Demanda sucinta de juicio verbal

Demanda sucinta de juicio verbal

Modelo de demanda de juicio verbal

MODELO DE DEMANDA

AL JUZGADO

Don/Doña ………………………………………………………………………………………….……., con DNI y NIF/CIF número ……………………………. domiciliado/a en la calle ………………………………………………………, número ……, piso .….., de la localidad de ………………………………………..………………………, con número de teléfono ………………………………. y domicilio laboral en la calle ………………………………………, número ……., piso ……., de la localidad de ………….………………………………………., con número de teléfono ………………………………, Fax ……………………………………. y dirección de correo electrónico ………………………………………………. (rellena con tus datos)

FORMULO DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de ……………… ……………………………………………. más intereses y costas contra:

Don/Doña ……………………………………………………………………………………..………, con DNI y NIF/CIF número .……………………. domiciliado/a en la calle …………………………………….………………………, número ……..…., de la localidad de ……………………………………………………………………………..……. con número de teléfono ……………………..………, fax ……………………………. y dirección de correo electrónico …………………………………….. (rellenar con los datos de la parte demandada; deconocer otros domicilios del/la demandado/a se deben especificara continuación)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Elegir una de las siguientes opciones, eliminar la otra):

Presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la demanda

No presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la demanda.

(Importante: Deberás presentar con la demanda todos los documentos y/o dictámenes periciales de que se disponga relativos a los hechos alegados en el escrito-modelo de demanda)

(Seleccionar una de las siguientes opciones):

Estimo pertinente la celebración de vista.

No estimo pertinente la celebración de vista, solicitando que se dicte sentencia sin más trámite.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO:

Que se condene a la parte demandada a pagarme la cantidad de ………………………………………………..…… más el interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde la interpelación judicial o requerimiento extrajudicial, así como al abono de las costas procesales.

Estudio de la demanda de juicio verbal tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor a partir del 7 de octubre de 2015.

Vamos a ver en este artículo cómo ha quedado regulada la demanda de juicio verbal y emplazamiento del demandado. Para ello hay que partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, en vigor a partir del 7 de octubre de este año.

El artículo 437 de la LEC es el que se ocupa de la forma en la que se ha de presentar la demanda de juicio verbal.

El citado precepto establece:

1.- El juicio verbal principiará por demanda, con el contenido y forma propios del juicio

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

ordinario, siendo también de aplicación lo dispuesto para dicho juicio en materia de preclusión de alegaciones y litispendencia.

2.- No obstante, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición. A tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente.

Como vemos por el apartado primero anterior, la demanda de juicio verbal deberá presentarse con el contenido y forma de las demandas de juicio ordinario. Si acudimos a las reglas de este juicio (art. 399 LEC), encontramos que la demanda deberá contener:

– Los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados.

– Se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

– Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.

– Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar.

– Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.

– Los fundamentos de derecho en los que se fundamenta la petición contenida en la demanda de juicio verbal.

– En la petición o suplico de la demanda, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación.

Dicho lo anterior, el apartado segundo del artículo 437 LEC que hemos citado establece que, cuando en la demanda de juicio verbal no se actúe con abogado y procurador, la forma de la demanda será SUCINTA, que deberá contener:

– Los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados.

– Se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición.

También puede ayudarse el demandante de unos modelos normalizados que deben estar a su disposición en todos los Juzgados de España. El Consejo General del Poder Judicial ha publicado en su página web este modelo de demanda de juicio verbal.

Hay que recordar que en las demandas de juicivo verbal NO ES OBLIGATORIA la intervención de abogado ni de procurador cuando la cuantía de lo reclamado NO EXCEDA DE LOS DOS MIL EUROS (2.000 euros), según dispone los arts. 31 y 23 de la LEC.

Admisión de la demanda de juicio verbal

1.- La demanda de juicio verbal será examinada por el Letrado de la Administración de Justicia (antes llamado Secretario Judicial), quien observará si ese Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer del asunto planteado.

2.- Una vez visto que existe jurisdicción y competencia el Secretario Judicial admitirá la demanda de juicio verbal (Decreto de admisión) y emplazará al demandado para que la conteste en el plazo de diez dias.

3.- Si el Secretario considera que no debe ser admitida, dará cuenta al Juez para que dicte la resolución que proceda.

RECOMENDACIÓN:

Ver nuestro artículo de sobre los procedimientos que se tramitan por juicio verbal.

Ayuntamiento de Jaén

El juicio verbal. Demanda civil por importe no superior a 2.000 euros. Procedimiento monitorio

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En los casos en los que la empresa reclamada no acepta someterse al arbitraje de consumo no queda otro remedio que acudir a la vía judicial. Cuando el importe de la cantidad reclamada no supera los 2.000 euros el consumidor puede solicitar que su asunto se vea por el procedimiento de juicio verbal sin necesidad de abogado ni procurador (art. 437 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

El 18 de abril de 2011 entró en vigor la Ley 4/2011 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que eleva de 900 a 2.000 euros el importe máximo para que la reclamación pueda verse por el procedimiento de juicio verbal sin necesidad de abogado ni procurador.

Las modificaciones legales afectan fundamentalmente a los siguientes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

-artículo 23, que exceptúa de la obligatoriedad de la intervención de procurador «los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros» (antes, el límite se fijaba en 150.000 pesetas o 900 euros).

-artículo 31, que permite a los litigantes comparecer sin abogado en «los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros» (el máximo anterior era igualmente 150.000 pesetas o 900 euros).

-artículo 437, apartado 2, cuya nueva redacción dice: «En los juicios verbales en que se reclame una cantidad que no exceda de 2.000 euros, el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el tribunal correspondiente».

En el documento adjunto se encuentra el impreso de solicitud y más información sobre esta vía.

Igualmente, si la cantidad reclamada es superior a 2.000 euros, y el consumidor carece de medios económicos (es decir, si todos los ingresos de su unidad familiar no sobrepasan el doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento), puede solicitar justicia gratuita para que se le asigne un abogado de oficio. La solicitud debe tramitarla a través del Colegio de Abogados de su provincia.

NOVEDADES LEGALES: El 21 de noviembre de 2012 el BOE publicó la Ley 10/2012 que regula las tasas judiciales. En su artículo 4, punto 1e, se declara exenta de tasas la petición inicial de juicio monitorio por importe no superior a 2.000 euros. Igualmente están exentas las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 4, punto 2a).

Cuando se trata de demandar a una empresa que tiene su sede en otro país de la Unión Europea puede utilizarse el proceso europeo de baja cuantía, muy similar al juicio verbal español.

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Formulario de demanda sucinta de juicio verbal
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Castellano

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Fecha última modificación: 12 de junio de 2018 a las 11:39

Introducción a los modelos de demanda de transporte

¿Cuántos viajan? ¿Por dónde? ¿En qué modo?
En general, los proyectos de transporte (tanto de infraestructura como gestión) poseen plazos y costos de realización sumamente elevados. Por estos motivos, la evaluación de este tipo de proyectos requiere de una adecuada estimación de la demanda para su correcto dimensionamiento.
En este curso aprenderás:
– Las técnicas básicas (estadísticas y de trabajo en terreno) necesarias para recolectar información adecuada, corregirla y expandirla, para su utilización en modelar la demanda por transporte.
– Los principios básicos y las técnicas clásicas utilizadas en la práctica para modelar la demanda de transporte a través del “modelo clásico” de cinco etapas: generación de viajes, distribución de viajes, elección de horario, elección de modo de transporte, y elección de ruta de viaje.
– Las herramientas básicas disponibles para calibrar los principales modelos agregados de demanda por transporte y aplicarlos para efectuar predicciones.
– Las herramientas estadísticas y computacionales básicas para estimar dos modelos paradigmáticos de elección discreta (Logit Multinomial y Logit Jerárquico) utilizando información a nivel desagregado, y aplicarlos para efectuar predicciones.

Analisis de la oferta y la demanda con un modelo de simulación

Basado en un modelo de simulación con Vensim

Jorge Vergara Morales
[email protected]

Par el desarrollo del presente caso práctico, se configuró un diagrama de flujo que describe el proceso de producción de una empresa. En este sentido, se diseñó un flujo que describe la situación ideal de producción y consumo. Donde:
Productos = 4.000, La empresa calcula que en una semana de trabajo se cuenta con la capacidad para producir 4.000 unidades.
Cantidad de productos = Productos
Demanda = Cantidad de Productos
Consumo = Demanda
Producción = Cantidad de productos

A continuación se describe el comportamiento de la producción y consumo considerando un contexto temporal de 32 semanas. Se observa que la producción es igual al consumo de las unidades, por lo cual, se presente una situación estable y constante respecto de la producción y consumo de las unidades producidas. Sin embargo, estudios posteriores orientados a realizar análisis del comportamiento del consumo, evidenciaron que la demanda se incrementa en un 10% a partir de la semana 20. Por lo tanto, el comportamiento de la producción y consumo actualizado contempla los siguientes elementos:
Productos = 4.000
Cantidad de productos = Productos
Demanda = Cantidad de Productos + STEP (400,20)
Consumo = Demanda
Producción = Cantidad de productos

El comportamiento de las variables de producción y consumo se describe a continuación. Se observa que a partir de la semana 20, tanto la producción como el consumo tienden a disminuir, llegando sólo hasta la semana 31. Además, se observa que el consumo es superior a la producción, durante el periodo descendente que comienza en la semana 20. Al respecto, se propone a la empresa que realice un incremento gradual de la producción, que implica un aumento de 50 unidades de producción por semana. De esta manera:

Productos = 4.000
Cantidad de productos = Productos
Demanda = Cantidad de Productos + STEP (400,20)
Consumo = Demanda
Producción = Cantidad de productos
Producción adicional = RAMP (50, 20, 32)

Se puede observar que la disminución, tanto de la producción como del consumo, se estabiliza en las 2500 unidades por semana, identificándose que en un periodo de 8 semanas se estabiliza la cantidad de producción con el consumo del producto. Por último, a partir de la semana 28 se observa un incremento positivo y constante, tanto de las unidades de producción como del consumo, que las sitúa alrededor de las 3.000 unidades por semana.

Según Wikipedia la dinámica de sistemas es una técnica para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos complejos. Se basa en la identificación de los bucles de realimentación entre los elementos, y también en las demoras en la información y materiales dentro del sistema. Lo que hace diferente este enfoque de otros usados para estudiar sistemas complejos es el análisis de los efectos de los bucles o ciclos de realimentación, en términos de flujos y depósitos adyacentes. De esta manera se puede estructurar a través de modelos matemáticos la dinámica del comportamiento de estos sistemas. La simulación de estos modelos actualmente se puede realizar con ayuda de programas computacionales específicos.

Originalmente desarrollada en 1950 para ayudar a los administradores de empresas a mejorar su comprensión de los procesos industriales, actualmente se usa en el sector público y privado para el análisis y diseño de políticas. Fue creada a principios en la década de 1960 por Jay Forrester de la MIT Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology) con la creación del MIT System Dynamics Group.

Los modelos de simulación con Dinámica de Sistemas tienen aplicaciones en prácticamente todas las áreas del conocimiento como podemos observar en los numerosos artículos publicados en los congresos anuales de la System Dynamics Society. Se trata de una potente herramienta para:

  • Enseñar a los reflejos del sistema de pensamiento de las personas que está siendo entrenado.
  • Analizar y comparar los supuestos y modelos mentales acerca de cómo funcionan las cosas.
  • Obtener una visión cualitativa sobre el funcionamiento de un sistema o las consecuencias de una decisión.
  • Reconocer arquetipos de sistemas disfuncionales en la práctica diaria.

    Los modelos permiten simular el impacto de diferentes políticas relativas a la situación a estudiar ejecutando simulaciones what if (¿qué pasaría si?) que permiten ver las consecuencias a corto y medio plazo, y ser de gran ayuda en la comprensión de cómo los cambios en un sistema lo afectan en el tiempo. En este sentido es muy similar al Pensamiento sistémico ya que se basa en los mismos diagramas de causales con bucles o lazos de retroalimentación (feedback). Sin embargo, estos modelos de simulación permiten además hacer simulaciones para estudiar el comportamiento de los sistemas y el impacto de políticas alternativas. Se utiliza en especial para investigar la dependencia de los recursos naturales y los problemas resultantes del creciente consumo a nivel global para mejorar el especial en el desarrollo de nuevos productos. Existe una gran variedad de marcas de software en el mercado que ayudan a aplicar esta herramienta de una forma amigable: Vensim, Stella, ithink, Powersim, Dynamo, etc.

  • La declaración de temeridad al condenado en costas incluirá en la tasación los honorarios de abogado y procurador aunque su intervención no sea preceptiva.

    Vamos a ver la repercusión que pueda tener en la tasación de costas de un procedimiento judicial la declaración de temeridad al condenado en costas.

    Como sabeis, la intervención de los abogados y procuradores es obligatoria en casi todos los procedientos judiciales que se inicien, salvo las excepciones que contempla el artículo 31.2.1º de la LEC, esto es:

    1.- En los juicios verbales (que no sean por razón de la materia) cuya cuantía no exceda de 2.000 euros.

    2.- En la petición inicial de los procedimientos monitorios.

    3.- Algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria.

    Esto significa que si una persona inicia un juicio verbal reclamando una cuantía inferior a 2.000 euros y se condena en costas al demandado, no podrán incluirse en la tasación de costas los honorarios del abogado y procurador del demandante puesto que su intervención no era OBLIGATORIA.

    Ahora bien, esta regla general tiene DOS EXCEPCIONES, que vienen recogidas en el artículo 32.5 de la LEC, que son:

    Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que:

    1.- El Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas.

    2.- Que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio.

    En este artículo nos vamos a ocupar de la primera de ellas, la declaración de temeridad al condenado en costas. Por tanto, si la sentencia declara la temeridad del condenado en costas, se podrán incluir los honorarios de abogado y procurador en la tasación de costas aunque no fuera PRECEPTIVA su intervención.

    EJEMPLO: En un juicio verbal se reclama la cantidad de 1.300 euros. El demandante ha intervenido con abogado y procurador. Si la sentencia declara que el demandado ha actuado con temeridad, en la tasación de costas que se practique podrán incluirse los honorarios del abogado y del procurador aunque en un principio no era obligatoria su intervención.

    ¿Cuándo se puede considerar temeraria la actuación de la parte?

    – Según la Jurisprudencia y la opinión de la doctrina, la declaración de temeridad al condenado en costas debe identificarse sistemáticamente con una forma aventurada o aviesa de litigar.

    – Igualmente se señala por el Tribunal Supremo desde antiguo que litigaba temerariamente «no sólo quien litiga maliciosamente sino quien lo hace sin razón derecha» ( STS 21 abril 1950). Asimismo en sentencia de 21.12.1985 : «Habrá por lo tanto lugar a la declaración de temeridad cuando se litiga de forma maliciosa, a sabiendas de la injusticia de la pretensión, y cuando de modo negligente se continúa el procedimiento pese a conocer lo improcedente de la pretensión».

    – Cuando la Ley (art. 32.5) habla de » temeridad en la conducta del condenado en costas «, habremos de convenir en que la temeridad está referida a la actuación procesal de la parte, para así diferenciarla de la mala fe, propia de la actuación material y preprocesal del litigante en cuestión.

    – La declaración de temeridad al condenado en costas, cuya concurrencia reclama el art. 32.5 es aquella que acaece dentro del proceso como consecuencia de no adecuar la parte su conducta a los cánones derivados de la buena fe procesal.

    – Otra de las notas características de la conducta temeraria es la que lleva a entender que la temeridad contemplada ha de venir referida a un comportamiento activo, manteniendo en el proceso posiciones absolutamente faltas de sentido o razón.

    Consecuencias de la declaración de temeridad al condenado en costas

    1ª.- La más importante, como hemos repetido, es la inclusión dentro de la tasación de costas de las minutas de abogado y procurador aunque su intervención no sea OBLIGATORIA.

    2ª.- Igualmente, se podrá entender (aunque no es del todo pacífica la cuestión), que la limitación como máximo de que los honorarios del abogado no susperen el tercio de la cuantía reclamada, no tendrá aplicación cuando la sentencia haya declarado la actuación temeraria de la parte obligada a su pago. El artículo 394.3 de la LEC dispone:

    » Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento.

    No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.»

    Declaración de temeridad al condenado en costas. SENTENCIA:

    Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª), sentencia 23.11.2011:

    «Cabe apreciar temeridad en la actuación de la demandada, al obligar a los demandantes a acudir a la vía judicial, tras múltiples reclamaciones previas a las que no se dio contestación, sin que en ningún caso se aviniera a negociar el pago de indemnización alguna, cuando era evidente que alguna responsabilidad tenía que asumir, como de hecho lo hizo, pero ya una vez iniciado el procedimiento. Por consiguiente, la conducta de la transportista, haciendo caso omiso al requerimiento de resarcimiento realizado por sus pasajeros, debe considerarse temeraria, a efectos de lo establecido en el art. 394.2 LEC).»

    Cuando se va a plantear un procedimiento judicial ante un Juzgado es conveniente saber quién correrá con los gastos del proceso, caso que ya «condena en costas».

    Es decir, las costas de un juicio es la declaración del Juzgado en el que se determina que el vencedor del pleito tienen derecho a que se le reembolsen los gastos originados en el procedimiento.

    A continuación vamos a ver, qué gastos comprende la condena en costas de un juicio y los distintos supuestos que pueden plantearse según el orden jurisdiccional (civil, penal y contencioso-administrativo) o sea beneficiario de justicia gratuita.

    ¿Qué son las costas procesales?

    Para saber qué son las costas procesales, debemos acudir al art. 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)

    Artículo 241. Pago de las costas y gastos del proceso.

    1. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo.

    Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

    1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.

    2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.

    3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.

    4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.

    5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.

    6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.

    7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.

    2. Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.

    Por tanto, las costas procesales comprenden los honorarios de abogado, procurador, los peritos y los gastos que se hayan derivado como copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos que se soliciten a los Registros Públicos (por ejemplo la inscripción del embargo de una vivienda en el Registro de la propiedad), así como los derechos arancelarios.

    ¿Quién paga los gastos de juicio?

    En caso de condena, el vencedor en juicio puede solicitar que se le abonen los gastos judiciales.Para ello, hay que distinguir:

    1.-La parte vencida y que haya sido condenado en costas, debe pagar las causadas a su instancia (es decir, los honorarios de SU abogado Y SU procurador) y las del contrario.

    2.-La parte vencedora en el pleito, puede encontrarse en estas dos situaciones:

    A) Vence en el pleito pero el Juez NO CONDENE EN COSTAS (bien porque sólo haya una estimación parcial y sustancial, o bien porque tenga dudas de hecho o de derecho y así lo motive en sentencia), con lo que cada litigante pagará los gastos causados a su instancia.

    b) Vence en el pleito y el Juez SI CONDENE EN COSTAS.

    En este caso es de aplicación el art. 394 de la LEC

    Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia.

    1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

    Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

    2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

    3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

    No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.

    Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

    4. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.

    El litigante que haya vencido tendrá derecho a reclamar al litigante vencido mediante la correspondiente solicitud de tasación de costas.

    Declaración de Temeridad en la Condena en costas

    ¿Qué requisitos debe tener la declaración de temeridad para que sea incluida en la condena en costas?.

    Partiendo de la base de que la intervención de abogados y procuradores es obligatoria en gran parte de los procedimientos judiciales iniciados, con las limitaciones del artículo 30 y 1.2.1 de la ley de enjuiciamiento civil, es decir excepto en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2000 € además de la petición inicial del procedimiento monitorio.

    La declaración de temeridad al que es condenado en costas incluirá los honorarios de abogados y procuradores aunque su intervención no sea preceptiva.

    De ahí que debamos ver cuál es son los requisitos para que el Juzgado considere la declaración de temeridad e imponga las costas.

    Supongamos que una persona inicia un juicio verbal reclamando una cuantía inferior a 2000 €.

    Para el caso de que se condene en costas al demandado, en teoría no se incluirán en las costas los honorarios de abogado y procurador ya que su intervención no es preceptiva.

    Ahora bien, conforme el artículo 32.5 de la ley de enjuiciamiento civil, para aquellos casos en que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador se podrá incluir en las costas los derechos de estos profesionales:

    5. Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. También se excluirán, en todo caso, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas judiciales.

    En este caso se considera que habría temeridad cuando se interpone la acción judicial de forma aventurada.

    O bien de forma maliciosa sabiendo que la pretensión es injusta, así como cuando de modo negligente se continúa la tramitación del procedimiento a sabiendas de lo improcedente de dicha pretensión.

    Cuando la ley habla de temeridad estamos hablando de una actuación procesal de parte con lo que hay que diferenciarla de la mala fe que se produce con anterioridad al litigio, por tanto la temeridad al condenado en costas se realiza dentro del proceso de forma que no se haya adecuado la parte a la conducta propia que se pueda derivar de la buena fe procesal.

    Los requisitos que se exigen para entender que hay conducta temeraria son primero un comportamiento activo de forma que se mantenga en el juicio posiciones absolutamente faltas de sentido o razón.

    Las consecuencias de la declaración de temeridad será la inclusión, dentro de la tasación de costas, de las minutas de abogado y procurador .

    Plazo de ejecución de las costas tasadas

    Si las costas, en caso de condena en costas a una parte, se pretende cobrar a través del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, el plazo será de CINCO AÑOS. (Ver más sobre plazo para ejecutar una sentencia Judicial)

    Al tratarse de una plazo de caducidad, una vez transcurra el plazo desde la firmeza de la resolución, no se podrá iniciar esa vía.

    Es decir, dictada sentencia, con condena en costas, el vencedor puede solicitar la aprobación de la tasación de costas, a través del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, desde que se aprobaron.

    Art. 518 de la LEC

    La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

    Ahora bien, transcurrido ese plazo, no quiere decir que no se pueda instar la ejecución y pago de las costas a través de otro cauce procedimental, en cuyo caso se estará al plazo de prescripción del art. 1964 del Código Civil, también de CINCO AÑOS, conforme a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por la Ley 42/2015 de 5 de Octubre

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    El Juicio Declarativo Verbal es un procedimiento judicial que se regula básicamente en los artículos 437 a 447, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y que, en virtud del artículo 250.2 de este mismo texto legal, es el procedimiento aplicable a todas aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 6.000 euros.
    En principio, y con carácter general, en el Juicio Declarativo Verbal será obligatoria la intervención de los servicios de Abogado y Procurador. Sin embargo, cuando la cuantía de lo reclamado no exceda de 2.000 euros, el artículo 23.2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que no será obligatoria la intervención de Abogado y Procurador, pudiendo las partes intervenir por sí mismas. Por lo tanto, en aquellos casos en que la cuantía de lo reclamado no exceda, en concepto de principal, de 2.000 euros la utilización de los servicios de Abogado y Procurador no será preceptiva, quedando a la voluntad de las partes la posibilidad o no de hacer uso de ellos.
    En cuanto al procedimiento a seguir, debemos señalar que el Juicio Verbal se inicia, según el artículo 437 de la LEC por demanda, con el contenido y forma propios del juicio ordinario. No obstante, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición.

    A tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente.

    Es decir, el demandante podrá, en estos casos, si así lo desea, formular su demanda rellenando o cumplimentando un impreso normalizado elaborado por el Ministerio de Justicia; y que encontrará a su disposición en las sedes de los Juzgados y Tribunales.
    En consecuencia, y dado que la demanda puede ser sucinta o mediante impreso normalizado, no es necesario incluir en la misma fundamentación técnica o jurídica; dicha fundamentación puede alegarse en el momento del juicio. No obstante, la LEC no impide, si se quiere, presentar una demanda completa, extensa y jurídicamente fundamentada.
    Por lo que se refiere al contenido de esta demanda sucinta, señalaremos en primer lugar que la misma debe dirigirse al Juzgado que resulte competente para conocer de dicha reclamación. Con carácter general diremos que, en el caso de reclamación de deudas o cantidades, el Juzgado competente será el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde tenga su domicilio el demandado, de conformidad con lo que señala el artículo 50.1 de la LEC.
    Asimismo, y conforme al artículo 50.3 de la LEC, cuando la demanda se dirija contra empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, éstos «también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.»
    Por último, y por lo que se refiere al órgano judicial al que hay que dirigir la demanda, el artículo 47 de la LEC señala que corresponde a los Juzgados de Paz del lugar del domicilio del demandado «el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a noventa euros..», en aquellos municipios en los que no haya Juzgado de Primera Instancia.
    La demanda además contendrá los datos identificativos del demandante y del demandado. Es fundamental que, por lo que se refiere al demandado, se aporten todos aquellos datos que se conozcan; pues ello facilitará mucho su localización, a efectos de poder notificarle la demanda. Es muy aconsejable aportar más de un domicilio del demandado, si se conocen, así como otros datos que pudieran servir para su identificación o localización tales como teléfono, fax, domicilio de la empresa o trabajo, etc.
    Por último, es muy importante fijar en la demanda con mucha claridad y precisión lo que se pide al Juzgado, es decir, en este caso debe reflejarse expresa y claramente la petición de que se condene al demandado a pagar al demandante la cuantía a la que asciende la deuda que se reclama, así como, en su caso, los intereses. No debemos olvidarnos de exigir que se impongan al demandado las costas del juicio, pues, si lo solicitamos, de resultar condenado deberá hacerse cargo también de los gastos que para el demandante ha supuesto la reclamación judicial.
    La demanda, por último, debe ir acompañada de una serie de documentos; que aparecen detallados en los Arts. 264 y 265 de la LEC. El artículos 264 se refiere a los documentos de carácter procesal, y enumera los siguientes:

    1.º El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue apud acta.

    2.º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.

    3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.

    El artículos 265 de la LEC, sin embargo, se refiere a los documentos relativos al «fondo del asunto», es decir, relacionados con la petición o reclamación que hacemos en nuestra demanda y que nos servirán como prueba en el juicio. La Ley señala los siguientes:
    1.º Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.
    2.º Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.
    3.º Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
    4.º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 337 y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del artículo 339.
    5.º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.
    Una vez presentada la demanda, el artículo 438 de la LEC señala que

    Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía conforme al artículo 496.

    En los casos en que sea posible actuar sin abogado ni procurador, se indicará así en el decreto de admisión y se comunicará al demandado que están a su disposición en el juzgado unos impresos normalizados que puede emplear para la contestación a la demanda.

    El demandado, en su escrito de contestación, deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites.

    En todo caso, bastará con que una de las partes lo solicite para que el secretario judicial señale día y hora para su celebración, dentro de los cinco días siguientes. No obstante, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días y, transcurridos los cuales, si no se hubieren formulado alegaciones o manifestado oposición, quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el tribunal así lo considera.

    El secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.

    En la citación se fijará el día y hora en el que haya de celebrarse la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.

    En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio.

    La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas.

    Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegae interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.

    Si no compareciere el demandado, se procederá a la celebración del juicio.

    Si comparecen ambas partes, que sería lo más normal, el artículo 443 de la LEC señala que si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

    Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del acto, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas.

    Una vez practicadas todas la pruebas, señala el artículo 447 de la LEC que el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes.

    La sentencia, lógicamente, debe estimar o desestimar la petición que se formulara en la demanda y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de la cantidad reclamada o absolverlo. La sentencia debe pronunciarse siempre sobre quién debe hacerse cargo de las costas del proceso.
    Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 455 de la LEC, la sentencia que se dicte podrá ser recurrida por aquella de las partes, o por ambas, en su caso, que resulte perjudicada por la misma; mediante la interposición de un Recurso de Apelación en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.
    Finalmente, y al igual que señalábamos con el laudo arbitral, si la sentencia no es recurrida y tampoco es cumplida voluntariamente por el condenado al pago, podrá ejecutarse forzosamente la misma a través del procedimiento de ejecución de sentencias previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    En este apartado encontrará formularios para poder redactar una demanda de Juicio Verbal sin Abogado y Procurador.

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