No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas….

El art. 7 dispone que “No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5; La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”. Sobre este control de incorporación se superpone un control adicional de transparencia en los contratos con condiciones generales concertados con consumidores, que tiene por objeto comprabar que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo; es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que confirmaron el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo; siendo preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonable completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato (STS de 2015). 24 de marzo

La STJUE de 26 de febrero de 2015 señala que «para satisfacer la exigencia de transparencia reviste importancia capital la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente los motivos y las particularidades del mecanismo de modificación del tipo del interés, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan».

TERCERO. En este caso, la propia actora aporta el documento llamado “Contrato de Tarjeta de Crédito Sistema Flexipago Aurora”, que contiene los datos del titular, los datos de la tarjeta, dentro de los cuales se especifica de forma visible la línea de crédito actual, tipo de interés mensual y TAE, cuotas y plazos de pago. En la misma cara del documento comienzan las Condiciones Generales del contrato, que continúan en el reverso. Al pie de la primera página está la firma del titular, bajo la cláusula que contiene la expresión de conocimiento y aceptación de dichas condiciones generales.

No obstante, con independencia de la claridad gramatical del tipo de interés remuneratorio aplicado y de la existencia de un condicionado general, el funcionamiento del sistema de devolución del dinero anticipado, en su diferentes opciones, la facultad de la entidad prestamista para variar a unilateralmente el tipo de interés remuneratorio (cláusula A2), así como las comisiones y otros costes del contrato (cláusula C), se incluyen en el condicionado general, de letra diminuta, cuya lectura exige un plus de atención que impide que se cumplan los requisitos de accesibilidad y legibilidad exigidos por el art. 80 b/ del Real Decreto Legislativo 1/2007; que si bien a fecha de concertación de la tarjeta no establecía un tamaño numérico mínimo, debe valorarse que es muy inferior al fijado en la norma con posterioridad de 1 ó 1’5 milímetros.

Ha de añadirse igualmente que su sistemática y redacción es confusa, incorporando todas las opciones de pago previstas para este tipo de producto en el mismo documento, supeditadas a sistemas de amortización o fórmulas matemáticas complejas, a las que se añaden mediante otras cláusulas costes diversos del incumplimiento, lo que impide al consumidor representarse la carga económica real del coste del contrato.

La falta de superación del control de transparencia del condicionado de las Tarjetas Flexipago Aurora comercializadas por la demandada ha sido declarada por diversas sentencias, entre las más recientes, las de las Audiencias Provinciales de Orense de 18 de mayo de 2018, Barcelona sección 13a 18 de mayo de 2018, o Toledo de 13 de diciembre de 2017

Por ello, no aparece superado el control de transparencia, con la consecuencia de que el condicionado general del contrato no ha de quedar incorporado y al contrato, y no resultan de aplicación por tanto los intereses remuneratorios y comisiones sobre los que expresamente se solicita la declaración.

En otro orden de cosas, debe resaltarse que no se ha probado la contratación del seguro opcional, cuya prima se repercute al demandante como resulta del extracto aportado con la demanda. En el contrato no aparece marcada la casilla correspondiente y no se ha probado la contratación ulterior por el cliente; limitándose la demandada a afirmar en su contestación que esa prima figuraba desglosada en los extractos remitidos mensualmente al cliente, que no se aportan, y que en todo caso no pueden entenderse expresivos de su consentimiento inicial a la contratación de esa partida.

De forma que, al no quedar incorporadas esas condiciones al contrato, el saldo económico del contrato queda reducido a la diferencia entre el importe financiado o dispuesto, y el importe abonado por el cliente. El saldo es en este caso favorable al consumidor en la cantidad reclamada en la demanda, que no ha sido combatida en la contestación a la demanda y expresamente se fijó como hecho no controvertido en el acto de la audiencia previa.

En consecuencia se estima en su integridad la pretensión principal de la demanda, de modo que huelga entrar en la formulada de forma subsidiaria.

CUARTO. En cuanto a la imposición de costas, resulta de aplicación el criterio del vencimiento establecido en el párrafo primero del art. 394 LEC.

Vistos los preceptos invocados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimando en su integridad la demanda promovida por la representación de SGR contra Banco Cetelem S.A.U., debo declarar y declaro que las condiciones generales relativas a intereses, comisiones y prima de seguro, del contrato de Tarjeta de crédito Sistema Flexipago Aurora, concertado por el actor, no se han incorporado al contrato; y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de 7.243’45 euros, más intereses legales desde la interposición de la demanda.

Se impone a la demandada el pago de las costas procesales.

Notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación, que habrá de interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación, para la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente, indicando en el campo «concepto» la indicación «Recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo, mando y firmo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia, por la Sra Juez que la autoriza, en audiencia pública, lugar y fecha en la misma indicados. Doy fe

OCU, contra los intereses abusivos: #StopUsura

Miles de consumidores han caído en la trampa de las deudas. Los culpables muchas veces son los excesivos intereses, abusivos e incluso usurarios generados por créditos al consumo o por las tarjetas de pago aplazado, especialmente las tarjetas revolving, una modalidad muy peligrosa.

¿Es tu caso? ¿Estás pagando intereses muy elevados por aplazar pagos o por un crédito al consumo? ¿Has caído en la trampa del sobreendeudamiento y los intereses excesivos? En OCU queremos ayudarte a que te liberes, y por eso lanzamos la campaña #StopUsura, contra la trampa de los intereses abusivos.

Deja tus datos en #StopUsura y te ayudamos a reclamar

La trampa de créditos y tarjetas revolving

Gastos imprevistos o por encima de nuestras posibilidades, los sueldos bajos, la carestía de la vida… millones de consumidores tienen muchas dificultades para afrontar los pagos de su vida cotidiana, como sabemos por el estudio del Índice de Solvencia Familiar OCU. Son miles de hogares los que no llegan a fin de mes, y viven a crédito, una opción que sale muy cara.

Entidades financieras ofrecen créditos rápidos, incluso microcréditos por pequeñas cantidades por las que comprasn intereses realmente elevados, con TAEs que superan el 1.000%, muy poco recomendables. Muchos otros optan por el pago aplazado de tarjeta: aplazar una compra en un comento concreto puede ser una solución,, pero aplazar el gasto indefinidamente solo te hace caer en una deuda cada vez mayor.

Peor todavía es recurrir a las famosas tarjetas «revolving», unas tarjetas de crédito que solo tienen la opción de pago aplazado, es decir, todas las compras que se pagan con ellas se aplazan (con sus intereses), con lo que el usuario está permanentemente endeudado. Ofrecen distintas opciones de pago:

  • Pagar una cantidad fija mensual, se fija el importe que se quiere pagar cada mes con independencia del gasto mensual de la tarjeta, se paga siempre lo mismo, y si el gasto realizado es mayor, se acumula al resto de la deuda que se pagará con los intereses correspondientes. Así, si la cuota es pequeña, puede que no alcance siquiera para cubrir el pago de los intereses, con lo que la deuda pendiente no hace sino aumentar.
  • Pagar un porcentaje de la deuda pendiente. Se paga cada mes un porcentaje del crédito consumido, con una cuantía mínima. Este segundo sistema de pago tampoco es recomendable, pues induce a entrar en una espiral de deuda en la que nunca se acaba de pagar.

¿Intereses usurarios? El Supremo dice No

Ya la antigua Ley de Represión de la Usura establecía en 1908 que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés normalmente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.
En una sentencia de 2015 el Tribunal Supremo consideró que unos intereses de más del 24,6% TAE (similares a los que cargan muchas tarjetas de crédito por los aplazamientos) están muy por encima del interés normal.

Al dictar esta sentencia, el Supremo estableció un criterio importante a la hora de considerar usurarios, y por tanto abusivos, los intereses elevados en contratos de créditos y préstamos, y abrió la posibilidad a que los usuarios reclamen esos intereses excesivos y, si la justicia determina que son abusivos, puedan conseguir su anulación o la minoración de la deuda.

Entra en #StopUsura ¡Podemos ayudarte!

Establece como doctrina, en su sentencia de 25/04/2015, la ilegalidad de fijar un interés de demora de más de 2 puntos porcentuales en los préstamos personales.

El Pleno de la Sala de lo Civil del TS, en su sentencia número 265/2015 de 25/04/2015, ha establecido por unanimidad, que en los préstamos personales sin garantía hipotecaria concertados por consumidores, será abusiva la cláusula por la que se fije un interés de demora de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

Por lo que, el préstamo devengará únicamente el interés remuneratorio, eliminando el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.

El Supremo considera que en los contratos bancarios celebrados con consumidores, las cláusulas tendrán la consideración de Ley 7/1998 de 13 de Abr, y que por lo tanto, podrán ser objeto de control de abusividad, a no ser que se demuestre que fueron negociadas.

En la nota informativa sobre la citada sentencia emitida por el Área Civil del Gabinete Técnico del TS, se expresa que la sentencia, que desestima sustancialmente los recursos de la entidad bancaria prestamista, resuelve con base en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y declara que en los préstamos personales, sin garantía hipotecaria, concertados por consumidores, es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio.

La consecuencia de esta declaración de abusividad consiste en que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.

En la misma sentencia declara que en los contratos bancarios concertados con consumidores, se presume que las cláusulas constituyen condiciones generales de la contratación, susceptibles de control de abusividad, salvo que se pruebe cumplidamente la existencia de negociación y las contrapartidas que en ella obtuvo el consumidor.

Por último, considera que la abusividad de una cláusula no negociada individualmente en un contrato celebrado con consumidores es apreciable de oficio cuando se resuelve un recurso de apelación, y que las consecuencias de la nulidad provocada por el carácter abusivo de la cláusula, en los términos que se derivan de la jurisprudencia comunitaria y nacional, han de ser aplicadas de oficio por los tribunales.

En el Fundamento de Derecho Cuarto de la citada sentencia, la Sala considera que “el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el Ley 1/2000 de 7 de Ene de la Ley 1/2000 de 7 de Ene para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones. Se trata del criterio previsto para el interés de demora a devengar por la deuda judicialmente declarada y a cuyo pago se ha condenado al demandado.

Tiene un ámbito de aplicación general, no ceñido a un campo concreto del Derecho sustantivo, evita que el interés de demora pueda ser inferior al remuneratorio, indemniza de un modo proporcionado los daños que sufre el demandante que ha vencido en el litigio por el retraso del condenado en el cumplimiento de la obligación judicialmente declarada, y asimismo contiene un factor disuasorio para que el condenado no demore en exceso el cumplimiento de la sentencia. La adición de un recargo superior a esos dos puntos porcentuales supondría un alejamiento injustificado de la mayoría de los índices o porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación de las normas nacionales a que se ha hecho referencia.

Con base en los criterios expresados, la Sala considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal.

En consecuencia, el interés de demora establecido en la póliza de préstamo personal objeto del litigio es claramente abusivo porque consistía en la adición de diez puntos porcentuales al interés remuneratorio, hasta alcanzar el 21,8%.”

Con esta sentencia, el Supremo fija doctrina que será aplicada en casos análogos a éste.

Tarjeta de crédito Cetelem

1) Importe mínimo de la compra 40€ en tiendas o establecimientos (no aplica en comercios online). Ejemplos representativos de una compra única en tienda de 1500€ con modo de pago aplazado, sin seguro: A) con amortización total en 3 meses. Comisión 2% por aplazamiento de pago. El titular realizará un pago inicial de 530€ y 2 pagos de 500€. TIN 0% TAE 12.77%. Importe total adeudado 1530€. B) Con amortización total en 6 meses. Comisión 3% por aplazamiento de pago. El titular realizará un pago inicial de 295€ y 5 pagos de 250€. TIN 0% TAE 10.95%. Importe total adeudado 1545€. C) Con amortización total en 12 meses. Comisión 3% por aplazamiento de pago. El titular realizará un pago inicial de 170€ y 11 pagos de 125€. TIN 0% TAE 5.78%. Importe total adeudado 1545€.

2) 5% de devolución hasta el 31/07/2020 para todos los usos en comercios con modo de pago a crédito revolving. Importe máximo a devolver por cliente 10€ mes. No aplicable a traspasos del límite de crédito a tu cuenta bancaria o utilizaciones en cajeros. Excluidas las operaciones con pago a fin de mes y pago aplazado. Descuentos no acumulables. La devolución se realizará mediante abono en tu tarjeta aumentando el disponible y se reflejará en el extracto mensual. Consulta las bases de la promoción por email en [email protected] Referencia de campaña PROMDS6D.

Ejemplo representativo, para nueva apertura de tarjeta, de una compra con modo de pago a crédito revolving de 1.500€ con una mensualidad de 142,50€ en un plazo de 11 meses, más una mensualidad residual de 97,73€. Importe total adeudado 1.665,23€. TIN 20,21% TAE 22,19%. Comisión por disposición de efectivo en cajero o traspaso a cuenta de 4%, con un mínimo de 3€. Los datos se han calculado para la amortización del importe de la disposición indicada. Esta información podrá variar en caso de que el cliente realice otras disposiciones con la tarjeta.

3) Devolución del 4% de las compras realizadas con modo de pago a crédito revolving y 2,5% con modo de pago fin de mes en las Estaciones de Servicio Galp adheridas, consúltalas en www.galp.es. Devolución máxima por cliente 30€ al mes. No válido para la opción de pago a plazos en el momento de la compra a 3, 6 o 12 meses. La devolución se realiza a través de una bonificación en tu tarjeta que quedará reflejada en tu extracto mensual. Consulta las bases en [email protected] Referencia PROMGPCT.

4) Seguro de protección de pagos en caso de Fallecimiento, Incapacidad Permanente, Incapacidad Temporal, Hospitalización o Desempleo contratados con Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances Risques Divers, Sucursales en España. Clave DSGFP E-129 y E-130, respectivamente con la mediación de Banco Cetelem, S.A Sociedad Unipersonal Operador de Banca Seguros Vinculado inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con el número OV0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil profesional y satisface el requisito de capacidad financiera. Consulta aseguradoras con las que Cetelem ha suscrito contrato de agencia en www.cetelem.es/seguros.

*La Tarjeta, previa autorización de banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación aportada y firma de contrato, podrá ser utilizada conforme a los siguientes Modos de Pago: A) Pago a crédito (Crédito Revolving). Las disposiciones que realice con la tarjeta las pagará mediante una mensualidad fija que usted puede solicitar modificar siempre que quiera de acuerdo a sus necesidades. Este modo de pago conlleva el pago de intereses. B) Pago fin de mes: las disposiciones que realice con la tarjeta no devengarán intereses y serán adeudadas en la cuenta asignada por el titular/es el último día hábil del mes en que se produce la liquidación. C) Pago aplazado: CETELEM podrá ofrecer otras modalidades de pago, de disposiciones con cargo al saldo disponible de la Tarjeta, en condiciones financieras diferentes a las de los sistemas de pago anteriores.

Tarjetas Revolving: la Audiencia de Zamora condena a Cetelem por intereses usurarios

ASUFIN COMUNICACIÓN | 7 julio 2019 | 241 visitas

Cetelem tendrá que devolver a un consumidor que había suscrito una tarjeta de crédito en 1996 con un interés del 29,50% todos los intereses y pagos indebidos cobrados, dejando la deuda libre de intereses. Así lo han fallado los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora al considerar los intereses usurarios.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora comienzan recordando que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE). Este interés se debe comparar con el «normal del dinero» y para establecer lo considerado «normal» hay que acudir a las estadísticas que publica el Banco de España.

El consumidor contrató varias tarjetas y préstamos con Cetelem desde abril de 1996 hasta el año 2012, con intereses diferentes, cuyo TAE más alto era del 29,50% y el más bajo del 11,87%. La Sala concreta que son líneas de crédito o crédito «revolving», a devolver en pequeñas mensualidades, de concesión rápida y sin ninguna garantía adicional. Por ello, el interés «normal» que se debe tener en cuenta no puede ser el de los préstamos al consumo.

La Audiencia considera usurarios dos contratos y los excluye del cálculo de la deuda, por lo que el afectado sólo debe devolver lo prestado

El Banco de España determina que el interés medio para estas tarjetas de crédito oscilaban entre el 20,68 % y el 21,17 % en el período que va del 2013 y 2016. El tipo aplicado del 29.54% y del 22,08 anual, excede de tal límite, lo que da lugar a que se consideren dichos dos contratos como usurarios, pero no así el resto.

«En consecuencia, procede declarar que los intereses remuneratorios de los dos contratos mencionados, de fecha 11 de abril de 1996 y derivados del mismo, y de 20 de enero de 2012, son usurarios y deben ser excluidos del cálculo de la cantidad adeudada por el demandante, de tal modo que éste sólo estaría obligado a devolver el principal prestado, debiendo ser reintegrado del abonado en exceso».

Cetelem ha sido condenado a devolver un cobro indebido y ahora se enfrentará a otra demanda por inclusión indebida en un fichero de morosos

La Audiencia revoca parcialmente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamora que no encontró el préstamo usurario, pero condenó a Cetelem a devolver un cobro indebido de 303,51€ . El abogado colaborador de ASUFIN, Luis Felipe Gómez Ferrero, recurrió por considerar que los contratos eran abusivos y, por tanto, nulos. Su próxima acción será pelear por el daño moral sufrido por el afectado al ser incluído en un fichero de morosos.

Las tarjetas revolving están haciendo mucho daño a los consumidores que las contratan sin conocer realmente su carga económica y jurídica. Por lo general, son tarjetas que nos ofrecen en centros comerciales, gasolineras y otros establecimientos destacando unos intereses del 2%, sin concretar que son mensuales. Así mismo, los tribunales están declarando abusivas las cláusulas por falta de transparencia ya que los contratos se entregan con letra ilegible y escondiendo las desventajas entre un sinfín de cláusulas.

Si te ofrecen estas tarjetas con intereses excesivos y sin informarte de la carga económica que conllevan, puedes reclamar y salir de la trampa

En ASUFIN contamos con un equipo jurídico especializado en todos tipo de abusos bancarios que te puede ayudar si tú también has caído en la trampa de estas tarjetas. Si, además, la entidad ha procedido a incluirte en el fichero de morosos, puedes reclamar una indemnización por daño moral. No dejes de consultarnos. En ASUFIN luchamos por los derechos de los consumidores.

Dirección Letrada: Luis Felipe Gómez Ferrero
Entidad: CETELEM
Producto: Tarjeta de crédito
Perfil: Particular
PDF: Sentencia AP Zamora 21/06/2019

Economía | elmundo.es

Uno de los últimos productos financieros que han llegado a nuestro país son las tarjetas de pago aplazado o ‘revolving’. Una modalidad que se ha ido popularizando ante el aumento de las dificultades para conseguir un préstamo bancario durante la crisis.

No obstante, el usuario debe conocer y analizar con detenimiento las pecularidades de este tipo de tarjetas, ofrecidas por bancos y entidades de crédito.

Las tarjetas ‘revolving’ se diferencian de las de crédito convencionales en que la devolución se realiza a través de pagos aplazados. Tal y como explican Bankinter, Cetelem o el banco Santander, el cliente puede escoger si pagar un porcentaje de la deuda, mínimo del 3% mensual, o una cuota fija. Esto implica que no se realiza el pago obligatoriamente a fin de mes, sino que da libertad de elección al usuario.

Cetelem señala que este tipo de tarjeta nos permite disponer de dinero anticipado y descuentos hasta un límite fijado que va variando con cada mensualidad que se paga. BBVA y el banco Santander aplican hasta un 5% de descuento en las adquisiciones del cliente en casos puntuales como: primer mes de uso, mes del cumpleaños y otras.

La OCU: «Desaconsejamos su uso»

Sin embargo, han llegado a FACUA y a la OCU numerosos casos de clientes con problemas con respecto a estas tarjetas. La OCU es contundente: «Desaconsejamos este sistema de amortización» ya que es «una opción cara y existe un gran peligro de sobreendeudamiento».

Es el caso de algunos usuarios de tarjetas MBNA-Avantcard que han visto como su deuda comenzaba a aumentar con intereses cercanos al 30% anual. Algunos afectados se han organizado bajo la asociación Asatyco, que ha presentado una serie de demandas desde el pasado 2 de septiembre.

Según su presidente, Joaquín Ortega, consideran las ‘revolving’ y los préstamos ‘puentes cash’ como «productos tóxicos».

Asetyco afirma que la entidad Avantcard está modificando los intereses unilateralmente

Esta organización denuncia que MBNA-Avantcard, «no les muestra sus contratos de tarjeta, desconociendo si contrataron en su momento una ‘revolving'».

A ELMUNDO.es le ha resultado imposible contactar con la empresa norteamericana, perteneciente al grupo Apollo EPF, ya que el número telefónico solo es accesible para clientes.

Según Asatyco «la empresa realiza ofertas telefónicas de reducción de deuda, modifica los intereses unilateralmente y obvia cualquier formalidad escrita salvando la solicitud de tarjeta».

La llegada de estos casos a los tribunales determinará si ha habido alguna irregularidad por parte de esta entidad o si el problema se deriva de una falta de información o transparencia.

Entidades como Cetelem, por su parte, alertan a los futuros clientes de que una cosa es querer y otra poder. Por tanto, al igual que cuando se emplea cualquier tarjeta de crédito, debe imperar la prudencia. Especialmente en este tipo de financiación en la que los pagos aplazados pueden hacer que se deje de ser consciente de todo lo que hay que pagar.

Hay que analizar toda la letra pequeña

Antes de firmar cualquier documento, debemos buscar la letra pequeña, por minúscula que sea. Es necesario conocer completamente a lo que nos estamos comprometiendo.

El cliente no debe despistarse con los porcentajes mensuales del 2% o el interés nominal, que no es lo mismo que el T.A.E. Es positivo calcular el interés de todo el año. Si hablamos de un 2% de interés mensual nominal pagaríamos un 24% anual, lo que termina siendo un 26% T.A.E.

El cliente no debe despistarse con intereses del 2% T.I.N y debe calcular los anuales, 26% T.A.E

Bankinter, por ejemplo, apunta a que sus intereses oscilan entre el 9,9% y el 26,82% T.A.E, según el caso. Un porcentaje que es fijo y que debe quedar especificado en el contrato.

También debemos fijarnos en la base sobre la que se aplicará el interés y si en ella se incluyen, o no, las comisiones.

Es bastante común, tal y como afirman desde FACUA, que algunas entidades de crédito, aunque no todas, capten a posibles clientes en lugares como centros comerciales. En este caso, el consumidor no debe firmar un contrato a la ligera. Desde la organización aconsejan que solicitemos el documento para leerlo tranquilamente en casa. «Si no te dejan, es que te quieren engañar, puesto que ninguna empresa seria te niega la posibilidad de leerte con detenimiento el contrato».

¿Existe falta de transparencia o usura?

FACUA y la OCU diferencian dos principales causas en los problemas surgidos de la contratación de estas tarjetas. Por un lado, la falta de transparencia o información y por otro, la existencia de lo que se conoce como usura.

Los bancos están obligados a aportar al cliente la información que solicite sobre su ‘revolving’

Según la RAE, es el interés excesivo cobrado por un préstamo. El Banco de España afirma que no hay un porcentaje fijo y es una ley de 1908 la que establece que será un juez quien lo determine, según la situación del mercado.

En cuánto a la transparencia, el Banco de España estipula que se rige por las mismas normas que las tarjetas convencionales. No obstante, la peculiar forma de liquidación de la deuda hace más necesario que los bancos y entidades proporcionen toda la información que demande el cliente.

La normativa de transparencia exige que, en los extractos, la entidad informe al cliente de las transacciones realizadas y de la deuda pendiente. Banco Santander explica que «tanto en la solicitud como en el extracto mensual que recibe el cliente se detalla la liquidación con los intereses correspondientes».

Asimismo, añaden que «las características y condiciones de las tarjetas están especificadas con claridad en toda la documentación que recibe el cliente». Una afirmación que también realiza Bankinter.

FACUA da un paso más allá y pide publicidad en los datos, sobretodo aquellos que pueden generar problemas futuros al usuario, como los intereses «y no en un entramado de letra pequeña». La OCU también hace alusión a la falta de información «es un producto que no se conoce bien y no se gestiona bien por parte de las entidades».

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