Direccion general de tributos

Hacienda colapsa tras acumular más de 3.000 dudas tributarias de las empresas

Los asesores fiscales no dejan de quejarse del asunto. La Dirección General de Tributos acumula retrasos de hasta dos años para dar contestación a las consultas planteadas por las empresas o sus asesores legales sobre el modo adecuado de enfocar desde el punto de vista fiscal operaciones especialmente complejas o cuya tributación en el Impuesto de Sociedades no termina de estar clara en la ley. La situación ha llegado a tal punto que, según fuentes del ámbito fiscal, Tributos ha llegado en reconocer en reuniones privadas que el volumen de consultas sin contestar embalsadas en la Dirección General ronda ya las 3.000.

La rotación en la Subdirección General que se encarga de lo referente al Impuesto de Sociedades tras la salida de Begoña García Rozada, que ha impedido dar cauce de forma normalizada al flujo de consultas sobre el impuesto, y el incremento de éstas como consecuencia del endurecimiento de las actuaciones de la Inspección y el repunte de la litigiosidad, (antes se contaban a razón de menos de 2.000 anuales y ahora superan ampliamente las 3.000) se ha unido ahora al incremento de las obligaciones formales a las que tiene que atender el ya de por sí escaso personal de la Dirección General de Tributos por las últimas directivas europeas para configurar un escenario que desde el Ministerio de Hacienda se entiende ya como insostenible, según confirman las fuentes consultadas.

De hecho, Hacienda ya ha comenzado a advertir en reuniones con el sector su intención de dar una vuelta al actual sistema de contestación de consultas tributarias para derivar el grueso de las mismas a la Agencia Tributaria y descargar de atribuciones a los saturados servicios de la Dirección General de Tributos (DGT). Fuentes presentes en estas reuniones avanzan que aunque Hacienda insiste en que no hay una decisión tomada al respecto su plan es que la Agencia Tributaria realice un filtrado previo de las consultas a efectos de determinar si éstas pueden ser resueltas a partir de un criterio ya asentado por la DGT y sólo derive a los servicios de Tributos aquellas consultas sobre las que no exista ya un criterio claro.

«Es un sistema que podría agilizar bastante», concede una fuente de una de las principales organizaciones de asesores fiscales. Argumenta que a la Dirección General de Tributos llegan muchas consultas que pueden resultar repetitivas y que en el esquema actual se tienen que responder una a una. La realización de un filtrado previo por parte de la Agencia Tributaria evitaría esa acumulación de consultas similares y facilitaría que sólo llegaran a Tributos aquellas sobre las que realmente es necesario asentar un criterio.

«Lo que nos han transmitido es que quieren romper con el sistema de responder una a una las consultas tributarias que les presenten los contribuyentes», asegura otra fuente conocedor de esos encuentros. «La idea es agrupar las consultas y que la Agencia Tributaria se encargue de resolver las de carácter técnico, que tengan que ver sobre cómo se debe aplicar el impuesto en un caso determinado». Cuando se trate de un asunto controvertido, que no quede claro en la norma y que exija de una interpretación será entonces Tributos la que establezca un criterio, pero sólo en los casos que sean especialmente significativos bien por la relevancia de la operación o por el volumen de contribuyentes afectados, para evitar así nuevos colapsos en los canales de respuesta a consultas.

Tributos ha ido incluso más allá y ha pedido a las principales organizaciones de asesores fiscales que pidan a sus socios que limiten al mínimo necesario el envío de nuevas consultas a la Dirección General en tanto se monta esta nueva estructura, a fin de evitar que ese embalsamiento de más de 3.000 consultas vaya a más.

El nuevo modelo ya se apunta de alguna forma en el Código de Buenas Prácticas para asesores fiscales lanzado por la Agencia Tributaria hace unas semanas. En el documento, se abre la puerta a la creación de un canal de consulta rápida con la Agencia Tributaria para dar respuesta a las dudas que tengan los asesores fiscales respecto a la aplicación del sistema tributario en una determinada operación de un cliente, siempre que el profesional esté adherido al código.

Las empresas, obligadas a tributar ‘a ciegas’

El bloqueo del sistema de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, que admite el propio Ministerio de Hacienda, está teniendo consecuencias sobre el normal funcionamiento del sistema fiscal. «La principal consecuencia es que los contribuyentes, ante tanta demora, se plantean dejar de hacer consultas a la DGT porque no pueden esperar tanto tiempo para ejecutar y planificar la fiscalidad de sus clientes. No les sale a cuenta», aseguran desde el Registro de Asesores Fiscales.

Embarcada en una cruzada para impulsar la cooperación con los contribuyentes en el cumplimiento tributario, la recepción de las competencias de resolución de dudas por parte de la Agencia Tributaria sería un paso más en ese camino y además estimularía la adhesión de los profesionales de la asesoría a un Código de Buenas Prácticas que ha despertado muchos recelos de partida en la profesión por su intención de ‘comprometer’ a los profesionales en la delación de casos de fraudes fiscales de sus potenciales clientes.

Venta de un inmueble con subrogación de la hipoteca e inversión del sujeto pasivo: si hay una transmisión sujeta al IVA, independiente de la forma de pago, con subrogación o no, es posible la inversión del sujeto pasivo (VC 2270-18, 1-8-2018). Descargar

Letra de cambio emitida en el extranjero: si va a producir algún efecto en España, por presentación al pago, endoso, etc., tributa en España por AJD (VC 2287/18, 3-8-2018). Descargar

A efectos del Impuesto sobre el Patrimonio también la criptomoneda es un medio de pago: como se explica en el artículo publicado en este número (1), empezó por el IVA, y pasará a los demás impuestos (VC 2289/18, 3-8-2018). Descargar

Curiosa consulta sobre la cancelación de una condición resolutoria: primero porque no aclara nada, pero parece decir que la cancelación hecha en escritura pública está sujeta y no exenta de AJD (lo que la diferenciaría de la cancelación de la garantía hipotecaria) (VC 2388/18, 4-9-2018). Descargar

Tributación de una conjunto de bienes vendidos en global: aunque el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, constituyan una unidad (no hay persona jurídica) la DGT no aclara, pero parece considerar que deberá tratarse la transmisión de cada bien separadamente (VC 2498/18, 17-9-2018). Descargar

Escritura de modificación de una propiedad horizontal, por ser mayor la superficie de los elementos privativos: su tributación dependerá de la valoración del incremento, pues por los demás requisitos para tributar parece cumplirlos todos, quedando sujeta a AJD (VC 2620/18, 28-9-2018). Descargar

Tributación de convenio notarial como sociedad civil: para los interesados conveniente lectura integra (VC 2728/18, 15-10-2018). Descargar

Acta de expediente de dominio a falta de título, tramitada conforme al artículo 206 LH y concordantes: si bien no es un acta de notoriedad, quedará sujeta como lo estaban anteriormente las acta de notoriedad complementarias al título adquisitivo del artículo 205 LH (VC 2853/18, 31-10-2018). Descargar

Adjudicación de un inmueble en subasta pública, que es recurrida: la transmisión queda suspendida y con ello la liquidación con su plazo, hasta que se resuelva el recurso (VC 2898/18, 8-11-2018). Descargar

Arrendamiento con opción de compra y deducciones por inversión en vivienda habitual: las cuotas pagadas por opción antes del 1 de enero de 2013 para poder deducirse deben cumplir unos estrictos requisitos previstos en la disposición final 18 de la Ley del IRPF (VC 3056/18, 28-11-2018). Descargar

(1) Eduardo Ávila Rodríguez: “¿Son los Bitcoins medios de pago?”.

Inaceptable tardanza en la contestación de las consultas vinculantes

Supongamos que un cliente viniera hoy a mi despacho con una consulta tributaria, de su mayor interés, y que yo le contestara que, efectivamente, su consulta tiene mucha relevancia estratégica para su negocio, pero que no espere una contestación mía hasta, como mínimo, pasados 18 meses. Con toda probabilidad y con toda razón este cliente prescindiría de mis servicios de forma inmediata.

Pues bien exactamente esta es la situación con la que se encuentran las empresas de este país cuando formulan consultas vinculantes ante la Dirección General de Tributos en relación con el Impuesto sobre Sociedades, que deben ser resueltas por la Subdirección General de los Impuestos sobre las Personas Jurídicas.

Efectivamente, como consecuencia, entre otras posibles razones, de continuas rotaciones en el cargo de Subdirector General de esta Subdirección General, se ha producido un cuello de botella, con más de 2.000 consultas pendientes de ser resueltas a día de hoy, muchas de ellas presentadas en el año 2017 y algunas incluso presentadas en el año 2016. Tampoco ha ayudado el hecho de que esta Subdirección General cuente tan solo con dos Subdirectores Generales adjuntos.

La situación no es de recibo, no solo porque la normativa obliga de forma taxativa a que la Administración resuelva las consultas tributarias escritas en un plazo máximo de seis meses (artículo 88, apartado 6, de la Ley General Tributaria), sino porque esta demora está provocando que muchas operaciones empresariales de carácter estratégico no se lleven adelante, con el consiguiente perjuicio económico que ello puede conllevar no solo para ellas mismas sino también para el conjunto de la economía nacional.

Efectivamente, en numerosas ocasiones los órganos de administración de las empresas deciden que las operaciones estratégicas, como podría ser una fusión o una escisión, no se lleven a término hasta que la Dirección General de Tributos se haya pronunciado «a favor», mediante la correspondiente consulta vinculante.

«A favor» en el sentido de que la operación proyectada, por ejemplo una determinada operación de fusión, puede acogerse al régimen especial de restructuraciones empresariales que regula el capítulo VII, Título VII, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por estar la operación definida en este régimen especial y/o por entenderse, cuando menos a priori, que se lleva a término por motivos económicos válidos.

Pero no estamos hablando tan solo de supuestos relacionados con operaciones de restructuración empresarial, sino también de un sin fin de supuestos. Por ejemplo, y por poner solo un ejemplo, la aprobación en el año 2015 del nuevo incentivo fiscal denominado «reserva de capitalización», generó toda una serie de dudas interpretativas, algunas de ellas todavía pendientes de ser resueltas a día de hoy.

Con respecto a las dudas interpretativas que en general la normativa tributaria genera, me preguntaba un antiguo Subdirector General que si yo había tratado alguna vez de redactar un texto normativo tributario. Me dijo que lo intentara y que entonces vería que la empresa no es fácil. Además, también me comentaba, muchas veces las normas propuestas sufrían cambios en el trámite parlamentario que, en ocasiones, lo que hacían era complicar todavía más la comprensión de las mismas.

En todo caso, resulta del todo punto apropiado poner en valor la propia existencia de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Efectivamente, gracias a estas consultas vinculantes, y me refiero a las emitidas por todas y cada una de las Subdirecciones Generales, los contribuyentes pueden obtener «seguridad jurídica», tanto a favor como en contra, pero «seguridad jurídica» al fin y al cabo, con respecto a una multitud de dudas interpretativas que la normativa tributaria genera.

Haría bien la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como principal responsable político, en tomar nota de esta problemática, la relativa a la tardanza en la contestación de las consultas vinculantes, que podría resolverse, probablemente, mediante el nombramiento de un mayor número de Subdirectores Generales adjuntos en la Subdirección General de los Impuestos sobre las Personas Jurídicas. Estoy convencido de que, en tal caso, la Ministra estará prestando un gran servicio al país.

Las consultas tributarias son uno de los remedios contra la incertidumbre que puede generar la complejidad del sistema tributario. Además, cuentan con la ventaja de ser respondidas por la Administración y de que, por lo general, tengan efectos vinculantes.

De este modo, las consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos refuerzan la seguridad jurídica. Con ello contribuyen a que los agentes económicos puedan tener un poco más claras las consecuencias jurídicas de sus actos.

¿Quiénes pueden formular consultas tributarias escritas?

En primer lugar, la ley faculta a los obligados para realizar las consultas tributarias. Eso incluye a los sujetos pasivos de los diferentes impuestos, pero también a otro tipo de obligados como podrían ser, por poner dos ejemplos, los retenedores o los sucesores de un contribuyente fallecido.

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En segundo lugar, se prevé que también las puedan formular, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados:

  • Colegios profesionales.
  • Cámaras oficiales.
  • Organizaciones patronales.
  • Asociaciones empresariales y organizaciones profesionales.
  • Sindicatos.
  • Asociaciones de consumidores.
  • Asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad.
  • Federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados.

Eso supone que, por un lado, para que estas organizaciones puedan efectuar consultas vinculantes, deben afectar a la generalidad de sus miembros y no a un grupo concreto de ellos. Por otro lado, les debe afectar a ellos mismos. Por ejemplo, un colegio profesional puede consultar sobre algún aspecto tributario relacionado con sus colegiados, pero no con sus clientes.

Finalmente, siempre es posible formular las consultas por medio de un representante que puede ser, por ejemplo, asesor fiscal o abogado de su representado.

¿Sobre qué puede versar una consulta tributaria?

En su momento, las leyes recogían un conjunto de materias dentro de las cuales podíamos efectuar consultas cuya contestación tuviese carácter vinculante. En la actualidad, no existe esa restricción, sino que las podemos formular sobre cualquier aspecto relacionado con el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que nos corresponda.

¿Cuáles son los efectos de las consultas tributarias?

El fin principal que se persigue al formular una consulta tributaria no es solamente resolver dudas fiscales, sino también vincular a la Administración. No obstante, existen diferentes planos en los que podemos analizar los efectos de la consulta.

Los efectos de las contestaciones para el consultante

El consultante podrá actuar, si lo considera oportuno, conforme a los criterios contenidos en la contestación. Sabe que los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos quedan vinculados por ella. Eso incluye, fundamentalmente, a las actividades de inspección, gestión y recaudación.

Por lo tanto, en principio, si, por ejemplo, presenta una autoliquidación conforme a los criterios contenidos en la contestación, no podrían practicar una inspección en la que se liquidase una cantidad más elevada ni le podrían imponer una sanción. Ha actuado conforme al criterio que vincula a la Administración.

Sin embargo, puede suceder que la Administración considere que han cambiado las circunstancias. Por ejemplo, podría haber habido un cambio en la normativa o en la jurisprudencia. Otra posibilidad es que se considere que las circunstancias del caso son distintas de las que se recogían en el escrito de consulta.

No obstante, el consultante puede no estar de acuerdo con la respuesta. En ese caso, es libre de actuar conforme a su criterio, ya que la contestación solamente vincula a la Administración.

Obviamente, si actuase conforme a un criterio distinto al señalado en la contestación, se expone a que la Administración actúe conforme a él. Por ejemplo, podría sufrir una inspección desfavorable. No obstante, podría seguir defendiendo su parecer presentando recursos administrativos (como un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa) y, en su caso, judiciales en la jurisdicción contencioso administrativa.

Los efectos para la Administración

En principio, la Administración (con la salvedad referida a los tribunales económico-administrativos) debería aplicar los criterios contenidos en las contestaciones a las consultas tributarias vinculantes. Eso supone, por ejemplo, que, si nos hacen una inspección, no debería interpretar las normas de forma distinta a lo especificado en la contestación.

Sin embargo, puede justificarse un cambio de criterio por diversos motivos. Obviamente, el primero es que haya cambiado la ley. También ha podido cambiar la jurisprudencia. Además, hay que tener en cuenta que se ha podido producir un cambio de circunstancias desde el momento de la contestación.

Los efectos para otros obligados

Sucede con frecuencia que, ante una duda fiscal, acudamos a consultas tributarias vinculantes emitidas con anterioridad. De esta forma personas y entidades distintas de quien consultó pueden formarse un criterio.

En estos casos, la Administración deberá aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

Efectos frente a los tribunales económico-administrativos y los tribunales de justicia

Los tribunales económico-administrativos y los tribunales de justicia no se ven vinculados por las contestaciones. Eso implica que pueden entender que las normas deben aplicarse siguiendo otro criterio. Sin embargo, si se apartan del criterio de la consulta vinculante, no ha de ser para resolver de una forma más desfavorable para el obligado.

¿Cómo se formula una consulta tributaria?

Para formular una consulta tributaria debemos tener en cuenta algunos aspectos.

Los medios por los que se pueden formular las consultas tributarias

Siempre se debe hacer por escrito. Podemos hacer uso de los medios electrónicos, si así lo preferimos. No obstante, esta opción de elegir o no los medios electrónicos no es posible para determinados obligados, ya que la ley obliga a relacionarse con la Administración siempre por medios electrónicos a:

  • Las personas jurídicas.
  • Las entidades sin personalidad jurídica.
  • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma determinada reglamentariamente por cada Administración.

El modelo CT

Se trata de un formulario que deberemos rellenar con los datos del presentador y, en caso de que actúe como representante, de su representado, junto al centro al que se dirige (Dirección General de Tributos) y el asunto (iniciación del procedimiento de presentación de consulta tributaria a la Dirección General de Tributos). Además, deberemos adjuntar el formulario de datos complementarios requeridos de consulta tributaria y cualquier fichero adjunto que consideremos oportuno añadir para la resolución de la consulta.

Por otro lado, si queremos además de rellenarlo, enviarlo telemáticamente, deberemos disponer de DNI electrónico o de un certificado X509.3 reconocido.

El contenido mínimo de la consulta

En la consulta deben figurar, al menos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

b) Manifestación expresa de si en el momento de presentar el escrito se está tramitando o no un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa relacionado con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda planteado en la consulta, salvo que esta sea formulada por las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) Objeto de la consulta.

d) En relación con la cuestión planteada en la consulta, se expresarán con claridad y con la extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del caso.

e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

¿Quién es competente para contestar una consulta tributaria?

En el ámbito de competencias del Estado, lo es la Dirección General de Tributos. Mientras, en el de las CCAA, los son los órganos correspondientes que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación. En el de las Entidades Locales, la entidad que ejerza las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Así, si nos surge una duda relacionada con la normativa estatal nos dirigiremos a la Dirección General de Tributos. Pero puede suceder que en un determinado impuesto convivan la normativa estatal con la autonómica o con una ordenanza fiscal, por ejemplo. En esos casos, realizaremos la consulta a la Administración del ámbito en el que se aprobó la norma. También consultaremos a los órganos correspondientes autonómicos en el caso de que la cuestión esté relacionada con sus tributos propios.

El momento para formular una consulta tributaria

Podemos realizarlas antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. No se prevé, por ejemplo, la posibilidad de presentar una consulta con el fin de saber cómo tendríamos que declarar en una autoliquidación complementaria algo que no declaramos en su día.

Aunque la consulta se efectúe en plazo, no tendrá efectos vinculantes la contestación en los casos en los que se planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

Además, hay que tener en cuenta que la presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, que presentar un determinado modelo antes de una fecha concreta, no se amplía el plazo por haber presentado una consulta relacionada con la presentación del modelo.

Los aspectos internacionales de las consultas tributarias

Se pueden formular consultas tributarias sobre dudas fiscales relacionadas con establecimientos permanentes de entidades no residentes o de operaciones transfronterizas. La diferencia es que, en estos casos, se exige que la consulta vaya acompañada de un conjunto de datos adicionales a los habituales.

¿Qué pasa si la consulta no se formula correctamente?

Si enviamos una consulta que no cumpla con los requisitos mínimos, la Administración nos notificará que no los cumple. Nos dará un plazo de 10 días para subsanar los defectos. Si no atendemos a ese requerimiento, la consulta será archivada sin que obtengamos la respuesta vinculante de la Administración que pretendíamos.

Otra posibilidad es que el problema no surja por la consulta en sí y los datos contenidos en ella, sino por el momento de presentarla. Sería el caso, por ejemplo, si consultamos sobre cómo habría que declarar una determinada operación después de que haya terminado el plazo para hacerlo. En ese supuesto nos enviarían una notificación diciéndonos, sin más, que no se admite la consulta.

¿Cómo es el procedimiento para la contestación?

La Administración dispone de un plazo de seis meses para contestarnos. Sin embargo, que transcurra ese período de tiempo sin contestación no implica que podamos ni dar por aceptados los criterios que hubiésemos podido expresar en el escrito de consulta, ni presentar ninguna clase de recurso.

Por desgracia, los retrasos en la contestación son más habituales de lo deseable. Precisamente por esa razón, el Defensor del Pueblo inició en octubre de 2017 actuaciones para conocer los motivos.

Mientras tanto, la Administración tiene tiempo no solamente para estudiar la consulta, sino también para requerirnos la documentación o información adicional que considere necesaria. Además, también podrá solicitar de otros centros directivos y organismos los informes que se estimen pertinentes.

¿Se pueden recurrir las consultas tributarias vinculantes?

No. Lo que sí se pueden recurrir son los actos de la Administración en los que se haya aplicado los criterios contenidos en la respuesta.

Las bases de datos de consultas tributarias

La Dirección General de Tributos nos facilita el acceso al contenido de las contestaciones a las consultas en dos bases de datos. Por un lado, está la de las propias consultas vinculantes.

Por otro lado, hay contestaciones a consultas generales, así denominadas porque sus criterios no son vinculantes. En general, son consultas que o bien son anteriores a la reforma que permitió extender ampliamente los efectos de las consultas tributarias, o bien son consultas que se refieren a colectivos dentro de los cuales hay personas o entidades incursas en algún procedimiento en el momento de formularse la consulta.

¿Cuáles son las alternativas más importantes a las consultas tributarias para resolver dudas fiscales?

La primera es informarnos por nosotros mismos. Será más sencillo o más complejo, fundamentalmente, en función de nuestros conocimientos fiscales. Podemos recurrir, principalmente, a la normativa. También es de utilidad consultar la jurisprudencia, doctrina administrativa, libros y revistas especializados, contenidos divulgativos, contenidos digitales de todo tipo, etc.

La segunda es recurrir a los teléfonos de asistencia de la Agencia Tributaria. La respuesta será más rápida y menos formal, pero no debemos olvidar que no tiene carácter vinculante.

La tercera opción es recurrir a nuestro asesor fiscal. Tiene la ventaja de que se trata de un profesional que puede descubrirnos nuevas dudas y soluciones. En todo caso, puede analizar más en conjunto toda nuestra situación y planificación tributaria.

En todo caso, las consultas tributarias son una referencia muy importante. Y lo son no solamente por sus efectos vinculantes. También lo son por la exposición de criterios sobre casos concretos. La teoría de la norma se traslada a la realidad de los obligados tributarios. Ese proceso ayuda a comprender mejor el funcionamiento de los impuestos.

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Criptomonedas (bitcoins, ripple…): la Dirección General de Tributos emite varias Consultas Vinculantes aclarando su tratamiento fiscal

En lo que va de año 2018, la Dirección General de Tributos ha emitido diversas consultas vinculantes en torno a las criptomonedas (bitcoins, ripple…). Recopilamos las más destacadas:

1. Tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio (Consulta Vinculante V2289-18, de 3 de agosto de 2018). Las criptomonedas son monedas de tipo virtual que permiten compras de bienes y pago de servicios a través de Internet. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido su condición de medios de pago. Por tanto, entiende la Dirección General de Tributos, desde la perspectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, habrán de declararse junto con el resto de los bienes de titularidad de la persona física, de la misma forma que se haría con un capital en divisas, valorándose en el impuesto a precio de mercado a la fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada año (artículo 24 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, que regula el impuesto), en definitiva, por su valor equivalente en euros a dicha fecha.

En línea con esta última consulta vinculante, la Dirección General de Tributos ha emitido otras en la misma línea, dejando claro que desde la perspectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, los bitcoins (y figuras análogas) habrán de declararse junto con el resto de los bienes, de la misma forma que se haría con un capital en divisas, valorándose en el impuesto a precio de mercado a la fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada año (artículo 24 de la Ley 19/1991, de 6 de junio), en definitiva, por su valor equivalente en euros a dicha fecha (Consultas Vinculantes V0590-18, de 1 de marzo de 2018 y V0250-18, de 1 de febrero de 2018).

2. IRPF. Las operaciones de intercambio y venta de monedas virtuales (bitcoins, ripple…) deben incluirse en la declaración del IRPF. La Dirección General de Tributos deja muy claro que las operaciones de intercambio y venta de monedas virtuales deben incluirse en la declaración del IRPF (Consulta Vinculante V0999-18, de 18 de abril de 2018). Pinche aquí para consultar el análisis de la consulta efectuado por nuestros expertos del área fiscal.

3. Compra venta de bitcoins, litecoins y ripple: Hacienda aclara cuál debe ser su tributación en el IRPF. (Consulta Vinculante V0808-18, de 22 de marzo de 2018, en línea con la consulta anterior). Partiendo de la premisa de que las compras y ventas de monedas virtuales efectuadas por el consultante no se realicen en el ámbito de una actividad económica, dichas operaciones darán lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales, de acuerdo con el artículo 33.1 de la LIRPF, cuyo importe será, según el artículo 34 de la misma Ley, la diferencia entre los respectivos valores de transmisión y de adquisición.

4. Servicios financieros vinculados con las criptomonedas. A estas consultas tres consultas, se les suma otra en la que la Dirección General de Tributos deja claro que los Bitcoins, criptomonedas y demás monedas digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con las mismas están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos establecidos en el artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992 (Consulta Vinculante V1748-18 de 18 de junio de 2018). En esta consulta, planteada por un consultante que se dedica al minado de Bitcoins, habiendo adquirido determinados componentes para el desarrollo de su actividad, la Dirección General de Tributos determina también que la realización de operaciones de minado de bitcoins no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido no generarán el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el consultante.

Por: Estela Martín

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