Impuesto plusvalia municipal

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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) es lo que se conoce como plusvalía municipal, un impuesto que se aplica cuando se vende, dona o hereda una vivienda, y es competencia del ayuntamiento. Grava lo que se ha revalorizado el bien desde el momento de la compra hasta su venta, donación o herencia.

El sujeto sobre el que recae la obligación de pagar la plusvalía varía según el tipo de acto. Así, en la venta de la vivienda, es el vendedor quien tiene que pagar el impuesto pues es el que recibe el dinero de la venta. Sin embargo, en una donación el pago del impuesto corresponde a la persona que toma el inmueble. De igual modo, cuando se hereda una vivienda son los herederos quienes tienen la obligación de pagar la plusvalía municipal.

Contenidos

Cómo se calcula la plusvalía

Para calcular la plusvalía hay que tener en cuenta el valor catastral de la vivienda y el tiempo transcurrido desde que se adquiere el bien hasta que se vende o dona. Sobre el valor catastral se aplican unos tasas de revalorización que establecen los ayuntamientos por el número de años que se ha tenido la vivienda, para obtener la base imponible sobre la que se aplica el impuesto. Sobre esta base imponible se aplica el tipo impositivo fijado también por el ayuntamiento dentro del 30 % que es el límite máximo. La cantidad resultante es la cantidad que el contribuyente debe pagar como plusvalía.

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Cuándo se paga la plusvalía municipal

Hasta que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en 2017 declarando inconstitucional la plusvalía municipal cuando la venta de la vivienda no aporta ninguna ganancia, se pagaba siempre, tanto si había beneficio como si había pérdida. Tras distintas resoluciones de los tribunales, el Tribunal Supremo sentenció en 2018 que no debe pagar este impuesto quien pruebe que vendió su vivienda con pérdidas. A partir de este fallo, la plusvalía solo se debe pagar cuando realmente se obtiene una ganancia, lo que significa que el precio de venta de la vivienda es superior al de compra.

Ahora está en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que plantea cambios en la regulación de la plusvalía. Se mantiene que no debe pagarse cuando no ha habido ganancia patrimonial con la venta de la vivienda y también el método de cálculo del impuesto, pero con una actualización anual de los coeficientes aplicados por los ayuntamientos. Por último, establece la retroactividad en la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que significa que los ayuntamientos deben devolver las plusvalías cobradas a los contribuyentes que vendieron con pérdidas su vivienda.

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¿Qué es la ‘plusvalía?

Es bien sabido que prácticamente todos los pisos, locales y demás inmuebles urbanos en España se revalorizan año tras año de manera constante. Así, desde que compramos o adquirimos por otro título un inmueble hasta que lo transmitimos de nuevo, con toda seguridad habrá aumentado su valor.

Por eso, si adquirimos un inmueble hace unos años con un valor de, por ejemplo, 90.000 € y ahora lo vendemos o transmitimos de nuevo por un valor de 150.000 €, habrá ‘aflorado una plusvalía’ de 60.000 €.

Pues bien, existe un impuesto que grava precisamente esa plusvalía, y que viene establecido por los Ayuntamientos, quienes se encargan íntegramente de su gestión.

Concretamente, el hecho imponible que grava el impuesto es la obtención de un incremento de valor experimentado por terrenos urbanos que se pone de manifiesto cuando se transmite por cualquier título (venta, herencia, donación… etc.) su propiedad o cualquier derecho real sobre el mismo.

Los sujetos pasivos del impuesto

Serán sujetos pasivos de este impuesto:

  • En el caso de transmisión de terrenos o constitución o transmisión de derechos reales «a título gratuito»(regalo o donación), el sujeto pasivo será el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se transmita el derecho real.
  • Si las operaciones anteriores se realizan a título no gratuito u»oneroso», es decir, a cambio de dinero u otra cosa, el sujeto pasivo será el transmitente del terreno o la persona que constituye o transmite el derecho real.

Las partes pueden pactar cuál de ellas debe abonar el impuesto, pero son pactos que no afectan a la Administración por lo que, en el caso de que el impuesto no sea abonado, exigirá el pago al sujeto pasivo «oficial», esto es, al adquirente (en operaciones a título gratuito) o el transmitente (en operaciones a título no gratuito).

Sin embargo, en los casos en los que el que transmite a título oneroso el bien o el derecho real es una persona sin residencia en España, el obligado a pagar el impuesto será siempre el adquirente.

La base imponible

Es el resultado de aplicar al valor que tenga el terreno cuando se genera el impuesto, un porcentaje fijado en cada caso por los Ayuntamientos.

Por su parte, el valor del terreno se calculará:

  • En las transmisiones de terrenos: Su valor coincidirá generalmente con el valor catastral del suelo que venga reflejado en el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  • En la constitución y transmisión de derechos reales: Deberá tenerse en cuenta la valoración que se de a estos derechos de conformidad con las normas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El porcentaje a aplicar sobre el valor es el resultado de multiplicar el porcentaje establecido por el Ayuntamiento correspondiente por el número de años de permanencia del terreno objeto de transmisión.

La cuota del impuesto

El tipo de gravamen del impuesto es fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 %. A continuación se calcula la cuota íntegra del impuesto, que es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.
Por último se determina la cuota líquida del impuesto, que es el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la bonificación de hasta el 95 % que algunos ayuntamientos aplican a las transmisiones por causa de muerte a favor de los descendientes y otros familiares.

La liquidación del impuesto

El sujeto pasivo está obligado a presentar ante el Ayuntamiento del lugar en que se encuentre el inmueble, la declaración o impreso que determine la Ordenanza Fiscal, con todos los datos necesarios para que el Ayuntamiento practique la liquidación del impuesto.

Debe aportarse también la documentación en la que consten los actos o contratos que originan el nacimiento de la plusvalía.

El plazo para la presentación

Se cuenta a partir de la fecha en la que se produzca el devengo, esto es, a los 30 días si se trata de actos «intervivos» (compra, donación…) o 6 meses cuando se trate de actos «mortis causa».

Estos 6 meses podrán prorrogarse hasta un año, previa solicitud.

El pago del Impuesto

Una vez practicada la liquidación por la Administración Municipal, ésta debe ser notificada íntegramente al sujeto pasivo, indicándose el importe a pagar, los recursos que pueden interponerse contra la misma, y el plazo para abonar su cuantía.

Las exenciones al pago del impuesto

Están exentas del pago de la plusvalía:

  • Las aportaciones de bienes y derechos que realice cada uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal.
  • Las adjudicaciones que a su favor y en pago de las anteriores se realicen.
  • Las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes, por ejemplo, con la liquidación del régimen económico matrimonial.
  • Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de sus hijos en cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación matrimonial o divorcio.
  • Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación o mejora en dichos inmuebles.
  • Los incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las personas o Entidades que vienen reguladas por la ley, y que a modo meramente enunciativo son las siguientes: El Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades locales a las que pertenezca el municipio; el municipio de la imposición; las instituciones benéficas o benéfico-docentes; los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas… etc.

En cualquier caso, convendrá consultar a un abogado para obtener asesoramiento fiscal específico en función de las circunstancias de cada operación.

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¿Qué es el impuesto de plusvalía municipal, cuándo se aplica y quién lo recauda?

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo que aporta más de 2.000 millones a los ayuntamientos. Se aplica cuando se vende o dona un inmueble.

En el caso de una venta, ¿quién debe abonar el impuesto? ¿Y en una herencia?

Cuando se traspasa un inmueble, es la parte vendedora quien debe abonar el impuesto sobre plusvalía. En el caso de una donación, en cambio, es la persona que recibe el bien quien deberá liquidar el tributo ante el ayuntamiento en el que se ubique el inmueble. Los contribuyentes que hereden un inmueble también deberán pasar por la caja del municipio para pagar el impuesto de plusvalía.

¿Por qué el impuesto está generando tanta polémica?

Porque el tributo se aplica con independencia de si existe o no un beneficio. En la época del boom, cuando la inmensa mayoría de las ventas generaban plusvalías, ello no suponía un problema. Sin embargo, ahora, muchos de los contribuyentes que venden un inmueble lo hacen a un precio inferior al que compraron. Y, encima, deben tributar por un impuesto que se conoce como plusvalía municipal.

¿Cómo se calcula el impuesto de plusvalía?

La base imponible se calcula en función del valor catastral del bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de donaciones y herencias. Un ejemplo: un contribuyente compró un piso en 2008 y lo vende ahora. El valor catastral asciende a 150.000 euros. La tasa de revalorización –que el ayuntamiento determina con ciertos límites– será el resultado de multiplicar 3,5 por los nueve años en los que se ha sido propietario del bien. Esta cifra puede variar en función del municipio. Ello da como resultado un 31,5% que aplicado al valor catastral de 150.000 euros deja una base imponible de 47.250 euros para el ejemplo propuesto. Sobre este importe se aplicaría el tipo impositivo, que no puede superar el 30% por ley. Como se ve en este supuesto, la fórmula no tiene en cuenta si el propietario gana o no dinero con la venta.

¿Qué dicen los tribunales sobre la legalidad de este impuesto?

Cada vez más sentencias anulan liquidaciones en las que un ayuntamiento exige el impuesto de plusvalía en una operación que ha generado pérdidas. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional obligará a cambiar la normativa y generará un alud de solicitudes de devolución.

La plusvalía municipal: cuánto deberé pagar si vendo o heredo una vivienda

Ricardo Lara 13 de diciembre de 2019 | 09:56 Hola, mi mujer ha heredado por parte de su padre, del 50% de una vivienda , la nuda propiedad de 1/6 parte, al igual que sus otros dos hermanos (1/6+1/6) y el usufructo vitalicio de ese 50%,(3/6) se lo adjudica la madre. El otro 50% es de su madre desde la fecha de compra en gananciales, el 18 de octubre de 1.982. El padre fallece el 14 de febrero de 2016. La aceptación de herencia se produce en documento público en fecha 11 de Octubre de 2.018. Me surgen varias dudas: en la liquidación del impuesto de plusvalía, la fecha de inicio del periodo lo tengo claro, fecha de compra del piso,18 de octubre de 1.982, pero ¿la de fin de liquidación? ¿es la fecha del fallecimiento,14 de febrero de 2016, o la de aceptación de la herencia,11 de Octubre de 2.018? ¿si no hay aceptación de herencia, quien paga ese impuesto? ¿Solo se pagan los veinte primeros años del periodo de liquidación y el resto está exento? ¿Quien tiene que pagar el impuesto, la madre que se adjudica el usufructo vitalicio, o los hijos por la nuda propiedad? Gracias por su tiempo. En espera de respuesta, reciban un cordial saludo.Instituto BBVA de PENSIONES 28 de diciembre de 2019 | 01:42

Estimado Ricardo.

La respuesta a su pregunta exige de una serie de una serie de planteamientos en materia tributaria y civil que, lamentablemente, exceden de nuestro ámbito de conocimiento.

Le recomendamos que procure asesoramiento legal especializado en la materia.

Un cordial saludo.

JOSÉ MARÍA 10 de diciembre de 2019 | 15:05 Buenas tardes: En el año 1988 falleció mi padre que era dueño, junto con mi madre de un piso en Valladolid. Yo era su heredero único, por lo que se hizo una manifestación privada de aceptación de herencia, y en aquel momento se liquidaron los correspondientes impuestos de sucesiones en Hacienda, pero no la plusvalía ya que no registré ese 50% del piso que me correspondía. En 2018 fallece mi madre e igualmente soy el heredero único, también se hace manifestación privada de aceptación de herencia, se pagan impuestos y también plusvalía por el valor TOTAL que pusimos del piso en la herencia, 325000 euros. Al ser heredero forzoso, se pagó muy poca plusvalía, 170 euros más o menos. Ahora he vendido ese piso en 249000 euros y me dicen que tengo pagar plusvalía de la mitad del piso desde el fallecimiento de mi madre en 2018 (sería otra vez muy poco), pero por la otra mitad que le correspondía a mi padre desde 1988 cuando falleció, siendo ésta ya una cantidad importante. Mi pregunta es: ¿si el valor de la venta es inferior al que se declaró en la herencia, hay que pagar plusvalía? Gracias por su atención.Instituto BBVA de PENSIONES 23 de diciembre de 2019 | 07:20

Estimado José María.

Todo inmueble que se ha recibido en herencia ha de abonar la plusvalía municipal si está en suelo urbano, y ello haya experimentado un aumento o reducción de su valor original, pues la Administración local entiende que han subido de precio.

Un cordial saludo.

MANUEL CANAL PORTABALES 04 de diciembre de 2019 | 20:06 Compré un piso hace diez años, y este año lo vendí, lo compré en 115.000, euros y lo vendí este año en 90.000, estoy obligado de pagar la plusvalia municipal. UIn saludo y muchas gracias,.Instituto BBVA de PENSIONES 05 de diciembre de 2019 | 03:01

Estimado Manuel.

Al haberse dado, de facto, una pérdida patrimonial, teóricamente, no estaría obligado al pago de dicha plusvalía.

Un cordial saludo.

Fernando 28 de noviembre de 2019 | 17:27 Buenas tardes, compré el piso en Móstoles en 2007 escriturando por 185.000,.euros y lo vendo ahora escriturando por 155.000,. euros, aunque según el recibo del IBI el valor del suelo ha subido, yo vendo con muchas pérdidas. Mi pregunta es si tengo que ir al Ayuntamiento para hacer la liquidación o al haber tenido pérdidas no tengo que ni siquiera ir a notificar la venta. Muchas gracias . Un saludoInstituto BBVA de PENSIONES 13 de diciembre de 2019 | 06:15

Estimado Fernando.

Técnicamente, según la doctrina del Tribunal Constitucional, en caso de pérdidas patrimoniales no habrá de afrontarse este impuesto.

Un cordial saludo.

Yolanda 08 de noviembre de 2019 | 20:09 Buenas tardes, somos dos hermanos y en el reparto de la herencia me ha tocado a mí un piso, a mi hermano le corresponde dinero, la plusvalía del piso la pago yo o la pagamos los dos. Muchas gracias

Instituto BBVA de PENSIONES 04 de diciembre de 2019 | 02:55

Estimada Yolanda.

En tanto se trata de una adquisición gratuita (vía herencia), teóricamente debería hacerse cargo Ud. de dicho pago en tanto que el sujeto pasivo del impuesto es quien adquiere el terreno.

Un cordial saludo.

rosa castell pons 23 de octubre de 2019 | 10:19 Buenos días, en 2015 heredamos mi hermano y yo un bajo de mis padres y se valoro en 75000 euros y se pago la plusvalía respecto a esa valoración ahora lo hemos vendido por 60000 euros, 15000 menos del precio declarado. Mi pregunta es , debemos volver a pagar o el ayuntamiento si no lo hacemos nos puede reclamar y que perjuicio nos acarrearía si no pagamos, el ayuntamiento es el de Valencia. GraciasInstituto BBVA de PENSIONES 11 de noviembre de 2019 | 21:25

Estimada Rosa.

Como señalamos en el post de referencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente en el sentido de que no debe abonarse este impuesto si no ha habido incremento de valor en el precio del inmueble, entendido como diferencia entre precio de enajenación y precio de compra. Por tanto, técnicamente, al no haber incremento patrimonial, no habría de ser exigible un nuevo pago.

Un cordial saludo.

MIGUEL 07 de junio de 2019 | 18:00 BUENAS TARDES: SABRÍAN DECIRME SI EN ARAGÓN SE PAGA PLUSVALÍA SOBRE UN LOCAL HEREDADO?.TENGO ENTENDIDO QUE SE APROBÓ ESTE AÑO LA BONIFICACIÓN DEL 95XCIENTO DE DICHO IMPUESTO EN ESTA COMUNIDAD.MUCHAS GRACIAS.Instituto BBVA de PENSIONES 07 de junio de 2019 | 19:18

Estimado Miguel.

Esta cuestión excede de nuestro campo de conocimiento.

Un cordial saludo

Si has recibido en herencia o donación un bien inmueble no debes olvidar la llamada “plusvalía municipal”.

A continuación, te explicamos qué es la plusvalía en la herencia y la donación.

¿Qué es la plusvalía municipal?

La plusvalía municipal es un impuesto local que grava el incremento de valor que experimenta un inmueble desde que se adquiere hasta que se transmite.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o Plusvalía Municipal se suele relacionar con la compra de una vivienda.

Sin embargo, también afecta a las herencias y donaciones.

¿Qué bienes tengo que heredar para pagar la plusvalía municipal?

Solo en el caso de heredar o recibir en donación bienes de naturaleza urbana. Es decir, pisos o viviendas, terrenos urbanos, locales, garajes…

Ahora bien, si lo recibido es un terreno rústico no tienes que pagar plusvalía municipal. Por supuesto, tampoco tendrás que hacerlo si lo recibido es, por ejemplo, dinero en metálico.

¿Quién es el obligado al pago?

La persona obligada al pago de la plusvalía municipal es el receptor del bien inmueble.

En el caso de una herencia: estará obligado a pagar este impuesto el heredero o legatario del inmueble urbano.

En una donación: la persona obligada a pagar la plusvalía municipal será el donatario.

¿Quién gestiona la plusvalía municipal?

El Ayuntamiento donde radique el inmueble heredado o donado será el encargado de gestionar la plusvalía municipal.

Se pueden establecer dos formas de gestión:

1.- Autoliquidación

El heredero o el donatario presentarán en el Ayuntamiento una declaración con los elementos necesarios para practicar la liquidación (base imponible y tipo impositivo).

Asimismo, deberá efectuar el pago del importe resultante de la autoliquidación.

¿Qué documentos debes presentar con la autoliquidación?

Si has heredado un inmueble de naturaleza urbana deberás presentar la escritura de aceptación de herencia, o en su defecto:

  • El testamento o declaración de herederos.
  • El certificado de últimas voluntades.
  • Los títulos de adquisición a favor del testador o causante.

Si has recibido una donación de un bien inmueble, tendrás que presentar la escritura pública de donación.

¿Cuál es el plazo para presentar la autoliquidación?

Será diferente según se trate de una herencia o de una donación:

  • Herencias: el plazo será de 6 meses a contar desde el fallecimiento.
  • Donaciones, el plazo de presentación será de 30 días hábiles a contar desde el día en que se realice la donación.

¿Se puede solicitar la prórroga de estos plazos?

Solo en caso de herencia es posible solicitar una prórroga de otros 6 meses para presentar el Impuesto de Sucesiones.

La prórroga deberá solicitarse dentro de los primeros 5 meses del plazo de presentación.

2.- Liquidación

En este caso, será el propio Ayuntamiento el que notifique al heredero o donatario la liquidación.

¿Qué debe contener esta liquidación?

  • El importe a pagar.
  • El plazo de pago.
  • Los recursos que pueden formularse frente a la liquidación, en caso de no desacuerdo.

¿Cómo se calcula el importe a pagar?

Los elementos necesarios para calcular el importe a pagar por plusvalía municipal son: la base imponible y el tipo impositivo.

Base imponible

Es el incremento de valor que haya experimentado el inmueble heredado o donado a lo largo de 20 años.

Para calcular la base imponible se tendrán en cuenta el valor catastral y el porcentaje de incremento:

  • El valor catastral del terreno en el momento de recibir la herencia o donación. Este valor se puede encontrar en el recibo del IBI y se refiere al valor del suelo.
  • El porcentaje de incremento se calcula multiplicando:
    • El número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble hasta la herencia o donación.
    • Por un coeficiente que establece cada Ayuntamiento, pero no puede exceder del:
      • 3,7% sin han transcurrido de 1 hasta 5 años.
      • 3,5% hasta 10 años.
      • 3,2 hasta 15 años.
      • 3% hasta 20 años.

Es decir, se tiene en cuenta el número de años transcurridos desde que el testador adquirió el inmueble hasta que lo heredas. A ese periodo se aplica un coeficiente que determina cada Ayuntamiento

Si han transcurrido más de 20 años no subirá el importe a pagar.

Tipo impositivo

Lo determina cada Ayuntamiento, sin que pueda ser superior al 30%.

Pongamos un ejemplo: tu padre compra una vivienda en Sevilla en el año 2000. Tú la heredas en el año 2019. En el recibo del IBI del año 2019, el valor del suelo de la vivienda es de 30.000 euros.

Datos para el cálculo:

  • Valor del suelo (IBI): 30.000 euros.
  • Años completos transcurridos: 19 años
  • Porcentaje de incremento en Sevilla en 2019 hasta 20 años: 3%
  • Tipo impositivo en Sevilla en el año 2019: 26,8 %

Cálculo de la plusvalía:

  • Incremento de valor: 3% x 19 años = 57%
  • Base imponible: 30.000 euros x 57% = 17.100 euros
  • Tipo impositivo: 26,8%

Cuota a pagar: 17.100 x 26,8% = 4.582, 80 euros

Recuerda: el importe a pagar varía según el Ayuntamiento donde radique el inmueble urbano heredado o donado.

¿Qué ocurre si no se ha generado incremento de valor del terreno?

En 2017, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Haciendas Locales en caso de inexistencia de incrementos de valor.

En julio de 2018, el Tribunal Supremo abre la posibilidad de probar que no ha existido el incremento de valor del terreno transmitido ante el ayuntamiento, o en su caso, ante el órgano judicial.

La prueba corresponde al heredero o donatario, que podrán utilizar cualquier clase de prueba. Por ejemplo: la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que conste en las correspondientes escrituras públicas.

Sin embargo, son muchas las dudas que existen sobre si el bien heredado o donado ha incrementado o no de valor. Además, la reforma de la Ley de Haciendas Locales está pendiente de reforma.

En definitiva, los ayuntamientos continúan exigiendo el pago de la plusvalía municipal y aumentan los casos en conflicto.

Lo mejor será contar con un buen asesoramiento.

El pasado miércoles 13 de noviembre se conoció, por fin, el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31-10-2019, que ha declarado inconstitucional el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante, TRLRHL), en aquellos supuestos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Se trata de una sentencia confusa, en parte errónea, y que esquiva el problema jurídico que realmente se le había planteado. Además, según veremos, la sentencia valida y ampara la comisión de auténticos atracos fiscales, que quedan fuera del ámbito de la declaración de inconstitucionalidad.

EL CASO PLANTEADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 32 DE MADRID

En el caso planteado ante el Juzgado, el contribuyente había adquirido un inmueble por valor de 66.111,33 euros en 2003, y lo transmitió en 2017 por 70.355 euros. De ahí resulta, según el Juzgado, una ganancia o beneficio de 4.343,67 euros. Sin embargo, el impuesto pagado ascendió al importe de 3.560,02 euros, lo que supuso un gravamen del 81,96% del beneficio obtenido. En este punto el Juzgado incurre en un error, y es que la diferencia de los valores de adquisición y transmisión es en realidad de 4.243,67 euros. El impuesto a pagar supondría, por tanto, el 83,89% de la ganancia obtenida en la transmisión.

El Juzgado plantea la posible inconstitucionalidad del impuesto en este caso, por confiscatorio, haciendo alusión a que en otros ordenamientos se prevé dicha confiscatoriedad cuando el impuesto a pagar supera el 50% del beneficio obtenido. Considera además el Juzgado que, para la correcta determinación del carácter confiscatorio del gravamen de la plusvalía municipal, debieran tenerse en cuenta también otros impuestos que gravan la transmisión, y no solo el de plusvalía municipal. Sería el caso, por ejemplo, de la ganancia patrimonial en el IRPF.

El Juzgado se refiere, además, a otro posible escenario, a un supuesto distinto de confiscatoriedad. Sería el caso de que al beneficio obtenido en la transmisión (4.243,67 euros según se ha indicado), le restásemos los gastos y tributos soportados tanto en la adquisición y transmisión del inmueble, que se cuantifican en el importe de 769,77 euros.

En ese caso, el beneficio se reduciría hasta los 3.473,90 euros, y el impuesto a pagar (que recordemos, era de 3.560,02 euros), ya sería superior al beneficio obtenido en la transmisión.

No obstante, y como más adelante veremos, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la mano es más que discutible la pretendida consideración de los gastos y tributos de la transmisión, a la hora de determinar el incremento de valor del terreno realmente obtenido. Por ello, considero que el Constitucional yerra al dar por buena la inclusión de los referidos gastos, como veremos ha hecho.

LA “OTRA” CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN RELACIÓN CON LA CONFISCATORIEDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

Pocos meses después del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por el Contencioso 32 de Madrid, se hizo pública una nueva cuestión, en este caso promovida por el Tribunal Supremo, mediante Auto de 1-7-2019 (Recurso 981/2018).

En este caso se trataba de una situación mucho más clara. Y es que, mientras que el beneficio o ganancia obtenida por el contribuyente en la transmisión ascendió al importe de 3.950 euros, el impuesto de plusvalía municipal que tuvo que pagar resultó de 6.900 euros.

Por ello, estamos ante un supuesto en el que, sin ningún género de duda, el impuesto a pagar era superior al beneficio obtenido en la transmisión. Y ello, a diferencia de lo que hemos visto ocurre en el caso planteado por el Juzgado de lo Contencioso 32 de Madrid.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, UNA GRAN OPORTUNIDAD PERDIDA

Por tanto, el Tribunal tenía sobre la mesa dos supuestos claros, concretos, pero distintos, en los que se le había planteado la inconstitucionalidad del impuesto por vulneración de la prohibición de confiscatoriedad (artículo 31.1 de la Constitución).

De este modo podría haber dictado, por un lado, una sentencia que resolviera la posible inconstitucionalidad del impuesto, en el caso de que la cuota a pagar resulte mínimamente inferior al beneficio obtenido, estableciendo incluso, las pautas para determinar cuándo un impuesto es confiscatorio.

Y por otro lado, podría haber dictado otra sentencia resolviendo el caso, mucho más claro, en el que el impuesto a pagar supera claramente el beneficio obtenido en la transmisión del terreno. Y es que, en la práctica, ambos supuestos son muy habituales.

Por ello, la sentencia dictada puede considerarse como una gran oportunidad perdida por el Tribunal Constitucional, para referirse a ambos supuestos de confiscatoriedad, y evitar los atropellos fiscales que a diario se cometen por la Administración Local, con la exigencia de este impuesto.

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL, ERRÓNEA Y FORZADA

Pues bien, el Tribunal Constitucional no ha querido saber nada del primer supuesto de posible confiscatoriedad del impuesto, que era el que realmente le había planteado el Contencioso 32 de Madrid.

De este modo, en lugar de resolver si es confiscatorio el pago de un impuesto que supone el 83,89% de la ganancia obtenida, el Tribunal Constitucional se ha puesto una venda en los ojos, y ha preferido considerar que el impuesto pagado, en este caso, era superior al beneficio obtenido por el contribuyente.

Para ello, asume y “compra” la interpretación consistente en que el beneficio obtenido en la transmisión debe reducirse en el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición y transmisión del terreno. De ello resulta, como se ha indicado, un beneficio de 3.473,90 euros, que es inferior al impuesto exigido de 3.560,02 euros.

Y poco importa que el Tribunal Supremo, refiriéndose a la posible inclusión de los gastos de urbanización como mayor valor de adquisición del terreno, haya declarado (sentencia de 12-3-2019, Recurso 3107/2017) que “El IIVTNU es un impuesto directo, de naturaleza real, que grava, no el beneficio económico de una determinada actividad empresarial o económica, ni el incremento de patrimonio puesto de manifiesto con motivo de la transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza urbana, sino la renta potencial puesta de manifiesto en el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto durante el periodo de permanencia del bien en el patrimonio del transmitente, con un máximo de 20 años.” Y ello, para llegar a la conclusión de que “las referencias interpretativas a las normas que regulan el tratamiento de los incrementos de patrimonio en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o el beneficio económico de determinada actividad en el Impuesto de Sociedades, resultan por completo ajenos a la manifestación de capacidad económica que resulta gravada en el IIVTNU.”

Cierto es que en un reciente Auto, de fecha 19-9-2019 (Recurso 1417/2019), el Tribunal Supremo ha acordado decidir si es posible “determinar la base imponible del IIVTNU, en caso de reconocida existencia de una plusvalía derivada de la aplicación de las reglas legales del tributo, con arreglo al beneficio obtenido por el contribuyente con la venta de un inmueble, según el resultado contable declarado siguiendo los criterios establecidos a efectos de un tributo diferente e inconexo como es el impuesto sobre sociedades y aplicando a tal ganancia el tipo de gravamen del propio impuesto mencionado.”

Pero parece que, siguiendo el criterio de la sentencia de 12-3-2019 antes trascrita, el Tribunal Supremo seguirá considerando que, una cosa es el beneficio en la transmisión del terreno a efectos del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y otra, el incremento del valor del terreno a efectos de la plusvalía municipal.

Por ello, erra en mi opinión el Tribunal Constitucional cuando ignora al Supremo, y considera que los gastos inherentes a la adquisición y transmisión reducen el beneficio obtenido, resolviendo la cuestión planteada como si el impuesto a pagar fuera superior al beneficio obtenido.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, INJUSTA

El resultado de lo anterior es que el Constitucional acaba refiriéndose, únicamente, a los supuestos en los que el impuesto a pagar es mayor que el beneficio obtenido en la transmisión. Y a no otros, muy habituales, en el que el impuesto a pagar es ligeramente inferior al beneficio obtenido. Pensemos en un contribuyente que ha obtenido una ganancia (por comparación de escrituras), de 10.000 euros, y se le exige un impuesto de 8.500 euros.

El daño podría haberse quedado ahí. En ese caso, tendríamos claro que la plusvalía municipal es confiscatoria e inconstitucional, cuando el impuesto a pagar supere el beneficio o ganancia obtenido en la transmisión, pero tendríamos que seguir esperando a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre los supuestos en los que el impuesto exigido no supera el beneficio obtenido, pero casi.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha ido más lejos y en su sentencia declara la inconstitucionalidad del impuesto (concretamente, del artículo 107.4 del TRLRHL), pero “únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.”

Con ello, el máximo intérprete de nuestra Constitución ampara la exigencia del impuesto de plusvalía municipal en aquellos casos en los que la cuota a pagar casi supere al beneficio obtenido en la transmisión. Nótese, además, que el impuesto también sería legal en el caso de que la cuota a pagar se quedase con toda la ganancia (el 100%). Y es que la inconstitucionalidad solo se produciría cuando la cuota pagar sea superior al beneficio o ganancia obtenido, y no en otro caso.

Con esta sentencia, por tanto, se cierra la puerta a que los contribuyentes que han obtenido una ganancia con la transmisión de un terreno, pero se la han tenido que entregar casi íntegramente al Fisco, puedan anular dicho pago abusivo.

Es loable que el Constitucional arengue nuevamente al legislador a que modifique el impuesto de plusvalía municipal, y lo adapte a las exigencias constitucionales plasmadas en la sentencia de 11-5-2017, y en la que ahora se dicta. Pero mientras sea el propio Tribunal Constitucional el que ampare la confiscación de la práctica totalidad (o la totalidad) de la ganancia obtenida por la transmisión de un terreno, pocas esperanzas existen de que, algún día, se ponga fin a este abuso.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la plusvalía municipal cuando la cuota es superior al incremento patrimonial

En sus sentencias dictadas en 2017, el TC ya concluyó que, en supuestos en los que se ha producido una pérdida en el valor del suelo entre la fecha de compra y la de venta del inmueble, debían declararse inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales según redacción del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). Sin embargo, en esas sentencias el TC no se pronunció de forma expresa respecto de aquellas otras situaciones en las que, como consecuencia de la regla objetiva de determinación de la base imponible del IIVTNU, el impuesto agotaba totalmente el beneficio obtenido o suponía un gravamen desproporcionado en relación con la plusvalía real (ver nuestro Comentario Tributario de 18 de mayo de 2017).

Posteriormente, sin embargo, el TC admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid en relación con los artículos 107 y 108 del TRLHL, en la que se planteaba que podían resultar contrarios a la Constitución –CE- (por vulnerar los principios de capacidad económica e interdicción de la confiscatoriedad -artículo 31 de la CE-), determinados supuestos en los que sí se hubiese producido un incremento de valor de los terrenos transmitidos (ver nuestra Alerta Tributario de 4 de abril de 2019).

Ahora el TC estima esta cuestión de inconstitucionalidad y declara inconstitucional el artículo 107.4 del TRLHL, que establece las reglas para la determinación del porcentaje anual empleado para fijar la cuota del IIVTNU. En concreto, esta declaración afecta a los supuestos en los que, existiendo un incremento de valor de los terrenos transmitidos, la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente, dado que ello supondría tributar por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad.

El Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas a aquellas que, a la fecha de la publicación de la sentencia, no hubiesen adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y siempre que no hubiese recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme.

Por otro lado, parece que el TC estaría aceptando que, para la determinación de la plusvalía obtenida (diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión), se deben considerar los gastos y tributos soportados en ambos momentos.

Finalmente, el tribunal urge al legislador para que adapte el impuesto a las exigencias constitucionales, recordándole que han transcurrido más de dos años sin que lo haya hecho y subrayando que el principio de seguridad jurídica exige claridad y certeza del ordenamiento jurídico y debe generar en los ciudadanos legítima confianza y previsibilidad de efectos.

Nuevo revés al impuesto municipal de plusvalía. El pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional que se cobre este tributo local, que tiene que abonar el vendedor de un inmueble, cuando su importe sea superior al beneficio real obtenido por el contribuyente. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano y que aún no ha sido publicada, deriva de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y admitida a trámite el pasado abril.

«Cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad», reza una breve nota publicada este jueves por el alto tribunal, que con su fallo declara inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El impuesto de plusvalía municipal —técnicamente, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)— es un gravamen local que se aplica a la ganancia obtenida por la venta de un inmueble, y que encuentra su naturaleza en el supuesto incremento del valor del terreno. El problema nace cuando la cuota del impuesto absorbe totalmente o casi totalmente la ganancia.

En 2017, el Constitucional ya dictó que este impuesto era inconstitucional si los contribuyentes habían registrado pérdidas en la compraventa del inmueble, al considerar que vulneraba el principio constitucional de «capacidad económica».

La decisión del alto tribunal conocida este jueves se refiere a una compraventa que había proporcionado al comprador una ganancia de 4.343,67 euros. Descontados los otros gastos, el importe se reducía a 3.473,90 euros, mientras que la plusvalía municipal exigida era de 3.560,02 euros, equivalente un 83,89% de la ganancia y superior al beneficio real. «El juzgado planteaba dos cuestiones: si el impuesto es confiscatorio y dónde está este límite, porque tan confiscatorio es el impuesto que absorbe toda la ganancia , como el que se queda gran parte de ella «, explica José María Salcedo, abogado de Ático Jurídico.

El juzgado madrileño planteaba que podría vulnerar varios principios previstos en el artículo 31 de la Constitución, que prevé que la carga que soportan los contribuyentes tiene que establecerse en función de su capacidad económica, «mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

El juzgado madrileño también planteó si tendrían que considerarse todas las cargas que gravan la transacción o solo el impuesto de plusvalía municipal para determinar si el gravamen es confiscatorio. Es decir, considerar esta carga confiscatoria también cuando la suma de todos los impuestos supere la ganancia. Por ello, planteó que la plusvalía podía ser inconstitucional cuando los tributos a abonar fueran mayores del 50% de la ganancia obtenida, aclara Salcedo, quien añade que habrá que esperar a la publicación de la sentencia del Constitucional, que ya señala que los casos con sentencia firme no se podrán revisar —pero que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones—, para conocer los detalles.

EUROPA PRESS

El pasado julio el Tribunal Supremo también elevó al Constitucional una cuestión de constitucionalidad para conocer si el pago del impuesto era constitucional aún siendo superior a la ganancia obtenida. El caso concreto al que se refería era el de dos contribuyentes que adquirieron una vivienda en Zaragoza en el año 2002 por un precio de 149.051 euros y vendieron en 2015 por 153.000 euros, después de haber realizado reformas y mejoras en el inmueble por importe de 34.800 euros. Como consecuencia de la operación de compraventa, el Ayuntamiento de Zaragoza exigió una cuota de la plusvalía municipal de 6.900 euros, por encima de los 3.950 euros de ganancia real que obtuvieron estos contribuyentes, ello sin contar con el gasto de más de 34.000 euros de la reforma.

El Ayuntamiento de Zaragoza rechazó la reclamación de los contribuyentes, alegando que se había producido un incremento patrimonial de casi 4.000 euros y que la liquidación del impuesto se había hecho con arreglo a los criterios de los artículos 107 y 110 de la ley que regula el tributo —que no tienen en cuenta la ganancia real sino la revalorización del precio del suelo durante los años que transcurren entre la compra y la venta—, de lo que resultaba la cuota de 6.902,25 euros.

El Supremo cuestionaba al Constitucional si esta fórmula de cálculo de la base imponible del impuesto es constitucional, ya que se somete a tributación situaciones «inexpresivas» de capacidad económica o, lo que es igual, manifestaciones de capacidad económica «inexistentes, virtuales o ficticias, en flagrante contradicción» con el principio del pago de los impuestos según la capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución. «La aplicación de esta forma de determinación de la base imponible puede dar lugar a que la plusvalía efectivamente obtenida como consecuencia de la transmisión onerosa de un inmueble sea de importe inferior —con frecuencia, incluso notablemente inferior— a la cuota tributaria que resulta de la aplicación de aquellas reglas», subrayó entonces el Supremo.

La plusvalía municipal, un impuesto que se desmorona

El pasado 31 de octubre el Tribunal Constitucional (TC) dictó una Sentencia resolviendo de forma novedosa un caso de Plusvalía Municipal. Esta Sentencia es una más entre las que está dictando el propio TC y también el Tribunal Supremo. Y el Constitucional tiene alguna más pendiente. Entre todos se está montando un embrollo mayúsculo. Y todo por un Impuesto que no tiene un pase. Vamos a intentar aclarar esto.

Es un impuesto municipal, cuyo nombre técnico es Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Para abreviar, lo llamamos Plusvalía Municipal, PM. Es un impuesto antiguo, regulado por la Ley de Haciendas Locales, y su establecimiento es potestativo de cada Ayuntamiento. Como no podía ser de otra forma, todos los Ayuntamientos importantes lo han establecido, con algunas diferencias de matiz. La recaudación anual total por la PM (datos de 2015) fue 2.625 millones de euros.

La PM grava el incremento de valor correspondiente al suelo urbano, no a la construcción. Se basa en la participación de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística de los ayuntamientos. Ese incremento de valor se manifiesta cuando el inmueble (piso, chalet, local comercial) se transmite, sea a título oneroso (compraventa) o a título gratuito (herencia o donación). El obligado a pagarlo es el vendedor en el primer caso y el adquirente en el segundo. El palo es desagradable cuando se vende y siniestro cuando se hereda.

¿Cómo se calcula el incremento de valor?

La PM pretende hacer tributar el incremento de valor del suelo durante el período de tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión. ¿Cómo se calcula ese incremento del valor del suelo? Aquí empiezan las atrabiliarias características de la PM. Para empezar, se toma el valor del suelo que figura en el último recibo del IBI (he visto recibos donde no figura). El valor del suelo depende de la proporción suelo/construcción; aproximadamente es un 70% del valor catastral total. Pues bien y ojo al dato: se entiende que el valor del suelo se ha incrementado a razón de una media de un 3% anual durante los años transcurridos entre la adquisición y la transmisión. Este 3% de media se basa simplemente en que le ha dado la gana al legislador establecerlo así. El período máximo de cómputo es 20 años. Calculado el incremento de valor con esa depurada técnica, se le aplica un tipo de gravamen del 30% y de ahí sale la cuota a pagar.

Cada ayuntamiento establece reglas especiales

Dentro de ese esquema general, cada ayuntamiento establece reglas especiales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelonagradúa el 3% en función de los años de tenencia disminuyéndolo conforme aumentan los años: hasta 5 años es el 3,7%; entre 15 y 20 años es el 2,8%. Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid gradúa el 3% en sentido contrario, de modo que lo aumenta conforme aumenta el período: para 5 años es el 2%; para 20 o más es el 3%. Estas diferencias despojan al impuesto de la más mínima racionalidad.

Hay bonificaciones en la cuota para el caso de adquisición por herencia de la vivienda habitual o de un local de actividad empresarial o profesional. En Barcelona la bonificación es del 95%. En Madrid la bonificación es variable: si el valor del suelo supera los 138.000 euros sólo hay un 15% de bonificación.

Por ejemplo: supongamos un piso en Barcelona con un valor catastral del suelo de 120.000 euros. Se vende 22 años después de adquirirlo. El incremento de valor del suelo es 2,8%x20x 120.000 = 67.200 euros (20 años es el máximo). Y el vendedor del piso deberá pagar por la PM el 30% sobre 67.200 = 20.160 euros. Lo mismo tiene que pagar un heredero por ese piso si no es vivienda habitual. Es una buena colleja.

Como vemos, todo el Impuesto es una pura ficción y está basado en criterios peregrinos: primero, no se tiene en cuenta para nada el precio real de adquisición y el precio real de transmisión. Segundo, hay incremento de valor siempre, aunque la venta sea ruinosa. Tercero, ese incremento de valor se calcula a ojo de buen cubero en un 3% anual. Olé. Está claro que se trata sólo de sacar dinero como sea.

Llega la crisis: la plusvalía municipal patas arriba

Tuvo que venir la crisis de 2008 para que se pusiese de manifiesto el despropósito de la PM. Cuando un ciudadano vende (es un ejemplo) en 2011 por 130.000 euros un piso que cuatro años antes le ha costado 200.000 euros y, para más inri, recibe la liquidación de la PM del Ayuntamiento, en la que le dicen que ha tenido un incremento de valor del suelo, se sube por las paredes. Lógico. Así, tras un largo recorrido judicial, se dictó la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017. En esa Sentencia, resolviendo un caso de transmisión con pérdida real, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley de Haciendas Locales en cuanto que exigían tributar por la PM incluso en tal caso.

Esta Sentencia generó gran euforia porque la declaración de inconstitucionalidad de tales preceptos llevó a mucha gente a pensar que la PM estaba prácticamente muerta. Fue el Tribunal Supremo quien, en su Sentencia de 9 de julio de 2018, aguó la fiesta, recordando: que el TC había dicho que la PM no es contraria a la Constitución; que se puede gravar la capacidad económica, real o potencial, y cuantificarla conforme a criterios objetivos (o sea, no reales); que lo que no se puede hacer es gravar una renta irreal. En consecuencia, no procedía en modo alguno declarar la nulidad de las liquidaciones por la PM ni debían los ayuntamientos rectificar de oficio ninguna liquidación. La inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales era parcial y sólo afectaba a los casos de transmisión con pérdida. Y debían ser los contribuyentes quienes caso a caso probasen la inexistencia de ganancia real y solicitasen dicha devolución o la no liquidación de la PM.

Rifirrafe entre el Constitucional y el Supremo

Meter criterios de realidad en un impuesto como la PM, que es esencialmente surrealista, tenía que generar más conflictos. Así, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de marzo de 2019, dijo que las reglas para determinar si ha habido o no incremento a efectos de la PM no tienen nada que ver con las reglas para determinar si ha habido o no ganancia a efectos del IRPF o Sociedades. Y así, para saber si ha habido o no incremento a efectos de la PM y cumplir lo que dice el Constitucional, lo que hay que hacer es comparar el valor de transmisión estricto con el valor de adquisición estricto, sin meter otras partidas que sí se tienen en cuenta en el IRPF. En el caso examinado, el contribuyente había computado dentro del valor de adquisición los gastos de urbanización obligatorios (fiscalmente, mejoras) y por eso la transmisión daba pérdida. Por eso protesta contra la liquidación de la PM. El Supremo dice que las mejoras no se tienen en cuenta para determinar el incremento de valor a efectos de la PM, en consecuencia, existe el incremento de valor y la PM liquidada es correcta.

Poco después llegó al Constitucional un caso que iba a cuestionar la opinión del Supremo. Se trata de la reciente Sentencia de 31 de octubre de 2019 que mencionábamos al principio. Merece la pena contarse con detalle. Los datos son reales. Se trata de un señor que en 2003 compró un piso por 66.111 euros y que en 2017 lo vendió en 70.355 euros (ambos precios según Escrituras). La ganancia era 4.244 euros. Pues bien, recibió una liquidación por la PM por importe de 3.560 euros, que es un 84% de la ganancia. A la persona le parecía algo fuerte; a nosotros también. Ahora bien, si se aplican los criterios del IRPF y se meten los gastos accesorios (Notaría, Registro, Impuestos…), que eran 770 euros, resulta que la ganancia real, la del IRPF, es 3.474 euros. De este modo, los 3.560 euros de PM son un 102% de la ganancia real. Es decir, echando bien las cuentas, resulta que la cuota a pagar por la PM es superior a la ganancia real obtenida. Dice el Constitucional que eso es confiscatorio y debe anularse.

Lo más importante de la Sentencia del TC es que permite recurrir a los criterios del IRPF para determinar si ha habido o no incremento real y, en consecuencia, si procede o no liquidar la PM.

Dicho sea de paso: ¿qué visión tiene el Constitucional sobre lo que es confiscatorio? En este caso la cuota del impuesto era el 102% de la ganancia real. Cuota anulada, y bien anulada, por confiscatoria. ¿Pero significa esto que alTC le parece bien una cuota de la PM hasta el 99% de la ganancia real? ¿No es confiscatorio tener una ganancia real de 10.000 euros y pagar una cuota por la PM de 9.999 euros?

Una trifulca ridícula

Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo están enzarzados en una trifulca ridícula toquiteando un impuesto que tiene muy poca defensa. O se mide el incremento de valor conforme a la realidad del IRPF o se mide conforme a la ficción de la PM. Lo que no puede ser es mezclar agua y aceite, es decir, utilizar el IRPF para ver si ha habido incremento real y así dar luz verde a la liquidación de la PM. Pero siempre que la cuota de la PM no supere el importe del incremento real. Todo es absurdo.

Tampocoel IRPF mide el incremento real porque no tiene en cuenta algo tan importante como la inflación. Por ejemplo, comparar precios de venta de 2019 con precios de compra de 1990, a lo bruto, no tiene nada que ver con la realidad.Hay doble imposición

Doble imposición

Además de su planta poco presentable, la PM supone una doble imposición con el IRPF. En el IRPF se grava la ganancia patrimonial real total, suelo y construcción, derivada de la transmisión (aunque se olvida de la inflación). ¿Qué sentido tiene gravar por fuera aparte un incremento de valor del suelo calculado además a ojo de buen cubero? Que esa doble imposición existe está reconocido por la propia ley fiscal: hasta 1998 podía deducirse de la cuota del IRPF (donde tributaban todas las ganancias) el 75% de la cuota de la PM. Más claro, agua. Esa deducción desapareció a partir de 1999, pero sólo por razones puramente recaudatorias.

En el caso de las herencias y donaciones también hay doble imposición entre la PM y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En el caso de la herencia, no tributa la plusvalía del muerto (= la diferencia entre el valor de transmisión el día de la muerte y el valor de adquisición por el difunto). Pero eso es así porque el heredero debe tributar en el Impuesto de Sucesiones por todo lo que recibe valorado al día de la defunción. En ese esquema, liquidar la PM al heredero es una doble imposición.

Aunque el Tribunal Constitucional es bastante tolerante con la doble imposición, debe reconocerse que dicha doble imposición no es precisamente una virtud de un sistema tributario civilizado.

¿Qué hacer?

Ante este guirigay, los contribuyentes deben consultar a un buen asesor fiscal que les recomiende qué hacer frente a la PM. Hay gente que piensa que la PM está agonizando. Bastantes abogados aconsejan pagar y pedir la devolución. Desde luego, en caso de venta, si, echados los cálculos conforme al IRPF, no hay ganancia real debe solicitarse al Ayuntamiento que no liquide la PM. Lo mismo si la cuota de la PM es superior a la ganancia real o a un fuerte porcentaje de la misma.

Los ayuntamientos están confusos. Los contribuyentes también. El Gobierno no hace nada; está en funciones. A ver cómo termina esto.

¿Qué es el impuesto de plusvalía municipal?

Si estás pensando en vender una casa, seguro que has oído hablar de la plusvalía municipal. Pero, ¿sabes en qué consiste? En este post te explicamos todo lo que tienes que saber sobre este impuesto.

La plusvalía municipal: Qué es y cuánto me tocará pagar

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o plusvalía municipal, es el impuesto directo que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión y hasta su transmisión.

Esto quiere decir que, si vas a vender un piso o una casa, la plusvalía municipal establece cuánto se ha revalorizado tu propiedad durante todo el tiempo que ha sido tuya.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula este tributo, que determina el tipo de gravamen a aplicar en cada caso. Este impuesto es competencia única y exclusiva de cada ayuntamiento.

La plusvalía se calcula sobre el valor del suelo del inmueble en el momento de la transmisión (el valor aparece en el recibo del IBI) y de los años que el vendedor ha sido propietario.

¿Quién paga la plusvalía municipal?

La plusvalía municipal es un impuesto local recaudado por los ayuntamientos. Este tributo lo paga el vendedor del inmueble. En algunos casos también puede ser pagado por el comprador, si ambas partes así lo establecen.

Pero existe una excepción sobre quién paga la plusvalía municipal. Cuando la persona que transfiere la vivienda no reside en España, será el comprador quien deberá hacer frente al pago del tributo.

Además, si se trata de una donación, es la persona que recibe el bien la que debe liquidar la tasa municipal. Los contribuyentes que hereden un inmueble también deberán pasar por la caja del municipio para pagar el impuesto de plusvalía municipal.

¿Cómo calcular la plusvalía?

Para calcular el importe de la plusvalía municipal hay que aplicar al incremento del valor del terreno el tipo de gravamen fijado por cada ayuntamiento en concreto. Este gravamen en ningún caso puede exceder del 30 por ciento.

El incremento del valor del terreno varía en función de dos factores. En primer lugar, varía en función del valor en el momento de la transmisión. Pero también cambia en función de los años que el transmisor ha sido propietario del terreno, con un máximo de veinte años. Este valor puede consultarse en el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Para determinar el importe exacto de la plusvalía, se multiplica el valor del terreno por el número de años que se ha tenido la propiedad y por el porcentaje anual que determina cada ayuntamiento dentro de los límites legales. Actualmente, esos límites legales son los siguientes:

TIPOS MÁXIMOS – IIVTNU

Hay que tener en cuenta que en el cálculo de este impuesto de plusvalía no se tiene en cuenta el precio final de venta de la vivienda. Esto significa que, independientemente de si vendes por 10.000 euros o por 100.000 euros, el importe del impuesto será siempre el mismo.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar el impuesto?

El tiempo que tienes para pagar el impuesto de plusvalía municipal depende del tipo de operación que vayas a realizar. Por ejemplo, en una compraventa o donación de vivienda, el plazo es de 30 días hábiles a partir de la fecha de transmisión.

Pero si se trata de una herencia, dispones de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los seis primeros meses.

Es el impuesto que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión y hasta su transmisión.

¿Por qué se trata de un impuesto polémico?

La plusvalía municipal se convirtió en un impuesto polémico porque este tributo se aplicaba con independencia de si existía o no un beneficio derivado de la venta. Esto significaba que, si vendías tu casa a un precio inferior al que compraste, también tenía que pagar la plusvalía municipal.

Por ese motivo, en los últimos años, su aplicación ha sido puesta en entredicho. Pero hacer meses el Tribunal Constitucional estableció que no era legal el cobro de la plusvalía cuando un inmueble había sido transmitido por un precio igual o inferior a su precio de adquisición.

A partir de ahí, las personas que habían tenido que pagar el impuesto aunque hubieran vendido su casa a un precio inferior, tuvieron la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto de plusvalía.

Si estás en el proceso de búsqueda de vivienda y quieres estar al día de todos los trámites legales relativos a una compraventa, no dudes en visitar nuestra sección Vender casa. Ahí encontrarás muchos post como este que seguro que te ayudan.

Y si todavía te quedan dudas sobre el impuesto de plusvalía municipal o cualquier otro tema relacionado con vender tu casa, acércate a tu oficina Tecnocasa más cercana y uno de nuestros agentes te ayudará en todo lo que necesites.

El Alto Tribunal ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal en sus sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente a los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava.

La reciente Sentencia del TC de fecha 11 de mayo de 2017 (Rec. 4864/2016) reitera la doctrina establecida por el Tribunal considerando nula, en esta ocasión, la regulación estatal del impuesto, esto es, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (arts. 107.1, 107.2 y 110.4).

Los expertos en la materia presentíamos un pronunciamiento del TC en tal sentido, aunque no esperábamos que fuese a llegar tan pronto.

¿Cuál es el criterio seguido por el TC para considerar la inconstitucionalidad de la Plusvalía?

El Pleno analiza en la Sentencia que el objeto de la Plusvalía es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado periodo de tiempo.

En consecuencia, considera que la norma estatal cuestionada vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno urbano durante un periodo temporal implica obligatoriamente el pago del impuesto, incluso cuando ni siquiera se hubiere producido un incremento del valor del bien o, incluso, cuando se ha producido un decremento del mismo.

Según el TC, esta condición, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.

Por tanto, se considerará inconstitucional la aplicación de este impuesto únicamente en aquéllos supuestos en los que la Administración someta a tributación situaciones tales que vulneren el principio de capacidad económica de los contribuyentes, es decir, en los casos en los que en el momento de la transmisión del bien no exista un aumento del valor del terreno.

¿Cómo afecta la Sentencia a los contribuyentes?

A partir de ahora se abre la vía para reclamar a los Ayuntamientos las cantidades que los contribuyentes hubieren pagado de más como consecuencia de una transmisión por la que no hayan obtenido ganancia, o hubieren tenido pérdidas en base a esta importante doctrina.

Los requisitos para poder presentar la reclamación son los siguientes:

  1. Podrán reclamar aquéllos que hayan satisfecho la Plusvalía durante los últimos 4 años.
  2. Que con motivo de la transmisión no se haya obtenido una ganancia patrimonial o se hubiere producido una pérdida económica sobre el valor del bien.
  3. Que la liquidación practicada no sea definitiva. Por ejemplo, se considera que la liquidación es definitiva cuando se solicita aplazamiento o fraccionamiento de pago del impuesto.
  4. Acreditar que el valor del bien objeto de transmisión es igual o inferior al valor del mismo en el momento de su adquisición.

Lo más aconsejable es, siempre que el contribuyente afectado cumpla con los requisitos anteriores, presentar la reclamación por la vía administrativa. De este modo, además, se paraliza el plazo de prescripción de la liquidación del impuesto.

El TC declara inconstitucional plusvalía municipal si es mayor que la ganancia

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, en respuesta a un requerimiento del Tribunal Supremo.

En Pleno y por unanimidad, el tribunal, que no ha hecho pública la sentencia, responde a una cuestión planteada por el Supremo en julio de este año, sobre tres artículos de la ley de Haciendas Locales, los relativos al cálculo de la plusvalía municipal cuando ésta es superior al beneficio obtenido por la venta de un inmueble.

Y ha declarado que el art. 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional.

La sentencia conocida este jueves, de la que ha sido ponente Pedro González-Trevijano, indica que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia.

Ello es contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad, señala el Constitucional.

Lo que planteaba el Supremo, en un auto fechado el pasado 1 de julio, es si cabía en el marco de la Constitución que un contribuyente «ante la precariedad de su situación económica -escenario en modo alguno infrecuente en los años de crisis económica-» que se ve obligado a vender un inmueble tenga que pagar una plusvalía mayor que la ganancia obtenida.

La Sala de lo contencioso explicaba que «en el mejor de los casos», se obtiene una plusvalía por la venta del inmueble, pero al mismo tiempo el vendedor es desposeído de una suma de dinero de importe superior a la ganancia patrimonial conseguida con dicha compraventa.

En estos casos, proseguía el Supremo, no es solo que la carga fiscal adquiera «una naturaleza confiscatoria», es que la cuota tributaria girada por la Hacienda local supone, según el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE), «una carga fiscal excesiva para la situación financiera».

El caso concreto que llevó al Tribunal Supremo a acudir al Constitucional es el del un matrimonio de Zaragoza que vendió por 153.000 euros un inmueble que habían comprado por 149.051 euros, en el que hicieron mejoras valoradas en 34.800 euros y al que el Ayuntamiento aplicó una plusvalía de 6.902 euros.

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El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, en una sentencia que aún no se ha hecho pública, ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalía) cuando la cuota resultante del impuesto (cuota a pagar) sea mayor que el incremento realmente obtenido por el contribuyente.

La sentencia, que será publicada en los próximos días, da respuesta a la cuestión planteada en julio por el Tribunal Supremo, declarando la inconstitucionalidad del artículo 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.

En tiende el Constitucional que hacer pagar al ciudadano cuando la cuota del impuesto es mayor al incremento de valor obtenido con la transmisión del inmueble conllevaría el hacer tributar por una renta inexistente, virtual o ficticia, en contraposición con los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad.

El Alto Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación. La sentencia íntegra se dará a conocer en los próximos días.

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