Copago farmaceutico pensionistas 2019

Aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria: Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria, a través de oficinas o servicios de farmacia. La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario, que se hará efectiva en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario y será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente. Las modalidades de aportación del usuario pueden ser:

  1. Exentos de aportación
  2. Aportación de pensionistas con tope máximo según renta
  3. Aportación de activos según renta
  4. Aportación reducida

Tabla. Aportación y tope máximo mensual

NIVEL DE RENTA ANUAL

PORCENTAJE DE APORTACIÓN

EXENTOS DE APORTACIÓN

Afectados de Síndrome Tóxico

0%

Personas con discapacidad, en los supuestos contemplados en su normativa especifica

Personas perceptoras de rentas de integración social

Personas perceptoras de pensiones no contributivas

Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista la situación

Tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional

PENSIONISTAS

Inferior a 18.000€

10% (hasta 8,23€/mes)

Entre 18.000 y 99.999€

10% (hasta 18,52€/mes)

Igual o superior a 100.000€

60% (hasta 61,75€/mes)

ACTIVOS

Inferior a 18.000€

40%

Entre 18.000 y 99.999€

50%

Igual o superior a 100.000€

60%

Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las categorías que se indican en la tabla.

  • CORRECCIÓN de errores del Decreto 239/2015, de 29 de diciembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al colectivo de personas con diversidad funcional, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud, durante el ejercicio presupuestario de 2016.

Aportación reducida:

MEDICAMENTOS:

Es de un 10% del precio de venta al público con IVA incluido en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una aportación máxima de 4,24 euros por envase, a partir del 1 de enero de 2015. Dicha aportación máxima se actualizará, de forma automática cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC. Estos productos incorporan un cícero negro en el cupón-precinto.

Modelo de solicitud de reembolso de sobreaportación en prestación farmacéutica y dietoterapéutica

Para solicitar el reembolso, debe cumplimentar y presentar los dos impresos de solicitud y domiciliación bancaria, según lo establecido en elAnexo IV«Procedimiento de reembolso de aportación en prestación farmacéutica y dietoterapéutica» correspondiente a laResolución de 29 de junio de 2012, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, sobre instrucciones para la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en materia de prestación farmacéutica (DOCV núm. 6826 de fecha 25.07.2012)

  • Instrucciones para solicitud de reembolso ( Anexo IV)
  • Impreso de solicitud de reembolso de sobreaportación en prestación farmacéutica
  • Impreso de domiciliación bancaria
  • Preguntas frecuentes (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) nuevo modelo de prestación farmacéutica
  • Preguntas frecuentes (Conselleria de Sanidad) nuevo modelo de prestación farmacéutica
  • Procedimiento para la atención a ciudadanos sobre el copago farmacéutico (Instrucciones de fecha 23.01.2013). Relación de servicios de atención e información al paciente y Acceso a la consulta «Agregado reembolso»

El artículo 4 del Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, añade el artículo 96.bis a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El apartado 7 de ese artículo establece que el importe de las aportaciones de los usuarios que exceda de los topes máximos será objeto de reintegro por parte de las comunidades autónomas.

Es necesario, por tanto, establecer el procedimiento de gestión necesario para proceder a la devolución de los importes que correspondan a los usuarios de acuerdo con la normativa mencionada y las garantías necesarias para la seguridad de las operaciones.

Asimismo, se considera imprescindible que los usuarios conozcan los procedimientos que va a emplear el Servicio Gallego de Salud para hacer efectivos los derechos que le corresponden en relación con la prestación farmacéutica ambulatoria.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia y en el Decreto 310/2009, de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Sanidad,

resuelvo:

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Galicia de las instrucciones sobre el procedimiento de gestión del reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria previsto en el artículo 4 del Real decreto ley 16/2012, de 20 abril, que añade un nuevo artículo 94.bis a la Ley 29/2006, de 26 de julio.

Las instrucciones serán de aplicación en su integridad a partir del día 1 de julio de 2012.

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2012

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Secretario general técnico de la Consellería de Sanidad

Instrucciones sobre el procedimiento de gestión del reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria previsto en el artículo 4 del Real decreto ley 16/2012, de 20 abril, que añade un nuevo artículo 94.bis a la Ley 29/2006,
de 26 de julio

Los cambios surgidos como consecuencia de la publicación del Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, hacen necesario regular la forma en la que se va a desarrollar en el Servicio Gallego de Salud el procedimiento para la gestión del reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria, previsto en el mandato reflejado en el artículo 4.13 de dicha norma, que añade el artículo 94.bis a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para el caso de los usuarios que superen los topes máximos de aportación mensual fijados en dicha norma.

La disposición final segunda del Real decreto ley 16/2012 establece la necesidad de que las comunidades autónomas adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de lo previsto en el mismo, concretando en la disposición final octava que las que sean necesarias para la aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado trece del artículo 4, deberán adoptarse con anterioridad al 30 de junio de 2012.

La Consellería de Sanidad y las oficinas de farmacia de Galicia tienen implantado el sistema de receta electrónica, lo que permite facilitar la devolución de los importes a los que se refiere el apartado 7 del artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y evitar un procedimiento administrativo complejo para dar respuesta a la tramitación de estas solicitudes de reintegro y, por otra parte, garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos. De este modo se pueden establecer como límites mensuales de aportación, para las dispensaciones efectuadas a través del sistema de receta electrónica del Sistema Público de Salud de Galicia, los topes fijados por el citado Real decreto ley 16/2012.

No obstante, es preciso concretar un procedimiento que solvente con agilidad las peticiones de reintegros que, a consecuencia de determinadas circunstancias, como que, la dispensación del medicamento se hubiera llevado a cabo en otra comunidad autónoma, le correspondieran al paciente de acuerdo con la presente norma, siempre que este justifique de forma fidedigna tal circunstancia.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y a los efectos de garantizar la debida coordinación y equidad en el ámbito del Servicio Gallego de Salud, y en beneficio del asegurado y paciente en Galicia, se regula el procedimiento de gestión del reintegro de gastos de la prestación farmacéutica establecido en el artículo 4 del Real decreto ley 16/2012, de 20 abril, y se estima preciso dictar las siguientes instrucciones:

Primera. Objeto

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento para la gestión del reintegro de gastos por la adquisición de productos farmacéuticos para aquellos pensionistas, o beneficiarios de los mismos, con tarjeta sanitaria en vigor del Servicio Gallego de Salud, en los casos previstos en las presentes instrucciones, en que estos superen los topes máximos de aportación mensual fijados por el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, de conformidad con la redacción introducida por el Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, o aquellos otros usuarios, con tarjeta sanitaria en vigor del Servicio Gallego de Salud, en los casos supuestos en las presentes instrucciones.

Segunda. Ámbito de aplicación

Lo dispuesto en este procedimiento será de aplicación a aquellos usuarios, con tarjeta sanitaria en vigor del Servicio Gallego de Salud y con derecho a prestación farmacéutica a cargo de esta entidad, siempre que sean prescritos por facultativos de la red del Sistema Nacional de Salud y en los supuestos previstos en las siguientes instrucciones.

Tercera. Porcentajes, topes máximos de aportación y exenciones

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.13 del Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en el que se añade un nuevo artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de las medicamentos y productos sanitarios, con carácter general, los porcentajes de aportación de los usuarios seguirán el siguiente esquema:

a) Un 60% del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) Un 50% del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

c) Un 40% para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y no se encuentren incluidos en los apartados anteriores.

d) Un 10% del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas incluidas en el apartado a).

e) Estarán exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios afectados de síndrome tóxico, las personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, las personas perceptoras de rentas de integración social, las personas perceptoras de pensiones no contributivas, los parados que hayan perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

2. Como topes máximos de aportación, de conformidad con lo establecido por el citado artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de las medicamentos y productos sanitarios, serán de aplicación los siguientes:

a) Un 10% del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una aportación máxima para el 2012 de 4,13 euros. Esta aportación máxima se actualizará, de forma automática, cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC, por resolución de la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

b) 8 euros de aportación mensual máxima, para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000 euros, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o que no estén incluidos en los siguientes apartados c) o d).

c) 18 euros de aportación mensual máxima, para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

d) 60 euros de aportación mensual máxima, para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea superior a 100.000 euros, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

3. En cualquier caso, como porcentajes y topes máximos de aportación correspondientes a cada usuario serán considerados los recogidos en la base de datos de la tarjeta sanitaria, de conformidad con los datos comunicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los fijados por el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Cuarta. Límites mensuales de aportación

1. Con el objeto de simplificar el procedimiento de reembolso previsto por el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para el caso del importe de las aportaciones que excedan del tope máximo de aportación mensual fijado en el caso de usuarios pensionistas, y de garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos, se establece un límite mensual de aportación para las dispensaciones efectuadas a través del sistema de dispensación de receta electrónica del Sistema Público de Salud de Galicia, en los siguientes casos:

a) 8 euros para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000 euros.

b) 18 euros para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros.

c) 60 euros para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros.

2. Alcanzado por el usuario su límite mensual de aportación, no continuará realizando más aportaciones económicas durante el resto de días del mes en curso en todas aquellas dispensaciones que se produzcan a través de receta electrónica del Sistema Público de Salud de Galicia, sin perjuicio de que podrá percibir los reintegros que le pudieran corresponder por las aportaciones efectuadas en los casos previstos en estas instrucciones.

Quinta. Supuestos en los que procede la solicitud de reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria

El usuario con tarjeta sanitaria en vigor del Servicio Gallego de Salud podrá cursar solicitud de reintegro de gastos cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que por motivos de viaje o desplazamientos a otras comunidades autónomas, hubiera abonado una aportación superior a la que le correspondería de acuerdo con los topes máximos de aportación establecidos en la norma de aplicación.

b) Que no le hubiese sido aplicado correctamente el porcentaje de aportación o el tope máximo mensual que le corresponda en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario, por cambio de la situación del usuario u otra causa debidamente justificada, que este debe acreditar.

c) Cualquier otro supuesto que justifique que la aportación efectuada por el usuario supere el porcentaje o importe que le corresponda de acuerdo con la normativa de aplicación.

Sexta. Procedimiento de solicitud de los reintegros de gastos de la prestación farmacéutica

1. Las solicitudes de reintegro de gastos, en los supuestos recogidos en la instrucción anterior, podrán ser presentadas en el centro de salud que le corresponda al usuario y, en su caso, en cualquier otro lugar de los que establezcan las respectivas gerencias.

2. La persona solicitante deberá acompañar, con el modelo de solicitud (anexo), los documentos acreditativos que motiven su solicitud de reintegro de gastos:

a) Ticket-factura (recibo) de la oficina de farmacia dispensadora de los medicamentos o productos sanitarios, en el que consten los siguientes datos mínimos obligatorios:

– Medicamento o producto sanitario dispensado con código nacional y su PVP y número de envases.

– Aportación abonada por el usuario.

– Fecha de dispensación.

– Identificación de la oficina de farmacia.

– Identificación del paciente/asegurado destinatario de la medicación (CIP o DNI).

– Código de la receta electrónica, de ser el caso.

b) Documento que acredite la existencia de la receta con sello estampillado de la oficina de farmacia como justificación de que el producto ha sido dispensado: volante de instrucciones al paciente (copia de la receta) u hoja de medicación activa.

c) Certificación del INSS, en el caso de incidencia por cambio de situación o por otra causa en el porcentaje de aportación o en el tope máximo mensual recogidos en la base de datos de tarjeta sanitaria para el usuario, con indicación de la fecha desde que se ha producido la incidencia.

d) Cualquier otro documento que acredite la causa de la solicitud de reintegro.

3. Para la solicitud de reintegro de gastos, el usuario, o su representante en su caso, deberá presentar el modelo de solicitud y la documentación justificativa y acudir con:

– Original de la tarjeta sanitaria individual del solicitante.

– Original del DNI, pasaporte o documento equivalente del solicitante o representante.

– Número de cuenta donde solicita que se efectúe el ingreso (acreditado con cartilla de ahorros, recibo, escrito o certificado bancario donde se acredite la misma, o documento similar).

No será imprescindible que la cuenta bancaria sea de titularidad del solicitante siempre que éste dé su conformidad en el documento de solicitud. En este caso, deberán facilitarse los datos correspondientes al titular de la misma.

Séptima. Resolución

La Gerencia de Gestión Integrada o Gerencia de Atención Primaria respectiva, una vez analizada la solicitud de reintegro de gastos en los supuestos recogidos en la instrucción quinta con la documentación presentada por el usuario, y a la vista de ésta, dictará resolución motivada autorizando o denegando la citada solicitud en el plazo máximo de tres meses.

Contra la resolución de dicho reintegro procederá la interposición de una reclamación previa en el plazo de 30 días desde su notificación, o desde la fecha en que se entienda denegada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Octava. Solicitud de información complementaria

En la tramitación de los expedientes de reintegro de gastos de medicamentos o productos sanitarios, se podrá solicitar, para una correcta valoración del mismo, la documentación complementaria que se estime necesaria.

Se procederá al archivo del expediente siempre que el interesado no atienda al requerimiento de información cursado en el plazo que se determine, así como en el caso de aportar información ambigua o insuficiente para la resolución del expediente, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Novena. Plazo de solicitud

El plazo de solicitud del reintegro de gastos será de cinco años a contar desde el hecho causante. A tal efecto será considerada como fecha de inicio la fecha de la prescripción de la receta médica correspondiente.

Décima. Entrada en vigor

Las presentes instrucciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2012.

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2012. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, Secretario general técnico de la Consellería de Sanidad. Mª Nieves Domínguez González, Gerente del Servicio Gallego de Salud.

Un poco de historia

El copago en medicamentos de prescripción en receta médica (en adelante, copago farmacéutico) se encuentra prácticamente en todos los sistemas sanitarios de los países europeos1,2. El copago farmacéutico tiene larga tradición en la sanidad pública española, en la que se implanta con efectividad el primero de enero de 19673 sin que la cuantía aportada por el paciente difiera entre el activo y el pensionista. La primera modificación de este modelo de copago se produce en 19784, cuando se diferencia por primera vez la aportación de los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y se les asigna una aportación máxima denominada «aportación reducida». Para el resto de medicamentos se fija una aportación del 20% del precio del envase, de la que están exentos los pensionistas de la Seguridad Social (SS). La propia norma de 1978 establece que para el año 1979 aumente la aportación al 30%, que en 1980 se vuelve a incrementar al 40%5. Curiosamente, esta exención del copago al pensionista de la SS establecida a partir de 1978 se produce solo 3 años después del nacimiento de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)6, cuyo modelo de copago farmacéutico, hoy todavía vigente, establece una participación del 30% del precio del envase para el paciente activo y para el pensionista. El resto del Mutualismo Administrativo —Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas)— comparten el modelo de copago farmacéutico de Muface. El modelo de copago farmacéutico del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el del Mutualismo Administrativo acaban con el tiempo regulados por la misma norma (Disposición Adicional Única y AnexoV del RD1030/2006)7 compartiendo todas las características referidas a la participación económica del usuario, salvo la «aportación normal» sobre el precio del envase: activos del SNS (40%), pensionistas del SNS (0%), activos y pensionistas mutualistas (30%). Así, ambos modelos comparten los medicamentos de «aportación reducida», la cuantía de la misma y la exención de copago en los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Porcentaje efectivo de copago

El porcentaje o tasa efectiva de copago es aquella parte del total de la factura de farmacia de receta a PVP que es sufragada directamente por los usuarios. Los sucesivos incrementos del copago farmacéutico de 1978, 1979 y 1980 llevaron esa tasa hasta casi el 20% en 1980. Desde entonces este porcentaje ha ido descendiendo paulatinamente8, y en 2011 fue del 5,5%9. Hasta la reforma de julio de 2012, el porcentaje efectivo de copago en España ha sido uno de los más bajos de Europa10. La causa de ello hay que buscarla en el propio modelo de copago vigente hasta dicha reforma e invariable desde 1980, pensado entonces para hacer copagar una prescripción más orientada al proceso agudo del paciente activo. El contexto ha cambiado mucho a lo largo de estas décadas con el incremento de la esperanza de vida y de la comorbilidad, el progresivo envejecimiento poblacional español (superior al promedio de la Europa de la OCDE), la orientación que hace la industria de sus productos hacia el tratamiento de procesos crónicos y la extensión de las pensiones. Así, los pensionistas consumían en 1980 un 52% del gasto público en farmacia de receta del SNS11, porcentaje que ha ido creciendo desde entonces hasta llegar al 74% en 20119. Pero el envejecimiento y el aumento del número y de la proporción poblacional de pensionistas no han sido los únicos factores explicativos de la progresiva reducción del porcentaje efectivo de copago. La aportación que los activos hacen sobre su propio consumo también se redujo desde el 36,6% en 198111 hasta el 20% en 20119 debido, básicamente, a la progresiva mayor presencia y utilización, también por parte de los activos, de medicación de aportación reducida (mucho más cara que la de aportación normal)10. Pese a este descenso progresivo del porcentaje efectivo de copago, el modelo de copago vigente hasta 2012 no ha dejado de ser lesivo para una parte de pacientes activos —enfermos crónicos, fundamentalmente— que concentran gran parte del copago agregado efectuado por el conjunto de los activos.

Nivel de concentración del copago en pocos usuarios

El copago entre los activos no se distribuye de manera uniforme entre toda la población de activos, sino que se detectan concentraciones de copago en pequeños porcentajes de población de forma más probablemente relacionada con la presencia de enfermedad que con la capacidad económica del individuo. Las investigaciones realizadas al respecto detectan que el 5% de los activos acumula entre el 45,8 y el 53,4% del total de lo copagado por los activos, y que el 1% acumula entre el 17,2 y el 21,9% del total12,13. Probablemente el regulador haya intentado reducir estas inequidades aumentando la proporción de medicamentos de aportación reducida especialmente entre los nuevos —y más caros— medicamentos destinados al tratamiento de procesos crónicos que pudieran afectar a los pacientes activos (del SNS y del Mutualismo) y a los pensionistas mutualistas. Esto ha conducido a que el número de medicamentos de aportación reducida incluidos en el vademécum público se haya ido aproximando al de aportación normal, hasta superarlo en 200614.

Cambio del modelo de copago farmacéutico en 2012

El RD 16/201215 cambia la participación económica del usuario, que se establece en función de la renta y se actualizará anualmente. A grandes rasgos, los activos copagan un 40, un 50 o un 60% del precio del envase según tramos de renta y sin tope alguno. Los pensionistas con una renta superior a 100.000€ copagarán el 60% del precio del envase, con un tope mensual de 60€. Los pensionistas con una renta inferior a los 100.000 € copagarán un 10% del precio del envase, con un tope mensual de 8 o 18€ según tramos de renta. Los puntos de corte que definen los 3 tramos de renta son los 18.000 y los 100.000€. Continúan exentos de aportación los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. La norma también exonera de aportación a determinadas personas: afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica; personas perceptoras de rentas de integración social; personas perceptoras de pensiones no contributivas; parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación. A cada paciente se le asigna un código de aportación farmacéutica. Los códigos son los siguientes: TSI001 (sin aportación), TSI002 (aportación del 10%), TSI003 (aportación del 40%), TSI004 (aportación del 50%), TSI 005(aportación del 60%) y TSI 006(Mutualismo Administrativo: aportación 30%). En los medicamentos de aportación reducida se paga un 10% del PVP, hasta un máximo de 4,13€, independientemente del grupo de aportación farmacéutica al que pertenece el paciente, excepto los pacientes del grupo sin aportación (TSI001), que no pagan. Los topes mensuales de 8, 18 y 60€ y el tope de 4,13€ de la aportación reducida se actualizarán anualmente según el IPC. La última norma de actualización de estos topes vigente para el año 2015 se publicó a finales de 201416. Por si hubiera alguna duda, la norma deja bien claro que el nivel de «aportación normal» del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) continúa siendo del 30% tanto para activos como para pensionistas, que la «aportación reducida» rige igualmente para los mutualistas, al igual que están exentos de aportación los tratamientos derivados del accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las modificaciones del modelo de copago farmacéutico introducidos por el RD16/2012 vienen ya actualizadas en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos17, pues se refieren a cambios en el articulado de dicha Ley.

Efectos recaudatorios derivados del nuevo modelo de copago en receta del Sistema Nacional de Salud

El año 2013 es el primero en el que ha regido en toda su extensión el nuevo modelo de copago en la prestación en farmacia de receta del SNS (excepto el primer semestre en el País Vasco). A partir de datos oficiales de población protegida18 y de facturación de la receta del SNS que anualmente publica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)19 se puede obtener o calcular información relevante sobre los efectos recaudatorios derivados del nuevo modelo de copago20. Los usuarios contribuyeron a la factura a PVP en farmacia de receta del SNS en 2013 con 1.182,381millones de euros (678,6millones aportados por los activos y 503,8millones por los pensionistas), lo que significó el 10,2% de factura a PVP. Por lo tanto, el porcentaje efectivo de copago prácticamente se ha duplicado en 2013 (10,2%) respecto de 2011 (5,5%). Por colectivos, los pensionistas, con su copago, se hacen cargo del 5,9% de su factura, y los activos, del 22,2% de la suya. En 2013 cada activo ha contribuido en promedio con 19,1€ (2,72€ por receta) y cada pensionista con 52,9€ (0,82€ por receta).

Efectos recaudatorios del modelo de copago mutualista (el caso de Muface)

A partir de los datos presentes en la Memoria de Muface21 se pueden determinar los efectos recaudatorios de su modelo de copago farmacéutico en 201320. Ese año, los mutualistas contribuyeron a la factura a PVP en farmacia de receta de Muface con 64,854millones de euros (26,456millones aportados por los activos y 38,399millones por los pensionistas), lo que significó el 18,3% de factura a PVP. Por colectivos, los pensionistas, con su copago, se hicieron cargo del 18,1% de su factura y los activos, del 18,6% de la suya. En 2013 cada activo de Muface ha contribuido en promedio con 23,6€ (2,56€ por receta) y cada pensionista con 91,4€ (2,69€ por receta).

Duplicidades de cobertura en Muface

Una parte del colectivo de Muface compatibiliza legal o ilegalmente su condición de mutualista con la tarjeta sanitaria del SNS (duplicidad de cobertura), por lo que dispone de ambas tarjetas (la de Muface y la del SNS) y puede usar indistinta y sincrónicamente tanto la receta de Muface como a la receta del SNS. El hecho de la doble cobertura fue señalado por el Tribunal de Cuentas22 y afectaba a 31 de diciembre de 2003, al menos, a 213.930 mutualistas (más del 13% del colectivo). La duplicidad era ilegal en casi la mitad de ellos (100.468 personas), la mayoría de los cuales eran beneficiarios de algún titular de Muface. La duplicidad se ajustaba a derecho en 113.462 personas. Estos mutualistas disfrutaban también de la doble cobertura sanitaria (SNS y Muface) pero esta vez de forma legal, pues tenían la doble condición de titular en Muface y en el SNS por sus antecedentes de doble cotización al Régimen General de la Seguridad Social y al Especial de Muface.

Eventual selección de riesgos farmacéuticos en Muface

La selección de riesgos hipotéticamente ocurriría en aquellos casos de mutualistas con doble cobertura (legal o ilegal) con el SNS y, por lo tanto, con la posibilidad de usar al mismo tiempo e indistintamente la receta de Muface y la receta del SNS. La selección de riesgos se promovería por la diferente «aportación normal» por envase a la que están sujetos los colectivos de ambos regímenes. Aquellos mutualistas pensionistas pluripatológicos y plurimedicados que se vieran obligados a copagar una considerable cantidad al usar la receta mutualista, en el caso de tener doble cobertura (legal o ilegal) con el SNS optarían por usar, en vez de la mutualista, la receta del SNS por su menor aportación (nula hasta julio de 2012). La diferente «aportación normal» por envase entre ambos regímenes operaría en sentido inverso en el caso del mutualista activo que, aun disponiendo de doble cobertura (legal o ilegal) con el SNS, nunca usaría la receta del SNS, pues se vería sujeto a una mayor aportación por envase. La centrifugación de peores riesgos farmacéuticos desde la receta de Muface hacia la receta del SNS llevaría usualmente aparejado el desvío de peores riesgos médicos, pues, normalmente, quien es plurimedicado lo es por pluripatológico. Esto podría beneficiar indirectamente a las aseguradoras concertadas con Muface que cubren la prestación médica si el desvío de una receta a la otra implicara también, como sería esperable, un menor uso de dicha provisión privada.

Hallazgos compatibles con la persistencia de la doble cobertura ilegal y de la selección de riesgos farmacéuticos en Muface

El Tribunal de Cuentas comprobó que la doble cobertura ilegal persistía en octubre de 2004 en el 90,7% de una muestra aleatoria de 925 mutualistas indebidamente adscritos a la Muface a 31 de diciembre de 2003, pese a las supuestas medidas de depuración del colectivo llevadas a cabo por la propia mutualidad a lo largo de 200422. La mayoría de las duplicidades ilegales detectadas a 31 de diciembre de 2003 por dicho Tribunal ocurrían en mutualistas beneficiarios de algún titular de Muface. Ese año, la ratio beneficiario/titular en Muface era de 0,9921, es decir, prácticamente un beneficiario por cada titular. Diez años después, en 2013, la ratio beneficiario/titular es casi el doble en Muface (0,59)21 que en el SNS (0,33)23: un más que probable indicio de persistencia de la doble cobertura ilegal. Sabemos que durante los años más recientes el coste y el importe de la prescripción son aproximadamente un 50% superiores en el activo de Muface respecto del activo del SNS. Pero ocurre lo contrario en el caso del pensionista, cuyo coste e importe de la prescripción es aproximadamente un 50% inferior en el pensionista de Muface respecto del pensionista del SNS24,25. Esto parece sugerir, más allá de un mayor o menor efecto de contención de la demanda del modelo de copago mutualista, un efecto inductor del mismo sobre la selección de riesgos farmacéuticos cuando el mutualista con doble cobertura (legal o ilegal) pasa de activo a pensionista25.

Aspectos pendientes de corregir

El nuevo modelo de copago en la receta del SNS es menos injusto que el anterior al hacer depender el copago en farmacia de receta de la renta y no de la edad, como el anterior lo hacía en la práctica. Que los jubilados o pensionistas no copaguen nada es más que discutible cuando sabemos que, según edad, la renta anual neta media por persona de los mayores de 65años es ya en 2014 la mayor de todos los grupos de edad y que, según actividad, la de los jubilados es la mayor de todos los grupos, superando a la de los ocupados a partir de 201226,27. El nuevo modelo excluye a los más desfavorecidos económicamente, y el resto copagamos en función de diferentes tramos de renta. Quedan algunos aspectos por mejorar, como sería establecer, al menos, un tramo más de renta con un punto de corte entre los 18.000 y los 100.000€. Sin embargo, los 2 aspectos negativos más relevantes no han sido corregidos por el nuevo modelo. Se trata de la concentración del copago en los activos y el efecto inductor de la selección de riesgos en el Mutualismo Administrativo dependiente de la existencia de la doble cobertura (legal o ilegal) y de las diferencias en las aportaciones sobre el precio del envase entre el modelo de copago mutualista y el del SNS.

Respecto a la concentración del copago en los activos, la investigación de referencia la realizó Pere Ibern12,13. Si trasladamos los porcentajes de concentración de copago encontrados en dichas investigaciones a las cifras nacionales de activos y de copago agregado efectuado por dicho colectivo en 2013, resultaría que unos 356.000 activos habrían copagado en promedio unos 381€ cada uno26, una cifra muy superior a los 19€ de copago promedio por activo del mismo año. Es esta una intolerable inequidad y un verdadero impuesto a la enfermedad que urge corregir. Para ello habría que establecer un tope al copago del activo en cómputo anual, actualizable por IPC (como se actualiza el tope del copago del pensionista y la aportación reducida), aunque para ello hubiera que incrementar el copago de todos los activos al tipo máximo actual del 60% (o, incluso, del 70%) del PVP del envase, exceptuando únicamente el colectivo de muy bajos ingresos, el actual TSI001.

El modelo de copago mutualista, además de inductor de la selección de riesgos, es una auténtica barrera para el acceso al medicamento para aquellos pensionistas mutualistas pluripatológicos y plurimedicados que no pueden hacer uso legal (o ilegal) de la receta del SNS y no tienen otra opción que usar la receta mutualista20. Es urgente aplicar un cortafuegos al mecanismo inductor de la selección de riesgos farmacéuticos en el Mutualismo Administrativo. El cortafuegos no puede ser otro que igualar completamente ambos modelos de copago. La «aportación normal» de los pensionistas sobre el PVP del envase ha de ser idéntica en ambos regímenes, y la de los activos, también. Para ello hay que implantar en ambos regímenes el menos malo de los 2 modelos. Es decir, extender el modelo de copago del SNS al Mutualismo Administrativo, como ha recomendado el Defensor del Pueblo en Cataluña28. Como vemos, la peor inequidad del copago farmacéutico en la sanidad pública española se concentraría en los pacientes pluripatológicos y plurimedicados activos (mutualistas o del SNS) y pensionistas mutualistas que no pueden «huir» (legal o ilegalmente) hacia la receta del SNS.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Acerca del sistema sanitario

Las ayudas al copago tienen como objetivo permitir que las personas en situación de enfermedad y de necesidad no abandonen por cuestiones económicas los tratamientos médicos sujetos a financiación pública que les han sido prescritos en Osakidetza.

Estas ayudas están reguladas por DECRETO 16/2019, de 5 de febrero, el DECRETO 247/2017, de 14 de noviembre y el DECRETO 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario Público de Euskadi. En caso de querer obtenerlas, es necesario presentar la solicitud cada año, ya que son ayudas que se convocan anualmente mediante la publicación de una Orden .

Las ayudas al copago se tramitan mediante dos procedimientos diferenciados e independientes:

  • Simplificado: Este procedimiento está previsto para gastos realizados en la CAE en el período considerado en la convocatoria. Para acogerse a este procedimiento es necesario presentar una única solicitud simplificada.

    Acceder a la tramitación simplificada 2019

  • Ordinario: Este procedimiento está previsto para los gastos realizados fuera de la CAE, así como para las personas pensionistas titulares de Clases Pasivas y sus beneficiarios. Para acogerse a este procedimiento, es necesario presentar al menos una solicitud -máximo dos- y presentar los tickets o facturas que acrediten el gasto realizado cuya devolución se solicita y las recetas u hoja de tratamiento prescritas a la persona solicitante.

    Acceder a la tramitación ordinaria 2019

Una misma persona puede solicitar las ayudas por ambos procedimientos, pero en ningún caso se admitirá la sobrefinanciación de los tratamientos médicos prescritos.

Para cualquier cuestión relativa a las ayudas al copago, puede dirigirse al contacto de su Territorio:

El Gobierno vasco amplía las ayudas al copago de medicamentos a todos los parados

Una farmacéutica cobra unos medicamentos en un establecimiento de Bilbao. / Fernand Gómez

También extiende las prestaciones a los beneficiarios de la RGI que, al igual que los desempleados, no deben superar los 18.000 euros de ingresos anuales

MARÍA JOSÉ CARRERO Martes, 14 noviembre 2017, 17:18

El Gobierno vasco ha aprobado hoy la modificación del decreto de ayudas económicas que, desde 2014, destina a paliar los efectos del nuevo copago farmacéutico implantado por el Gobierno central en 2012. Tras atender las demandas de las asociaciones de pacientes y usuarios y un mandato parlamentario que partió del grupo EH Bildu, con el cambio aprobado hoy, la compensación se amplía para acoger a todos los parados y perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con ingresos, en ambos casos, no superiores a los 18.000 euros anuales. Estos dos colectivos estaban excluidos de la anterior normativa, que contemplaba las ayudas para jubilados y pensionistas con ingresos menores a 18.000 euros; desempleados sin prestación económica y personas inmigrantes en situación irregular que dispongan la tarjeta sanitaria de Osakidetza.

Las ayudas al copago –su nombre oficial es ‘para la adherencia a los tratamientos farmacológicos’– han beneficiado hasta ahora a más de 400.000 personas que, por sus limitaciones económicas o su riesgo de exclusión social, podrían verse abocadas a abandonar las prescripciones médicas o hacer un seguimiento insuficiente. El plazo para solicitar las ayudas correspondientes a este 2017 permanece abierto hasta el próximo día 10 de diciembre. Desde su puesta en marcha ha supuesto un desembolso superior a los 24 millones de euros.

Osakidetza: salud a la carta

Profesionales de la salud han visto orientada su actividad a una consecución de objetivos económicos cuya finalidad es la creación de microempresas que gestionen la salud de la población mediante un copago

Las líneas estratégicas del Ente público Osakidetza han evolucionado hacia la especialización desde el decreto de creación de las unidades de gestión clínica. Profesionales de la salud han visto orientada su actividad a una consecución de objetivos económicos cuya finalidad es la creación de microempresas que gestionen la salud de la población mediante un copago similar al farmacéutico: no solo pagamos con nuestros impuestos sino que somos consumidores de unos servicios que tienden a la concertación con el sector privado por medio de la elaboración de unas normas que son mecanismos legales para justificar la entrada de la empresa privada en el logro y mantenimiento de nuestra salud. La consecución de objetivos y la participación de profesionales se ha saldado con la diversificación de la asistencia en organizaciones sanitarias integradas caracterizadas por la figura del contrato programa, que suscribe cada una con la gerencia del Ente público. De esta manera, cada jefe de unidad decide la cobertura de sustituciones o la apertura de una planta de hospital mientras su trabajo, inicialmente orientado a la medicina, se redirige a la contabilidad y organización de recursos; y no todos los profesionales tienen ese privilegio: la asunción de responsabilidad y participación en la gestión es elitista y discriminatoria porque solo el personal sanitario tiene acceso por la ley 7/1997 del 26 de junio a tareas similares. Inicialmente reservadas para el personal facultativo, el personal de enfermería también puede optar a puestos de dirección en las unidades de gestión y de esta manera sumar incentivos a su sueldo a cambio de lograr los objetivos economicistas marcados por el Departamento de Salud a través de Organización Sanitaria Integrada a la que pertenezca.

Aunque las unidades de gestión clínica no sean exclusivas de la Comunidad autónoma vasca, sí que es cierto que son un reflejo de la política neoliberal del PNV en cuento al ideario; potenciar las empresas privadas de capital nacionalista como el Onkologikoa de Donostia inyectando dinero público para que siga siendo de naturaleza privada aunque los costes, incluido el personal, y su mantenimiento los abone Osakidetza desde 2012 entra dentro del marco legislativo de la Ley de Ordenación Sanitaria y del Decreto 255/1997 del 11 de noviembre, de los Estatutos Sociales del Ente. Situaciones parecidas está viviendo la Salud Mental, cuyas hospitalizaciones se han reducido viéndose incrementadas la creación de pisos tutelados y residencias especializadas mediante la falta de la figura de ayuda a la familia, la cual abona un precio público por su asistencia repitiéndose el modelo de “repago”; la asistencia socio-sanitaria para atender las necesidades de la tercera edad es mucho más gravosa, llegando a exigir movimientos bancarios de las personas usuarias como protocolo de control para cobrarles en función de sus ingresos. Esto, aunque no lo mencione expresamente el documento “Retos estratégicos de Osakidetza 2017-2020”, es una de las consecuencias de sus líneas de actuación.

El Departamento de Salud ha elaborado una Sanidad vasca que, al igual que la Educación, incentiva la concertación en vez de abaratar costes fomentando servicios 100% públicos

La articulación de las Organizaciones Sanitarias Integradas tiene como consecuencia la fagocitación de la Atención Primaria, primer contacto con cualquier profesional de la medicina ante un problema concreto. De ser la primera sufridora de la política de austeridad de 2009 a trampolín de la atención hospitalaria en una coyuntura donde se normaliza la medicación de patologías menos graves porque la cronicidad sale rentable. Igual que la derivación a hospitales concertados para la realización de pruebas y la falta de transparencia en los ejercicios económicos.

Hablar de que Osakidetza se ha convertido en un referente a nivel mundial es hablar de la política neoliberal del PNV en el contexto de la política europea de recortes importada desde Alemania y extendida a todo el sector público. El Departamento de Salud ha elaborado una Sanidad vasca que, al igual que la Educación, incentiva la concertación en vez de abaratar costes fomentando servicios 100% públicos; un concepto mercantilista de Sanidad con Jon Darpon aportando los ingredientes mientras las direcciones de las Organizaciones de Servicios, personal de libre designación, pautan al personal facultativo que cuida y trata nuestra salud las condiciones económicas sobre las que debe desarrollar su función. La Sanidad y el dinero público no les pertenecen. La salud no es un negocio y estamos aquí para recordárselo.

Los pensionistas tendrán más tramos de copago farmacéutico según los ingresos

Por su parte, en Ciudadanos no ha habido reacción oficial, pero en el pacto de Gobierno que firmaron en agosto con el PP no estaba prevista ninguna medida de este tipo, ningún cambio en el sistema de copago farmacéutico. Algunos parlamentarios mostraron su sorpresa ante el anuncio de la ministra.

La Xunta quiere participar

¿Y qué dice la Xunta? El titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, no quiso pronunciarse pero sí hubo declaraciones de la consellería, donde creen que es un asunto en el que las comunidades tienen que intervenir: «Si bien Galicia ya expresó su preocupación por la sostenibilidad del sistema, entendemos que lo referente a la financiación de la sanidad es un tema para tratar en clave nacional, en el ámbito de las comunidades autónomas». El día 17 es la cumbre de presidentes, por lo que se supone que lo abordará y tratará ahí.

Pero el ajuste no es una idea nueva en Santiago. Nieves Domínguez, gerente del Sergas, reconoció que en su momento «se pensó en hacer tramos de renta más cortos, pero la operatividad del sistema hizo necesario que se quedasen así».

Valencia redujo en un 32 % el abandono de los tratamientos

La consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, instó a la ministra de Sanidad «a retirar el copago» y recordó que la experiencia en su comunidad demuestra que sí hay muchas personas que dejan el tratamiento médico por no poder afrontar el gasto. En algunas comunidades, el usuario debe adelantar el 10% de los fármacos que consume y después reclamar todo lo que supere su tope establecido.

Para evitar eso, el Gobierno valenciano ayuda a los usuarios y ha reducido hasta en un 32 % el abandono del tratamiento médico. En concreto, por tipo de diagnóstico, destaca el mantenimiento del tratamiento en enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia (34 %), la diabetes (31 %) o la hipertensión (30 %).

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Los pensionistas dejarán de pagar los medicamentos a partir del 1 de enero

El Consell de Govern acordó ayer, poner fin, a partir del 1 de enero de 2019, al copago farmacéutico con cargo a los pensionistas residentes en Balears con una renta inferior a 100.000 euros anuales.

Esta medida beneficiará a 187.419 pensionistas, lo que representa el 92 por ciento del total, indicó la consellera de Salud, Patricia Gómez.

La consellera explicó, que el Govern cumple así el mandato que dispone la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2019, que entrará en vigor el 1 de enero, en la cual se decretan unas ayudas públicas para compensar los gastos derivados del copago que establece el Real Decreto Legislativo 1/2015 de garantías y uso racional del medicamento, al objeto de garantizar el cumplimiento terapéutico de los pensionistas residentes en las islas.

Gómez apuntó que el objetivo del Govern es garantizar que el pago de los medicamentos y productos farmacéuticos no sea un obstáculo para la adherencia a los tratamientos farmacológicos, cuestión que es especialmente necesaria entre los colectivos que más propensión presentan a la cronicidad de las patologías y, en consecuencia, a una polimedicación, como es el caso de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

Ahora, los pensionistas que cobran una renta inferior a 18.000 euros anuales pagan el 10 por ciento del precio de los medicamentos, con un límite máximo de aportación de 8,23 euros por mes; los que cobran entre 18.000 euros y 100.000 euros pagan también el 10 por ciento, pero con un límite mensual de 18,52 euros, y los que tienen una renta que supera los 100.000 euros anuales pagan el 60 por ciento, con un límite de 61,75 euros mensuales.A finales de 2016 el Servicio de Salud modificó el sistema de receta electrónica para que los pensionistas dejaran de pagar por encima de los límites de aportación farmacéutica establecidos que tenían que asumir en esta comunidad autónoma.

Gasto de 18,8 millones

En 2017, el copago supuso un gasto de 18,8 millones de euros, 12,3 de los cuales estuvieron asociados a las rentas inferiores a 100.000 euros anuales, pero a partir del 1 de enero ya no se tendrá que pagar por este concepto, según el Govern

La consellera indicó que para hacer efectiva esta medida se ha tenido que modificar el sistema de receta electrónica e integrarlo en los sistemas informáticos del Servicio de Salud y de las farmacias, un requerimiento técnico en el que han participado los departamentos técnicos del Servicio de Salud, con la colaboración necesaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares.

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La eliminación del copago de medicamentos con cargo a los pensionistas entra en vigor el 1 de enero

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha anunciado este viernes que las ayudas públicas para compensar los gastos derivados del copago que establece el Real Decreto Legislativo 1/2015 de garantías y uso racional del medicamento, entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

«El objetivo del Govern es garantizar que el pago de los medicamentos y productos farmacéuticos no sea un obstáculo para la adherencia a los tratamientos farmacológicos, cuestión que es especialmente necesaria entre los colectivos que más propensión presentan a la cronicidad de las patologías», ha explicado en rueda de prensa.

Así, ha señalado que con la eliminación del copago el Govern da un paso más en la protección de estos colectivos, ya que recupera la gratuidad de los medicamentos prescritos por la sanidad pública, que se había perdido en el año 2012 en virtud del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones.

De este modo, los pensionistas que cobran una renta inferior a 18.000 euros anuales pagan el 10 por ciento del precio de los medicamentos, con un límite máximo de aportación de 8,23 euros por mes; los que cobran entre 18.000 y 100.000 euros pagan también el 10 por ciento, pero con un límite mensual de 18,52 euros, y los que tienen una renta que supera los 100.000 euros anuales pagan el 60 por ciento, con un límite de 61,75 euros mensuales.

En el año 2017, el copago supuso un gasto de 18,8 millones de euros, 12,3 de los cuales estuvieron asociados a las rentas inferiores a 100.000 euros anuales, pero a partir del 1 de enero ya no se tendrá que pagar por este concepto.

Para hacer efectiva esta medida se ha tenido que modificar el sistema de receta electrónica e integrarlo en los sistemas informáticos del Servicio de Salud y de las farmacias, un requerimiento técnico en el que han participado los departamentos técnicos del Servicio de Salud, con la colaboración necesaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares.

La insulina, los antidiabéticos orales, algunos tratamientos hormonales, antidepresivos, antipsicóticos, fármacos para controlar las arritmias de corazón, los medicamentos para el tratamiento del cáncer de uso extrahospitalario, los antiparkinsonianos, los antigotosos. Estos y otros muchos -unos 40 grupos de productos- son medicamentos de aportación reducida y su compra está subvencionada, y lo seguirá estando pese a la entrada en vigor del copago farmacéutico. El paciente, no importa su nivel de renta, paga un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta. Ese porcentaje, que antes se aplicaba solo a los activos (que normalmente pagaban el 40% de la medicación si no se clasificaba como de aportación reducida), ahora se aplica también a los pensionistas, que antes obtenían estos y el resto de fármacos gratis. Sin embargo, el límite de aportación por receta de estos medicamentos también llamados de cícero o punto negro (porque están marcados con un círculo negro en el envase) que antes estaba en 2,16 euros se ha duplicado hasta los 4,13. Una medida que responde, según Sanidad al incremento del IPC que llevaba, argumentan, congelado 10 años.

Estos medicamentos de cícero suelen corresponder a tratamientos indicados para los enfermos crónicos o con enfermedades de larga duración, explica Javier González Medel, médico de familia. Y ese es precisamente uno de los criterios para que un producto pase a ser considerado de cícero o punto negro. También tienen aportación reducida algunos fármacos cuando son indicados para el tratamiento de la fibrosis quística o la pancreatitis, y aquellos prescritos para el tratamiento del sida.

Dentro de los grupos de fármacos de cícero hay algunos muy utilizados, como el sintrón (dentro de los llamados anticoagulantes orales). También otros muy caros como los estimulantes de la ovulación, utilizados en los casos de infertilidad, que no bajan de 100 euros, de los que el paciente solo paga el 10% con ese límite de 4,13 euros. O la insulina, como explica Vicente Baixauli, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac). «El paquete de cinco autoadministradores de insulina, que suele ser el tratamiento habitual de un mes porque cada autoadministrador se utiliza más de una vez, puede costar unos 50 euros; pero como lleva cícero el paciente tiene una aportación reducida», señala.

«Estos fármacos de punto negro suponen alrededor de unos 3,5 millones de euros de volumen de ventas y el 20% de las unidades», afirma Cristóbal López de la Manzanera, secretario de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma). Su organización lleva años pidiendo la actualización del IPC.

Una revisión, recuerda José Ramón Repullo, experto en economía de la salud, que ocurre en un momento complicado: “En este ardiente julio se van a recalentar tres impuestos a la enfermedad: el copago de medicamentos que extiende a pensionistas enfermos la carga de financiación sanitaria, la salida de la financiación de unas 500 medicinas para síntomas llamados menores y esta elevación del techo de aportación para los medicamentos de cícero”. Subida que toca especialmente a los enfermos activos, ya que los pensionistas tienen un tope de aportación según su renta de entre 8 y 60 euros al mes, para estos y el resto de los medicamentos.

Cuando se habla de participación del usuario en la asunción del coste de los medicamentos se hace referencia a la cofinanciación del gasto que los productos farmacéuticos ocasionan entre asegurador y el asegurado (determinados porcentajes del importe del precio). Así, en España los usuarios activos no discapacitados contribuyen, en general, asumiendo el 40% del precio del medicamentos de prescripción (lo que acostumbra a denominarse también copago), siendo la diferencia el subsidio que va a cargo del Sistema Nacional de Salud. El objetivo del copago es limitar el posible sobreconsumo que al parecer se produce cuando el coste del medicamento no recae en el usuario (también llamado «riesgo moral en el consumo»). En este sentido, el copago ha sido calificado en la literatura como «moderador del consumo» (también se hace referencia a él como ticket moderador).

INSTRUMENTO MODERADOR

El copago como instrumento moderador del gasto se utiliza prácticamente en todos los países europeos, si bien en algunos no es un porcentaje del coste sino una cantidad fija (Alemania, Reino Unido, Suecia, Irlanda) o una combinación de ambos (Italia y Finlandia).

Un primer objetivo del copago es la mejora de la eficiencia del sistema en la medida en que favorece que las decisiones de consumo sean neutrales, es decir, que no modifiquen la conducta consumidora de medicamentos provocando con ello pérdidas de bienestar. No obstante, otra función del copago es lograr una mayor equidad en el acceso a los medicamentos. A este respecto, cabe señalar que una tasa de copago igual para toda la población puede ocasionar importantes problemas de equidad, ya que el porcentaje de participación en el coste es independiente del nivel de renta del pagador. Ello justificaría la necesidad de establecer copagos diferenciales con la finalidad de redistribuir rentas.

La diferenciación en la participación en el coste (precios) puede basarse en distintos criterios, relacionados con las características del usuario (por ejemplo, edad, nivel de renta, residencia), con el tipo de envase (caso de Alemania) o con determinadas circunstancias de la especial protección de los usuarios de un producto determinando (por ejemplo, antirretrovirales para enfermos de sida o insulina para diabéticos).

Sin embargo, el copago diferencial se utiliza en la actualidad de una forma moderada, cuando podría extenderse más allá, en el marco económicamente restrictivo de la financiación pública que prevalece actualmente. De todos modos, su aplicación más estricta entrañaría unos costes administrativos y de inspección, con el fin de evitar el mayor de los riesgos asociados: el fraude.

A menudo, existen abusos (aún no demostrados en estudios empíricos pero conocidos), pero éstos pueden controlarse parcialmente mediante mejoras sustanciales en el sistema de información de la prescripción vía tarjeta sanitaria.

LA FACTURA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

La factura farmacéutica pública en España es, sin lugar a dudas, el componente del gasto sanitario que más crece: ya representa por sí sola cerca del 1,2% del PIB y el 22% del gasto sanitario. La figura 1 muestra cómo la tasa de variación del gasto no ha bajado del 5% en todo el período y ha superado en ocasiones el 15%. Desde las autoridades sanitarias, si bien se persigue el control del gasto, este objetivo se combina con otros, entre los que destaca la mejora de la prestación farmacéutica que reciben los usuarios del Sistema Nacional de salud (SNS). Si bien no existe una estimación de un índice de precios para los productos farmacéuticos en España, sí se conoce el aumento del gasto público en medicamentos en los años noventa, así como el aumento de la prescripción. El coste medio por receta en los noventa ha sido el principal impulsor de este gasto1.

Fig. 1. Tasa de variación del gasto público en medicamentos en España

COPAGO Y DEMANDA DE MEDICAMENTOS

Una de las principales causas que frecuentemente se apuntan como responsables del elevado crecimiento de la factura farmacéutica es la progresiva reducción de la participación en el coste por parte de los beneficiarios (fig. 2), aunque su efecto sobre el gasto ha sido limitado. Ello puede deberse a que la expansión del consumo que genera un copago reducido puede haberse compensado con otras medidas (listas negativas, etc). En consecuencia, una de las medidas de contención de esta partida en España podría ser el aumento del copago de medicamentos. Naturalmente una medida de estas características se enfrentará con el rechazo de la población que se vea afectada y sería percibida como un recorte de las prestaciones públicas a los ciudadanos que más las necesitan. No obstante, si este copago variara con el nivel de renta o riqueza declarado por los beneficiarios de la prestación farmacéutica, permitiría modular el gasto de acuerdo con la capacidad de pago del individuo en cuestión. Con este sistema se podrían alcanzar los objetivos de eficiencia propios de la utilización del copago y, a la vez mantener –al menos teóricamente– la equidad.

Fig. 2. Copago efectivo de medicamentos en España

La mayor o menor eficiencia del copago dependerá de lo sensible que sea el individuo a las variaciones en el precio. Si la demanda de medicamentos fuera rígida, el impacto del copago sobre el gasto sería muy reducido, si bien elevados copagos pueden ahorrar recursos públicos que podrían destinarse a otros programas sanitarios. A este respecto, los estudios revisados tanto en España como en Reino Unido o Estados Unidos indican que la elasticidad-precio de la demanda de medicamentos es moderadamente reducida –entre ­0,1 y ­0,5, si bien los estudios presentan abundantes limitaciones metodológicas2–.

El copago puede ser utilizado para fomentar el consumo de medicamentos de menor coste, en la medida en que el consumidor participe suficientemente en el coste, si bien no por ello se reducirían algunos consumos innecesarios, que dependerán más del nivel de información de la población sobre el consumo de medicamentos. En ciertos productos, el copago puede ocasionar el efecto contrario, es decir, el consumo de medicamentos más caros, ya que a menudo los medicamentos de menor precio pueden ser consumidos sin necesidad de receta médica, dado el reducido ahorro que supone para el ciudadano el adquirir sus equivalentes financiados.

En el presente artículo se desarrollará esta cuestión sobre la base de otra que se ha planteado en numerosas ocasiones: el establecimiento de un copago diferencial de acuerdo con el nivel de renta y, en términos más generales, condicionado a la capacidad de pago del individuo.

COPAGOS DIFERENCIALES Y EQUIDAD

Como ya se ha señalado, la utilización de un copago fijo puede tener un impacto negativo sobre la equidad del sistema sanitario, en tanto y en cuanto la población económicamente más solvente puede hacer frente con más facilidad al pago de medicamentos o, en su caso, complementar la cobertura pública con seguros privados específicos. Aumentar el copago a todos por igual tiene efectos importantes sobre el desarrollo del sector asegurador complementario (es el caso de Francia). La implementación de un copago diferencial trataría de cargar precios diferentes para el mismo producto a individuos que se diferencian por su capacidad de pago u otra característica relevante. Así se podrían mantener los actuales niveles de acceso a los medicamentos de un determinado grupo de consumidores que por su renta o área geográfica de residencia, etc. se caracterizan por tener una menor capacidad adquisitiva.

Una medida de estas características tendría sentido en el supuesto de que no se prevea aumentar los recursos públicos para financiar la prestación farmacéutica y se quiera garantizar la provisión de los recursos existentes a aquellos colectivos que por su capacidad económica más lo necesitan. Habitualmente se lleva a cabo a través del establecimiento de un sistema de descuentos previa certificación de la pertenencia a una determinada categoría de renta (derivada de una declaración de medios económicos).

Cuando una empresa establece una discriminación de precios en sus productos o servicios, suele asignar los más elevados a aquellos mercados en los que la demanda es más insensible al precio (más «inelástica»). De igual manera, si los individuos con mayor capacidad económica son menos sensibles al precio, la discriminación mejoraría el sistema de bienestar social.

Alemania

Este último sistema de copago descrito es el vigente en Alemania, donde los ciudadanos sufragan los fármacos en función de su nivel de renta con tres tipos de copago (4; 4,8 y 5,1 euros, respectivamente), siendo gratuitos, en cambio, los medicamentos recetados a menores de 18 años, a los ciudadanos sin recursos económicos y a los enfermos crónicos. No obstante, el copago tiene como límite el 1% de los ingresos del pagador, de manera que si éste asume un gasto superior, la diferencia le es reintegrada.

Estados Unidos

Otra propuesta en la misma línea fue la anunciada por los laboratorios Eli Lilly en Estados Unidos a principios de año, por la que creará un plan de cobertura farmacoterapéutica para ciudadanos de ese país beneficiarios del seguro sanitario público Medicare, que sean jubilados o discapacitados, no tengan ningún otro seguro que cubra su medicación y cuya renta anual sea inferior a 18.000 dólares por persona o 24.000 por unidad familiar. Se les asignará una cobertura de sus prescripciones de medicamentos por valor de doce dólares por mes y persona.

COPAGO A LA ESPAÑOLA

En España, hasta ahora no ha sido éste el sistema aplicado, sino el copago independiente del nivel de renta, y únicamente variable en función de dos causas: la diferente capacidad de generación de renta (en lo que se refiere a la situación de jubilación) y el deterioro del estado de salud asociado a la edad o a la discapacidad. En su día, la propuesta de un sistema de copagos diferenciales por renta la planteó en España el propio Ministerio de Sanidad, formulando la siguiente pregunta: ¿Es justo que un parado que cobra 480 euros al mes con dos hijos pague el 40% del precio de los medicamentos y el pensionista que cobra 1.500 euros no pague nada?

Si bien esta cuestión sería discutible caso por caso, lo cierto es que el cambio que insinúa supone la modificación de unos «derechos adquiridos». Además, en el caso de la población pensionista la prestación gratuita se puede entender como una forma de compensar el haber contribuido toda la vida. Se trata, sin duda, de una medida impopular, pero ello no descalifica la posibilidad de un copago diferencial, ya que éste no distinguiría entre grupos de individuos (parados versus pensionistas), sino que situaría a todos en el mismo punto de partida, ajustando los requerimientos en función de determinadas características relevantes.

El copago diferencial es, por tanto, un instrumento que desde una perspectiva teórica podría mejorar el sistema de bienestar social, si bien su implementación práctica es dificultosa, ya que implicaría una inversión considerable en sistemas de información, el consenso sobre qué características del usuario deben dar derecho a un menor copago y, lógicamente, podría reducir la simplicidad del sistema existente en España. Otra cuestión sería determinar si la propuesta debe referirse a todos los medicamentos o solamente a algunos que por su carácter esencial se consideren prioritarios. Como ya se ha señalado, la discriminación en materia de precios en sí ya es una realidad, al existir grupos concretos de beneficiarios (pensionistas y enfermos crónicos) que obtienen sus medicamentos a precios diferentes. En estos casos también se evidencia cierto porcentaje de fraude, que poco a poco va conteniéndose a través del desarrollo de mecanismos de control de la prescripción.

PRECIOS DE REFERENCIA

En España, la reciente aplicación de un sistema de precios de referencia supone introducir un copago evitable, en la medida en que si el consumidor escoge la especialidad bioequivalente, la proporción del coste no se verá modificada. Esta medida, de por sí, puede entenderse como una forma indirecta de introducir un copago diferencial que no perjudique la equidad, ya que se supone que los usuarios más pudientes serán los que no evitarán el copago.

COPAGOS Y DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA EN ESPAÑA

La descentralización de la política sanitaria en España supone un nuevo reto para algunas comunidades autónomas (CCAA) en lo que respecta a la contención de la factura farmacéutica. El gasto sanitario es una parte muy importante de la factura de las CCAA. La descentralización supone la transmisión del riesgo del Estado central a las instituciones autonómicas y permite que la política sanitaria y farmacéutica se adapte a las preferencias y necesidades específicas de cada población. En este sentido, no sería extraño que en un futuro reciente se observaran copagos diferentes entre CCAA. Este fenómeno para algunos podría ser un signo de desigualdad y falta de cohesión social. No obstante, no hay que olvidar que en España han existido y siguen existiendo diferencias de copagos debidas a privilegios de tiempos pasados. Uno de ellos es el menor copago de medicamentos que sumen los beneficiarios de MUFACE, simplemente por el hecho de ser funcionarios.

En la tabla I se observa cómo el gasto en medicamentos per capita es significativamente mayor en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El menor gasto se sitúa en las CCAA del Insalud y Canarias. El coeficiente de variación en el gasto per capita es un indicador de variabilidad. Si bien es reducido, parece presentar una tendencia al alza, lo que sugeriría un aumento de la diversidad en la factura farmacéutica pública. Tras la transferencia completa de competencias sanitarias a todas las comunidades autónomas que se produjo el año pasado, estas diferencias han seguido evidenciándose.

En la medida en que exista diversidad en las pautas de consumo entre CCAA y la política farmacéutica se adapte a esa diversidad, cabrá esperar algunas diferencias en el copago medio, entre otras razones por que la prescripción de medicamentos es sustancialmente diferente. En un informe de enero de 2003, la consultora IMS anunciaba notables diferencias en la prescripción de analgésicos en España.

Por otro lado, según el Ministerio de Sanidad, en el año 2002 el aumento del gasto público en farmacia fue impulsado por el incremento del número de recetas, a la vez que el gasto medio por receta se situó en los 11,67 euros, un 3,29% más que en 2001.

CONCLUSIONES

La utilización de un sistema de copagos como medida para la contención del gasto público en medicamentos es una medida complementaria. Puede ser efectiva para aquellas especialidades en las que la decisión individual desempeña un papel importante en el consumo, de manera que la elección de una especialidad u otra pueda verse moderada por un mayor precio resultante de un copago diferente. Por otra parte, el copago diferencial de acuerdo con la renta puede ser un instrumento para garantizar una mayor equidad en el acceso a la prestación sanitaria, si bien ello requiere un sistema de información que permita controlar el fraude.

La introducción de un sistema de precios de referencia puede entenderse como un «copago evitable», en la medida en que el individuo puede eludirlo si opta por medicamentos bioequivalentes de menor precio. El impacto sobre la equidad de este sistema dependerá de que los individuos con menor renta eviten, en efecto, el mayor copago.

La implementación de un sistema nuevo de copagos se enfrentará al rechazo de los grupos de población afectados por la medida (por ejemplo, los pensionistas), por lo que su aplicación resultaría complicada, salvo que se lograse un consenso político en este sentido (también muy complicado). Para ello sería necesaria una intensa labor pedagógica de cara a los ciudadanos, en la que se expusieran con extrema claridad y transparencia los posibles beneficios de equidad que se derivarían de la medida, así como las acciones para controlar el posible fraude.

Copago farmacéutico. ¿Son iguales todos los pensionistas?

Las sucesivas declaraciones de la ministra de Sanidad sobre la subida del copago farmacéutico de los pensionistas, durante la última semana, han sembrado la confusión y el enfado entre los afectados, los partidos, las autonomías y las organizaciones sanitarias. En su intento por aclarar la postura del Ejecutivo, Dolors Montserrat no hizo más que incurrir en nuevas contradicciones. Tras asegurar que “no está en la agenda del Gobierno”, admitió que, de todos modos, se va a estudiar y ha dejado en manos de “los expertos” del Ministerio y del resto de partidos la decisión final.

“Pienso sinceramente que deberíamos ajustarlo mejor, porque los que pagan 18.000 y un euro pagan lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros. Pienso, sinceramente, que quien más tiene debería pagar más. Por tanto, esto queremos revisarlo y así lo dije en la comparecencia”. Esta rotunda afirmación suya en los micrófonos de Radio 4 desató el lunes un temporal de especulaciones sobre una hipotética subida, como mínimo a una parte de los jubilados de ese tramo de renta, que ahora comparten el mismo tope máximo de 18,5 euros al mes.

Sanidad no salió al paso con ninguna aclaración oficial a lo largo de toda esa jornada, pero luego llegó por Twitter lo que parecía un primer intento de rectificación. “No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000€”, escribió. ¿Y a los de 30.000? ¿Y a los de 60.000? Los portavoces del ministerio remitían para más aclaraciones a la entrevista que Montserrat tenía concertada al día siguiente en “Los Desayunos de TVE”, donde comenzó con otro indicio de marcha atrás. “No alarmemos a los pensionistas. Hoy quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad y sosiego. La reforma del sistema de copago no está ni en la agenda del Gobierno ni en la del PP”, afirmó. Pero un minuto después añadió que está “dispuesta a estudiarlo”, después de que los expertos lleven a cabo un informe que, admitió, ni siquiera se ha empezado a confeccionar. “Voy a escuchar a los expertos y a los grupos parlamentarios, y, en función de eso, decidiremos (…) A lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos(…)”. “El copago podría subir, bajar o quedar igual”, continuó sembrando dudas.

Modular el pago en función de la renta

Lo cierto es que, al margen de la confusión creada, el consenso de los expertos es que se trata de una medida razonable que puede mejorar la equidad del sistema actual, además de aumentar los ingresos del Estado. En primer lugar, cabe señalar que el copago farmacéutico ya existe en España, pero es en función de la edad y no en función de la renta. Por tanto, no respeta el principio de equidad. Además, la exención total de los jubilados no fomenta la responsabilidad en la utilización de los medicamentos. Es decir, en la actualidad todos los ciudadanos que no son pensionistas pagan el 40% del precio del medicamento (excepto los enfermos crónicos que pagan un 10% y los funcionarios que pagan un 30% tanto si están en activo como si están jubilados).

Así las cosas, coinciden en que sería necesario modular el copago en función de la renta, tanto para los activos como para los jubilados. Es decir, aunque el abono medio de los activos sea el 40%, el pago debería ser más elevado para un asalariado con un sueldo alto que para un desempleado al que se le ha agotado la prestación. Pero es el Gobierno, con los datos que tiene a su alcance, el que se encuentra en las mejores condiciones para evaluar la medida de forma precisa.

Pero para ganar en equidad, los técnicos consideran que la modulación del copago no solo tiene que tener en cuenta la pensión, sino también debe atender a los siguientes elementos: las otras rentas del jubilado (fondos de pensiones privados, rentas de capital, etc.); si el pensionista vive con una persona a su cargo o no; o si se trata de un enfermo crónico, en cuyos casos el copago debería ser mucho menor.

Copago si…, para mejorar las prestaciones

El copago farmacéutico se emplea con éxito en la mayoría de los países de Europa, sobre todo en los que gozan de un servicio sanitario más amplio y con mejores prestaciones. Las formas de implantarlo son distintas en los diferentes territorios, pero siempre con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema que permita dar cobertura adecuada a toda la población.

Lo que tiene que garantizar el país, a través de su sistema de salud, es que todos los ciudadanos tengan todas las atenciones sanitarias que su estado de salud requiera, con independencia de cualquier circunstancia económica o de otra índole sin que esto grave de una forma importante sobre su economía. Estas atenciones deben prestarse a todos, sin excepción, en igualdad de condiciones empleando todos los recursos necesarios que cada situación precise, independientemente de su coste y de las circunstancias del individuo y todo ello con la rapidez adecuada. Esto quiere decir que, en ningún caso, el coste de la atención sanitaria debe suponer una carga económica significativa para las familias o los individuos.

El copago tiene dos objetivos primordiales: el recaudatorio, que es el menos importante, y el disuasorio, que es el fundamental. Se debe tener presente que la Sanidad es muy cara y que se paga entre todos. También hay que tomar conciencia de que si se quiere salvaguardar el sistema de salud que existe en España y conservar su carácter universal, hay que hacer un esfuerzo adaptado a las posibilidades de cada uno, para evitar el abuso consciente o inconsciente y la sobreutilización del mismo.

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