Clausula suelo tribunal europeo

El Tribunal Supremo añade otro episodio al culebrón que, desde hace años, tiene en vilo los bancos y sus usuarios. A través de una providencia, los jueces del Alto Tribunal suspenden todos los recursos que tienen pendientes sobre acuerdos firmados entre bancos y clientes para modificar o eliminar la cláusula suelo de los contratos, a cambio de la renuncia a cualquier futura acción legal y a recuperar lo que estas entidades les han cobrado en exceso por efecto de esta cláusula. Según esta decisión, las causas se reanudarán solo una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se haya pronunciado sobre unas cuestiones prejudiciales, planteadas por varios juzgados de primera instancia españoles. Una resolución que se espera apenas para el próximo año. La Asociación de usuarios financieros (Asufin) cree que la resolución tomada por el Supremo provocará la suspensión de los juicios que se están tramitando en primero y segundo grado.

La cuestión viene de lejos. En diciembre de 2016, el TJUE estableció que los bancos tenían que devolver el dinero que cobraron de más por la cláusula suelo desde el inicio del contrato que la contenía, y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo había declarado su carácter abusivo. A partir del momento en que la cuestión fue llevada al TJUE y antes de su pronunciamiento, las entidades llegaron a acuerdos con algunos clientes en los que se eliminaba la cláusula suelo, muchas veces sin reembolsar al usuario o estableciendo solo una devolución parcial. Eso sí, a menudo el banco pedía que el cliente renunciase de forma expresa a intentar la vía legal para lograr una compensación económica.

Una vez conocida la sentencia del TJUE, sin embargo, algunos usuarios decidieron denunciar los pactos ante el juez, al considerar que un acuerdo que hace referencia a una cláusula declarada nula desde su origen (y no solo desde mayo de 2013) debe declararse nulo también. El Tribunal Supremo, entonces, restó efectivamente validez a los acuerdos, pero hizo una excepción: aquellos que hubieran sido firmados por las partes ante un notario no podían considerarse abusivos, por tratarse de una novación que modificaba el contrato original y que el cliente, a través de este acto, lo ratificaba.

Foco en Luxemburgo

Son precisamente dos de estos pactos los que han llegado al TJUE, a través de sendas cuestiones prejudiciales, una, planteada por el Juzgado de Primera instancia número 1 de Teruel y, otra, por el Juzgado de Primera instancia número 7 de Ourense. Luxemburgo tendrá que contestar a la pregunta si los acuerdos firmados con el asesoramiento de un notario son también nulos. La novedad –que la Asociación de usuarios financieros (Asufin) dio a conocer esta semana– es que el Tribunal Supremo, el 10 de septiembre, decidió congelar todos los autos que están pendientes de resolución del recurso de casación en asuntos idénticos a estos dos, a la espera de lo que establezca el TJUE.

Diez días después, y al hilo de esta providencia, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Burgos suspendió un recurso de apelación presentado por Ibercaja por este asunto. En palabras de la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, esto demuestra que la decisión del Alto Tribunal ha sido “salomónica pero importante, ya que acabará repercutiendo en las instancias inferiores”. El foco ahora vuelve a estar en Luxemburgo, donde el 12 de diciembre está previsto que el Abogado General de la UE (el equivalente, en el TJUE, del fiscal) se pronuncie al respecto, antes de que el Tribunal, unos meses más tarde, fije su criterio de forma definitiva.

“Falsa sensación”

Mientras tanto, el pasado 3 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona ya dio la razón a los consumidores, a través de una sentencia en la que no solo declaró nula la cláusula suelo en una hipoteca firmada en 2007, sino también la novación que el banco pactó con el usuario el 26 de agosto de 2013. El juez reconoció, según lo dictado por el Tribunal Supremo, que esta transacción –que reducía la cláusula suelo al 3%– conllevaba la renuncia del cliente a iniciar acciones contra la entidad por la reducción del límite inferior pactado. Pero indicaba también que el Alto Tribunal había establecido que es preciso comprobar que el consumidor estaba en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación, para considerar válida la novación.

Ya que no se encontraron pruebas de que esto hubiese ocurrido, la Audiencia Provincial declaró nulos tanto la cláusula suelo como el pacto. Al faltar los datos económicos, señala Suárez, “se crea la falsa sensación de que el usuario obtiene una ventaja al haber reducido el límite mínimo de interés que le estaba aplicando el banco, pero no tiene en cuenta, porque no se le indica, que está aceptando pagar un importe superior al que le correspondía en caso de no aplicarse la cláusula suelo”.

EL TRIBUNAL EUROPEO ANTE UN NUEVO DILEMA: LOS ACUERDOS DE RENUNCIA SOBRE CLÁUSULA SUELO Y EL ÍNDICE IRPH.

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.

Actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene sobre la mesa dos cuestiones de vital importancia para los consumidores españoles afectados por cláusulas suelo y el índice IRPH.

Por un lado, está pendiente de pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada por la la Audiencia Provincial de Zaragoza en su Auto de 12 de diciembre de 2018 sobre la nulidad de las novaciones y transacciones suscritas entre consumidores y entidades bancarias por la nulidad de la cláusula suelo, en las que el consumidor renunciaba a reclamar las cantidades abonadas en virtud de la aplicación de una cláusula suelo.

Recordemos que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de abril de 2018, avaló, con el voto particular en contra de uno de los magistrados, la validez de un acuerdo suscrito entre el banco y un consumidor en el que éste renunciaba a reclamar por las cantidades abonadas por la aplicación de una cláusula suelo, siempre y cuando se hubieran cumplido las exigencias de transparencia en la firma del acuerdo. Esto es, que los clientes consumidores, tal y como les fue presentado el mismo, estaban en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación.

Pues bien, el Informe de la Comisión Europea de 16 de noviembre de 2018, a raíz de otra cuestión prejudicial también planteada al TJUE por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel, ya ha mostrado su opinión al respecto, considerando abusivos los acuerdos que los consumidores firmaron con su banco comprometiéndose a no reclamar retroactivamente lo cobrado por la cláusula suelo.

La comisión argumenta que a pesar de que en el acuerdo novatorio se habla de renuncia mutua, como si de un pacto simétrico se tratara, lo cierto es que“los bancos no renuncian a sus derechos de ejecución y el consumidor sí lo hace”. Este desequilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas parteses abusivo y, por tanto, el consumidor podrá demandar si se considera lesionado. Refiere además que se trata de cláusulas redactadas de antemano por el profesional y en cuyo contenido el consumidor no ha influido, viendo limitadas sus opciones a la posibilidad de aceptar o rechazar el contrato en su conjunto.

Y por otro lado, se prevé que a finales de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre otra cuestión prejudicial, esta vez en relación con las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), que fue elevada por el Juzgado de instrucción nº 38 de Barcelona en febrero de 2018, en la que cuestionó que el Tribunal Supremo se ajustara a la doctrina europea tras haber fallado a favor de los bancos en noviembre de 2017 concluyendo sobre la validez de este índice oficial, al considerar que no implicaba un abuso respecto al consumidor ni falta de transparencia.

A este respecto también se ha pronunciado ya la Comisión Europeaen su informe de 17 de septiembre de 2018, posicionándose a favor de los consumidores afectados por el IRPH, considerando que el mismo, a pesar de ser un índice oficial, debe ser examinado desde el punto de vista de la transparencia, teniendo en cuenta la publicidad y la información ofrecida por el banco, debiendo verificarse si éste comunicó al consumidor “todos los elementos que podían incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo”. Caso contrario, la cláusula referenciada al IRPH deberá considerarse abusiva. Por el momento toca esperar que el TJUE se pronuncie sobre ambas cuestiones, pero en caso de resultar favorable a los consumidores, nos encontraríamos ante un nuevo “varapalo” al Tribunal Supremo después que en diciembre de 2016 resolviera sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, en contra del criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Para esta abogada experta en derecho hipotecario “es necesario que el TJUE se pronuncie y unifique doctrina sobre este asunto. Nuestro despacho tiene un centenar de procedimientos parados por esta cuestión. Unos se han retirado y otras con sentencias favorables, pero llevan dos años con el tema suspendido pagando la cláusula suelo y no les han devuelto nada hasta este momento”.

En cuanto a las conclusiones del abogado general, Benedi se muestra prudente ante el desenlace que, como todos los pronunciamientos de este tipo no vinculan al TJUE en un fallo posterior. “Es posible que señale que los acuerdos de novación son nulos y que hay que volver a los criterios anteriores a dicha cuestión prejudicial”.

Desde su punto de vista, “también podríamos encontrarnos con unas conclusiones donde quedasen definidos lo que son los acuerdos de novación y cuando son aceptables desde el punto de vista de la transparencia e información que se da al consumidor”.

De todas formas cree que dichas conclusiones serán una pista importante de cómo va a resolver este asunto que afecta a tantas familias por parte del propio TJUE.

Hasta el momento, las sentencias están siendo dispares en los juzgados de primera instancia.

“Hay algunas de ellas donde el cliente ha cobrado por ese dinero que adelantó por la aplicación de las cláusulas suelo con fallo estimatorio y una semana después, tras la sentencia del Tribunal Supremo, otro asunto muy parecido, con el mismo contrato de la entidad financiera implicada, está parado en la propia Audiencia Provincial desde hace dos años”.

La expectación ante cómo va a resolver el TJUE es importante.

¿Por qué la renuncia a reclamar la cláusula suelo no puede considerarse válida?

Por todos es sabido que el sector financiero se ha estado blindando a raíz de la famosa Sentencia de nuestro Alto Tribunal, del 9 de mayo de 2013, que declara la nulidad de las cláusulas suelo concernientes a tres entidades bancarias (BBVA, Cajasur y NCG), condenándoles al pago sin efectos retroactivos. Es decir, los bancos no debían reintegrar las cantidades cobradas de más de antes del 9 de mayo de 2013.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2016, estableciendo que la devolución de las cantidades sí debía realizarse con efectos retroactivos, de manera que, a partir de dicha Sentencia, los afectados ya pueden realizar reclamaciones por todo lo cobrado de más desde que el EURIBOR bajó tanto que se hizo efectiva la aplicación del interés fijo establecido en la cláusula suelo inmersa en el préstamo hipotecario.

Una de las acciones más habituales realizadas en los últimos años por parte de las entidades financieras para evitar el pago millonario a los afectados, ha sido contactar con los mismos y firmar un acuerdo donde el banco accede a eliminar la cláusula suelo de la hipoteca o, en ocasiones, lo sustituía por un tipo de interés fijo inferior a la cláusula suelo ya eliminada. Pero este acuerdo se realiza a cambio de la renuncia, por parte del consumidor, a reclamar la devolución de las cantidades ya pagadas.

Es decir, ahora se encuentra encima de la mesa la duda razonable acerca de si esta renuncia a ejercer una acción judicial carece de toda validez (tratándose de un acuerdo que vulnera, una vez más, los derechos de los consumidores y usuarios siendo por ello abusivo) o si, por el contrario, la renuncia realizada es válida considerándola ajustada a derecho. Además en este momento surge la duda de si es posible solicitar la nulidad de la cláusula suelo a pesar de haber sido eliminada a raíz del acuerdo realizado.

Las respuestas a estas preguntas se hace compleja, no obstante los Tribunales ya han venido admitiendo que sí es posible acudir al Juzgado y exigir la nulidad de la cláusula suelo y reclamar las cantidades pagadas de más, a pesar del acuerdo.

A) Sobre las razones por las cuales se puede considerar que la renuncia no tiene validez alguna:

  • Sobre la nulidad radical

Una vez decidido que es viable probar que la cláusula suelo ha sido incluida en el préstamo hipotecario de manera impositiva por la entidad financiera, sin haber informado a los consumidores suficientemente sobre su relevancia, así como las consecuencias económicas que pueden llegar a tener, dicha cláusula ha de considerarse abusiva y, por lo tanto, habrá de decretarse su nulidad radical.

La nulidad radical (a diferencia de la anulabilidad) conlleva que un acto que es nulo no puede tener efecto alguno, debiendo eliminar todas las consecuencias derivadas de dicha nulidad, sin plazo para solicitar su reconocimiento.

Existen Sentencias (STS, Sala Primera, de 25 de noviembre de 2015 o la STS de 29 de noviembre de 2015) que establecen la imposibilidad de sanación o convalidación de un acto nulo, ni siquiera por los “actos propios” de la parte perjudicada.

Lo explica muy correctamente la Audiencia provincial de Zaragoza, en su Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016), la cual establece al tenor literal siguiente:

«Tanto el A. 77/16, 18-2, como la S. 156/16, 14-3 recogen la siguiente interpretación: ‘En este sentido el reciente auto del TJUE de 11 de junio de 2015 ha declarado respecto a la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que infrinjan la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores aunque no hayan sido aplicadas que: ‘La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 – de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión’.

Sobre esta declaración también ha de concluirse la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga la renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. En primer lugar, por la vigencia del principio lo que es nulo -añadimos radicalmente nulo- ningún efecto produce -quod nullum est nullum producit effectum-. De ahí que las novaciones de tal cláusula deben ser consideradas un intento de moderarlas por vía contractual.

De otra parte, la libertad contractual en la que se justifica su validez parte precisamente, no de un ámbito ilimitado contractualmente de la misma, sino, precisamente, de la validez de la cláusula que es nula y la percepción del carácter más favorable para el consumidor de la que se sustituye, cuando la misma sigue siendo la misma condición general de contratación, aparentemente negociada en el caso concreto, con una limitación al tipo de interés inferior a la que se trata de dar efectividad por el banco para paliar los efectos de la condición general de la contratación atacada de nulidad. Incluso desde la propia eficacia del negocio jurídico, la convalidación de una cláusula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno -en este sentido, pueden citarse la sentencia de la AP de Ciudad Real (Sección Primera) de 5 de marzo de 2014 y la de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Burgos de fecha 12 de septiembre y 17 de octubre de 2013-. Por último, desde el punto de vista de la psicología del cliente, solo el temor en su momento a la posible eficacia de la cláusula tachada ahora de nula justifica acceder a una mera rebaja del tipo de interés impuesto; la verdadera libertad contractual se hubiera manifestado tras la liberación al consumidor por la entidad del cumplimiento de la cláusula tachada como nula, con un acuerdo ulterior, muy improbable, en el que el consumidor libremente aceptara una limitación ex novo a la bajada del tipo de interés inferior al suscrito con la cláusula dejada sin efecto»

  • El derecho de acceso a los tribunales es irrenunciable

El acuerdo que recoge la renuncia al ejercicio de cualquier acción judicial es abusivo, por tratarse de irrenunciable por parte de los consumidores. Es decir, desde la propia situación del cliente, solo su temor a la eficacia de la cláusula suelo, le hace firmar un documento novatorio (acuerdo que elimina la cláusula suelo), documento que ya ha sido redactado por el banco sin posibilidad de negociación por parte de aquél, de manera que se le está imponiendo su firma porque, de lo contrario, seguiría aplicándose la cláusula suelo en su hipoteca.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, contiene un extenso listado de cláusulas abusivas, entre las que se encuentra esta previsión:

«Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.

En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean:

(….)

7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario».

A mayor abundamiento, la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, contiene un anexo con listado de cláusulas que se consideran abusivas en todo caso, entre la que se encuentra la que a continuación se expresa:

«q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante».

  • Doctrina del TJUE sobre el interés público de la nulidad de las cláusulas abusivas

El TJUE afirma que la nulidad de las cláusulas abusivas es cuestión de orden público europeo, existiendo un interés público en eliminar las cláusulas abusivas que los profesionales hubiesen impuesto a los consumidores. De esta manera, Europa exige a los jueces que deben actuar de oficio para acordar su nulidad, aunque no se reclame por parte de los consumidores. Y ello lleva a que se eliminen los efectos perjudiciales para los consumidores de las cláusulas abusivas, con la única limitación de que ya existiese una resolución firme que hubiese admitido la validez de esa cláusula (efecto de cosa juzgada). La propia Sentencia de 21 de diciembre de 2016 reitera esa doctrina.

De admitirse la validez de la renuncia a reclamar las cantidades cobradas por la aplicación de la cláusula abusiva, se daría lugar a que ésta mantuviese sus efectos al menos parcialmente y se perdería el efecto disuasorio que persigue el artículo 6.1 en relación con el artículo 7.1 de la Directiva 93/13.

  • Posible defensa por parte de las entidades financieras.

La representación de los bancos seguramente alegarán que, en virtud del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, sólo considera nula la renuncia previa de los derechos de los consumidores por lo que, en sentido opuesto, son válidas las renuncias posteriores (es decir, cuando ya ha surgido el conflicto con el empresario).

No obstante, dado que se trata de una cláusula radicalmente nula por abusiva (por lo que se considera contraria al orden público, inexistente y que no admite convalidación), no puede admitir una validez parcial, en cuanto a los efectos económicos ya consolidados. Por lo tanto, la renuncia no puede ser válida toda vez que ello implicaría que la cláusula abusiva, radicalmente nula, mantendría parcialmente su efectividad.

Además, hay que tener en cuenta que mencionado artículo 10 declara también la nulidad de los actos en fraude de ley, de conformidad con el artículo 6 del Código Civil. Esta renuncia de acciones podría considerarse como fraude de ley, en cuanto que el banco trata de crear la apariencia de que hay un consentimiento libre, autónomamente formado por parte del consumidor, cuando éste actúa presionado por su situación económica, por la necesidad de eliminar cuanto antes los efectos de una cláusula que gravan severamente su situación familiar y sin que el banco le haya informado del importe de las cantidades a las que está renunciando.

Esa renuncia no es válida porque carece de objeto, de manera que recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula que es radicalmente nula. A mayor abundamiento, los más apremiados para firmar esos acuerdos fueron las familias que se encontraban en una peor situación económica, ya que necesitaban con la mayor urgencia rebajar el peso de la cuota del préstamo hipotecario de modo que, como la reclamación de devolución de cantidades llevaría mucho tiempo (por la duración del juicio que tendrían que iniciar), se vieron en la tesitura de tener que renunciar a reclamar esas cantidades para poder eliminar citada cláusula.

Además de lo anterior, el artículo 1255 del Código Civil, será un artículo recurrente por parte de la defensa de las entidades bancarias con el fin de justificar la la validez de la renuncia a reclamar,este artículo establece al tenor literal siguiente:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”

Ya hemos visto que la nulidad y la eliminación de todos los efectos de las cláusulas abusivas es cuestión de orden público, por lo que parece claro que la libertad de contratar no puede amparar un pacto que trata de mantener la validez, al menos parcial, de una cláusula contraria al orden público.

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por ejemplo, ha dictado varias sentencias en este sentido, como la de 14 de marzo de 2016 y la de 11 de octubre de 2016.

B) Sobre la acción de nulidad de la cláusula suelo ya eliminada por la entidad bancaria

En este momento, una vez asentado que la renuncia a “pleitear” no se ajusta a derecho, nos preguntamos si es posible ejercitar la acción de nulidad de una cláusula suelo ya eliminada por el banco. De esta manera (tal y como señala la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016), es totalmente viable ejercitar tal acción de nulidad, ya que la firma de una cláusula posterior sustitutiva de una cláusula nula (radicalmente nula), no da validez a una cláusula previa objeto de una ulterior impugnación vía judicial (toda vez que la cláusula que ya es nula, ningún efecto produce). Por lo que sí procede la solicitud judicial de nulidad de la cláusula suelo y exigir lo cobrado de más y sus intereses.

Esta Sentencia establece en este sentido:

«En el caso concreto, la resolución de la instancia estimó que la sustitución o novación de la cláusula tachada de nula, al no rebasar el control de transparencia exigido por la norma y su interpretación jurisprudencial, era un acto dispositivo válido de la parte actora al amparo del art. 1.255 del CC y, por tanto, equivalía a una renuncia a la invocación de la nulidad sobre la cláusula resultante.

A ese respecto la actora con fundamento en diversa doctrina nacional y del TJUE mantiene la imposibilidad de convalidar las cláusulas nulas en origen aunque no hayan sido aplicadas.

En este sentido el reciente auto del TJUE de 11 de junio de 2015 ha declarado respecto a la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que infrinjan la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores aunque no hayan sido aplicadas que:

‘La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 – de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión’.

Sobre esta declaración también ha de concluirse la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga la renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. En primer lugar, por la vigencia del principio lo que es nulo -añadimos radicalmente nulo- ningún efecto produce – quod nullum est nullum producit effectum-. De ahí que las novaciones de tal cláusula deben ser consideradas un intento de moderarlas por vía contractual. De otra parte, la libertad contractual en la que se justifica su validez parte precisamente, no de un ámbito ilimitado contractualmente de la misma, sino, precisamente, de la validez de la cláusula que es nula y la percepción del carácter más favorable para el consumidor de la que se sustituye, cuando la misma sigue siendo la misma condición general de contratación, aparentemente negociada en el caso concreto, con una limitación al tipo de interés inferior a la que se trata de dar efectividad por el banco para paliar los efectos de la condición general de la contratación atacada de nulidad. Incluso desde la propia eficacia del negocio jurídico, la convalidación de una cláusula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno -en este sentido, pueden citarse la sentencia de la AP de Ciudad Real (Sección Primera) de 5 de marzo de 2014 y la de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Burgos de fecha 12 de septiembre y 17 de octubre de 2013-. Por último, desde el punto de vista de la psicología del cliente, solo el temor en su momento a la posible eficacia de la cláusula tachada ahora de nula justifica acceder a una mera rebaja del tipo de interés impuesto; la verdadera libertad contractual se hubiera manifestado tras la liberación al consumidor por la entidad del cumplimiento de la cláusula tachada como nula, con un acuerdo ulterior, muy improbable, en el que el consumidor libremente aceptara una limitación ex novoa la bajada del tipo de interés inferior al suscrito con la cláusula dejada sin efecto.

En definitiva, no puede ser admitida la renuncia a la aplicación de la cláusula tachada de nula o la novación de la misma por otra más favorable al consumidor como causa de enervación de la apariencia de buen derecho’.

Tal doctrina ha de ser reiterada en este acto y aplicada al caso enjuiciado referente a la novación producida en 2013.»

Nuevo En el siguiente enlace se encuentra el Formulario de demanda de iberley para reclamar a la entidad bancaria la cláusula suelo (junto con la cláusula de vencimiento anticipado) dónde el consumidor firmó un acuerdo previo en el que se le cambiaba la cláusula suelo por un tipo de interés fijo, solicitando la nulidad tanto del acuerdo como de la cláusula suelo (y vencimiento anticipado) junto con la devolución no sólo de los intereses pagados de más por motivo de la cláusula suelo, sino también las cantidades pagadas de más derivado del acuerdo previo (la diferencia entre el interés fijo acordado y el interés variable (EURIBOR + diferencial)): Formulario de demanda de nulidad cláusula suelo y vencimiento anticipado tras reclamación extrajudicial previo acuerdo c…

El Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao ha resuelto que la renuncia a reclamar por las “clausulas suelo” no es válida. En reciente sentencia, el Juzgado ha analizado la demanda de nulidad de “cláusula suelo” en un préstamo hipotecario en el que se incluyó una limitación a la baja del tipo de interés, fijada en el 2,75% y una correlativa limitación al alza del tipo de interés del 15%.

La novedad de este asunto, y lo que ha provocado que la Sentencia sobre el mismo haya tenido una gran repercusión, no ha sido que la consumidora no fuera informada de la inclusión de dichas cláusulas, o que las mismas fueran abusivas, sino que posteriormente firmó con la entidad bancaria un acuerdo por el cual la entidad financiera dejaba sin aplicación la “cláusula suelo” y la “cláusula techo”, a cambio de la asunción por parte de la clienta de la obligación de no reclamar judicialmente.

Entiende el Juzgador que esa renuncia no es válida y que la misma carece de objeto, al recaer sobre una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. Considera que, tal y como defiende IPARBILBAO Abogados en este tipo de asuntos, el consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente de los efectos de la declaración de nulidad, sin ser posible transigir sobre una cláusula nula.

Cláusula suelo: ¿Aún puedo reclamar si renuncié a la vía judicial?

Tras meses de espera, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Henrik Saugmandsgaard, ha emitido sus conclusiones sobre la posible abusividad de los pactos entre hipotecados y bancos para reducir o eliminar las cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso.

El letrado se ha pronunciado a raíz de una consulta formulada por el Juzgado de Primera Instancia de Teruel por un litigio entre una consumidora e Ibercaja por la declaración de nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato de subrogación de préstamo hipotecario.

¿Cuáles han sido sus conclusiones?

Saugmandsgaard considera que estos acuerdos no son contrarios a la legislación europea siempre que el consumidor haya dado su “consentimiento libre e informado”. Es decir, el hipotecado debe demostrar si su entidad le informó debidamente sobre las “consecuencias económicas y jurídicas” de renunciar a interponer acciones judiciales.

Del mismo modo, el abogado sostiene que estos acuerdos deben “cumplir el imperativo de transparencia”, por lo que para ser válidos las entidades deberán demostrar que informaron a sus clientes a cuánto dinero estaban renunciando al firmar el acuerdo.

Entonces, ¿puedo reclamar?

Las conclusiones del letrado no son vinculantes, pero sí coinciden en un 80% de los casos con las de la Corte con sede en Luxemburgo, por lo que aún hay opciones para recuperar las cantidades correspondientes.

Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, dichas recomendaciones “siguen dejando abierta la litigiosidad al tener que demostrar, caso por caso que se trató realmente de un acuerdo negociado y no de un abuso de posición por parte del banco, por lo que los bancos tendrán que demostrar que no impusieron a sus clientes las cláusulas de los acuerdos novatorios”.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Antes de iniciar cualquier tipo de reclamación o de renunciar finalmente a la devolución de la cláusula, debemos esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita la sentencia final, que se espera durante los próximos meses.

Los antecedentes

Durante 2007 y 2008 muchas entidades colocaron cláusulas suelo en las hipotecas, sin advertir a los clientes de sus consecuencias económicas. La falta de transparencia en la comercialización de estas cláusulas llevó a los tribunales a declarar su abusividad obligando a los bancos a devolver todo el dinero.

En mayo de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo, pero no obligaba a devolver las cantidades abonadas de más. Sin embargo, en diciembre de 2016, el TJUE corrigió la doctrina del Supremo obligando a los bancos a devolver el dinero cobrado en exceso.

Es en este punto cuando muchos bancos firmaron con sus clientes los pactos novatorios que cambiaban las condiciones de los contratos pero obligaban al cliente a renunciar a emprender acciones legales, perdiendo con ello el dinero abonado de más en muchos casos.

Algunas cifras

Según cifras de ASUFIN, esta cláusula abusiva afecta a medio millón de consumidores que todavía no han reclamado y que han perdido de media 20.000 euros.

El TJUE aplaza la sentencia de las cláusulas suelo en las hipotecas renegociadas y mete más presión a la banca

Las cláusulas abusivas de las hipotecas siguen dando de qué hablar y provocando incertidumbre en el sector financiero.

La última noticia que se ha conocido en este sentido es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de aplazar casi dos meses la lectura de las conclusiones de su abogado general sobre la novación de las cláusulas suelo; es decir, por las cláusulas abusivas que se mantienen en las hipotecas tras un cambio en las condiciones del préstamo.

Y es que, a pesar de que el fallo estaba previsto para esta semana, el tribunal de Luxemburgo no se pronunciará al respecto hasta el 30 de enero, mientras que la sentencia definitiva se retrasará hasta mayo o junio.

Este aplazamiento se produce a la espera de que se conozca el fallo definitivo sobre el índice IRPH de las hipotecas y aumenta la presión sobre el sector financiero, que se juega miles de millones de euros en este procedimiento.

En lo que respecta a las novaciones, el TJUE podría declarar nulas las hipotecas que los bancos renegociaron con los clientes, después de que un juzgado de Teruel elevara la cuestión al juzgado comunitario en octubre del año pasado.

Si el fallo es favorable a los clientes, la banca tendría que hacer frente a un impacto de miles de millones de euros, aunque está por ver si el fallo afecta a todas las novaciones hipotecarias o solo a aquellas en las que se mantuvieron las cláusulas abusivas a cambio de rebajar el tipo de interés y del compromiso por parte del hipotecado de no emprender acciones legales contra la entidad en cuestión. Entre los bancos más afectados estarían Banco Santander y Banco Sabadell.

Madrid, 10 de octubre de 2019 (16:27 CET)

El Tribunal Supremo (TS) ha congelado a la espera de conocer la doctrina del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) cualquier recurso contra los pactos privados firmados por la banca y sus clientes para anular las cláusulas suelo; por las que los clientes renunciaban a tomar ninguna medida legal contra las entidades y que habrían impedido a los afectados recuperar los intereses pagados de más por su aplicación.

El Alto Tribunal europeo prevé que el abogado general encargado del caso presente su informe el 12 de diciembre, si bien la sentencia no se conocerá oficialmente hasta el próximo año. El TJUE decidió en diciembre de 2018 que la restitución de cláusulas abusivas se debía producir desde el momento de la firma del contrato. El máximo organismo de la Justicia europea sí aclaró entonces que los efectos de la sentencia emitida en mayo de 2013 comprendían toda la vida de la hipoteca y no se limitaban a la última fecha.

La nueva resolución del TS paraliza por el momento la tramitación de los recursos que presenten los clientes que pidieron la novación de su hipoteca. El Supremo considera que si se cancela una cláusula abusiva, ésta no existe y, por tanto, no puede volver a ser negociada, lo que perjudica a los titulares de un préstamo hipotecario que hubiesen modificado sus contratos independientemente de si lo realizaron a través de un notario o directamente con su propia entidad crediticia.

Según publicó a mediados de septiembre la Comisión de Seguimiento los bancos españoles solo estimaron el 45% de las reclamaciones interpuestas por los afectados por las cláusulas suelo, lo que les supuso a los prestamistas la devolución de 2.237,05 millones de euros a un total de 405.179 personas. Atendiendo a los datos al cierre de mayo de 2019, más de la mitad de las reclamaciones no fueron atendidas, lo que contabiliza un total de 700.875 casos que no fueron resueltos, entre los que se incluyen una amplia tipología de procedimientos (desestimaciones, inadmisiones y casos pendientes).

Según publicó la agencia Europa Press, el número de solicitudes presentadas desde la creación de la Comisión, en mayo de 2017, hasta el pasado mayo fueron 1.196.054. De estas, solo se estimaron el 44,24%, 529.193, mientras que otras 234,451 reclamaciones fueron desestimadas (el 19,6%). En cuanto al resto de procesos, las inadmisiones se situaron en el 34,7% (415.171 casos) mientras que solo el 0,47% (5.622) estaban pendientes de análisis.

Para la presidenta de la Asociación de Asuntos Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, la decisión del TS muestra que «tiene miedo», a pesar de los «excelentes juristas» que se posicionaron en favor de los consumidores afectados. Para Suárez, esto le lleva a hacer «política económica» en lugar de «normas ajustadas al derecho» y, añade, lo que ha hecho el Supremo es «legislar» aunque no tenga una influencia beneficiosa para la seguridad jurídica.

El Tribunal Supremo ha suspendido, hasta que se pronuncie el TJUE, tramitar los recursos sobre acuerdos o novaciones que algunos hipotecados firmaron con sus bancos para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso.

En una providencia fechada el 10 de septiembre, el alto tribunal señala que congela dicha tramitación hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva varias cuestiones prejudiciales presentadas por juzgados de primera instancia de toda España.

La fecha prevista para que el abogado general del TJUE presente su informe es el 12 de diciembre, aunque la sentencia se conocerá ya en 2020.

En diciembre de 2017, el TJUE decidió que la restitución de las cláusulas abusivas debía producirse a partir de la firma del contrato, aclarando que los efectos económicos de la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013 sobre este mismo asunto no se limitaban a esta última fecha, sino a toda la vida de la hipoteca.

A partir de entonces, muchos titulares de un préstamo hipotecario firmaron con sus bancos acuerdos para modificar sus contratos, bien en el propio banco o a través de un notario.

Y lo que ahora ha puesto en suspenso el alto tribunal español es la tramitación de los recursos presentados por los clientes que novaron su hipoteca, ya que si se anula una cláusula abusiva se considera que no existe, por lo que no se puede renegociar.

En opinión de la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, con esta decisión el Supremo, que cuenta con «excelentes juristas» que han defendido en muchas ocasiones al consumidor, demuestra que «tiene miedo», lo que le lleva a hacer «política económica y no normas ajustadas a derecho».

En otras ocasiones, añade, lo que ha hecho es «legislar, lo que no está del todo mal», aunque ello no repercuta en beneficio de la seguridad jurídica.

El Abogado General de la Unión Europea firmó este jueves un nuevo capítulo del culebrón de la cláusula suelo, una condición que algunos bancos impusieron en los préstamos hipotecarios para que el tipo de interés variable no cayera nunca por debajo de un cierto límite, y que la justicia declaró abusiva en ciertos supuestos. En las conclusiones que remitió ayer al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Abogado General, Henrik Saugmandsgaard, afirmó que no son abusivas las novaciones en las que las entidades se comprometían a quitar o modificar esta cláusula a cambio de la renuncia a acciones judiciales para la restitución del dinero pagado de más por el usuario, siempre y cuando en su negociación se hubiese respetado el principio de transparencia. Pese a ello, y a la espera de la sentencia del TJUE, que se prevé para dentro de unos meses, las asociaciones de usuarios y las empresas de reclamación están convencidas de que la vía de la judicialización de estos casos queda abierta, aunque se haya estrechado.

¿Qué concluyó el Abogado General?

“La directiva 93/13 no prohíbe, por principio, que un profesional y un consumidor celebren un contrato que contenga una cláusula de renuncia del consumidor a invocar el carácter abusivo de una cláusula preexistente”, escribe Saugmandsgaard en su informe, cuyas conclusiones no son vinculantes, aunque suelen ser recogidas por las sentencias de los jueces del TJUE en la aplastante mayoría de los casos. Sin embargo, les sugiere establecer que, para que estos pactos se consideren válidos, el consentimiento del usuario debe haber sido libre e informado.

El consumidor debe haber tenido la posibilidad real de influir sobre su contenido, por lo que, para decidir si la novación es abusiva, el juez deberá preguntarse qué alcance tuvo el diálogo mantenido entre las partes con respecto a la renuncia de acciones judiciales y de la devolución del dinero pagado de más. Si esta cláusula hubiese sido redactada de antemano, el banco deberá probar que fue objeto de una negociación real. Por el contrario, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, asegura tener constancia de que “las cláusulas eran idénticas para todos los clientes, por tanto, no fueron negociadas sino impuestas por la entidad”.

¿Los bancos fueron transparentes?

En cualquier caso, según la interpretación de la Directiva 13/93 ofrecida por el Abogado General, la renuncia debe cumplir con el imperativo de transparencia, es decir, el consumidor medio debe poder entender las consecuencias jurídicas y económicas que supone y que es libre de no firmarla y emprender todas las acciones legales que estime oportunas. Sobre ello insiste Suárez: “Los bancos tendrán que demostrar que no impusieron a sus clientes las cláusulas de los acuerdos novatorios y que les informaron de cuánto dinero estaban dejando de reclamar al firmarlos”, destaca.

En opinión de Almudena Velázquez, experta en derecho bancario de la plataforma de reclamaciones Reclamador, no será una tarea sencilla para las entidades ya que, según su experiencia, la firma de estos acuerdos normalmente vino precedida por una reclamación del cliente y la puesta sobre la mesa, sin mayor información, del documento. “Como es lógico, cualquier persona pone su rúbrica en un acuerdo en el que lo único que ve es que le quitan la cláusula o se la rebajan, más aún en la época de crisis económica que hemos padecido”, apostilla esta letrada.

¿Cuántos afectados hay y qué perjuicio sufrirían?

Saber cuántos de los 3,5 millones de hipotecados con cláusula suelo firmaron una novación de este tipo es complicado. Si Velázquez cree que se trata de unos 400.000, Suárez calcula que todavía hay medio millón de consumidores afectados por cláusula suelo que no han reclamado y aproximadamente un 20% de ellos llegaron a pactos con las entidades, es decir, unos 100.000.

“Si consideramos que una hipoteca media se firma por 200.000 euros, el perjuicio económico medio de no reclamar la cláusula con efectos retroactivos desde el inicio de la contratación es de 20.000 euros”, subraya Suárez. Según cálculos de Reclamador, de media, los hipotecados con cláusula suelo reclaman al banco 7.700 euros. “Esto, en vía judicial, donde además de lo pagado de más por esta cláusula abusiva, los hipotecados reciben los intereses legales que se generan”, explica Velázquez. “Si en los acuerdos no se pactó la supresión de la cláusula suelo, sino una rebaja –por ejemplo, del 4,25% al 2,25%–, siguen pagando de más”, agrega.

¿Qué pueden hacer los afectados?

“Ahora mismo todos los procedimientos ante los tribunales españoles están paralizados, a la espera de la sentencia del TJUE, y no recomendamos presentar la demanda en los juzgados hasta que no haya sentencia”, dice Suárez. “No obstante, se puede avanzar en la reclamación extrajudicial al banco, que es un paso más que recomendable antes de ir a tribunales”, añade.

En opinión de Velázquez, el consumidor debe ser cauto y esperar la sentencia del TJUE, puesto que las conclusiones del Abogado General restringen la información que debe darse al consumidor para considerar que se ha cumplido con el deber de transparencia, al no estimar necesario que se le informe de cómo quedarán las cuotas tras la firma del acuerdo.

“Mientras, las personas que firmaron estas novaciones pueden ir recopilando todos los documentos que sirvan para reclamar contra el Banco, pues tiene dos meses para contestar, ahorrando así tiempo en la posterior acción judicial, si la entidad no atiende dicha reclamación y el TJUE dicta una sentencia que abunda en la necesidad de información previa como requisito inexcusable para que estos acuerdos sean válidos”, aconseja Velázquez.

Una vez que el TJUE haya zanjado la cuestión y si la sentencia fuera en la misma línea de las conclusiones del Abogado General, Suárez sugiere “reclamar, puesto que serán los bancos los que tengan que demostrar que no impusieron las cláusulas y que informaron con transparencia de las consecuencias económicas del acuerdo”.

¿De dónde viene el problema?

Después de que, el 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo estableciera que la cláusula suelo es abusiva en caso de falta de transparencia y claridad, algunos bancos hicieron firmar una novación a los clientes que la tenían en su hipoteca. Se les propuso rebajarla o pasar a un tipo de interés fijo, pero a cambio de que renunciasen a cualquier acción judicial para recuperar lo que habían pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo.

El 12 de abril de 2018, el Tribunal Supremo sentenció que estos acuerdos son válidos si han sido elevados a escritura pública ante un notario. No obstante, en un juzgado de Albacete y, más tarde, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Teruel, los clientes que habían recurrido contra estas novaciones alegaron que el pronunciamiento del Supremo no era conforme ni con su propia doctrina anterior ni con la Directiva europea 13/93, e interpusieron una cuestión prejudicial ante el TJUE.

¿En qué punto del procedimiento estamos?

El juicio que se originó en Albacete se archivó, por lo que, ante el TJUE, queda en pie el de Teruel contra Ibercaja. El primer paso ante el tribunal europeo ha sido la emisión de un informe prescriptivo, aunque no vinculante, por parte de la Comisión Europea. Estas conclusiones iban en el mismo sentido del voto particular emitido por el juez Orduña en la elaboración de la sentencia del Supremo sobre la validez de las novaciones elevadas a escritura pública, según relata Velázquez, quien resume: “En ellas, hay una cuestión económica que no se explica correctamente, es decir, que no se tendrá derecho a la devolución de lo pagado de más con la cláusula suelo, y una cuestión de transparencia, ya que no consta de forma correcta la renuncia a acciones legales y lo que ello supone”.

Las conclusiones del Abogado General de la UE emitidas ayer, sin embargo, coinciden solo en parte con el aviso de la Comisión Europea. Tras este trámite, todas las fuentes consultadas creen que la sentencia del TJUE puede tardar todavía unos seis meses o algo menos. En la aplastante mayoría de los casos, los jueces recogen en sus sentencias las motivaciones ofrecidas por el Abogado General en su informe.

PACTOS NOVATORIOS CLÁUSULAS SUELO: el TJUE retrasa sus conclusiones al 30 de enero

ASUFIN COMUNICACIÓN | 11 diciembre 2019 | 108 visitas

Patricia Suárez: «Los tribunales españoles deben ser ahora cautos y esperar, de lo contrario, los afectados podrían ser objeto de una nueva e injusta sentencia en su contra»

Miércoles, 11 de diciembre. El TJUE retrasó ayer la lectura de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea respecto de la novación de las cláusulas suelo que, pese a estar previsto su pronunciamiento el día 12 de diciembre, tendrá lugar a finales de enero de 2020.

Debemos recordar que este problema tiene su origen a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 en la que reconoció la abusividad de las cláusulas suelo pero sin devolución de las cantidades pagadas anteriormente, es decir, sin retroactividad.

Esto provocó que multitud de consumidores firmasen acuerdos con sus entidades bancarias pactando cláusulas suelo con límites inferiores, pero límites al fin y al cabo, obligándoseles también a redactar de su puño y letra su conformidad, comprensión y el compromiso de no acudir a tribunales en un futuro.

Los miles de afectados por cláusulas suelo que aceptaron un acuerdo con su banco, renunciando a las cantidades abonadas de más antes de mayo de 2013, son víctimas de una incorrecta jurisprudencia del Supremo que Europa corrigió.

Patricia Suárez. Presidenta de ASUFIN

En octubre de 2018 un Juzgado de Teruel planteó al TJUE una cuestión prejudicial preguntando precisamente al mismo sobre la validez o no de estos acuerdos. Recordemos que en septiembre de 2019 el Abogado General se pronunció a favor de los consumidores en sus conclusiones generales, las cuales pese a no ser vinculantes, 2 de cada 3 veces coinciden con el criterio del TJUE.

Así pues, según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, «los miles afectados por cláusulas suelo que aceptaron un acuerdo con su banco renunciando a las cantidades abonadas de más antes de mayo de 2013, son víctimas de una incorrecta jurisprudencia del Tribunal Supremo que Europa corrigió. Han sufrido un doble engaño y deben tener derecho a recuperar su dinero».

«Mientras el TJUE dicta sentencia, los tribunales españoles deben ser cautos y esperar, de lo contrario, estos afectados podrían verse afectados por una nueva e injusta sentencia en su contra», sentencia Suárez.

LA INFORMACIÓN – Incertidumbre legal: Europa retrasa el fallo por las ‘cláusulas suelo’ pactadas – 11.12.19

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LA IMPOSICIÓN DE LA RENUNCIA DE ACCIONES PARA EL CANJE DE BONOS U OBLIGACIONES DE BANCOS EN RIESGO DE DESAPARICIÓN CONSTITUYE UNA CLÁUSULA ABUSIVA

TRIBUNAL SUPREMO, SALA CIVIL

STS 137/2019, de 6 de marzo, CIP 1849/2016

LA IMPOSICIÓN DE LA RENUNCIA DE ACCIONES PARA EL CANJE DE BONOS U OBLIGACIONES DE BANCOS EN RIESGO DE DESAPARICIÓN CONSTITUYE UNA CLÁUSULA ABUSIVA

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha examinado la validez de una cláusula de renuncia de acciones judiciales firmada por los compradores de obligaciones subordinadas, por importe de 12.000 euros, que tenían la condición legal de consumidores. La firma de la cláusula de renuncia de acciones tuvo lugar en el marco del Plan de Resolución del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Banco Ceiss).

Tras el canje obligatorio de tales obligaciones por bonos del Banco Ceiss, impuesto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que los clientes habían perdido parte del valor de su inversión, Banco Ceiss les ofertó canjear voluntariamente esos bonos por otros bonos de Unicaja Banco. El canje suponía una nueva pérdida del valor de su inversión. La oferta estaba condicionada a la obtención de un umbral mínimo de aceptación por los destinatarios de la misma y permitía a los clientes acceder al «mecanismo de revisión», mediante el que los titulares de bonos de Banco Ceiss, si obtenían una resolución favorable, podían obtener una cantidad adicional que compensara parcialmente la pérdida sufrida en su inversión.

Como requisito tanto para aceptar la oferta de canje de los bonos de Banco Ceiss por los bonos de Unicaja Banco como para poder acceder al «mecanismo de revisión», el cliente debía renunciar a cualquier derecho de reclamación o acción judicial o extrajudicial contra Unicaja y Banco Ceiss por la comercialización de los bonos y el canje realizado posteriormente por el FROB.

La Audiencia Provincial había considerado que la cláusula de renuncia de acciones no era abusiva y, en consecuencia, no había entrado a resolver las demás acciones ejercitadas por los consumidores, dirigidas a que se declarara la nulidad de la adquisición de las obligaciones subordinadas y los sucesivos canjes y se les restituyera el dinero invertido, o se les indemnizara por los daños y perjuicios sufridos.

Pese a descartar que se tratara de una renuncia previa de acciones, prohibida por el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues las acciones a las que se renunciaba ya habían nacido y podían ser ejercitadas, el Tribunal Supremo ha considerado que es posible examinar la abusividad de la cláusula de renuncia de acciones, que no afecta a un elemento esencial del contrato, porque, por las circunstancias concurrentes en dicha renuncia, provoque un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, en contra de la buena fe. Y, tras dicho examen, ha considerado que la cláusula de renuncia de acciones era abusiva porque a los consumidores se les planteó la disyuntiva de aceptar, en un breve periodo de tiempo, la renuncia a las acciones que pudieran corresponderles por la comercialización de tales productos o arriesgarse a sufrir una pérdida patrimonial inmediata y posiblemente absoluta, dada la situación de grave crisis de la entidad emisora de los bonos, sometida a un plan de resolución bancaria. Se trató de la imposición de la renuncia a solicitar tutela judicial efectiva en una situación límite de la que el cliente no había sido responsable.

Además, el mecanismo de revisión y el propio canje para cuya consecución se estableció la condición de que los consumidores renunciaran al ejercicio de acciones, estaban sometidos a condiciones imprecisas, como las de obtener la adhesión de accionistas y bonistas en porcentajes no concretados. Y la contraprestación que resultaba condicionada a la renuncia de acciones (además del canje por nuevos bonos, de rendimiento incierto) consistía en un «mecanismo de revisión» para conseguir una indemnización parcial de la pérdida patrimonial sufrida, de bases imprecisas, que no consistía propiamente en un arbitraje y cuya solvencia y garantías se desconocían.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, ha revocado la sentencia recurrida y ha acordado la devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte una nueva sentencia en la que, partiendo de la nulidad de la renuncia de acciones contenida en la condición general impugnada, se pronuncie sobre las demás acciones ejercitadas en la demanda.

clausula de renuncia de acciones

14923 sentencias sobre clausula de renuncia de acciones

Valoración vLex

  • STS 205/2018, 11 de Abril de 2018

    CLÁUSULA SUELO. VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL. Es válida la transacción suscrita por las partes tras la STS de 9 de mayo de 2013, en la se acordaba reducir el límite mínimo del interés al 2,25% y que no se discutiría la validez de las cláusulas suelo contenidas en el contrato originario. A pesar de que no necesariamente la transcripción manuscrita de la cláusula equivale a su…

    …, renuncian expresa y … acciones de nulidad. Al …cláusula de renuncia de acciones y conformidad …

  • STSJ Comunidad Valenciana 2942/2004, 8 de Octubre de 2004

    PACTO DE NO COMPETENCIA. La aceptación del pacto por parte del empleado -dadas las características, antes analizadas, de la cláusula litigiosa- supuso una renuncia anticipada de derechos, proscrita por el art. 3.5 del ET y abusiva por parte de la empresa, en los términos contemplados por el art. 7.2 del Código Civil, de todo lo cual resulta que el contrato está afecto de nulidad parcial -en…

    … «la renuncia del trabajador …

  • STS 427/2005, 7 de Junio de 2005

    CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAJE. Se aprecia que la cláusula controvertida es absolutamente válida y vinculante. Es manifiesta la renuncia pura, incondicionada y expresa al fuero que con arreglo a derecho pudiera corresponder a los contratantes, añadiendo que los mismos se someten a arbitraje de equidad y designan un único árbitro. No se deduce de la genérica alusión al ejercicio de…

    … «la renuncia pura y expresa … acciones judiciales», …

  • STS 94/1997, 5 de Febrero de 1997

    «CUESTIÓN DE COMPTENCIA POR INHIBITORIA. PÓLIZA DE CRÉDITO.La póliza de crédito por si sola, por estar impresa, no es siempre un verdadero contrato de adhesión que no permita pactar condiciones particulares individualizadas, ni la firma del documento por si sola es expresión de consentimiento afectado por restricción del poder decisorio del firmante, que comporte entender «»que no

    … la renuncia clara y … bolsa acciones del propio …

  • STSJ Cantabria , 3 de Mayo de 2005

    DESPIDO IMPROCEDENTE. CLAUSULA ABUSIVA. RENDIMIENTO. En efecto, el rendimiento pactado no parece razonable en la medida en que, como señala el órgano judicial a quo, desconoce los esfuerzos de ejecución de una serie de actos preparativos, así como la dificultad incita a la venta de bienes inmuebles dado el alto precio de éstos. Y, sobre todo, no se aprecia la existencia de un elemento comparativo

    … renuncia, por su parte, …

  • STS, 16 de Mayo de 2014

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. No ha quedado establecida la vinculación ni tampoco la existencia de la relación jurídica que la Inspección haya calificado correctamente y definido en su alcance y efectos, por virtud de la cual un negocio bien gratuito, bien expresión de una fiducia basada en contraprestaciones de otra índole, haya determinado la percepción de rendimientos…

    … en acciones, constituida … de renuncia anticipada del …

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