Devolución clausula suelo

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Devoluciones cláusula suelo: ¿cómo tributan a Hacienda?

Combate las cláusulas suelo

Como regla general, las cantidades devueltas que la entidad bancaria cobró indebidamente como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo, no hay que incluirlas como ingreso en la declaración de la renta, con las siguientes excepciones:

  • Si en alguna declaración de la renta de los ejercicios 2013 y siguientes, el contribuyente aplicó la deducción por vivienda (estatal o autonómica) sobre las cantidades que ahora recupera, tendrá que devolver la deducción practicada, sin que Hacienda aplique intereses de demora. Para indicar que se trata de una regularización por la cláusula suelo, deberá rellenar las casillas 0539 y 0544 y marcar las casillas 0540 y 0545.
  • El contribuyente no tendrá que devolver las deducciones en el caso de que acuerde con su entidad que, en lugar de pagarle en efectivo, destine las cantidades a amortizar capital del préstamo. Si sólo se destina una parte de la devolución a amortización, por el importe no utilizado para amortizar sí habrá que devolver la deducción correspondiente. Dado que el límite máximo de base de deducción por inversión en vivienda es de 9.040 euros, habrá que comprobar para cada uno de esos ejercicios en los que se aplicó la deducción, si operó este límite o no. Desde OCU recomendamos recuperarlo todo en efectivo y no amortizar capital con la devolución que le haga la entidad bancaria.
  • Si en alguna declaración de la renta de los ejercicios 2013 y siguientes, los intereses pagados de más por la cláusula suelo se consideraron como gasto deducible de los rendimientos de capital inmobiliario (alquileres) o de actividades económicas, habrá que presentar declaración complementaria de cada ejercicio afectado, pero sin tener que abonar intereses de demora, ni sanción, ni recargo. El plazo para presentar la complementaria se inicia desde la fecha del acuerdo, sentencia o laudo arbitral y acaba el día que finaliza el siguiente plazo de presentación de la declaración de IRPF.

¿Y los intereses indemnizatorios y costas judiciales?

Los intereses indemnizatorios corresponden al interés legal que la entidad debe abonar como indemnización por el cobro indebido durante el tiempo que corresponda por lo que no hay que incluirlos en la declaración de la renta.

Por otro lado, si en la sentencia se condena a la entidad al pago de las costas judiciales, dicha cantidad debe incluirse en la declaración de la renta como ganancia patrimonial de la base imponible general.

Si optas por amortizar capital, no podrás deducirte

Recordamos a los consumidores que si se llega a un acuerdo, sentencia o laudo, antes de que finalice la campaña para presentar la declaración de 2017 (hasta el 2 de julio de 2018) no deberán incluir en su declaración las cantidades que se pagaron de más en 2017, ni como parte de deducción ni como gasto deducible, es decir se deberá incluir como deducibles solo las cantidades que debió pagar sin aplicar la cláusula suelo. Si se opta por amortizar capital en lugar de recibir el dinero en efectivo, no se podrá deducir por ese importe amortizado.

Además, si en años anteriores el contribuyente consiguió que su entidad le devolviera lo pagado de más por la cláusula suelo, ya sea por sentencia o por acuerdo extrajudicial y regularizó sus deducciones en el IRPF, tuvo que pagar intereses de demora. Asimismo debió incluir en su declaración los intereses legales que le pagó su banco.

Dado que ahora no hay que declarar los intereses legales ni pagar intereses de demora, se podrá solicitar a Hacienda la rectificación de las autoliquidaciones, solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la tributación de los intereses indemnizatorios declarados.

Si quieres reclamar la cláusula suelo de tu hipoteca, te recordamos que ponemos a tu disposición una calculadora con la que podrás comprobar si las cantidades ofrecidas por la entidad con correctas:

Usa la calculadora de cláusula suelo

Las cláusulas suelo en la declaración de la renta

La campaña de la renta es temida por millones de contribuyentes. La confección de la declaración es engorrosa y lo es más si, durante estos años, se ha recuperado el dinero pagado de más por las cláusulas suelo. ¿Cómo incluir las cláusulas suelo en la declaración? Es una de las preguntas más repetidas en España en estos meses, por lo que conviene estar bien informados y realizar la declaración a la perfección: cualquier error con Hacienda se paga caro.

En esta entrada se explican todos los detalles: la tributación de la devolución de la cláusula suelo, cómo se declara en la renta y en qué casillas en un caso supuesto.

Cláusulas suelo en declaración de la renta: por lo general, no tributan

En primer lugar, conviene conocer que la devolución de las cantidades cobradas por las entidades de forma indebida no tributan, ya bien sea por vía judicial o por extrajudicial. La Agencia Tributaria deja claro en sus manuales que «no procede» la inclusión de estos datos de cláusulas suelo en IRPF, ya bien sea si se devuelve por un acuerdo entre las partes, como si es por una sentencia judicial.

Igualmente, ocurre lo mismo con los intereses de indemnización que el banco se ha visto obligado a pagar (en el caso de que exista una sentencia dictada). Eso sí, las costas que deba abonar la entidad (honorarios o gastos de procuradores) sí tienen que declararse como ganancia patrimonial de la base imponible general.

Lo más complicado al declarar las cláusulas suelo: corregir anteriores declaraciones

Lo complicado llega en este supuesto: ¿qué ocurre si se aplica la deducción por inversión en la vivienda habitual, en anteriores ejercicios y sobre los intereses abonados de más? Ante esta situación, el organismo establece que no se dispone del derecho a beneficiarse de una desgravación de este capital, así que se tiene que incluir toda la cuantía económica deducida indebidamente.

En concreto, se deben realizar las sumas de las cantidades deducidas incorrectamente en las cuotas líquidas estatales o autonómicas, como recoge el artículo 59 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. No obstante, el organismo aclara que no se aplicarán intereses de demora (a diferencia de otras situaciones donde se pierde el derecho a deducir). En la propia declaración, para indicar que se trata de regularizar ingresos, se deberán rellenar las casillas 0539 y 0544, marcando además las casillas 0540 y 0545.

Asimismo, aclarar que esta pérdida de derecho a deducir cantidades tiene un carácter limitado. Lo tiene porque las deudas con Hacienda que no se reclaman prescriben a los cuatro ejercicios, por lo que únicamente se tendrán que incluir las cantidades deducidas de los ejercicios 2015 a 2018, ambos inclusive.

¿Qué ocurre cuando la entidad ofrece amortizar capital?

En este caso, el contribuyente no deberá devolver las deducciones practicadas en el caso de acordar con la entidad financiera que no le pague en efectivo, pero sí destine estas cantidades a la amortización de capital del préstamo. Si únicamente se destina una parte de la devolución a amortizar, sí se deberá incluir la parte correspondiente y devolver la deducción.

Eso sí, el límite máximo de base de una deducción por la inversión en vivienda es de 9040 euros. Por lo tanto, se debe comprobar para todos los ejercicios en los que se aplicaba la deducción si existió este límite o no. En estos casos, los expertos recomiendan recuperar todo en efectivo para evitar estas complicaciones.

¿Se deben declarar las cláusulas suelo en la renta? En esta entrada te explicamos los supuestos que se deben tener en cuenta. ¡Recuerda realizar bien la declaración para evitar errores con Hacienda!

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¿Cómo declarar las devoluciones por cláusula suelo en la campaña de la Renta 2018?

La campaña de la Renta 2018 lleva una semana en marcha, así que ha llegado el momento de sacar la calculadora, el bolígrafo, el cuaderno y la visera para empezar a hacer números. Salvo si se paga a un gestor, confeccionar la Declaración siempre resulta engorroso, pero este proceso lo es aún más para quienes recuperaron el dinero que pagaron de más por la aplicación de la cláusula suelo. Este artículo recoge cómo hay que proceder en estos casos, si decidimos hacer todo el papeleo por nuestra cuenta: si hay que declarar las devoluciones, qué ocurre con las deducciones practicadas hace años, etc.

Lo devuelto no tributa

Lo primero que debemos saber es que lo que nos devuelva el banco por la aplicación indebida de las cláusulas suelo, ya sea por la vía judicial o por la extrajudicial, no se declara. En ese sentido, la Agencia Tributaria deja claro que “no procede” incluir ese dinero en la Declaración del IRPF, “tanto si la devolución deriva de un acuerdo celebrado entre las partes, como si es consecuencia de una sentencia judicial”.

  • ¿Cómo ganarle al banco la lucha contra la cláusula suelo?

Y lo mismo ocurre con los intereses indemnizatorios que la entidad se haya visto obligada a pagarnos, si un juez lo ha sentenciado así. No obstante, las costas judiciales que abone el banco (gastos de procurador, honorarios de los abogados…) sí deben declararse como una ganancia patrimonial de la base imponible general.

Hay que corregir anteriores declaraciones

Pero ¿qué sucede si aplicamos la deducción por inversión en vivienda habitual en anteriores ejercicios sobre esos intereses abonados de más? Ante este tipo de situaciones, Hacienda establece que no tenemos derecho a beneficiarnos de la desgravación de ese dinero, así que tendremos que incluir toda esa cantidad de dinero indebidamente deducida en la Declaración de este año.

En concreto, debemos sumar esas cantidades que dedujimos de forma incorrecta a las cuotas líquidas estatales o autonómicas, tal y como establece el artículo 59 del Reglamento del IRPF. No obstante, la Agencia Tributaria aclara que, a diferencia de lo que ocurre con otras situaciones donde se pierde el derecho a deducir, en este caso no se nos cobrarán intereses de demora.

Además, esa pérdida del derecho a la deducción tiene un carácter limitado. Y es que las deudas con Hacienda no reclamadas prescriben a los cuatro años, así que solo tendremos que incluir las cantidades deducidas de forma indebida durante los ejercicios de 2018, 2017, 2016 y 2015.

Asimismo, la Agencia Tributaria prevé una situación en la que no es necesario llevar a cabo este proceso: si el banco nos redujo el importe de la hipoteca, en vez de devolvernos el dinero en metálico. Matiza, eso sí, que sobre esa cantidad reducida no se puede aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

Imagen: GotCredit

Los gastos deducibles no se salvan de una complementaria

Peor lo tienen los que tenían alquilada la vivienda hipotecada y declararon como gasto deducible lo que pagaban de más por culpa de la cláusula suelo, ya fuera en los rendimientos del capital inmobiliario o por actividades económicas. Como en el caso anterior, Hacienda considera que ese dinero pierde la consideración de gasto deducible, así que hay que presentar una Declaración complementaria de los últimos cuatro ejercicios quitando esos gastos.

La fecha límite para hacerlo es la misma que para enviar la Declaración del ejercicio de 2018: hasta el 1 de julio de 2019. Si tenemos dudas, entre el 9 de mayo y el 28 de junio podemos solicitar una cita previa para acudir a las oficinas de Hacienda, aunque el servicio de atención presencial no se abre hasta el 14 de mayo.

Si no queremos esperar hasta entonces, también podemos acogernos al Plan “Le Llamamos” de la Agencia Tributaria, con el que recibiremos atención telefónica para confeccionar de modo correcto nuestra Declaración. Para beneficiarnos de este servicio hay que pedir cita previa por Internet, por teléfono o a través de la aplicación móvil del propio organismo público.

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Costas judiciales ganancia patrimonial en IRPF

El beneficiario de asistencia jurídica gratuita no tiene que tributar por las costas judiciales, por no existir ganancia patrimonial sujeta al IRPF.

Las costas son gastos del procedimiento a cargo de las partes, principalmente por los conceptos de honorarios de letrado y procurador, cuando sea preceptiva su intervención, y derechos de peritos.

Dichos gastos son satisfechos por cada parte durante la tramitación del procedimiento y a medida que se van produciendo, si bien pueden ser finalmente impuestas por sentencia a una sola de las partes.

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 2005 ha definido las costas como un reintegro de los gastos realizados al litigante que obtiene una sentencia favorable, por parte de quien resulta condenado en tal concepto.

¿Tiene obligación de tributar el favorecido por el cobro de las costas?

La Dirección General de Tributos considera (Consultas Vinculantes varias: V0888-14; V2909-14; V0272-16; V0767-16; entre otras) que: “la incidencia tributaria viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero, constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 Ley del IRPF”.

Por tanto, el vencedor de un pleito que recibe el abono de sus gastos de representación y defensa de la parte vencida condenada al pago, según la Ley de IRPF tendría una ganancia patrimonial, que deberá incluirse en la declaración del ejercicio correspondiente a aquel en que adquiere firmeza la sentencia, incluyéndose esta cantidad en la base imponible general del impuesto.

Paradójicamente, el vencedor del litigio, que ha satisfecho previamente los honorarios del abogado y procurador por el contratados, salvo que el proceso traiga cuenta del ejercicio de su actividad empresarial, no puede deducirse dicho gasto, que se considerará un gasto debido al consumo, es decir, no deducible de acuerdo con el apartado 5 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no pudiendo por tanto computarse como pérdida patrimonial.

El criterio de la Agencia Tributaria desvirtúa el fin restitutorio de la lesión que sufre el patrimonio del vencedor que ha soportado los gastos del proceso. Por ello, el Defensor del Pueblo, en RECOMENDACIÓN de fecha 18 de julio de 2017, proponía estudiar la modificación de la tributación de las costas judiciales como ganancia patrimonial sujeta al IRPF, de forma que se tributara exclusivamente la cantidad que excediera de los gastos del proceso, petición que fue rechazada por el Ministerio de Hacienda.

La obligación de declarar las costas como ganancia patrimonial en el IRPF tiene su excepción en el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita.

El importe percibido por costas por un beneficiario de justicia gratuita y que, a su vez, traslada a los profesionales que le han prestado sus servicios no tiene incidencia alguna en su liquidación del IRPF.

Como dispone el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

“El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso“.

Según criterio de la Dirección General de Tributos (DGT), los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no asumen los gastos de defensa jurídica, sino que son las Administraciones Públicas quienes a través de los Colegios de Abogados satisfacen a los letrados la indemnización por los servicios de asistencia jurídica gratuita prestada en el turno de oficio.

Concretamente, en Resolución Vinculante V0262-18, 07-02-2018, la DGT, se pronuncia en los siguientes términos:
“Cuestión:
Incidencia del cobro de la condena en costas en la tributación por el IRPF del consultante.

Descripción
El consultante ha sido beneficiario de la asistencia jurídica gratuita en un procedimiento judicial contra una entidad financiera. Obtenida sentencia favorable, se condena en costas a la entidad demandada. La abogada de oficio presenta la factura de sus honorarios ante el juzgado, honorarios cuyo importe es abonado por la parte condenada al consultante, quien a su vez lo entrega a su abogada.

Contestación
En los supuestos de condena en costas este Centro directivo viene manteniendo el criterio (consultas nº 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13 y V2909-14, entre otras) —tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste—, de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados, procuradores y peritos de la parte vencedora sino una indemnización a esta última, por lo que aquella parte (la condenada) no está obligada a practicar retención, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre tales honorarios profesionales.”

Conforme con el criterio expuesto, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, el pago (por parte de la entidad condenada en costas) de los honorarios del abogado, procurador y peritos en que ha incurrido la consultante (en su ámbito particular), la incidencia tributaria para esta última viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa, representación y peritación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29):

“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

Ahora bien, este planteamiento genérico sobre la consideración del pago de las costas como ganancia patrimonial para la parte vencedora no puede ser ajeno, en el caso analizado, a la condición del consultante como beneficiario de la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento en el que se ha condenado en costas a la otra parte.

En la Exposición de Motivos de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE del día 12) se indica que “la previsión constitucional del artículo 119 —la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar— ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 recoge el mandato constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos”.

Ya en su articulado, la referida ley establece en su artículo 36 para los supuestos de condena en costas lo siguiente:

“1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla.
(…)

5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso.

Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a las normas sobre honorarios de abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los procuradores vigentes en el momento de la sustanciación del proceso”.

Por tanto, los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no asumen los gastos de defensa jurídica, sino que son las Administraciones Públicas quienes a través de los Colegios de Abogados satisfacen a los letrados la indemnización por los servicios de asistencia jurídica gratuita prestada en el turno de oficio. Con este planteamiento, y dando así respuesta a la cuestión planteada, cabe afirmar que el importe percibido por el consultante por la condena en costas y que, a su vez, traslada al abogado que le ha prestado sus servicios no tiene incidencia alguna en su liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

Es importante tener en cuenta el criterio de la DGT por cuanto la Agencia Tributaria únicamente recibe de las entidades vencidas en juicio, – de especial mención por numerosos, los pleitos sobre preferentes y cláusulas suelo -, información sobre el pago de las costas procesales y desconoce si la parte vencedora en el pleito disfruta o no del beneficio de justicia gratuita, de modo que la Administración reclamará al sujeto pasivo del impuesto el pago de las costas aun cuando éste no tuviera obligación de tributar por dicho concepto. En dicho caso, bastará con acreditar que se ha litigado gratuitamente para que la Administración archive el procedimiento de comprobación limitada.

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IRPF y condena en costas

Siguiendo con el comentario que hice en la última entrada, relativa al IVA de la condena en costas, quiero hablar ahora que estamos en campaña del Impuesto sobre la Renta 2018 de otro tema que forma parte de mis reflexiones sobre el tratamiento tributario de la condena en costas, merecedoras del Premio Sección Derecho Tributario 2018 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El trabajo, así como los de los compañeros y compañeras que han ganado los premios de las distintas Secciones, está publicado en el Anuario jurídico Secciones del ICAM, de la editorial Sepín, 2019.

Me refiero hoy al tratamiento tributario que reciben las costas judiciales en quien las percibe, si es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así como en el post anterior comentaba el tratamiento tributario en el IVA y defendía que, al menos, no debía imponerse sanción, porque había una interpretación razonable de las normas, en este caso la problemática es distinta y, al menos en mi despacho de abogados, no he visto que se hayan impuesto sanciones, sino solo he visto la problemática de tributar por el IRPF.

Recordemos que la condena en costas es el pronunciamiento judicial, contenido en el fallo de una sentencia o auto, por el cual una de las partes viene obligada a indemnizar a la parte contraria por las costas procesales (abogado, procurador, perito…) que ha tenido que soportar, y que su razón de ser no es otra que resarcir o indemnizar al vencedor en un juicio por el coste que le ha supuesto supone litigar.

Es decir, nos ponemos en el caso de una persona que ha ganado un pleito y recibe de la parte contraria un dinero en concepto de costas procesales, dinero que le reconoce el Juzgado o Tribunal, en la idea de que se ha tenido que meter en un procedimiento judicial y pagar a un abogado injustamente: bien porque le han reclamado un dinero sin que quien se lo reclamaba tuviera derecho a ello, bien porque se ha visto en la tesitura de iniciar un procedimiento judicial para que se vea reconocido un derecho que injustamente se le había denegado.

¿Es renta este dinero que percibe el vencedor de un juicio como costas procesales? ¿Y no está exenta?

Recordemos que con arreglo a la Ley del IRPF no todas las indemnizaciones están exentas, y ésta, desde luego, no es una de las rentas que la Ley recoja como exentas. Por tanto, ha de tributar.

La Dirección General de Tributos (DGT) del Ministerio de Hacienda considera que desde luego es renta, que tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en concreto, la califica como una ganancia patrimonial.

Tristemente, esta cuestión salió a la luz cuando se dictaron muchas sentencias favorables a los consumidores en materia de participaciones preferentes y cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios.

La DGT dijo que los importes que percibieran estas personas como costas procesales eran ganancia patrimonial que no procede de una transmisión, y que, por consiguiente, su cuantificación venía dada por el importe percibido de la condena en costas, sin minoración de gastos, y que se integraba en la base imponible general del Impuesto, y además, que se debía computar en el ejercicio en que se devengara, que es cuando la resolución judicial por la que se reconocen las costas adquiere firmeza.

También dijo la DGT que se debía tributar en el IRPF por todo lo percibido, esto es, que la persona que cobra las costas procesales para con ello hacer frente a los gastos del juicio, no puede deducir lo satisfecho a los profesionales encargados de su defensa y representación.

Esto es así solo en el caso de que las personas que reciben esta indemnización sean personas físicas que no tengan la condición de empresarios o profesionales, porque si quien percibe estas costas procesales es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero como empresario o profesional, entonces, aunque también debe incluir en la base imponible de su respectivo impuesto sobre la renta la indemnización percibida, sí puede deducir como gasto lo que a su vez pague al abogado y procurador.

Esta diferencia de trato, entre personas físicas profesionales y no profesionales ¿vulnera el artículo 14 de la Constitución, es decir, el principio de igualdad? ¿Y vulnera el artículo 31 de la Constitución Española, que reconoce que todos debemos contribuir de acuerdo con nuestra verdadera capacidad económica?

El Defensor del Pueblo incluso ha formulado recomendaciones de modificación de la Ley del IRPF por este tema, en la idea de que el principio de capacidad económica exige que haya una riqueza a gravar y una capacidad de pago por parte del contribuyente, y que no parece aceptable exigir un gravamen por una riqueza que puede no ser real.

¿Es lógico, con arreglo a los principios de justicia tributaria, que la persona beneficiaria de una condena en costas tenga que declarar una renta que no hace suya, ya que con ella ha de pagar a los profesionales que se ocuparon de su defensa?

¿No se produce, además, una doble imposición por una misma renta, porque lo que percibe el cliente tributa además en sede del abogado, que es el destinatario final natural de ese dinero?

El criterio de la DGT se basa en la definición de “ganancias patrimoniales” del artículo 33 de la Ley del IRPF, con arreglo al cual éstas son “variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente”. Pero ¿se produce verdaderamente esta “variación en el valor del patrimonio del contribuyente” si se percibe este dinero para con él pagar al abogado, al procurador y al perito?

¿Y por qué la persona condenada al pago de las costas procesales, sin embargo, sí puede deducir en el IRPF como gasto (si se produce en el desarrollo de una actividad económica en estimación directa) o como pérdida patrimonial (si no tiene tal condición), el importe que satisfaga a la parte contraria? ¿Por qué aquí se considera que sí que hay una “alteración en la composición de su patrimonio”, y que sí que se produce una “variación” en su valor?

A la vista de lo restrictiva que es la jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad, difícilmente prosperarán reclamaciones con base en este principio, ya que se nos va a decir que, la del empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y la del consumidor final, no son situaciones idénticas.

Quizás es posible que, sin embargo, sí prospere una inconstitucionalidad basada en el principio de capacidad económica. En este sentido, son alentadoras las sentencias del Tribunal Constitucional que versan sobre la necesidad de que se graven situaciones expresivas de verdaderas capacidades económicas, como la conocida Sentencia 59/2017, de 11 de mayo. La Sentencia afirma que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como Impuesto de plusvalía municipal, es contrario al Texto Constitucional en la medida en que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Así que, con el cobro de costas procesales que van a parar íntegramente al pago de los honorarios del abogado, ¿no estamos ante una situación inexpresiva de capacidad económica, en palabras del Tribunal Constitucional?

Llegados a este punto, yo me pregunto si alguien se ha cuestionado, sinceramente, cuál es la esencia, la verdadera naturaleza, de las costas procesales, para que tengan este tratamiento tributario tan gravoso y aparentemente injusto.

Hay muchos abogados en Madrid, pero pocos especializados en procedimientos y recursos frente a la Agencia Tributaria. No es lo mismo un abogado de divorcios que un despacho de abogados de Madrid que se dedique a problemas surgidos por la declaración de la renta o IRPF, por el impuesto de plusvalía, por el hecho de ser declarado responsable tributario, por haber sufrido una inspección de Hacienda y no saber cómo recurrir multa. Para cuestiones como una derivación de responsabilidad, la devolución plusvalía, el céntimo sanitario, es preferible un despacho abogados que se dedique en exclusiva a la materia tributaria. Como abogada Majadahonda ofrezco un servicio personalizado, accesible, cercano y profesional.

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Incidencia en IRPF de la percepción o pago de costas procesales.

Dirección General de Tributos , Consulta Vinculante nº V1425-19. Fecha de Salida: 13/06/2019

Boletin nº 33 – Año 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En un procedimiento judicial el consultante ha resultado parte vencedora en costas.

CUESTIÓN PLANTEADA:

Incidencia en el IRPF de la percepción de las costas procesales.

CONTESTACION-COMPLETA:

En los supuestos de condena en costas este Centro directivo —tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— viene manteniendo el criterio (consultas nº 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13 y V2909-14, entre otras) de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados, procuradores y peritos de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —pues se corresponde con el pago de los honorarios de abogado, procurador y perito en que esta ha incurrido—. Desde esta perspectiva, la incidencia tributaria para la parte vencedora viene dada por su carácter restitutorio de los gastos de defensa, representación y peritación realizados, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29):

“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

Complementando lo anterior, procede indicar que, de forma correlativa, para la persona o entidad condenada al pago de las costas procesales, tal condena tendrá también su incidencia tributaria en su tributación personal como gasto o pérdida patrimonial, calificación esta última que cabe entender procede aplicar en el presente caso en cuanto se corresponda con una condena en costas en un procedimiento judicial desarrollado en el ámbito particular del consultante.

Adicionalmente, procede señalar —respecto a esta ganancia patrimonial— que al no proceder de una transmisión su cuantificación viene dada por el propio importe indemnizatorio de la condena en costas, sin minoración de gastos, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto, integrándose además —desde su consideración como renta general— en la base imponible general en la forma que se recoge en el artículo 48 de la misma ley:

“La base imponible general será el resultado de sumar los siguientes saldos:

a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada período impositivo, los rendimientos y las imputaciones de renta a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.

b) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada período impositivo, las ganancias y pérdidas patrimoniales, excluidas las previstas en el artículo siguiente.

Si el resultado de la integración y compensación a que se refiere este párrafo arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas previstas en el párrafo a) de este artículo, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 por ciento de dicho saldo positivo.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores.

La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo de cuatro años mediante la acumulación a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores”.

A la imputación temporal de las pérdidas y ganancias patrimoniales se refiere el artículo 14.1 c) de la Ley del Impuesto estableciendo que “se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial”, circunstancia que en el presente caso se entiende producida en el período impositivo en que haya adquirido firmeza la sentencia condenatoria.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

Cómo declarar la devolución de la cláusula suelo para no llevarte un ‘palo’ de Hacienda

Durante el pasado 2017, cerca de medio millón de hogares recuperaron lo pagado de más por culpa de la aplicación de la cláusula suelo, ya fuera a través del procedimiento extrajudicial decretado por el Gobierno o de los juzgados especializados.

Pero ahora que se inicia la campaña de la renta 2017, muchas de estas familias se preguntan si es necesario declarar ese dinero y cómo habría que hacerlo. Para arrojar algo de luz sobre este tema, desde el comparador financiero HelpMyCash.com nos explican en qué casos tributa la devolución del suelo.

¿Hay que declarar lo devuelto por el suelo?

No, la propia Agencia Tributaria indica que «no procede incluir en la declaración del IRPF las cantidades percibidas como consecuencia de los intereses pagados» indebidamente por la aplicación de una cláusula suelo. Desde Hacienda aclaran, además, que este criterio se aplica «tanto si la devolución deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial».

Asimismo, los intereses indemnizatorios que nos haya pagado el banco por la aplicación abusiva de un tipo mínimo tampoco hay que declararlos. Sin embargo, si se condenó a la entidad a abonar las costas del proceso judicial, el hipotecado sí está obligado a incluir esa cantidad en su declaración de la renta como ganancia patrimonial de la base imponible general.

¿Y las deducciones por vivienda habitual?

Muchos de los afectados por el suelo que recuperaron su dinero en 2017 se beneficiaron de la deducción por vivienda habitual y, como es lógico, la aplicaron sobre lo que pagaron con el interés mínimo. En estos casos, Hacienda considera que se pierde el derecho de deducción sobre la cantidad que se abonó indebidamente, por lo que hay que incluir ese importe en la declaración del IRPF.

Eso sí, hay que decir que esto solo afecta a las deducciones practicadas en 2013, 2014, 2015 y 2016, ya que las irregularidades fiscales prescriben a los cuatro años. También es importante destacar que Hacienda no cobra intereses de demora a los hipotecados que regularicen su situación a causa de la devolución de las cláusulas suelo.

Esta regularización, sin embargo, no hay que aplicarla en el caso de que la devolución se produjera mediante la reducción del principal de la hipoteca, es decir, si el banco restó las cantidades indebidamente cobradas del saldo pendiente del préstamo. Eso sí, desde la Agencia Tributaria aclaran que la rebaja del capital del crédito no se puede deducir como inversión en vivienda habitual.

¿Lo pagado por el suelo es gasto deducible?

Algunos afectados por la cláusula suelo también incluyeron las cantidades recuperadas en 2017 como gasto deducible de los rendimientos del capital inmobiliario (alquiler) o por actividades económicas en sus declaraciones anteriores. En estos casos, hay que presentar una declaración complementaria por cada ejercicio afectado quitando esos gastos.

Igual que en el caso anterior, solo se tienen que hacer declaraciones complementarias de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. El plazo para presentarlas se inicia en la fecha del acuerdo o sentencia y finaliza el 30 de junio de 2017, es decir, al cierre de la campaña de la Renta 2017. Hacienda no cobrará al contribuyente sanción, interés de demora o recargo alguno.

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La regularización que se contempla en LIRPF disp.adic.45ª.2 para los supuestos en que los excesos pagados y ahora devueltos por aplicación de la cláusula suelo hayan formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma y respecto a los ejercicios respecto de los que no ha prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se concreta en las cantidades devueltas (intereses resultantes de la aplicación de la cláusula que limitaba el tipo de interés aplicable al préstamo) que en cada ejercicio no prescrito han formado parte de manera efectiva de la base de deducción.

En el caso que plantea la consulta, en los ejercicios a los que corresponden las cantidades devueltas, se había superado la base máxima de deducción por inversión en la adquisición de vivienda habitual, por lo que la DGT entiende que no se practicó la deducción sobre tales cantidades. En tal circunstancia, el importe devuelto se corresponde con ese exceso, de manera que hasta el importe del indicado exceso no será objeto de regularización, pues no habrá formado parte de manera efectiva de la base de deducción.

Las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, no deben integrarse en la base imponible del impuesto.

Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos. 

No obstante, se establecen unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible: 

  1. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.  

    A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2017, en la declaración de Renta 2017 (a presentar en abril, mayo, junio de 2018), se marca la casilla 540 y estas cantidades se incluyen en las casillas 539 y 542, no siendo necesario completar las casillas 541 y 543, correspondientes a los intereses de demora. 

    Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual, pero sin incluir intereses de demora. 

    No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes. Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual. 

  2. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

    El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto. 

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda estatales o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

  1. El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas: 

    1. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.  

      En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2017, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año. 

    2. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2018: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2018 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2019) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2014, 2015 ,2016 y 2017.

      No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2017 (2 de julio de 2018), los intereses del año 2017 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio. 

  2. El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores: 

    1. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 5 de abril de2017 hasta el 3 de abril de 2018. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).  

      Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2017, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración. 

    2. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 3 de abril de 2018. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2014, 2015 , 2016 y 2017 en el plazo de presentación del IRPF del año 2018 (abril, mayo y junio de 2019).  

      No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2017 (2 de julio de 2018), los intereses del año 2017 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio. 

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia. 

La nueva declaración (complementaria) recogerá la totalidad de los datos que deban ser declarados, incorporando, junto a los correctamente reflejados en la declaración originaria, los de nueva inclusión o modificación. 

Una vez determinada la cuota diferencial resultante de la nueva liquidación (Casilla 620), se restará de la misma el importe que se ingresó en la declaración originaria, si ésta fue positiva (Casilla 626), o bien se le sumará la devolución percibida, si resultó a devolver (Casilla 627); el resultado obtenido es la cuota que deberá ser ingresada como consecuencia de la declaración complementaria (Casilla 630).

Cláusulas suelo, multidivisa, costas judiciales… También lo tienes que declarar

09/04/2019 05:00

Si eres uno de los miles de hipotecados afortunados a quienes la entidad financiera ya ha devuelto el dinero cobrado de más por cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o los gastos hipotecarios, no debes despistarte a la hora de hacer la declaración de la renta, puesto que dichas cantidades, en muchas ocasiones, deben ser declaradas. Incluso si el juez nos da la razón y condena al banco al pago de las costas judiciales, debemos dejar constancia de ellas para evitar desagradables sorpresas del fisco en el futuro.

Costas judiciales

Las costas judiciales ganadas en juicio constituyen una ganancia patrimonial para las personas físicas y deben integrarse en la base imponible general. No sucede así con los gastos de abogado y procurador, que no pueden ser deducidos. Para la Agencia Tributaria, según recuerdan los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), «estos gastos jurídicos son ‘gastos debidos al consumo’, un argumento que olvida que las costas judiciales tienen un carácter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales».

Es decir, los ciudadanos/consumidores deberán considerar las costas ganadas en la sentencia como una ganancia patrimonial, pero no podrán deducirse los gastos que son resarcidos por dichas costas.

Las costas constituyen una ganancia patrimonial y deben integrarse en la base imponible general, no sucede así con los gastos de abogado y procurador

«Cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados», señalan desde Gestha.

Los técnicos de Hacienda recuerdan que no declarar el importe de las costas supone que «la AEAT podrá reclamar las cuotas ‘defraudadas’, los intereses de demora e imponer una sanción mínima del 50% sobre la cuota descubierta, que en el caso de que se esté conforme y se pague en plazo quedaría en una sanción del 26,25%». En este sentido, llevan meses reclamando a la Dirección General de Tributos «que reconsidere el criterio y permita a estas personas que puedan deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio».

¿Quién debe hacer frente a las costas judiciales según el tipo de proceso? Desde Gestha, señalan cómo, por ejemplo, en los procesos civiles la regla general es que «sufraga las costas aquel a quien se le desestiman todas sus pretensiones, con la salvedad de que en algunos asuntos de los juzgados de familia debe añadirse que quien ha perdido el juicio ha actuado con mala fe o temeridad».

Los técnicos de Hacienda recuerdan que en los procesos penales, las sentencias incluyen un pronunciamiento expreso sobre las costas, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Este importe incluiría los honorarios de abogados, procuradores y peritos, indemnizaciones a testigos y demás gastos asumidos durante el proceso. Por su parte, en las causas laborales no existe una condena de costas como regla general, pero si el condenado es el empresario, debe abonar las costas de la parte contraria hasta un límite de 600 euros. Por último, en los procesos contencioso-administrativos, la ley aplica de forma automática el criterio de vencimiento».

«Esto es un varapalo para muchos ciudadanos, pues los juzgados españoles dictan alrededor de un millón y medio de sentencias al año, sobre todo en procesos civiles, penales y laborales, además de 150.000 sentencias más que resuelven recursos contra las administraciones públicas, en las que desde 2011 se declaran las costas en primera instancia», señalan desde Gestha. «Una cosa es tributar porque el exceso de las costas supere los gastos jurídicos realmente incurridos y otra muy diferente es tributar por el 100% de las costas sin posibilidad de deducir lo pagado a abogados y procuradores. Además, en muchos casos, los abogados son los que cobran directamente las costas de la parte contraria, por lo que los clientes que han ganado el pleito desconocen el importe de las costas abonadas, lo que hace muy difícil que puedan declararlas en su IRPF», concluyen.

Multidivisa

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones en favor del cliente respecto a las hipotecas multidivisa. A quienes la Justicia ya les ha dado la razón, la Dirección General de Tributos resolvía en una consulta vinculante a principios de este año que «no repercute en la declaración de la renta cuando el banco devuelve las cantidades pagadas de más por el cliente (cuotas de amortización, comisiones de cambio e intereses legales) en ejecución de una sentencia que declare la nulidad del clausulado en divisas del contrato de préstamo hipotecario».

Señalan desde Gestha que los intereses legales que perciba el interesado para resarcirle de los daños y perjuicios tienen naturaleza indemnizatoria y en consecuencia «no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario, sino que tributarán como ganancia patrimonial integrándose en la base imponible del ahorro».

Por último, si el contribuyente hubiera incluido las cantidades que ahora le son devueltas en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, la DGT establece que debe realizarse la oportuna regularización tributaria, pues ha perdido el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, de modo semejante a lo expuesto a la cláusula suelo.

La tributación de las cantidades devueltas «dependerá de la acción que se haya estimado en el procedimiento judicial. Por regla general, tendrán efecto fiscal si las cantidades reintegradas han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual, en cuyo caso deberán regularizarse», recuerdan desde Lean Abogados. No obstante, señalan que debe estudiarse cada caso concreto para determinar los efectos tributarios. «En el caso de las hipotecas multidivisa, no hay una regulación concreta, al contrario de lo que sucede respecto a las cantidades devueltas por cláusulas suelo».

Gastos hipotecarios

Desde Gestha, señalan que cuando una sentencia judicial anula por abusivas las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario que establecen que los gastos de formalización del mismo (aranceles notariales y registrales o gastos de gestoría) sean a cuenta del prestatario, la devolución por una entidad financiera de algunos de estos gastos no supone rendimiento o ganancia para el contribuyente, al considerarse que su pago constituye únicamente una aplicación de renta.

Por tanto, el contribuyente no integrará en su declaración las cantidades percibidas por este concepto. En cuanto al periodo impositivo en que se abonaron los mismos, estos gastos se considerarán satisfechos en el momento de constitución del préstamo.

Eso sí, «en el caso de que las cantidades reintegradas hayan formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual, el contribuyente deberá proceder a regularizar las mismas, siempre y cuando correspondan a un ejercicio no prescrito, de la forma prevista para las cláusulas suelo».

Cláusulas suelo

No hay que olvidarse, en la declaración de la renta, de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas, siempre y cuando el reintegro de dichas cantidades se hubiera producido en un ejercicio no prescrito. Por regla general, el contribuyente no tiene que declarar como ingresos las cantidades que el banco le ha devuelto por lo cobrado en aplicación de las famosas cláusulas, como tampoco los intereses generados que debe abonarle como indemnización.

Es decir, no siempre es obligatorio declarar la recepción de las cantidades cobradas de más. Solamente hay que hacerlo en aquellos casos en los que tanto las cantidades cobradas de más como los intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible, en el caso, por ejemplo, de viviendas alquiladas.

Gestha aclara que el dinero que se pagó al banco, y que este devolverá después, es el reintegro de un pago indebido, por lo que no constituye renta y, por tanto, no se integrará en la base imponible del IRPF. Pero ¿cuál debe ser el tratamiento fiscal de las cantidades devueltas?

Para entender cómo hay que actuar, debemos remitirnos al Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Un decreto que incluye una disposición adicional que regula precisamente la tributación de las famosas cláusulas.

Estamos ante dos posibles escenarios.

1.- Cuando tales cantidades hubieran formado parte, en ejercicios anteriores, de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones de la comunidad autónoma. En estos casos, hay que diferenciar los siguientes supuestos:

Si hubo deducción, hay que declarar el dinero de las cláusulas suelo si se recibió en metálico, pero no si el banco aminoró el principal de la hipoteca

Si la devolución es en efectivo, el contribuyente perderá el derecho a las deducciones practicadas, «debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio del acuerdo, sentencia o laudo arbitral, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en ejercicios anteriores, sin inclusión de intereses de demora», señalan desde Gestha. Dicha regularización únicamente se realizará respecto de los ejercicios en que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Si la devolución de estas cantidades se produce por la compensación con una parte del capital pendiente de amortización, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes. «Aunque la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna», recuerdan los técnicos de Hacienda.

2.- Cuando las cantidades objeto de devolución se hubieran incluido en declaraciones de años anteriores como gasto deducible, perderán tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria de tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por el IRPF.

«Esta regularización afectará únicamente a los ejercicios que no hubieran prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación», apuntan desde Gestha, y aclaran que en el supuesto de acuerdo con la entidad financiera, «la regularización se computa desde la fecha en la que este se suscribe, en los supuestos de sentencia o laudo arbitral, la regularización debe computarse desde la fecha de estos (la firmeza de la sentencia, en su caso)».

No obstante, si las cantidades de cláusulas suelo que fueran satisfechas al contribuyente en 2018 y el acuerdo, sentencia judicial o laudo arbitral se produce antes del 1 de julio de 2019 (antes del fin del plazo de presentación del IRPF de 2018), no se tendrán en cuenta como gasto deducible en dicho ejercicio.

Por otro lado, dado que el límite máximo de base de deducción por inversión en vivienda es de 9.040 euros, habrá que comprobar, para cada uno de esos ejercicios en los que se aplicó la deducción, si operó este límite o no. Es decir, el contribuyente deberá hacer números, porque hay hipotecados que aun descontando el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo siguen superando el límite de los 9.040 euros de deducción máxima, por lo que no les afectaría.

Intereses indemnizatorios

Respecto a los intereses indemnizatorios reconocidos por sentencia judicial, los expertos consultados explican que tributan como ganancia patrimonial.

Así, en la respuesta de la Dirección General de Tributos a una consulta vinculante planteada en febrero por un preferentista al que se le reconoció por sentencia judicial la nulidad de la compraventa de varias acciones, se aclara que «los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, los intereses legales objeto de consulta han de tributar como ganancia patrimonial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006”.

Hacienda avisará en la declaración de la renta a quienes tengan que regularizar la cláusula suelo

Rufino de la Rosa, director del departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. EFE

Trata de «asistir o dar ayuda» al contribuyente sobre un tema «complejo»

Entonces, ¿se van a poder reclamar los gastos de la hipoteca?

05/04/2017 16:43

En la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta 2016, el director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, explicó a los asistentes que se ha pedido a las instituciones financieras información específica sobre los clientes a los que se les ha devuelto dinero por las cláusulas suelo.

De esta manera, señaló que los contribuyentes que tengan que hacer algún tipo de regularización tendrán un aviso a la hora de hacer su declaración en la parte referente a sus datos fiscales. De la Rosa destacó que se trata de «asistir o darles ayuda» a los contribuyentes sobre un tema que es «complejo». Así, se les apunta que tienen esa «incidencia», que han de «analizarla» para que «no presenten la declaración sin haberlo resuelto».

La institución explicó que los contribuyentes no tendrán que integrar en la base imponible de la declaración (no tributa) la devolución de las cantidades previamente satisfechas a los bancos en concepto de intereses por aplicación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios ni los intereses indemnizatorios.

No tributan estas cuantías, tanto si derivan de acuerdos con las entidades financieras como si proceden de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales. Si tiene incidencia en las declaraciones si las cantidades percibidas hubieran formado parte, en ejercicios anteriores, de la base de deducción por inversión en vivienda habitual.

En este caso, se diferencian dos situaciones. Si la devolución se produce en efectivo, se pierde el derecho a las deducciones fiscales practicadas y se debe regularizar en el ejercicio en que se celebre el acuerdo con el banco o sea firme la sentencia. Además, no se exigirán intereses de demora (se marcarán las casillas 453 y 454) y sólo deben regularizarse los ejercicios no prescritos (de 2012 a 2015).

Una segunda situación es aquella en la que la devolución se destina a amortizar el préstamo. En este caso no se debe regularizar y no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual.

Por otra parte, se debe regularizar si el contribuyente que recibe una devolución por las cláusulas suelo tenía actividad empresarial y hubiera incluido los pagos hipotecarios como gasto deducible en declaraciones de años anteriores.

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