Ejecucion de sentencia

Liquidación de intereses conforme a las bases fijadas en la sentencia

En los casos de condena al pago de intereses, el artículo 219.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) abre dos posibilidades al demandante: cuantificar exactamente el importe de la condena o fijar «claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación (en ejecución), de forma que ésta consista en una pura operación aritmética» (dejo de lado la tercera posibilidad de solicitar la cuantificación en proceso independiente, prevista en el artículo 219.3). En el segundo de los casos mencionados ―continúa el art. 219.2 LEC―, «la sentencia de condena fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución». Por consiguiente, y como ha dicho la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre del 2011 (RJ 2012\298), el precepto «permite relegar a la fase de ejecución de sentencia la determinación exacta del importe de la condena», aunque ateniéndose a las bases fijadas. La pregunta es cómo se determina, dentro ya de la ejecución, ese importe exacto de la condena.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre del 2014 (RJ 2014\5813) prevé las diferentes posibilidades. Conforme a ella, la fijación del importe de los intereses «la realiza el propio tribunal que lleva a cabo la ejecución de la sentencia», aunque «(e)s discutido si la liquidación ha de realizarse o al menos revisarse por el secretario judicial, si ha de despacharse ejecución, junto con el principal de la condena, por la cantidad que justificadamente solicite quien ha obtenido la sentencia favorable y el ejecutado pueda oponer la defectuosa liquidación de los intereses en el trámite de oposición a la ejecución previsto en los artículos 556 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o si ha de seguirse el procedimiento incidental previsto en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
La posibilidad de que el acreedor ejecutante pueda efectuar la liquidación conforme a las bases (operación aritmética) en la demanda ejecutiva, quedando abierta al ejecutado la discusión de la cuantía resultante en el trámite de oposición a la ejecución, ha sido defendida, por ejemplo, por el Aurto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real 10/2005, de 19 de enero del 2005 (AC 2005\586), precisamente para un supuesto de liquidación de intereses. Sin embargo, semejante solución resulta discutible porque el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé la pluspetición entre los motivos de oposición en la ejecución de títulos judiciales, por lo que, atendiendo el carácter tasado de dichos motivos, podría concluirse que la alegación de aquél resulta inadmisible. Ciertamente, podría traerse a colación una interpretación extensiva de la jurisprudencia que admite dicho motivo en los casos de ejecución de sentencias matrimoniales sobre la base de que no cabe «tolerar un abuso de derecho, un enriquecimiento torticero incompatible con el mandato del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de superior rango inclusive a las disposiciones sobre oposición a la ejecución contenidas en la LEC» (AAP Castellón, Sección 2.ª, de 18 de enero del 2006, JUR 2006\98528). Pero, si se mantienen las dudas, deberá plantearse dentro de la ejecución un incidente contradictorio (arts. 712 y ss. LEC) en el que habrá que justificar la cuantía según las bases con la documentación de que se dispone.

En cualquier caso, se haga unilateralmente (por parte del actor) en la demanda ejecutiva, con revisión o no del letrado de la Administración de Justicia y con posibilidad (o no) de oposición del ejecutado, o en incidente contradictorio, la liquidación se realiza dentro de la ejecución y, obviamente, antes del despacho de ésta.

DIRECTORIO DE SERVICIOS LEGALES

En la causa “Berraondo José María y otro c/ García Miguel y otros s/ Ejecución hipotecaria”, la sentencia de primera instancia dispuso hacer lugar parcialmente a la impugnación formulada por los ejecutados, con costas en el orden causado y ordenó practicar una nueva liquidación conforme las pautas allí establecidas.

Dicha resolución fue apelada por los actores, quienes entendieron que se estaría generando un enriquecimiento ilícito en favor de la ejecutada, por lo que solicita la revocación del decisorio y la aprobación de la liquidación practicada conforme a la distribución del principio del esfuerzo compartido, tomando el tipo de cambio vigente al momento del efectivo pago, o bien, en su defecto, modificar la tasa de interés dispuesta.

Por su parte, también se agraviaron los codemandados al considerar que con la resolución en crisis ha habido una convalidación ilegal de la reestructuración de la deuda formulada por los ejecutantes, sumado a que ha mediado un improcedente criterio temporal de aplicación de los intereses, al entender que han sido mal liquidados, y sin tener en cuenta que el segundo mutuo hipotecario se trató de una ampliación y prórroga en el vencimiento del plazo del primero.

Al analizar el presente caso, las magistradas que componen la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil recordaron que “la liquidación a practicarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate constituye una mera computación aritmética y no jurídica de los conceptos en definitiva fallados, por cuanto en ella se encuentran establecidos los elementos de criterio con arreglo a derecho que configuran las pautas de la liquidación final”.

En tal sentido, el tribunal resaltó que “en razón de lo normado por los artículos 503 y 504 del Código Procesal, el objeto de la liquidación es la cuantificación numérica del monto de la condena judicial y sus accesorios, con arreglo a las bases establecidas por la sentencia, cuando se ha impuesto condena al pago de cantidad ilíquida o en todos los casos en que las cantidades deban quedar determinadas (cfr. Morello –Passi Lanza–Sosa–Berizonce, “Códigos Procesales de la Nación…Comentados y Anotados, Abeledo-Perrot, T°VI, p.46; Fassi, Santiago, Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, Anotado y Concordado, Astrea, T° II, pág. 420)”.

Con relación al presente caso, las Dras. Patricia Barbieri, Gabriela Scolarici y Beatriz Verón precisaron que “las cuentas que practican los ejecutantes no se ajustan a las pautas establecidas en la resolución dictada por esta Alzada, en orden al capital por el cual prospera la ejecución, y la tasa de interés fijada”, destacando que “se ha expresado que la propia índole de la función judicial del Estado, unida a consideraciones de seguridad jurídica, determina la obligación de asegurar la inmutabilidad de las sentencias firmes y torna, por lo tanto, inadmisible todo nuevo debate o pronunciamiento acerca de las cuestiones ya decididas”.

Tras resaltar que “alterar una cuestión determinada cuando el fallo esté firme, comporta un menoscabo ante todo de la garantía de la cosa juzgada, pues la estabilidad de las sentencias judiciales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, sin la cual no hay en rigor orden jurídico y es, además, exigencia de orden público”, las camaristas añadieron que “tanto más cuando la liquidación en la etapa de ejecución constituye la concreción aritmética de la condena contenida en la sentencia por lo cual, en el caso concreto, deberá alegarse que la liquidación que se impugne se ha apartado de las pautas ejecutoriadas y allí establecidas, pero no intentar una revisión de las pautas y coeficientes que fueron establecidos al momento de juzgar la cuestión debatida”.

En base a lo expuesto, y luego de puntualizar que «el alto Tribunal ha señalado que tanto los mecanismos de actualización como la aplicación de tasas de interés sólo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento”, la mencionada Sala decidió confirmar la resolución recurrida.

Demanda de ejecución

La demanda de ejecución tiene por finalidad que el beneficiario del título ejecutivo y por tanto de la acción ejecutiva, pueda conseguir la efectividad de ésta. Se dirigirá al juzgado competente con la asistencia de abogado y procurador.

Contenido

  • 1 Contenido de la demanda de ejecución
  • 2 Plazo de espera para la interposición de demanda de ejecución
  • 3 Documentos a adjuntar en la demanda ejecutiva de sentencia civil
  • 4 Inadmisión de la demanda de ejecución
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos Adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En formularios
    • 6.3 Esquemas procesales
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada

Contenido de la demanda de ejecución

Conforme al art. 549 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) el contenido de la demanda de ejecución es el siguiente:

  • Determinación del tribunal ante el que se presenta. En el caso de tratarse de resolución judiciales, de transacciones y de acuerdos judiciales aprobados, se presentará directamente ante el Juzgado de 1ª Instancia que conoció del asunto, art. 545, LEC .
  • Determinación e identificación de las partes litigantes.
  • El título que fundamenta la ejecución. Será cualesquiera de los que recoge el art. 517.2, LEC .
  • La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclama por principal, intereses y costas. Cabe distinguir que la tutela podrá ser ejercitada para reclamar una cantidad dineraria o por un título de condena que no sea dineraria (obligación de entregar una cosa, obligación de hacer o de no hacer, entre otras).

  • Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo .
  • Medidas de localización e investigación que interese al amparo del art. 590, LEC .
  • Como se ha dicho, suscrita por abogado y procurador, caso que sea necesario, art. 539.1, LEC .

El art. 549.2, LEC prevé que:

Cuando el título ejecutivo sea una resolución del secretario judicial o una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda.

Es decir, para el supuesto que se trate de ejecución de título judicial, en concreto de una sentencia o resolución judicial, bastará un escrito sencillo de solicitud, prescindiéndose del carácter más formal que caracterizará a las peticiones de ejecución que se basen en otros títulos.

El art. 549.3, LEC modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas establece que:

En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado.

No obstante, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo , de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se añade un párrafo al apartado 4º del artículo 549 LEC , con la siguiente literalidad:

No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441.5 de esta Ley.

Así, por su parte la norma sostiene que en los casos del número 1º del artículo 250.1 , es precisa las siguientes actuaciones:

1.- Se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales.

2.- Se informará al demandado de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a los servicios sociales para que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad.

3.- Se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios sociales.

De esta forma, si los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites.

Los tribunales a más de lo referido en la ley han hecho hincapié en la necesidad de que figure la relación directa entre lo que se solicita y el…

art 549 2 lec

4283 resultados para art 549 2 lec

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Cómo realizar una Instructa de Juicio Verbal

Primero. Posibilidad de suspensión para someterse a mediación. Homologación de acuerdos

Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo homologado judicialmente es ejecutivo. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma sin acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial.

Segundo. Análisis de Cuestiones Procesales

Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con los artículos 416 y siguientes de la LEC (tengamos en cuenta que las cuestiones procesales reguladas en los artículos 416 a 425 de la LEC no son numerus clausus).

Tercero. Desarrollo de la vista

Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del acto, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción, esto es, hechos controvertidos. Si no existe conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas.

La proposición de prueba de las partes se realizará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429 de la LEC.

Por lo expuesto, nuestra instructa debe ser estructurada respecto a los siguientes extremos,

– Análisis y resolución de cuestiones procesales excepcionadas en la contestación a la demanda. Analogía con el artículo 416 de la LEC para la audiencia previa al juicio ordinario.

– El demandante se ratificará en la demanda, pudiendo complementar y/o aclarar si a su derecho conviene. Hay que prestar especial atención al trámite de fijación de hechos. Solicitud del recibimiento del pleito a prueba.

– El demandado se ratificará a su vez en la contestación a la demanda y podrá realizar una fijación de hechos controvertidos. Solicitud del recibimiento del pleito a prueba.

– Pronunciamiento sobre los documentos aportados por las partes junto a sus escritos de demanda y contestación.

– Proposición de pruebas. Ante la resolución de admisión de los medios de prueba por el juzgador, podrá plantearse recurso de reposición oral (artículo 446 LEC).

– Se practicarán las pruebas admitidas, se nos dará trámite de conclusiones para valorar la prueba practicada y el juicio quedará visto para sentencia.

Ejemplo de instructa de juicio verbal posterior a la reforma operada por la Ley 42/2015

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2 DE FUENLABRADA

VERBAL …/2017

Con la venia de su señoría, previo a la ratificación, quisiera esta parte ACLARAR algunos extremos de la demanda, a la vista de las manifestaciones realizadas por el contrario en su escrito de oposición:

– Excepción de falta de legitimación pasiva de don …. Aparece como fiador/avalista en el contrato de arrendamiento y está debidamente notificado: artículo 438.3 LEC. Carácter solidario de la responsabilidad del fiador.

– Esta parte reconoce la detracción del importe correspondiente a la fianza no devuelta por la entidad demandante por importe de 3.060 €, que han de aplicarse a las rentas de los meses de enero y febrero de 2.014, modificando la cantidad reclamada por ese concepto a 642,60 € y la suma total objeto de la litis a 8.245,57 €.

– Que esta parte se mantiene en el resto de pedimentos contenidos en el hecho 4º de la demanda y en concreto sobre los siguientes:

1) Con remisión a la cláusula 6 del anexo de 1 de febrero de 2.013, y al no haber sido obtenida ni tramitada licencia de actividad, se adeudan las rentas de los meses de febrero y marzo de 2.013 por un importe de 1.851,30 € IVA incluido, 3.702,60 € en total.

2) Renta correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.014 por un importe de 642,6 0€ IVA incluido.

3) Renta correspondiente a tres días del mes de marzo de 2.014, 185,13 € IVA incluido.

4) Parte proporcional de dos meses de tasa de basura y carruajes, según el siguiente desglose (cláusula 8ª del contrato de 1/09/2012):

a) Tasa de basura, a razón de 301,97 € al año= 50,33 € (parte proporcional de dos meses).

b) Tasa de alcantarillado, a razón de 35 € al año= 5,83 € (parte proporcional de dos meses).

5) Cuota de comunidad de propietarios del mes de febrero de 2.014, por la suma de 59,08 €.

6) Remitiéndonos al tenor literal de la cláusula tercera del contrato de arrendamiento de 1 de septiembre de 2.012, se fija la duración del contrato en cinco años con la opción del arrendatario de abandonarla transcurrido el primer año de cumplimiento obligatorio siempre que se notifique la intención de abandonar la nave con un preaviso de 90 días; habida cuenta que la arrendataria comunica el 31 de enero de 2.014 su voluntad de no renovación, abandono que se lleva a cabo de forma efectiva el 3 de marzo de dicho año, se ha incumplido en sesenta días el mencionado preaviso. En consecuencia, y a razón de 60 € diarios, se adeuda por este concepto la cantidad de 600 €.

Aclarado lo anterior, procedemos a fijar sucintamente los hechos controvertidos previa solicitud de recibimiento del pleito a prueba,

Hechos Controvertidos

  • Legitimación pasiva del fiador don …
  • Fecha de comunicación de la rescisión del contrato de arrendamiento de 1/09/2012 (cláusula 3ª), y que en todo caso no respetó el plazo de 90 días pactado contractualmente.
  • Interpretación y cumplimiento de las cláusulas 1ª a 6ª del ANEXO al contrato de arrendamiento de 1/09/2012, suscrito el 1/02/2013.
  • Reclamación de los importes desglosados en el Hecho 4º de la demanda rectora, que son efectivamente adeudados por los codemandados de forma solidaria, por la suma total de 245,57 €.

Medios de Prueba

– Documental, por reproducida. Nos adherimos al documento 2 de los aportados junto a la contestación a la demanda y a la respuesta al oficio remitido al Ayuntamiento de Humanes. En relación a los documentos 3 y 4 del escrito de oposición, no se reconocen en cuanto al valor probatorio que pretende darle la contraparte.

– Más Documental, acta levantada por el notario don … en fecha 17 de marzo de 2.014, con número … de protocolo, reseñando los daños encontrados en la nave y que se aporta como documento número 14. Reseñar que ya se hacía mención a esos daños en el burofax remitido por la arrendadora el 11/04/2014 (documento 12 demanda).

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La fase de la vista en el juicio verbal

La fase de la vista en el juicio verbal del proceso civil se regula en el art. 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta fase ya no se configura como un trámite preceptivo, ya que según la nueva redacción de la Ley, las partes tienen que pronunciarse sobre la pertinencia de la celebración de la misma.

La vista en el procedimiento verbal sólo procederá si se ha solicitado por la demandada en la contestación a la demanda, por la demandante en el plazo de 3 días tras serle trasladado el escrito de contestación, o si el tribunal lo considerase procedente. ( Apartado 4 del Art. 438 de la LEC ).

En la vista se comprobará, en primer lugar si subsiste el litigio o las partes han llegado a algún acuerdo.

El Art. 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial.

Las partes podrán también solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación de conformidad con lo previsto en el Art. 19 Ley de Enjuiciamiento Civil en su apartado 4. Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, si no se llegase a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, pudiendo solicitar previamente su homologación judicial.

Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con los Art. 416 Ley de Enjuiciamiento Civil y siguientes.

Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del acto, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas.

La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 429 Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá por desistido de la demanda, y se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos. Si no compareciere el demandado, se procederá a la celebración del juicio.

En materia de prueba y de presunciones, será de aplicación a los juicios verbales lo establecido en los Art. 281 a Art. 386 Ley de Enjuiciamiento Civil (Capítulos V y VI del Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare, la parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda instancia.

En cuanto a las reglas especiales sobre contenido de la vista, el Art. 444 Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada, el demandado sólo podrá alegar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.

Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda (en los que se pretende la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute), si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en el Art. 548 Ley de Enjuiciamiento Civil. (Novedad introducida por la Ley 5/2018, de 11 de Junio, en vigor desde el 02/07/2018)

En casos de protección de derechos reales inscritos (casos del número 7.º del apartado 1 del Art. 250 Ley de Enjuiciamiento Civil), el demandado sólo podrá oponerse a la demanda si, en su caso, presta la caución determinada por el tribunal en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del Art. 64 Ley de Enjuiciamiento Civil. La oposición del demandado sólo podrá fundarse en:

– La falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.

– Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.

– Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.

– No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del Art. 250 LEC (los que versen sobre el incumplimiento de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles), la oposición del demandado sólo podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:

1.ª Falta de jurisdicción o de competencia del tribunal.

2.ª Pago acreditado documentalmente.

3.ª Inexistencia o falta de validez de su consentimiento, incluida la falsedad de la firma.

4.ª Falsedad del documento en que aparezca formalizado el contrato.

Por Ricardo Emilio Cañizares Aguado. Abogado de la Asociación Española de Abogados de Familia

1.- PROCEDIMIENTO PRINCIPAL CONTENCIOSO

De conformidad con el art. 770 de la LEC. “las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el art. 777 -esto es, las de mutuo acuerdo-, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del Título IV del Libro I del Código Civil -referido al matrimonio-, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, con las particularidades establecidas en el Capítulo 1 del meritado Título I del Libro IV, proceso al que denominaremos verbal familiar.

También, de conformidad con el apartado 2 del art. 775 LEC, las peticiones contenciosas de modificación de efectos definitivos se tramitarán conforme a lo dispuesto en el art. 770 LEC.

Por lo tanto, este proceso es el regulado en los arts. 437 al 447 LEC, que se refieren al juicio verbal, y las singularidades con respecto a este juicio son las comprendidas en los arts. 748 al 755 LEC. De estas peculiaridades, el art. 748 LEC hace referencia a los procesos comprendidos en el mencionado Título I del Libro IV, entre los que se encuentran en el ordinal 3º “los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos”. Los siguientes preceptos hacen referencia a la intervención del Ministerio Fiscal (art. 749 LEC), representación y defensa de las partes (art. 750 LEC), indisponibilidad del objeto del proceso (art. 751 LC), prueba (art. 752 LEC), exclusión de la publicidad (art. 754 LEC) y acceso a los Registros Públicos (art. 755 LEC).

Es el art. 753 LEC, redactado bajo el título de “tramitación”, el que contiene la primera característica singular de estos verbales, común a todos los procesos familiares (capacidad, filiación, matrimoniales y de menores, de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y para determinar la necesidad del asentimiento en la adopción) que es la facultad de contestar la demanda por escrito. La segunda peculiaridad, ésta de los juicios matrimoniales, reside en la posibilidad de practicar la prueba que no haya podido tener lugar en el acto de la vista, con posterioridad a ésta.

1.1.- Demanda.- Junto con la demanda deberán acompañarse determinados documentos relativos al fondo del asunto: la certificación de la inscripción del matrimonio; en caso de que existan hijos, las certificaciones de inscripción del nacimiento y los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga, y que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales (art. 770.1ª LEC). La relación de estos documentos no los convierte en preceptivos, ya que de forma poco corriente, el legislador los enumera, pero, como mero ejemplo, y no como una exigencia.

1.2.- Admisión.- El Juez deberá examinar su jurisdicción y su competencia objetiva y territorial, que debe hacer de oficio, siendo nulos los acuerdos de las partes que se opongan a ello (art. 769.4 LEC) y, en cinco días (art. 440.1 LEC), dictará auto de admisión, dándose traslado al demandado y al Ministerio Fiscal, siempre que se trate de una nulidad de matrimonio o existan menores o incapacitados, entre las partes o sus hijos (art. 755 LEC); así como a las demás personas que deban ser parte, hayan sido o no demandados (art. 753 LEC), emplazándolos para que contesten la demanda en 20 días, conforme al art. 405 LEC (art. 753 LEC).

La admisión a trámite de la demanda produce una serie de efectos sustantivos. Se trata de efectos, porque, a diferencia de las medidas, en que el Juez ha de discernir las que considera apropiadas al caso particular, los efectos son consecuencias inexorables: posibilidad de los cónyuges de vivir separados y cese de la presunción de convivencia; revocación de los consentimientos y poderes; cese de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro en ejercicio de la potestad doméstica, y posibilidad de solicitar la formación de inventario de la sociedad de gananciales.

1.3.- Contestación a la demanda.- Como ya hemos señalado, la existencia de contestación escrita a la demanda, con carácter previo a la vista, es una característica diferenciadora del proceso matrimonial dentro de los verbales. Su forma es la regulada en el art. 405 LEC, que a su vez remite al 399 LEC, ambos preceptos en sede de juicio ordinario, de manera que deberá reunir los mismos requisitos de la demanda (art. 405 LEC).

A la contestación, habrán de acompañarse los documentos ya citados al referirnos a la demanda.

1.4.- Reconvención.- La nueva redacción de la regla 2ª del art. 770 LEC, establece que la reconvención se propondrá con la contestación a la demanda y el actor dispondrá de 10 días para contestarla. Sólo se admitirá la reconvención: cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio; cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad pretenda el divorcio; cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación, o cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

1.5.- La vista.- A la vista deberán concurrir (art. 770, regla 3ª LEC) los cónyuges, por sí mismos, que serán citados, a través de su Procurador, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge que hubiera comparecido para fundamentar sus peticiones sobre medidas de carácter patrimonial.

1.6.- La prueba.- La iniciativa de la actividad probatoria corresponde a las partes y las pruebas se practicarán a instancia de ellas, aunque el Juez puede acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley (art. 282 LEC).

En los procesos matrimoniales, el art. 770.4ª.2º LEC dispone que el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las referidas a hechos de los que dependan medidas que afecte a hijos menores o incapacitados.

Igualmente, tenemos que traer a colación la norma específica del art, 770.4ª LEC, dentro del proceso matrimonial, que establece con carácter general, sin limitación alguna, que “las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista, se practicarán dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días”.

Finalmente, recordar que el art. 752 LEC dispone que se decidirán estos procesos con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el proceso, y que no vincularán al tribunal: la conformidad de las partes sobre los hechos que no sean disponibles; las disposiciones sobre la fuerza probatoria del interrogatorio de partes, documentos públicos y documentos privados reconocidos, y no podrá decidirse basándose exclusivamente en la conformidad o en el silencio o respuestas evasivas de las partes.

1.7.- Conclusiones.- En los procesos matrimoniales, existen dudas sobre si existe o no un trámite de alegaciones o conclusiones después de la práctica de la prueba, en el que se practique un análisis de la misma. Respecto a esta cuestión y, concretamente, en el verbal familiar, hay que señalar que este trámite no figura en el art. 770 LEC. Tampoco figura en el art. 753 LEC, que se refiere a la tramitación de los procesos especiales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que estas actuaciones pueden resultar de suma utilidad, tanto para el derecho de los litigantes, como para el adecuado ejercicio de la función juzgadora, este aparente silencio legal no debería interpretarse en sentido prohibitivo.

En este sentido, en las disposiciones relativas a los juicios civiles, cuya aplicación a los juicios verbales y a los verbales especiales no se excluye en lugar alguno, el art. 185.4 LEC, que se ocupa de la celebración de las vistas, ordena que “concluida la práctica de la prueba o si esta no se hubiera producido, finalizado el primer turno de intervenciones, el Juez o Presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para rectificar hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas”.

Por tanto, dado que a la vista del juicio verbal le es de aplicación, en cuanto no contradiga preceptos específicos de esta clase de juicios, lo dispuesto en el art. 185 LEC, hay que concluir necesariamente que debe darse a las partes la oportunidad de que formulen conclusiones sobre la prueba que se haya practicado. Por tanto, teniendo en cuenta la configuración del juicio verbal, creemos no ya que las partes pueden formular conclusiones, sino que es absolutamente necesario para que puedan cumplirse unas mínimas garantías procesales para las partes.

2.- MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES

Aunque la existencia de unos procesos específicos para la adopción de medidas provisionales, tanto anteriores a la admisión de la demanda principal, como simultáneas a este proceso, así como la falta de exigencia en éstas de caución alguna, ni concurrencia de otros requisitos, convierte a las cautelares en infrecuentes, no cabe duda de que, dentro de sus límites y sus exigencias, son perfectamente viables, ya que la ley no restringe su aplicación a los procesos matrimoniales. No obstante la posible aplicación de las medidas cautelares, no cabe duda de que el cauce más usual pasa por acudir a la solicitud de medidas provisionales, previas o coetáneas con la demanda.

Las medidas previas a la admisión de la demanda pueden solicitarse cuando se pretenda formular demanda de nulidad, separación o divorcio (art. 104 CC y 771.1 LEC), pero no cuando se vaya a solicitar la modificación de medidas, pues, si bien el art. 775.3 LEC, autoriza en estos procesos a solicitar medidas provisionales, este precepto expresamente invoca sólo el art. 773.3 LEC, que se refiere a las medidas provisionales coetáneas o posteriores a la admisión a trámite de la demanda.

Cabe señalar que la adopción de medidas previas no está condicionada a la constatación de urgencia o necesidad. Nada se requiere para la admisión de esta petición. Como refiere el art. 771 LEC, la solicitud ha de referirse a los efectos y medidas contenidos en los arts. 102 y 103 CC.

Para formular esta solicitud, no será necesaria la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito o actuación posterior.

Debemos señalar que, como establece el art. 771.2 párrafo segundo LEC, en la misma resolución el Juez podrá adoptar de inmediato, inaudita parte, si la urgencia del caso lo aconsejare y antes de la comparecencia de medidas, los efectos a que se refiere el art. 102 CC, y lo que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares.

El art. 771.5 LEC condiciona la subsistencia de los efectos (art. 102 CC) y medidas (art. 103 CC) acordados a que, dentro de los treinta días siguientes a su adopción, se presente demanda de nulidad, separación o divorcio, al igual que lo hace el art. 104 CC.

Examinadas estas actuaciones por el Juzgado competente para conocer del pleito principal, si considerase que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas, convocará a las partes a una nueva comparecencia, que se sustanciará de forma idéntica a la señalada para adoptar estas medidas previas y dentro de los mismos plazos, sustituyendo estas medidas a las anteriores fijadas, y sin que tampoco contra el auto que se dicte se dé recurso alguno.

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demanda ejecutiva dineraria

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  • Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución

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I. Introducción

Hace algo más de diez años que entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463– que ha supuesto, con los marices y objeciones que se quieran, una innegable racionalización del sistema procesal civil español. Se trata de un texto corto y sencillo, en comparación con la norma derogada de 1881 –EDL 1881/1-, cuya disposición y estructura permite una aplicación lógica y coherente. No obstante, la experiencia acumulada durante este tiempo ha revelado inconvenientes y disfunciones no previsibles en el momento de su promulgación en 2000 pero que hoy ha fructificado en una primera gran actualización por Ley 13/2009, de 3 noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial –EDL 2009/238889-, entre cuyas modificaciones se incluye alguna con cierta incidencia en la cuestión que pretendo tratar. Todo ello seguido de una Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal –EDL 2011/222122– que ha introducido también importantes modificaciones en la fase de la ejecución civil.

Una aplicación de la oficina judicial, que, por cierto, ya se está llevando a cabo en muchos partidos judiciales bajo un profundo cambio estructural y organizativo de la sistemática de trabajo de los órganos judiciales bajo la idea de hacerlo bajo servicios comunes en lugar de llevar a cabo las mismas actuaciones juzgado por juzgado, lo que en la materia que aquí analizamos de ejecución se pone en marcha organizando servicios comunes procesales de ejecución que son más eficaces que dotar de más medios, uno por uno, a cada órgano judicial. Además, tradicionalmente las medidas de refuerzo solo se adoptaban en partidos judiciales referentes en cada provincia olvidando a los partidos judiciales servidos por los denominados juzgados mixtos, lo que convertía a estos en una especie de «cenicienta» dentro de la justicia. En la actualidad, pues, vemos un panorama que se asienta sobre la idea de que esta fase de la ejecución procesal civil se lleve a cabo y tramite en unos servicios especializados que den un tratamiento unitario y uniforme a toda la ejecución que se debe afrontar en cada partido judicial.

Pues bien, como toda reforma, ésta es fruto de una continua labor de revisión que debe perseguir dos metas fundamentales: la previsibilidad y la seguridad en la aplicación de la norma jurídica.

Creo que estas dos notas vienen particularmente al caso en materia de ejecución forzosa, objeto de estas reflexiones, en cuanto fase del procedimiento civil con mayores repercusiones sobre el patrimonio de los particulares; se debe exigir, por tanto, un esfuerzo suplementario de orden, claridad y rigor en la satisfacción de créditos documentados en títulos que llevan aparejada fuerza ejecutiva precisamente porque sobre el fondo del crédito mismo no cabe ya discusión alguna. Y si bien así sucede en líneas generales, la redacción de determinados preceptos sobre la materia genera en ocasiones cierta confusión e incluso la indefensión del ejecutado a quien, entiendo, en justa reciprocidad a la imposibilidad en que se halla de discutir el crédito que se le reclama salvo por las estrictas causas que contempla la Ley (concretamente, cuando se trata de títulos extrajudiciales que no van precedidos de proceso declarativo contradictorio), debe quedarle rigurosamente garantizado el derecho a no ser ejecutado más que por las cantidades que estrictamente se desprendan del título ejecutivo.

En mi opinión, ello no siempre sucede cuando, al determinar la cantidad líquida por la que se despacha la ejecución, se incluyen de forma incorrecta partidas adicionales en concepto de intereses ordinarios y moratorios vencidos, a causa de una interpretación a mi juicio errónea del art. 575,1 LEC –EDL 2000/77463– que no tiene en cuenta otros preceptos con los cuales debe ser entendido conjuntamente.

Efectivamente, el art. 575,1 LEC –EDL 2000/77463– dispone que » la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos . » Suele entenderse, en consecuencia, al deducir demanda ejecutiva dineraria que el ejecutante tiene derecho a que el auto de despacho comprenda no sólo el principal reflejado en el título ejecutivo sino los intereses que dicha suma haya generado hasta el momento de la presentación de la demanda, conforme a la liquidación unilateral que él mismo practica. Esta interpretación, ciertamente sustentada en la literalidad del precepto, puede hallar acomodo en la intención manifestada por el Legislador en la Exposición de Motivos de la Ley: efectivamente -se afirma-, la Ley » contiene un conjunto de normas que protegen mucho más enérgicamente que hasta ahora al acreedor cuyo derecho presente suficiente constancia jurídica » por lo que la inmediata ejecutividad de un crédito dinerario incrementado en la suma resultante de aplicarle un tipo de interés cierto y comprobable no debería extrañar a nadie. Y así, sobre la cantidad obtenida (principal más intereses ordinarios y moratorios vencidos) se debería calcular la suma presupuestada provisionalmente en concepto de intereses a devengar durante la sustanciación del procedimiento y las costas. De esta forma lo entienden algunas Audiencias Provinciales, aunque no abundan las resoluciones sobre la cuestión; en este sentido, cabe citar el Auto nº 10/2005, de 19 enero, de la sec. 1ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real:

» En efecto, la práctica forense que, tras la sentencia, permitía una especie de peculiar incidente tendente a concretar los intereses devengados, incidente que tampoco estaba previsto en la Ley anterior aunque explicable al no requerirse en rigor la demanda ejecutiva para iniciar el proceso de ejecución, es con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463– absolutamente rechazable. En ella se considera líquida la cantidad que aunque no se concrete resulte de una simple operación aritmética realizada a partir de las bases establecidas en la sentencia (artículo 219.1), o más ampliamente del título ejecutivo (artículos 572 y 575) y como tal esa cantidad puede ser reclamada, sin más que la realización de esa operación y especificación de las bases que se han tenido en cuenta, en la demanda ejecutiva (artículos 571, 572 y 575). El deudor que considere mal realizada la liquidación, una vez despachada ejecución, puede oponerse mediante la pluspetición (artículo 575.2 y 558). Por ello, no hay ningún procedimiento específico de liquidación, siendo particularmente rechazable el que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé, para otros supuestos, en los artículos 712 y siguientes, ya que el único cauce es, insistimos, la liquidación en la demanda ejecutiva, con eventual oposición por pluspetición y resolución, en el seno del proceso ejecutivo, de esa oposición Por ello, las actuaciones llevadas a cabo en este proceso declarativo tras la sentencia firme, son superfluas y contrarias a la propia ordenación procesal, en cuanto dictada la sentencia firme de condena, ninguna otra actividad puede realizarse que no sea la pura y estrictamente ejecutiva, a salvo de la tasación de costas y de los recursos de aclaración y de completación que prevé la LECiv (artículos 214 y 215) y que desde luego no son atinentes al caso que ahora nos ocupa. Sólo respetando el cauce legalmente establecido se evita la duplicidad de actuaciones que aquí, sin razón alguna, como no sea el seguimiento de una práctica forense desterrada ya por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha producido . «

Entiendo que no es así y que tal conclusión parte de una interpretación sesgada de la norma, contradictoria con otros preceptos de la Ley, y hace sencillamente inaplicables otros tantos concebidos con el fin de determinar la cantidad por la que haya de despacharse ejecución en matera de intereses vencidos, tanto ordinarios como moratorios, y cuya aplicación tras la reciente reforma entiendo que está aún más fuera de duda (vid. nuevo texto del art. 715 LEC –EDL 2000/77463-, que identifica su ámbito natural de aplicación con los procesos en que se haya dictado orden general de ejecución). En todo caso, sugiero una primera objeción: es cierto que el título ejecutivo aparece revestido de unas formalidades que conceden al acreedor la seguridad de que su crédito no es susceptible de discusión: pero ello será así en la medida en que el crédito sea cierto, o lo que es lo mismo, siempre que sus contornos se desprendan indubitadamente de la simple lectura del título. Precisamente por ello la primera actuación del Juzgado al incoar el procedimiento de ejecución es, sin mayor trámite, el despacho, con requerimiento de pago o embargo de bienes caso de que tal requerimiento no sea necesario. Sin embargo, por las mismas razones formales que aconsejan conceder esa fuerza ejecutiva al crédito especialmente documentado, no puede reconocerse tal efecto al crédito accesorio, surgido de la obligación de abonar intereses por la cantidad debida, cuya determinación no aparece revestida de aquellas formalidades sino que nace de la declaración unilateral del acreedor: la suma así obtenida ni ha sido fijada judicialmente ni aparece reflejada en documento cuya confección se haya ajustado a las prescripciones de la Ley. En este caso, por tanto, se impone una declaración judicial, accesoria o incidental si se quiere, pero en todo caso respetuosa del derecho del deudor a intervenir, como pudo hacerlo en el proceso declarativo previo o en la creación del título extrajudicial. Y sin que resulte argumento suficiente, a mi entender, que este derecho quede preservado mediante una eventual oposición por pluspetición pues ésta tendría lugar siempre tras el despacho y embargo de bienes: insisto, el privilegio que para el acreedor supone obtener medidas ejecutivas sobre el patrimonio del deudor puede desplegar su eficacia sólo y exclusivamente respecto de cantidades líquidas en el sentido de los arts. 520, 571 y 572,1 LEC, como ahora se verá, pero nunca antes. El orden a seguir, en consecuencia, debería ser inverso: primero se liquida (el principal ya aparece liquidado en el título) y luego se despacha ejecución por esa cantidad líquida. En mi opinión, dejar al albur de una eventual oposición por pluspetición la ejecución de un título ejecutivo más allá de sus estrictos límites relaja indebidamente la forma, por ello se presta a abusos contra el ejecutado y, por lo demás, es contrario al papel que la Ley reserva al Juez en este aspecto: recuérdese que debe controlar al revisar la demanda ejecutiva que los actos de ejecución que se soliciten sean conformes con la naturaleza y contenido del título (art. 551,1 LEC) y si tal carencia puede dar lugar a la denegación del despacho con mayor motivo ha de permitir una decisión menos gravosa para el ejecutante, es decir, el ajuste del despacho a la tutela ejecutiva que realmente se desprende del título.

Este apartado, sin embargo, no ha sido objeto de especial modificación en la reciente reforma de la LEC -EDL 2000/77463- por Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, ya que en la propia Exposición de motivos del texto se hace constar que en cuanto a las modificaciones que se introducen en materia de ejecución se recoge que: «En cuanto a la ejecución de sentencias, se aclaran aspectos relativos a la relación entre la ejecución especial hipotecaria y la ordinaria, precisando la forma en que la ejecución especial, dirigida contra determinados bienes, pasa a convertirse en general, dirigida contra todo el patrimonio de los responsables. Se reducen trámites en la sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por los trámites del juicio verbal, si bien esta última con contestación escrita, dada la peculiaridad de su objeto. La remisión al juicio declarativo ordinario resulta desproporcionada, y la nueva remisión al juicio verbal evitará dilaciones indebidas en la ejecución.»

En concreto se modifica el apdo. 1 del art. 556 -EDL 2000/77463- queda redactado en los siguientes términos:

«1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente.

También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.»

Quiere esto decir que la novedad consiste en el segundo párrafo añadido ex novo, pero sobre todo en poder alegar en ese instante la caducidad de la acción ejecutiva prevista en el art. 518 LEC -EDL 2000/77463- y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.

También se redacta de nuevo el art. 563,1 LEC -EDL 2000/77463- en los siguientes términos: «1. Cuando, habiéndose despachado ejecución en virtud de sentencias o resoluciones judiciales, el Tribunal competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecutivo, la parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición y, si se desestimare, de apelación.

Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere dictada por el Secretario judicial, previa reposición, cabrá contra ella recurso de revisión ante el Tribunal y, si fuera desestimado, recurso de apelación.» Con ello, se añade en el párrafo segundo una previa reposición ante el secretario judicial de la decisión de este y adicionar un recurso de apelación que hasta ahora no estaba contemplado específicamente.

II. La liquidez de la deuda como presupuesto de toda ejecución dineraria

La exigencia de liquidez formal de la suma pretendida por intereses ordinarios y moratorios vencidos no es en modo alguna contraria al art. 575,1 LEC -EDL 2000/77463-. Por el contrario, la interpretación de este precepto en unión a los arts. 219, 520, 571 a 574, 712, 715, 718 y 719 LEC debería conducir a otra conclusión, la de que la inclusión en la demanda ejecutiva de tales cantidades puede hacerse siempre y cuando su liquidez resulte tan determinada como el principal reclamado. En primer lugar, porque así se desprende de los arts. 520, 571 y 572 LEC, que insisten en que la ejecución sólo podrá despacharse por «(…) cantidad determinada que exceda de 300 euros (…)» -art. 520,1 LEC- (y esta exigencia comprende todos los conceptos por los que se produce el despacho, principal e intereses vencidos), «(…) en virtud de título ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte el deber de entregar una cantidad de dinero líquida (…)» -art. 571 LEC- y expresado en él con «(…) letras, cifras y guarismos comprensibles (…)» (art. 572,1 LEC); y, de entrada, una demanda ejecutiva que contiene una solicitud de despacho por los intereses vencidos que en ella misma se liquidan incumple este requisito porque la propia necesidad de la liquidación unilateral del ejecutante revela que el título ejecutivo no expresa tales conceptos como cantidad determinada en cifras, letras o guarismos comprensibles: de ahí que el acreedor supla esa carencia aportando al tribunal su particular liquidación.

Que el propio legislador ha previsto esta eventualidad y ha querido solucionarla para el caso de determinados títulos extrajudiciales a los que prima especialmente en atención a sus especiales garantías de fehaciencia (los previstos en el art. 517,1, apdos. 4º y 5º LEC -EDL 2000/77463-), lo demuestran los arts. 572,2 y 573,1 LEC. Así, al tratar de conciliar su voluntad de mayor y más rápida efectividad de los créditos documentados en escritura o póliza intervenida con la necesaria participación del deudor en la liquidación de la deuda de intereses, la Ley exige 1º) que así se haya pactado en el título ejecutivo, 2º) que la liquidación se haya practicado conforme a tal acuerdo, 3º) que aquélla haya sido revisada por fedatario (art. 573,1,2 LEC), 4º) que así se acredite acompañando al título certificado expedido por aquél en tal sentido, y, por último, 5º) que esa liquidación haya sido notificada al deudor (art. 573,3). De este modo, no se alcanza a comprender la razón por la que la Ley hubiera de exigir todas estas cautelas para la ejecución de una deuda por principal e intereses documentada con las máximas garantías si conforme al art. 575,1 bastase la simple liquidación unilateral del acreedor. Probablemente ello se deba a que este último precepto se ocupa únicamente de los conceptos por los que puede pedirse el despacho de la ejecución siempre y cuando, como es natural, todos ellos cumplan con las exigencias de determinación y liquidez establecidas por los arts. 520, 571 y 572,1 LEC. Así, en el caso de los créditos formalizados en escritura pública o póliza intervenida por corredor en los que concurran aquellos requisitos, conforme al art. 575,1 LEC, se despachará ejecución por la cantidad fijada en el título como principal y por la que corresponda por los intereses ordinarios y moratorios vencidos porque ambos conceptos están liquidados de forma fehaciente y con intervención del deudor. Se respetan de este modo las exigencias de liquidez y determinación de los arts. 520, 571 y 572,1 LEC. Por el contrario, los créditos documentados en la misma clase de instrumento (escritura o póliza) que no contengan tal pacto o carezcan de liquidación fehaciente o de notificación al deudor, permitirán el despacho por el principal y por los intereses sólo, en cuanto a éstos últimos, si se han liquidado fehacientemente por el medio que con carácter general prevé la Ley fuera del supuesto especial de los arts. 572 y 573: el procedimiento para la liquidación -que así se titula el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley- de daños y perjuicios, frutos y rentas (y los intereses son los frutos que genera el dinero), que más que un procedimiento de ejecución es, por su objeto, un incidente declarativo que se tramita durante la ejecución (art. 712 LEC).

III. La liquidación de intereses de cantidades incluidas en títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales distintos a los contemplados en los arts. 517,1, apdos. 4 y 5 -EDL 2000/77463-, en relación con los arts. 572,2 y 573,1 LEC

Efectivamente, el procedimiento de los arts. 572 y 573 LEC -EDL 2000/77463- constituye un supuesto especial de consideración como líquidas de cantidades exigidas en concepto de intereses a los efectos del despacho de la ejecución y como tal se circunscriben a los supuestos para los que están previstos. Se ha apuntado más arriba lo absurdo que resultaría exigir que la liquidez tanto del principal como de intereses en el caso de la escritura pública o de la póliza intervenida se acredite del modo indicado para aceptar después como regla general que el art. 575,1 permite el despacho de ejecución por intereses que el acreedor liquida unilateralmente sin ninguna formalidad adicional: de ser ello así, lo lógico sería que tal sistema se aplicase con prioridad a aquellos títulos, cuyas mayores garantías de fehaciencia harían especialmente innecesarias las cautelas que, sin embargo, contemplan los arts. 572,2 y 573,1 LEC. Ello debe conducirnos a entender que esos supuestos constituyen una excepción a la regla, explicitada por la Ley en los arts. 712 y ss. y aplicable a los restantes supuestos, de que toda prestación no líquida precisa un previo incidente declarativo que se sustancia durante la tramitación de la ejecución, como expresamente determina el art. 712 LEC: «(…) se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes siempre que, conforme a esta Ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase (…)». No se comparte, pues, la tesis de la resolución citada (considera una mera práctica forense especialmente rechazable el procedimiento de los arts. 712 y ss. LEC), sobre todo ahora, cuando tras la reforma se incluye una referencia más (art. 715) al hecho de que el campo natural de aplicación de este capítulo es la ejecución forzosa.

Esto último no supone contradicción alguna con el art. 219,1 LEC -EDL 2000/77463-. Esta norma, efectivamente, impide la presentación de demandas por las que se pretenda sentencia meramente declarativa del derecho a percibir una determinada cantidad de dinero: «cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética» y de ahí el apartado segundo, a cuyo tenor «…la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución …». Sin embargo, deducir de ello que este precepto convierte en líquidas cantidades no determinadas por el mero hecho de ser liquidables mediante una simple operación aritmética y que ello las asimila a las líquidas a efectos de ejecución (como afirma aquella resolución), no sólo es contrario al propio precepto (que no prohíbe todas las sentencias a reserva de liquidación sino sólo aquéllas que no la permitan mediante simples operaciones, nótese la rúbrica del precepto: «sentencias con reserva de liquidación») sino a la propia definición que de cantidad líquida contiene el art. 572,1 LEC: la constituye toda cantidad de dinero determinada expresada en el título en cifras, letras o guarismos comprensibles, cosa que no se predica de los pronunciamientos ilíquidos por muy sencillas que resulten las operaciones aritméticas necesarias para liquidarlos, que en todo caso deberán efectuase en ejecución de sentencia, dice el art. 219,2 LEC in fine. Porque una cosa es admitir un determinado tipo de pronunciamientos ilíquidos y otra muy distinta es atribuirles liquidez por esa sola razón. Pues bien, exactamente esto es lo que prevén los arts. 712 y ss. LEC: la determinación, en fase ejecutiva, de la cantidad debida en concepto de frutos. Y esto no supone perpetuar, contrariamente a lo afirmado por el Auto citado más arriba, una corruptela contraria a la regla según la cual una vez dictada la sentencia en primera instancia no han de tramitarse más incidentes que los de tasación de costas y aclaración o rectificación pues expresamente remiten los arts. 219,2 y 712 LEC, como se ha dicho, al trámite de ejecución. No se entendería, pues, un auto de despacho de ejecución de una sentencia de condena, en los supuestos de daños causados en accidentes de circulación, que incluyera la ejecución del pronunciamiento relativo al devengo de intereses del art. 20 LCS sin que previamente tal suma hubiera sido liquidada mediante incidente contradictorio y la Ley no prevé otro que el de los arts. 718 y 719 LEC. Tachar de corruptela la liquidación de los intereses del art. 20 LCS -EDL 1980/4219- por medio de incidente durante la ejecución es algo que la realidad nos muestra inexacto. Por el contrario, una vez liquidada esa suma, no debería existir inconveniente en ampliar la ejecución por las cantidades resultantes, como se deduce de la referencia expresa del art. 718,1 al 571. Entiendo, por razones obvias, que esto es aplicable a todo tipo de pronunciamientos ilíquidos, se contengan en el título ejecutivo que se contengan.

Otro tanto sucede respecto del despacho de ejecución por título extrajudicial que documente la obligación de abono de una suma determinada (principal) cuando se pretenda extender el despacho a los intereses ordinarios o moratorios legales o pactados, fuera de los casos de los arts. 517,1, apdos. 4º y 5º, 572,2 y 573,2 LEC -EDL 2000/77463-: la amplitud de la redacción del art. 712,1 así lo permite entender pues, al ocuparse de la determinación de la cantidad debida en concepto de frutos, no distingue según que la deuda resulte de título judicial o extrajudicial: lo relevante es que tal determinación deba producirse durante la ejecución forzosa, lógicamente, para que esa prestación cumpla los requisitos de liquidez exigidos y pueda llevar aparejada ejecución, conforme al art. 575,1 LEC.

Que mediante el presente escrito, y habiendo tenido conocimiento por el Que en primer lugar vengo a SOLICITAR A ESTE JUZGADO TESTIMONIO. vengo a solicitar se emita testimonio de la sentencia de divorcio Duda: el escrito solicitandolo lo tiene que firmar el cliente tambien o puedo. Modelo para pedir el sellito original en sentencia y Convenio Regulador. 07/09/ Borja Pérez. Es frecuente que Modelo-solicitud-testimonio ( kB). Que mediante el presente escrito vengo a solicitar que se haga entrega Testimonio de la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia. ESCRITO AL JUZGADO SOLICITANDO TESTIMONIO DE UNA SENTENCIAJuzgado de Primera Instancia nº google.comProcedimiento . Alguien tiene un modelo de escrito en el que se solicite el testimonio de una sentencia?.

Escrito de la empresa ejercitando la opción a favor de la indemnización en despido improcedente Escrito del trabajador ejercitando la opción a favor de la indemnización en despido improcedente Escrito del empresario depositando la indemnización en el Juzgado de lo Social dentro de las 48 horas siguientes al despido Escrito del empresario depositando la indemnización en el Juzgado de lo Social una vez transcurridas las 48 horas modelo escrito solicitud testimonio sentencia al despido Escrito del trabajador dirigido al Juzgado dando cuenta de la continuidad de la acción de despido pese a la consignación efectuada por la empresa de la indemnización en el plazo legal de 48 horas Escrito del trabajador dando cuenta al Juzgado de que acepta la indemnización consignada por la empresa y renunciando a la acción judicial contra el mismo.

Impugnación de sanciones.

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Demanda de impugnación de sanción. Reclamación al Estado del Pago de Salarios de Tramitación en juicios por despido.

Caso de una compraventa entre padre e hijo

Demanda del empresario en reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación Demanda del trabajador en reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación. Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Demanda de un Sindicato contra la extinción del contrato por causas objetivas de un afiliado Demanda contra la extinción del contrato por causas objetivas que encubre motivos discriminatorios Demanda por despido objetivo con base en una descentralización productiva Demanda de extinción modelo escrito solicitud testimonio sentencia contrato por alguno de los incumplimientos contractuales graves a que alude el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Demanda sobre vacaciones cuando se encuentra fijada la fecha de su disfrute Demanda sobre vacaciones cuando no se encuentre fijada la fecha de su disfrute. Materia electoral.

Demanda sobre impugnación de laudo arbitral dictado en materia de elecciones a representantes de los trabajadores Demanda de impugnación de Laudo Arbitral dictado en materia de elecciones a representantes de los trabajadores sobre exclusión de candidato Con solicitud de suspensión del proceso modelo escrito solicitud testimonio sentencia Demanda frente a la resolución administrativa que deniegue el depósito de actas electorales.

Clasificación profesional. Demanda en reclamación de categoría profesional Demanda en reclamación de categoría profesional acumulada con diferencias salariales Demanda sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo Demanda de movilidad funcional y cantidad. Permisos de lactancia y reducción de jornada por motivos familiares y por violencia de género. Demanda sobre permisos de lactancia Demanda sobre determinación de la reducción de jornada por cuidado de familiares Demanda sobre determinación de la modelo escrito solicitud testimonio sentencia de jornada por violencia de género Demanda de solicitud de reducción de jornada por nacimiento de hijo prematuro Trabajadora que demanda permiso de lactancia teniendo jornada reducida por guarda legal Demanda de derecho a adaptar la jornada a la conciliación de la vida familiar Demanda de derecho a vacaciones tras descanso de maternidad Demanda sobre el derecho al disfrute de descanso por paternidad De la Seguridad Social.

Demanda de impugnación de alta médica Demanda de reclamación de prestaciones de incapacidad temporal Demanda de solicitud de prestaciones de maternidad Demanda sobre el derecho del padre para acogerse al descanso por maternidad al que no tiene derecho la madre Demanda de solicitud de subsidio frente a riesgo modelo escrito solicitud testimonio sentencia el embarazo Demanda de reconocimiento de accidente laboral Demanda de impugnación de alta de oficio en el Régimen de trabajadores autónomos Demanda de trabajador autónomo que reclama en reconocimiento de accidente de trabajo Demanda de invalidez permanente por accidente de trabajo Demanda en solicitud de incapacidad permanente absoluta por agravación de la total reconocida Demanda de la empresa impugnando el recargo por falta de medidas de seguridad Demanda en reclamación de diferencias de pensión de jubilación con responsabilidad empresarial Demanda sobre periodos de cotización asimilados por parto Demanda en solicitud de pensión de jubilación SOVI Demanda en reclamación de reintegro de gastos médicos Demanda en solicitud de pensión de viudedad y orfandad Demanda impugnando la extinción de la pensión de viudedad a raíz de contraer nuevo matrimonio.

Demanda en solicitud de prestaciones de desempleo Demanda contra la denegación de las prestaciones por desempleo por falta de acreditación del cese en la relación laboral. Demanda por desempleo. Base reguladora.

AUDIENCIA DE PRUEBAS 181 CPACA – TESTIMONIOS Y TRASLADO PARA ALEGAR POR ESCRITO

Extinción con jornada reducida por maternidad. Demanda sobre el derecho a percibir desempleo tras la extinción contractual en situación de paternidad. Demanda de trabajador autónomo en base al Estatuto del Trabajador Autónomo, en solicitud de prestaciones por desempleo. Demanda en solicitud de subsidio de desempleo Demanda de reintegro de complementos por mínimos interpuesta por la entidad gestora.

Demanda de impugnación de reintegro de prestaciones Demanda de impugnación de reintegro de prestaciones de desempleo Demanda en solicitud de pensión no contributiva Demanda en solicitud de grado de minusvalía. El proceso de reintegro por el empresario de prestaciones por desempleo. Los procesos de oficio. Conflictos colectivos. Demanda de conflicto colectivo. De la impugnación de convenios colectivos.

Demanda de impugnación de convenio colectivo por ilegalidad Demanda de impugnación de convenio colectivo por lesión a terceros De la impugnación de estatutos de los sindicatos. Demanda de impugnación de resolución administrativa que deniega el depósito de estatutos sindicales Demanda de impugnación por tercero de estatutos sindicales.

De la tutela de los derechos de libertad sindical. Demanda de tutela de libertad sindical Modelo escrito solicitud testimonio sentencia de tutela por conducta discriminatoria Escrito solicitando intervención del Ministerio Fiscal en el pleito. De la audiencia al demandado rebelde. Demanda de solicitud de Audiencia en rebeldía. Aclaración de sentencia.

Escrito de aclaración de sentencia. Recursos contra providencias y autos. Recurso de reposición Impugnación de recurso de reposición Recurso de queja. Recurso de suplicación. Escrito de anuncio de Recurso de Suplicación de un trabajador o beneficiario de modelo escrito solicitud testimonio sentencia Seguridad Social Escrito de anuncio de recurso de suplicación por quien no tenga beneficio de justicia gratuita Escrito de anuncio de recurso de suplicación de una empresa o Mutua de Accidentes de Trabajo condenada a abonar prestaciones periódicas.

Escrito de anuncio de recurso de suplicación y solicitud de designación de Abogado de oficio Escrito solicitando admisión en plazo de recurso por aplicación del art. Escrito de oposición a la admisión del recurso de suplicación por haberse anunciado fuera de plazo. Escrito de oposición a la admisión del recurso por no ser recurrible la resolución impugnada Escrito de formalización del recurso de suplicación Escrito de subsanación de defectos del recurso de suplicación Escrito por el que se solicita la unión de documentos Escrito de desistimiento del recurso de suplicación Escrito de impugnación del recurso de suplicación.

Recurso de casación. Escrito de preparación de recurso de casación Escrito de comparecencia ante el Tribunal Supremo Recurso de queja frente al auto que declara tener por no preparado el recurso de casación Escrito de subsanación de defectos formales en la preparación del recurso. Escrito de subsanación de defectos formales ante la Sala del Tribunal Supremo Escrito de interposición del recurso de casación Escrito de impugnación del recurso de casación.

Recurso de casación modelo escrito solicitud testimonio sentencia la unificación de doctrina. Escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina Escrito de subsanación ante el Tribunal Supremo por no haberse aportado certificación de la sentencia o sentencias contradictorias.

Escrito de formalización del recurso de casación para la unificación de doctrina Escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina Escrito de designación de Abogado para el recurso de casación. Escrito del Abogado de oficio manifestando la improcedencia del recurso.

Recurso de revisión. Escrito de demanda en recurso de revisión.

escrito testimonio sentencia – vLex

Ejecución de sentencias firmes. Escrito de solicitud de ejecución dineraria derivada modelo escrito solicitud testimonio sentencia sentencia Escrito de solicitud de ejecución de una condena a dar, hacer o no hacer Escrito de oposición al auto de ejecución Escrito por el que un tercero solicita intervenir en la ejecución Escrito por el que se señalan bienes sobre los que trabar embargo Petición de embargo de un crédito del ejecutado frente a tercero Escrito de ejecución parcial de sentencia Solicitud de suspensión de la ejecución por mutuo acuerdo Petición del ejecutante en orden a la suspensión de la ejecución Desistimiento de la ejecución Petición de reembargo de bienes trabados en una ejecución seguida ante un órgano de otro orden jurisdiccional.

Petición de embargo de sobrante una vez realizados los bienes trabados en una ejecución anterior. Escrito por el que el deudor manifiesta sus bienes Solicitud de embargo y retención de salarios Petición de remoción de depósito de los bienes embargados Escrito de solicitud de mejora del embargo Escrito por el que se promueve cuestión incidental de tercería de dominio Nombramiento por el ejecutante de perito tasador de los bienes Solicitud de venta por lotes cte los bienes embargados Solicitud del edicto de subasta para su inserción en la prensa Petición de adjudicación de los bienes al ejecutante por no haber postor Solicitud de entrega del principal y fijación de intereses devengados Escrito en solicitud de fijación de intereses y tasación de costas Alegación de preferencia de créditos Escrito de tercería de mejor derecho Escrito al Juzgado por parte del adjudicatario de bienes subastados, solicitando su entrega y medidas a tal fin.

ABOGADOS PENALISTAS EN MADRID

Ejecución de sentencias firmes de despido y materias conexas. Modelo escrito solicitud testimonio sentencia de sentencia de despido nulo Ejecución de sentencias firmes de despido improcedente Ejecución de sentencia firme de despido improcedente de trabajador miembro del comité de empresa o delegado sindical. Ejecución de sentencia firme de despido improcedente con readmisión irregular Escrito de ejecución de sentencia de despido ex art.

Escrito de ejecución de sentencia condenatoria a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones ex art. Siguiente artículo Mínimo de pensión alimenticia. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. La sentencia de divorcio. Artículo anterior Pensión de alimentos a hijos mayores de edad Siguiente artículo Mínimo de pensión alimenticia Divorcio.

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