Contratos de seguros

¿Cuál es la diferencia entre el contrato de seguro y la póliza?

El acuerdo por el que el asegurador se obliga a resarcir un daño o pagar una indemnización al tomador del seguro cuando se produzca la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de una prima, es lo que se conoce como contrato del seguro.

Este contrato puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador, y tomador quedan reflejados en la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro.

Vemos pues que la póliza es el documento en que se reflejan las normas que de forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales entre asegurador y asegurado. La póliza esta compuesta por:

  • Condiciones generales: Reflejan el conjunto de principios básicos que establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad de garantía. Suelen establecerse normas relativas a la extensión y objeto del seguro, riesgos excluidos con carácter general, forma de liquidación de los siniestros, pago de indemnizaciones, cobro de recibos, comunicaciones mutuas entre asegurador y asegurado, jurisdicción, subrogación, etc.

  • Condiciones particulares: Recogen aspectos concretamente relativos al riesgo individualizado que se asegura y en particular:

    • Nombre y domicilio de las partes contratantes y designación del asegurado y beneficiario, en su caso. Concepto en el cual se asegura.

    • Naturaleza del riesgo cubierto. Designación de los riesgos cubiertos y de su situación.

    • Suma asegurada o alcance la cobertura.

    • Importe de la prima, recargos e impuestos.

    • Vencimiento, de las primas, así como lugar y formas de pago.

    • Duración del contrato con expresión de cuando comienzan y terminan sus efectos.

  • Condiciones especiales: Matizan o perfilan el contenido de algunas normas recogidas en las condiciones anteriores. El establecimiento de franquicias, a cargo del asegurado, la supresión de algunas exclusiones y la inclusión de otras nuevas. Este tipo de condiciones son frecuentes en las pólizas.

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Federico Martínez de la Puente. Abogado Seguros CEA

Contrato de Seguro

Se denomina Contrato de Seguro, al acuerdo por el cual la parte aseguradora se obliga, mediante la percepción de una prima y para el caso de que se produzca la eventualidad sobre el riesgo objeto de la garantía, a indemnizar, dentro de los límites pactados, los daños que el asegurado ha sufrido o a prestarle determinados servicios o pagos en dinero.

Con carácter general y en defecto de otra Ley que sea de aplicación, las diferentes modalidades del contrato de seguro están reguladas por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

El contrato de seguro, así como sus modificaciones o adiciones deben formalizarse por escrito y en un soporte duradero (en papel o cualquier otro instrumento que permita al Tomador almacenar la información y recuperarla fácilmente cuando así lo requiera).

Una particularidad de los contratos de seguros es que los derechos y obligaciones derivadas de los mismos pueden afectar, además de a las partes contratantes (Tomador y Asegurador), a otras partes como son el Asegurado y el Beneficiario.

Sabías que…

Existen distintas vías de contactar con las entidades aseguradoras para contratar un seguro. Una de ellas es hacerlo directamente con la aseguradora a través de Internet o por vía telefónica.

La diferencia principal con relación a la contratación a través de un mediador de seguros, es que en este caso el Tomador del seguro (persona que contrata el seguro) contacta directamente con la entidad aseguradora a la hora de suscribir el seguro, gestionando la contratación del seguro a distancia.

A algunas entidades financieras «se les escapan» en sus contratos cláusulas consideradas por doctrina y jurisprudencia como abusivas.

Por supuesto que los servicios jurídicos de los bancos saben lo que están haciendo pero juegan (es la esencia de su negocio) a los “grandes números”.

  • Una parte de los clientes no leerá siquiera el contrato.
  • De los clientes que leen el contrato, la gran mayoría no conoce lo que se considera cláusulas abusivas y ajustará su comportamiento a lo establecido en el contrato, sin protestar o le convencerán en el banco de que es obligatorio “porque está por escrito”.
  • De los clientes que leen el contrato y detecten las cláusulas abusivas, una gran parte, no reclamará, por evitar molestias y gastos o por no poder hacerlo, dada la posición de poder del banco frente al usuario.
  • Es decir, una pequeñísima parte reclamará en su caso y hasta sus últimas consecuencias por las cláusulas abusivas. A las empresas en general, les sigue siendo rentable la inclusión de dichas cláusulas.

A fin de clarificar las cláusulas abusivas que se puede encontrar, vamos a ver una relación de ejemplos. Esta lista se basa en un informe elaborado por el Colegio de Registradores en junio de 2013, a raíz de la aprobación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo. Para los que tengan interés, se puede acceder al informe completo a través de la web del Colegio de Registradores.

Las cláusulas abusivas se clasifican en financieras, de vencimiento anticipado, de carácter ejecutivo y ajenas a la garantía hipotecaria.

Cláusulas financieras

  • Estipulaciones que en los intereses ordinarios hagan el redondeo por encima de 1/8 de punto, fijen la variación sólo al alza o señalen un tipo de referencia no objetivo (que incluya en todo o parte el tipo de la propia entidad). Son contrarios a la D.A. 12 de la Ley 44/2002, art. 1256 C.C., art. 10 LGDCU).
  • Pactos sobre los intereses moratorios sobre créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas sobre la misma vivienda, que establezcan intereses superiores a tres veces el interés legal del dinero, o que se calculen por una cantidad superior al principal o que los capitalicen (art 114.3 LH).
  • Pactos sobre instrumentos de cobertura de tipos de interés (como los swaps) y los referidos a cláusulas de suelo y techo en los que el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite al alza, si el prestatario es persona física y la hipoteca recae sobre una vivienda. En estos casos se exige constancia manuscrita del conocimiento del deudor de los riesgos asumidos.
  • Pactos sobre pago de comisiones y compensaciones de riesgo que excedan los máximos permitidos (arts. 7 a 9 de la Ley 41/2007).
  • Pactos que impongan al deudor el pago de gastos o impuestos que por ley corresponde cargar al acreedor (Ley 1/2007 art. 89.3).
  • Pactos “omnicomprensivos” por los que el deudor garantiza cualquier deuda que en el futuro pudiese tener con el acreedor o que no determinen con exactitud la obligación que se garantiza (art.12 y 153 bis LH).
  • Pactos que permiten al banco exigir el pago de amortizaciones aplazadas no vencidas.

Cláusulas de vencimiento anticipado

  • Pacto de vencimiento anticipado del préstamo por impago de hasta dos cuotas: Se requieren 3 impagos por el artículo 693.2 LEC.
  • Pacto de vencimiento anticipado por denegación parcial, no inscripción en plazo o no inscripción de la hipoteca.
  • Pacto de vencimiento anticipado si el prestatario se declara en concurso (art. 61.3 Ley Concursal).
  • Pacto de vencimiento anticipado si se realizan actos dispositivos o se enajena la finca hipotecada (arts 27 y 107.3 LH).
  • Pacto de vencimiento anticipado por incumplir la prohibición de arrendar la vivienda por un plazo superior a 5 años. En caso de que los arrendamientos sean de los excluidos de la purga en caso de ejecución forzosa o gravosos por fijar rentas bajas o anticipar las rentas, sí se admite el vencimiento anticipado.
  • Pacto de vencimiento anticipado por despacho de mandamiento de ejecución o embargo contra la finca hipotecada o contra el deudor hipotecante (arts. 131 y 133 LH y 1129.1 CC).
  • Pactos de vencimiento anticipado por disminución de patrimonio, riesgo de insolvencia, impago de otras obligaciones ajenas al préstamo o cualquier otra reclamación que perjudique la solvencia del propietario. (STS 16 de diciembre de 2009).
  • Pacto de vencimiento anticipado por reducción del valor de la finca a criterio del prestamista o por perito con vinculación al mismo (art. 1.256 C.Civil) y 85.3 LGDCyU.
  • Pacto de vencimiento anticipado por disminución del valor de la finca a precios de mercado.
  • Pacto de vencimiento anticipado por expropiación de la finca.
  • Pactos de vencimiento anticipado por causas ajenas a la hipoteca, como fallecimiento del fiador, o pérdida de empleo.
  • Pacto de vencimiento anticipado por incumplimiento de prestaciones accesorias o cambios de negocio, modificaciones societarias, o inicios de procesos de fusión, escisión o disolución de la sociedad.

Cláusulas que afectan a la ejecución

  • Uso de Tasaciones sin certificado, o no ajustadas a los requisitos legales (art.129.2.a L.H.).
  • Pacto de venta extrajudicial en caso de que la deuda no esté inicialmente determinada.
  • Pacto de extensión de la hipoteca a los muebles en la finca y a las mejoras (art. 112 L.H.).
  • Pactos sobre igualdad de rango o posposición (art. 241 del Reglamento Hipotecario).
  • Pacto de renuncia a la cancelación parcial si el acreedor ha aceptado el pago fraccionado del préstamo (art. 124 de la Ley Hipotecaria).
  • Pactos para la ejecución que no señalen el valor de tasación a efectos de subasta, o domicilio, o los establezcan diferenciados según el procedimiento (arts. 129 L.H., 234 R.H. y 682 L.E.C.).
  • Pactos que permitan al acreedor descontar del precio de remate los gastos de la adjudicación (formalización y tributarios) (arts 672 y 692 L.E.C.).
  • Pactos para el pago por el deudor de los honorarios del abogado del acreedor en caso de ejecución extrajudicial.

Otras cláusulas abusivas

  • Pacto de extensión de la hipoteca a las nuevas construcciones que se realicen sobre la finca hipotecada, independientemente de su titular.
  • Pacto de compensación de la deuda con cualquier crédito que el deudor tenga con la entidad.
  • Pactos que establezcan obligaciones accesorias (por ejemplo, contratar los seguros habituales en la correspondiente empresa del grupo bancario).
  • Pactos de sumisión expresa a un tribunal distinto del lugar del inmueble (art. 90.2 TRLGDCYU y art. 684 L.E.C.).
  • Pacto comisorio: Esta cláusula permitiría la adjudicación directa de la finca en caso de impago, sin pasar por el proceso de ejecución y está directamente prohibida por el artículo 1.859 del Código Civil.
  • Pactos para obtener segundas copias con fuerza ejecutiva.
  • Pactos por los que el deudor renuncie a la notificación en caso de cesión del préstamo.
  • Pacto de exclusión del derecho de rescate del artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento civil, cuando la finca sea vivienda familiar.

A modo de conclusión, estas serían mis recomendaciones. Si va a firmar una hipoteca:

1.- Exija que le proporcione la minuta con suficiente antelación para leerla con tranquilidad y tener tiempo de hacer alguna consulta a fuentes externas en caso de duda.

2.- Por la trascendencia del contrato y su importe, considero (aunque parezca que “barro para casa”) que una revisión por un abogado especializado es siempre dinero bien invertido.

3.- Si detecta una cláusula abusiva, indíquelo al banco para que la eliminen.

4.- Si el banco no hace caso y se lo puede permitir, busque otra entidad financiera.

Cómo localizar cláusulas abusivas en un contrato de alquiler

Las modificaciones legislativas pueden acarrear cambios en modelos de contratos que durante años han permanecido intactos. El Real Decreto-Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, en vigor desde el 6 de marzo de 2019, ha introducido varias alteraciones a tener en cuenta en uno de los contratos más comunes, el del alquiler de vivienda habitual, suponiendo la nulidad de cláusulas que, hasta hoy, eran consideradas legales.

La medida trae una revisión más garantista del texto legislativo de cara a la protección del arrendatario. De esta forma, a la hora de redactar o firmar un contrato de alquiler es necesario permanecer atento tanto a las nuevas limitaciones a la voluntad de las partes como a las cláusulas que tradicionalmente han sido consideradas abusivas.

El Real Decreto-Ley por el que se ha reformado la actual Ley de Arrendamientos Urbanos se encuentra en estado de revisión por parte del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso firmado por el Grupo Parlamentario Popular por considerar que las medidas no revisten del necesario carácter de extraordinaria y urgente necesidad que deben justificar la creación de un Real Decreto-Ley según el artículo 86.1 de la Constitución.

No obstante el recurso, y a falta de resolución por parte del órgano constitucional, la reforma no pierde su vigencia. Estas son algunas de las cláusulas abusivas que pueden darse en un contrato de alquiler con la vigente Ley de Contratos de Arrendamientos Urbanos y que a día de hoy son nulas.

Duración del contrato

Con la reforma, se retoma la anterior legislación sobre la duración mínima del contrato de tres a cinco años, como establecía la normativa anterior a la reforma del 1 de junio de 2013.

Por tanto, una cláusula que obligue al arrendatario a abandonar el alquiler en un periodo anterior a los cinco años será nula. Tampoco será válido el pacto por el cual el arrendador se otorgue la licencia de poder elevar la renta en estos cinco años incluso cuando introduzca mejoras en la vivienda (artículo 19 de la LAU).

En caso de que el arrendador sea persona jurídica se obliga a una prórroga obligatoria de hasta siete años, lo que supone una novedad en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En caso de personas físicas arrendadoras la renta no podrá subir en concepto de mejoras por siete años.

Del mismo modo, también se amplía la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

Gastos de inmobiliaria

Una de las novedades introducidas en la reforma del pasado 6 de marzo de 2019 es el régimen de gestión de gastos de intermediarios como inmobiliarias. Se permite, como viene siendo habitual, que estos gastos sean asumidos por el arrendatario, pero se introduce una importante novedad: será nula la cláusula que obligue al arrendatario asumir dicho coste cuando su inquilino sea una persona jurídica.

Reparaciones de la vivienda

La regla general es que el arrendador deberá hacerse cargo de reparar los desperfectos de la vivienda como establece el artículo 21 de la LAU.

Serán así nulas las cláusulas que establezcan que el arrendatario deberá de hacerse cargo de gastos como goteras, humedades, desprendimientos, reparaciones en instalaciones de agua, gas o electricidad, etc.

No obstante, si estos gastos son ocasionados por un mal uso de la vivienda por parte de los moradores, serán estos los que deban acarrear con los gastos.

No es nula la cláusula que implique que los gastos de normal uso puedan ser asumidos por el arrendatario, como el consumo de las bombillas.

Indemnización por desistimiento

Será nula cualquier cláusula que exija una indemnización mayor que la dictada por la ley, que está recogida en el artículo 11 de la LAU. Por tanto, tras un periodo de 6 meses, sólo se podrá exigir una indemnización, previo pacto, de un mes por cada año que reste por cumplir el contrato, hasta el máximo de cinco, calculándose la parte proporcional para los periodos inferiores a un año.

Libre acceso del arrendador a la vivienda

Aunque por creencia popular se pueda pensar lo contrario, la ley establece que cualquier cláusula que permita al arrendador acceder a la vivienda sin el consentimiento del arrendatario es nula y se tendrá por no puesta. La propiedad de la vivienda (la casa) es del arrendado, pero hay que tener claro que el domicilio (no el edificio) pertenece durante la duración del contrato al arrendatario, y como tal es inviolable por vía del artículo 18.2 de la Constitución Española (entre otras, sentencia Tribunal Constitucional 22/1984).

Cláusulas abusivas en contratos de mantenimiento de ascensores

La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) 469/2019, de 17 septiembre (Sala 1ª) resuelve definitivamente una contienda que ha tenido ocupadas desde hace tiempo a las Audiencias provinciales, con diversos pronunciamientos. Se trata de la validez de la cláusula de duración de cinco años de los contratos de mantenimiento de ascensores que celebran los fabricantes con las comunidades de propietarios, y en los que se pacta una cláusula penal del 50% de la facturación que se hubiera producido hasta los cinco años si la comunidad no hubiera puesto fin anticipado a la relación. La compañía sostenía que la cláusula de duración había sido «negociada» y, por tanto, que no se trataba de una condición general de la contratación, sujeta a control de abusividad. El TS lo niega, sin importar que el plazo de duración hubiera sido escrito a mano, y no estuviera pre impreso, ni que se hubiera negociado un «lote» compuesto de duración y precio, de modo que la extensión de aquélla hubiera sido determinante para el monto del precio. Todavía más, para la Sala sería indiferente que se tratara de una cláusula negociada, porque su nulidad no provendría del artículo 87.6 de la Ley de Consumidores, sino por la contravención de una prohibición legal como la del artículo 62.2 de la misma ley, que prohíbe cláusulas (negociadas o no) de «duración excesiva». Para la Sala, el tiempo máximo de duración permitido han de ser tres años.

Repárense en dos aspectos no tratados por la sentencia. Si el plazo máximo de exclusiva es imperativamente de tres años, ¿se podrán entonces entender reducidos a tres los pactados de cinco? La cuestión importa, porque la comunidad repudió el contrato al segundo año. La Sala nada dice, y aplica la nulidad total, sin reducción conservadora de validez. Es la solución que repetidamente ha impuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para las nulidades de cláusulas no negociadas abusivas. ¿Pero también cuando la nulidad no procede de la aplicación del régimen de cláusulas abusivas, sino de la aplicación directa del artículo 6.3 del Código Civil? La segunda cosa que queda fuera de la sentencia es la relativa a la validez de la cláusula penal como tal. Todavía no se ha resuelto por el TS si una cláusula penal del 50% es válida o abusiva, cuando el plazo de duración respetara el límite de los tres años y la comunidad rescindiera antes de los tres años.

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