Carta comunidad de vecinos

En ocasiones sucede que en una comunidad de propietarios algún comunero lleva a cabo en su inmueble una actividad molesta y/o ilegal/ y/o peligrosa, o las condiciones de salubridad e higiene de alguna vivienda o local son inexistentes, y surge la cuestión de qué puede hacerse en estos casos.

Lo primero que hay que decir es que la Ley de Propiedad Horizontal prevé y regula estas situaciones en su artículo 7.2, del que podemos destacar que:

1.- Será el Presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios y ocupantes, el que requerirá a quien realice las actividades prohibidas o molestas para que cese en las mismas. Recomendamos que ese requerimiento se haga por burofax, con copia certificada y acuse de recibo, o por vía notarial.

2.- En caso de que el infractor persista en su conducta, el Presidente, previa autorización de la junta debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra el infractor una acción de cesación, es decir, acudir a la vía judicial para que se condene al vecino molesto para que cese en su actividad.

Así pues, la ley es muy clara en los casos en los que el presidente cumple con su función, pero ¿qué sucede cuando el presidente se desentiende y no actúa, o se limita sólo a enviar el requerimiento pero no convoca a la junta o, si es convocada, no realiza los trámites para acudir a la vía judicial?. ¿Qué se puede hacer en estos casos?, ¿puede un copropietario actuar a título individual?.

Esta cuestión ha sido resuelta ampliamente por nuestros tribunales, y existe una consolidada jurisprudencia en la que se atribuye legitimación a cualquier comunero para que actúe y solicite el cese de la actividad ilegal o molesta, pues se entiende que cualquier copropietario puede comparecer en asuntos que afecten a la comunidad para defenderlos, ya que, de no ser así, se impediría el pleno ejercicio de los derechos y facultades que el título de propietario le atribuye. Es decir, cualquiera de los dueños está legitimado procesalmente para ejercitar acciones en beneficio de todos los comuneros.

Así pues, si en su comunidad se llevan a cabo actividades molestas, ilícitas o insalubres, existen soluciones legales para poner fin a esa situación. En caso de necesitarlo, no dude en contactar con nosotros para que podamos asesorarle.

Pep Campins

Abogado

VECINOS MOLESTOS, ¿QUÉ HACER? ACCIÓN DE CESACIÓN, ESPECIAL REFERENCIA A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Los vecinos de una comunidad de propietarios no tienen obligación de soportar actos de inmisión.

Muchas veces, las relaciones de vecindad, llegan a todo punto insoportables, vecinos que ponen el volumen de televisión alta que no dejan dormir al resto de propietarios, ruidos del local de negocio que perturban la tranquilidad vecinal, se tiran colillas por el patio que han quemado parte del tendedero, bolsas de basura en el descansillo del piso que provoca olores al resto de los vecinos, en fin, una abanico de posibilidades que pueden hacer de la convivencia vecinal un auténtico infierno.

En estos supuestos, y habiendo contactado previamente con el vecino molesto o perturbador, nos encontramos que hace caso omiso, o bien no cede en su actividad molesta. Lo primero que debemos considerar es que los vecinos de esta comunidad de propietarios no tienen obligación de soportar dichos actos de inmisión.

Para estos supuestos la Ley de Propiedad Horizontal establece en el art. 7.2 un procedimiento para que cesen estas actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En concreto establece que:

“2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.”

1.-REFERENCIA A ACTIVIDAD PROHIBIDA, PELIGROSA, INCÓMODA, MOLESTA O INSALUBRE

La ley habla de actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, por lo tanto debemos acudir en primer lugar a los estatutos de la comunidad, en orden establecer que actividades son prohibidas, en contreto el art. 5 Ley de Propiedad Horizontal, prevé que “»El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad «.Mientras que el art.6 recuerda la posibilidad de que la comunidad de propietarios establecer un reglamento de régimen interior, al mencionar que «Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración».

Una vez consultados los estatutos de la Comunidad, y no establece nada al respecto en base a lo cual la conducta del vecino viene molestando a la comunidad, no significa que no pueda acudirse a los tribunales exigiendo la cesación de esta actividad. La actividad molesta puede definires como aquella perturbadora el orden a la convivencia, y que excede lo que deba tolerarse, todo ello conforme a los principios generales que rigen las relaciones de vecindad y prohibición del abuso del derecho.

La Jurisprudencia establece los siguientes requisitos:

– Que la actividad molesta se dé en el interior del inmueble y por lo tanto no tenga el origen en el exterior.

– Que se atienda a su calificación como incomoda o molesta.

– Que dicho acto de inmisión sea notoria y probada en orden a la gravedad de la sanción.

– Que haya cierta continuidad y permanencia en la realización de actos singulares (Ruidos local de negocio, sacar basura rellano de la escalera, volumen excesivamente alto de TV, tirar colillas al patio de luces, etc…)

2.-ESPECIAL TRANSCENDENCIA EN MATERIA DE RUIDOS

Son numerosas las sentencias que resuelven supuestos en el que el ruido producido por pubs o locales nocturnos impiden a los vecinos conciliar el sueño. En ellas, y en aplicación al caso concreto, ponen de manifiesto el excesivo ruido derivado de la música, así como el trasiego de personas que acuden a estos locales los fines de semana, llevando a una situación inaguantable al colectivo de personas que residen en este edificio.

Muchos ayuntamientos tienen su propia normativa proctetora de contaminación acústica, a la que debemos hacer referencia, sobretodo a la hora de probar que la actividad de dicho local infringe dicha normativa municipal, y en cualquiera de los casos, existe una normativa estatal, la ley 37/2003, de 17 de noviembre de ruido, y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en el que se establece los valores de ímite de ruido aplicables al espacio interior de vivienda, usos residenciales., se adjunta tabla.

Uso del edificio Tipo de Recinto Índices de ruido

Ld Le Ln

Vivienda o uso residencial Estancias 45 45 35

Dormitorios 40 40 30

En el ANEXO I de este Real Decreto establece los periodos temporales de estos índices de ruido

«b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son: periodo día de 7.00 a 19.00; periodo tarde de19.00 a 23.00 y periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local.

La administración competente podrá modificar la hora de comienzo del periodo día y, por consiguiente, cuándo empiezan los periodos tarde y noche. La decisión de modificación deberá aplicarse a todas las fuentes de ruido.»

A modo de ejemplo, si en un dormitorio, a las 2:00 Hrs. de la madrugada, es decir en horario nocturno (desde las 23:00 7:00), el limite máximo de contaminación acústica no puede exceder de los 30 dB, y si marca un limite superior está contaminando de forma excesiva, por lo que incumple de forma grosera, con lo preceptuado contra actividades molestas e insalubres.

La contaminación acústica, en consideración por parte de los tribunales Europeos como del propio Tribunal Constitucional como un claro ataque del DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2001” , establece que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. Es más, ampliando el panorama interpretativo de los derechos fundamentales, en que se coloca la referida sentencia, en voto particular concurrente se señala que la saturación acústica, en suma, causa daños y perjuicios a los seres humanos, con posible conculcación del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución española). Asimismo, la saturación acústica puede suponer una violación del domicilio, como ámbito reservado para la intimidad personal y familiar, con vulneración del artículo 18-2 de la Constitución española. El libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la Constitución española), queda afectado por la saturación acústica, que atenta contra la intimidad personal y familiar (artículo 18-1 de la Constitución), tanto dentro como fuera del domicilio.”

3.- REQUISITOS PARA QUE PUEDA PROSPERAR LA ACCIÓN DE CESACIÓN

Para la prosperabilidad de la acción de cesación se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos(AP Coruña Sentencia 526/2010, de 27 de diciembre):

a) Que se trate de un «piso o local»

b) Que en la vivienda o local se desarrolle una «actividad», lo que sugiere que ha de ser continuada, es decir con una cierta permanencia en el tiempo

c) Que esa actividad pueda calificarse como contraria a los estatutos de la comunidad, dañosa para la finca, o que contravenga la legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

d) Que esa incomodidad o molestia sea notoria y ostensible, no pudiendo atenderse a meras dificultades o pequeños trastornos.

e) Que se haya requerido previamente al dueño de la vivienda o al ocupante apercibiéndolo para que cesen esas actividades. No es necesario requerir a los dos, sino que basta con requerir exclusivamente «a quien realice las actividades prohibidas».

f) la actual Ley de Propiedad Horizontal es clara y terminante al establecer que debe ser el presidente de la comunidad quien realice ese requerimiento.

g) Aunque el precepto menciona que el requerimiento será para la «inmediata cesación» , dado que a continuación se menciona «si el infractor persistiere…» , se entiende que debe concederse un plazo prudencial para el cese de la actividad contraria a los estatutos, perjudicial para la finca, o que resulte molesta, nociva, insalubre, peligrosa o ilícita. Plazo que variará en atención a las circunstancias de cada caso.

h) Si no fuese atendido el requerimiento, deberá convocarse la junta de propietarios, en cuyo orden del día debe figurar expresamente la propuesta de ejercitar la acción de cesación. Junta que deberá autorizar al presidente para ejercitar dicha acción. El propietario afectado puede defender sus derechos impugnando el acuerdo de la junta.

i) A la demanda que formule el presidente, debe acompañarse, como requisito de procedibilidad, «la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios».

j) Ya no hay que requerir previamente al propietario para que ejercite una acción resolutoria contra el arrendatario; ni la acción de cesación de la comunidad contra el arrendatario se configura como una actuación por subrogación propiamente dicha.

k) La demanda debe siempre dirigirse contra el titular de la vivienda o local, por imperativo de la última frase del párrafo cuarto del ordinal segundo del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal ; extremo que se ha criticado en la doctrina, por estimar que no es responsable de las actuaciones del arrendatario.

l) Resulta indiferente que se desarrollen actividades análogas en otros pisos o locales, porque o bien no son incómodas, en apreciación de la junta de propietarios, o bien se les demandará posteriormente.

m) A diferencia de lo que acontecía cuando se configuraba la acción de la comunidad contra el arrendatario como una acción de resolución ejercitada por subrogación, que se estimaba que no impedía que la acción prosperase el que hubiesen cesado las molestias, pues la causa de resolución debe referirse siempre al momento en que se produce, no a rectificaciones posteriores de conducta, cuando la misma se han mantenido a lo largo del tiempo, debe estimarse que, en la actualidad, si el infractor cesa en su actuación, no puede ejercitarse ya la acción de cesación; sin perjuicio de que pudiera prosperar la solicitud de reparaciones o indemnizaciones de daños y perjuicios.

n) Tanto la primitiva redacción como la actual conferían la acción a la junta de propietarios. Sin embargo se tiene admitido la posibilidad de que la ejercite un comunero en beneficio de la comunidad.

4.- EFECTOS DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN

Una sentencia condenatoria, acorde a los intereses de la Comunidad de Propietarios, puede acarrear los siguientes pronunciamientos:

– Cese definitivo de la actividad molesta o insalubre.

– Indemnización por daños y perjuicios a la comunidad por esta actividad molesta o insalubre.

– Privación de uso por tiempo no superior a tres años.

– Resolución de otros derechos (Extinción del contrato de arrendamiento u otros que impida la posesión por parte del infractor).

Desde nuestro despacho, buscamos la solución mas adecuada a sus problemas, así como, realizar todo tipo de actuación tendente a procurar una mejor convivencia entre los vecinos.

Comunidad de Propietarios y vecinos ‘rana’

La Comunidad de Propietarios ante los asuntos de ruido – María José Rodríguez – Abogada – Asociación de Juristas contra el Ruido

  • Las quejas por ruido generado por vecinos suponen casi un tercio del total de las consultas que se reciben anualmente en los despachos de abogados dedicados a la contaminación acústica.
  • Ruido en el barrio, más que una molestia.

Sin duda, quien tiene unos buenos vecinos tiene un tesoro. Pero es frecuente que, aunque uno se esfuerce en serlo, no obtenga la debida reciprocidad.

Vivir en comunidad tiene ventajas e inconvenientes. La convivencia no siempre es fácil y las comunidades de propietarios a veces se convierten en calcos del número 13, de Rue del Percebe, aquella divertida serie de historieta creada por Francisco Ibáñez.

Cuando el ruido afecta a los derechos fundamentales

Las quejas por ruido generado por vecinos suponen casi un tercio del total de las consultas que se reciben anualmente en los despachos de abogados dedicados a la contaminación acústica.

Las quejas por ruido de los vecinos suponen un tercio de las consultas anuales en los despachos de abogados dedicados a la contaminación acústica

Los taconeos de la vecina, la música o la televisión a un nivel intolerable, el o la pianista que ensaya sin descanso, los electrodomésticos, las tuberías, las obras, las conversaciones a través de tabiques de papel, los ladridos de los perros, las fiestas de estudiantes, el ascensor, los locales de negocio que no respetan las limitaciones impuestas y hasta las actividades más íntimas son los problemas más frecuentes en los edificios.

El ruido puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la integridad psicofísica de los ciudadanos, a su intimidad personal y familiar, a su dignidad, a la inviolabilidad de su domicilio y atenta contra el derecho de todos a la tranquilidad en el ámbito doméstico, al descanso, a la salud, a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado.

¿Cómo puede una comunidad de vecinos actuar ante las molestias por ruido?

Desde nuestra experiencia, ante un problema de ruidos molestos en que resulta afectado un vecino o unos pocos, la comunidad suele inhibirse por entender que es un problema privado o simplemente por resistencia a solidarizarnos con los problemas ajenos.

Es frecuente que el afectado se vea solo, cuando no en un ambiente hostil en el que se le ve como una persona rara o maniática

Es frecuente que el afectado se vea solo, cuando no en un ambiente hostil en el que se le ve como una persona rara o maniática.

¿Qué hacer en este caso para restaurar la apacibilidad de nuestra vida y vivienda?

En primer lugar, ha de intentarse la vía amistosa hablando con el causante de los ruidos, informándole de las molestias que nos provoca y solicitándole que tome medidas para erradicarlos.

La mayoría de las veces el diálogo no surte efecto, así que una vez agotadas todas las vías de comunicación y persistiendo la molestia, tenemos las siguientes posibilidades:

  1. Llamar a la Policía Local cuando estemos sintiendo las molestias. Conforme a las Ordenanzas Municipales para la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, los vecinos ruidosos pueden ser sancionados por superar los niveles de decibelios contemplados en dichas normas.
  2. Podemos acudir a la vía penal mediante denuncia si nos encontrásemos en grave situación de daño a la salud causado por los ruidos excesivos, contemplados como delito en el artículo 325 del Código Penal.
  3. Así mismo, podemos instar al presidente de la comunidad de propietarios a la que pertenezcamos que solicite al infractor el cese de la actividad molesta, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. En esta solución nos vamos a centrar en este artículo.

Los taconeos de la vecina, la música o la televisión a un nivel intolerable, el o la pianista que ensaya sin descanso, los electrodomésticos, las tuberías, las obras…

Actividad molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas

Conforme al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, “al propietario y al ocupante del piso o local de la propia finca no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

La prohibición de dichas actividades afecta a quienes ocupen la vivienda o local como propietarios, usufructuarios, arrendatarios o meros ocupantes, así como a sus familiares o personas que de ellos dependan.

Los ruidos excesivos son actividades molestas al exceder del uso tolerable y normal de las viviendas o locales

Sin duda, los ruidos excesivos son actividades molestas al exceder del uso tolerable y normal de las viviendas o locales, al margen de si el nivel de ruido producido supera o no los límites legales administrativamente permitidos, que pudieran ser difícilmente constatables dada su posible irregularidad temporal.

Las prohibiciones de que trata el artículo 7.2 LPH alcanzan a cualquier parte del inmueble de la comunidad, tanto las realizadas en zonas privativas como en zonas comunes. Pueden tener lugar incluso en el exterior de la finca, por ejemplo por terrazas y veladores (sillas y mesas).

¿Qué papel juega la Comunidad de Propietarios cuando un vecino te sale ‘rana’?

Acciones judiciales

Para el ejercicio de esta acción de cesación contemplada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal es preciso cumplir dos requisitos:

1º. El requerimiento expreso de cese de la actividad y el anuncio de acciones judiciales al infractor (propietario, arrendatario, precarista…), mediante un burofax o telegrama con acuse de recibo.

Dicho requerimiento debe realizarlo el Presidente, aunque también se admite por el administrador. Pueden hacerlo a iniciativa propia o de cualquiera de los restantes propietarios u ocupantes, sin exigencia de un número mínimo, y dirigirlo al infractor, «a quien realice las actividades prohibidas», sea el propietario, arrendatario, precarista, etc.

La ley no señala plazo para el cese pero, dependiendo de las molestias, contemplar un plazo de una semana a dos podría considerarse razonable.

La ley no señala plazo para el cese pero, dependiendo de las molestias, contemplar un plazo de una semana a dos podría considerarse razonable

2º. La autorización de la Junta de Propietarios para el inicio de acciones legales con posterioridad al requerimiento frustrado (o previamente haberlo reflejado en el acta de la Junta con carácter cautelar) bastando el voto de la mayoría de los propietarios que representen a su vez la mayoría de las cuotas de participación.

La legitimación activa para el ejercicio de esta acción corresponde a la Comunidad de Propietarios a través de su Presidente aunque la jurisprudencia viene admitiendo con carácter general el ejercicio de acciones por un propietario que interese el cese de la actividad molesta, en beneficio de toda la comunidad, sobre todo cuando esta no responde, aunque no podría solicitar la privación del uso de la vivienda o local.

Medidas cautelares

En cuanto a la legitimación pasiva, la demanda debe dirigirse «contra el propietario y en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local». De este modo si la vivienda estuviera arrendada u ocupada, sería necesario demandarlos a los dos, ya que los pronunciamientos de la sentencia (indemnización, privación de uso del piso o local) pudieran afectar al propietario.

Con el escrito de demanda es necesario aportar la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios. Dicha demanda ha de dirigirse al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se encuentre la finca y se sustanciará por los trámites del juicio ordinario, siendo preceptiva la intervención de abogado y procurador.

La sentencia podrá disponer la cesación definitiva de la actividad molesta, la indemnización de daños y perjuicios, la privación del derecho al uso de la vivienda o local…

Así mismo, el demandante puede solicitar que se adopten «cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación», previa audiencia de la parte demandada salvo que concurran circunstancia excepcionales so pena de nulidad.

En todo caso ha de ofrecerse la prestación de caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse. El juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

La sentencia que resulte podrá disponer la cesación definitiva de la actividad molesta, la indemnización de daños y perjuicios (también de los daños morales), la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad y la extinción —respecto del infractor no propietario— de todos los derechos relativos a la vivienda o local, y su lanzamiento.

Pedimos al ayuntamiento que actúe ante los ruidos de un bar y ante la posible caducidad de su licencia de actividad

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado al Ayuntamiento de Sevilla que estudie y resuelva sobre la posible caducidad de la licencia de actividad con la que viene funcionado un bar con música en base a los argumentos y pruebas esgrimidos por los vecinos afectados por el elevado nivel de ruido que produce dicho establecimiento y, en el caso de que la licencia no haya caducado, realice las comprobaciones oportunas ante las denuncias de estos vecinos; en caso contrario, es decir que la licencia esté caducada, se ha recomendado que investigue estos hechos y, en su caso, exija la responsabilidad de quienes tuvieron la obligación de estudiar y resolver la petición de caducidad formulada por los denunciantes, ante la injustificada actitud pasiva que los responsables municipales han mantenido en este expediente.

ANTECEDENTES

El motivo de la queja era la situación de pasividad por parte del Ayuntamiento de Sevilla, más concretamente la Dirección General de Medio Ambiente, ante la posible caducidad de la licencia de actividad del bar con música denominado «…”, que antes había funcionado con otras denominaciones, sito en la calle … de Sevilla. En este sentido, manifestaba el interesado que los vecinos de esta calle llevaban desde noviembre de 2014 pidiendo que se declarase la caducidad de la citada licencia de actividad del referido bar con música. Constaban varias denuncias (22 de febrero, 9 y 11 de abril de 2015) formuladas ante la policía local por los vecinos afectados, especialmente los residentes en una vivienda de un conjunto residencial.

Al parecer, este local habría estado cerrado por tiempo superior a 4 años, existiendo incluso un certificado de la policía local que así lo acreditaría, de tal forma que en aquel momento la licencia estaría caducada y, por lo tanto, el nuevo establecimiento estaría operando sin autorización. Además de estas denuncias particulares antes referidas, la comunidad de vecinos del edificio también había presentado otras tantas denuncias solicitando que se declarase la caducidad de la licencia y el cese de la actividad.

En este sentido, entre la documentación obrante en este expediente de queja y que igualmente remitimos en su momento al Ayuntamiento constaban, entre otros, un acta notarial de manifestaciones de un vecino, diversas denuncias y escritos formulados y un certificado de la policía local donde se hacía constar que «el local cesó su actividad hace al menos unos cuatro años».

Sin embargo, pese a todas estas denuncias, al tiempo de presentarse esta queja no se había producido ningún pronunciamiento del Ayuntamiento, por lo que seguían sufriendo los ruidos que generaba esta actividad de bar con música, que no sólo había sido denunciada por estar funcionando posiblemente con la licencia caducada, sino también por permitir el consumo fuera del establecimiento, por no presentar documento de titularidad y por incumplir horarios máximos de cierre.

Por otra parte, de la citada documentación se desprendía que la situación denunciada era de tal gravedad –por la afectación a la calidad de vida de los denunciantes- que los principales afectados, residentes en la vivienda en régimen de alquiler, habían tenido que abandonarla porque la vida en su interior «ha resultado intolerable, sin que la respuesta del Ayuntamiento o del propio empresario haya resultado eficaz. Más bien no ha habido ninguna respuesta. Estando la actividad en la actualidad fuera de control, autocontrol o vigilancia del Ayuntamiento», como se manifestaba en el acta notarial antes referida.

En esta misma acta notarial se hacía constar también que «la vida en dicha vivienda era correcta hasta noviembre de 2014 en que los ruidos provenientes del local de abajo, bar que cree denominarse «…”, han hecho su vida imposible… Sufriendo ambos miembros del matrimonio ansiedad, angustia, insomnio, estrés, dolores de cabeza, que han perturbado sus trabajos, su convivencia personal y su vida laboral, personal y habitual. En concreto su hijo lloraba desconsoladamente de madrugada transmitiendo sufrimiento. Que entiende que sus derechos fundamentales concernientes a la salud, intimidad e inviolabilidad de domicilio y a su vida personal y familiar han sido gravemente perturbados». El citado menor al que se hacía referencia sólo contaba entonces con un año de edad y, por lo tanto, el grado de afectación que podía sufrir era máximo.

Admitida a trámite la queja e interesado el preceptivo informe nos fue remitido oficio de Alcaldía en el mes de octubre de 2015, acompañado de comunicación de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y, a su vez, de informe de la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, de septiembre de 2015. En este informe se decía, al final, lo siguiente:

«El Jefe de Sección de Disciplina Ambiental traslada a la Sección de Licencias en fecha 24 de septiembre de 2015, documentos que constan en su expediente disciplinario y que considera oportuno que consten en mi sección. Se trata de denuncias de los vecinos, partes de la policía local sobre ruidos provenientes del local en c/ .., peticiones de revocación de licencia por estar sin funcionamiento la actividad más de cuatro años y una declaración indeterminada de un policía local (…) en el mismo sentido.

Ante estos documentos y la queja del Defensor del Pueblo, la Sección de Licencias ha establecido una actuación de trabajo consistente en:

– Primero: revisar todos los cambios de titularidad presentados hasta el momento. Esta línea de actuación se establece por el motivo fundamental de que se ha observado una posible confusión con un local anexo situado en la calle …

– Segundo: una vez concluida la labor anterior, y siempre que de la misma resulte la validez de toda la actuación administrativa, se procederá a recabar la información necesaria para determinar la caducidad de la licencia de actividad de bar sin música y sin cocina de la calle .., siempre con la debida audiencia a las partes interesadas como trámite constitucionalmente garantizado y sin perder de vista que la carga de la prueba recae en la parte que la alega».

Este informe del Director General de Medio Ambiente era de 29 de septiembre de 2015; sin embargo, cinco meses después, parece que la situación seguía siendo la misma, es decir, que el local denunciado seguía abierto sin que se hubiera tomado decisión alguna al respecto sobre la posible caducidad de la licencia concedida en su momento pese a las evidencias que habría de ello. Esto era, en definitiva, lo que se desprendía de un nuevo escrito del promotor de la queja en el que nos decía que el local no sólo seguía abierto, sino que incluso tenía actuaciones musicales en directo con frecuencia. Además, añadía que ni los vecinos ni la comunidad de propietarios tenían alguna noticia del Ayuntamiento sobre este asunto y que únicamente habían podido comprobar que sólo se hacían inspecciones en horario de mañana, cuando el local estaba cerrado.

A la vista de ello, interesamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento, concretamente de la Dirección General de Medio Ambiente, para que nos informara qué se había decidido respecto de la denunciada caducidad de la licencia del local sito en c/ … Del mismo modo, interesamos también informe sobre si tenía conocimiento de que se celebrasen actuaciones musicales en directo en el local y qué medidas se había tomado al respecto para evitarlas en caso de que no estuviesen autorizadas.

Este segundo informe lo hemos solicitado mediante escritos de 11 de febrero, 4 de abril y 12 de mayo de 2016, sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta de ese Ayuntamiento.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones. En este sentido, el hecho de que ya se haya emitido un primer informe en este expediente de queja, no es óbice para que esta Institución considere necesario y requiera un segundo o ulterior informe sobre el mismo asunto. Hay que recordar que esta obligación de auxilio y colaboración «con carácter preferente y urgente» que se debe a esta Institución, lo es durante toda la fase de investigación y comprobación de una queja o en un expediente iniciado de oficio.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Sevilla, al no enviarnos el segundo informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, más una última de manera telefónica con posterior remisión de correo electrónico a la Alcaldía, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de ese segundo informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

En cuanto al fondo del asunto, el problema planteado en este expediente de queja exige, ante todo, que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se estudie, si aún no se ha hecho, y se dé respuesta expresa a la cuestión planteada reiteradamente por los afectados, tanto a título individual, como colectivo a través de la comunidad de propietarios, de si la licencia concedida en su momento al local objeto de esta queja, está vigente o por el contrario ha quedado extinguida por el transcurso del plazo previsto en la Ordenanza actividad, en virtud de lo establecido en el artículo 23.1.f) de la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla, según el cual procederá declarar la caducidad de las licencias «Cuando la actividad cese o cierre por período superior a un año, por cualquier causa, salvo que la misma sea imputable a la Administración». Recuérdese que consta un certificado de la policía local donde se hacía constar que «el local cesó su actividad hace al menos unos cuatro años”.

En cualquier caso, habría que atenerse a lo establecido en el apartado 4 del artículo 23 de la Ordenanza citada, y a las consecuencias que de ello se desprendieran: «La caducidad se producirá por el mero transcurso de los plazos señalados, incrementados, en su caso, con las posibles prórrogas que pudieran haber sido concedidas. Surtirá efectos una vez dictada resolución expresa por parte del órgano competente, previa audiencia al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Las actuaciones que se realicen una vez declarada la caducidad de la licencia, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades correspondientes».

No obstante, si se llegara a la conclusión, motivada en todo caso, de que la licencia está vigente y que es válida pese al tiempo transcurrido sin actividad, el Ayuntamiento debe, en todo caso, atender a las denuncias que la comunidad de propietarios ha formulado por el ruido generado por la actividad del local objeto de esta queja. En este sentido, los diversos escritos que se han presentado por este asunto deben ser considerados por el Ayuntamiento de Sevilla como denuncias por incumplimiento de los niveles de calidad acústica en los términos del artículo 55 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (en adelante, RPCAA), cuyo apartado 1 señala que «1. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso».

Como es conocido, la inspección medioambiental consiste, fundamentalmente, en la realización de mediciones, partiendo de la premisa de que las Administraciones Públicas cuentan con los medios humanos y materiales necesarios para que se efectúen estas inspecciones ante las denuncias que en materia de contaminación acústica les sean presentadas (art. 46 RPCAA), existiendo la posibilidad de solicitar la actuación subsidiaria de la Consejería competente en materia de medio ambiente (art. 52 del RPCAA).

Pero, parece que tampoco el Ayuntamiento, al tiempo de pedir el segundo informe no remitido a esta Institución, ha atendido estas denuncias por ruidos o, al menos no hay constancia de que haya llevado a cabo medición acústica alguna para controlar el cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica conforme al RPCAA.

Estando ante la falta de respuesta a una cuestión trascendental en el problema de fondo, que no es otro que la posible caducidad de la licencia, y estando también ante un posible incumplimiento de la obligación de realizar inspecciones medioambientales y mediciones acústicas, hay que recordar diversos principios que, a fuerza de ser reiterativos, son frecuentemente olvidados por las Administraciones Públicas a tenor de las actuaciones que de forma repetida llevamos a cabo por asuntos de esta naturaleza. Baste mencionar como incumplida en el asunto de este expediente de queja, sin ir más lejos, la obligación de resolver del artículo 42 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que señala en su apartado 1 que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y en su apartado 7 recuerda que el personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, añadiéndose que el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente. Esto, por cuanto a la obligación de resolver la petición de la comunidad de propietarios sobre la caducidad de la licencia.

Pero, además de la obligación de resolver las peticiones de los ciudadanos, también se ha incumplido el principio de la buena administración regulado como derecho en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y también en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo). Este último precepto garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.

Principio (y derecho) de buena administración que no es sino el reflejo de otros ya recogidos en la propia Constitución Española (art. 103.1), en la LRJPAC (art. 3) o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL (arts. 2 y 6), como los principios de eficacia, eficiencia, proximidad, sometimiento a la ley y transparencia, pues no en vano con la falta de respuesta a la cuestión de la posible caducidad de la licencia de sala de fiestas se está dando una situación de aparente falta de transparencia, pues como en alguna ocasión se ha dicho, la transparencia no es sino el derecho de los ciudadanos de conocer y entender la actividad administrativa, derecho del que se está privando a la Comunidad de Propietarios con el silencio que impera, pues ni siquiera se ha respondido a este respecto a las preguntas que esta Institución ha formulado.

En consecuencia con todo lo anterior, se hace preciso que el Ayuntamiento, sin más demoras injustificadas, estudie y responda motivadamente a la cuestión afectante a la posible caducidad de la licencia que nos ocupa, y que actúe en consecuencia; así como también se hace preciso, si se llegara a la conclusión de que la licencia no ha caducado, que lleve a cabo una medición acústica cuando el local esté en funcionamiento, a fin de comprobar el cumplimiento de los estándares acústicos y, en función de sus resultados, exigir medidas correctoras o de aislamiento y, en caso de incumplimiento, incoar procedimiento sancionador con las medidas provisionales y accesorias que resultaran procedentes.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de la obligación de colaboración establecida en el artículo 19.1 de la LDPA, según el cual todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN para que se emita el segundo informe interesado en el presente expediente de queja a la mayor brevedad posible, incluyendo en su contenido las novedades que hayan acontecido respecto del local objeto de esta queja desde que lo solicitáramos por primera vez.

Por otra parte, para el supuesto de que, a la fecha en que se reciba esta Resolución persista el problema de contaminación acústica objeto de esta queja, se formula:

RECORDATORIO 1 de la obligación de resolver del artículo 42 de la LRJPAC, así como de la obligación de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, proximidad, sometimiento a la ley y transparencia previstos en la Constitución Española (art. 103.1), en la LRJPAC (art. 3) y en la LRBRL (arts. 2 y 6), garantizando el derecho a una buena administración en los términos del artículo 31 del EAA y del artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

RECOMENDACIÓN 1 para que, a la mayor brevedad posible se proceda a estudiar la posible caducidad de la licencia concedida en 1998 para sala de fiestas objeto del presente expediente de queja, en los términos de la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla y teniendo en cuenta los argumentos y pruebas esgrimidos por los afectados.

RECORDATORIO 2 para el eventual supuesto de que se llegara, tras el estudio recomendado, a la conclusión de que la licencia concedida en su momento no ha caducado, de lo establecido en el artículo 55.1 del RPCAA, en cuya virtud las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica han de dar lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso.

RECOMENDACIÓN 2 para que, en ese mismo supuesto (es decir, si tras el estudio recomendado se llegara a la conclusión de que la licencia concedida en su momento no ha caducado y sigue siendo válida), a la mayor brevedad posible, se proceda a realizar una inspección medioambiental con la correspondiente medición acústica del local cuando éste se encuentre generando el ruido propio de su actividad y, en función del resultado y conclusiones obtenidas, se proceda, de resultar necesario, a exigir la ejecución de medidas de insonorización y/o aislamiento del local y, en caso de incumplimiento, a incoar expediente administrativo sancionador, con las medidas provisionales y accesorias a que hubiera lugar.

RECOMENDACIÓN 3 habida cuenta las circunstancias puestas de manifiesto en este expediente de queja, para que, en el supuesto de que licencia otorgada a este local hubiera efectivamente caducado por las razones esgrimidas, se abra una investigación a fin de esclarecer, y en su caso exigir, las posibles responsabilidades que hayan de asumir quienes tuvieron la obligación de estudiar y resolver la petición de caducidad planteada desde que dicho asunto fue puesto por primera vez en conocimiento del Ayuntamiento mediante escrito, pues de haber caducado la licencia, en principio es injustificable de todo punto la actitud pasiva que los responsables han mantenido ante los diversos escritos de los interesados y de esta Institución que han sido enviados interesándose por este asunto.

SUGERENCIA para que, dada la naturaleza de las cuestiones tratadas en este expediente, dé traslado de este escrito tanto a la Dirección General de Medio Ambiente como a la Gerencia de Urbanismo a fin de que coordinen sus actuaciones en este concreto caso y se dé cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Perturbaciones del sueño, hipertensión, problemas auditivos… Son algunos de los efectos que la exposición continuada a ruidos elevados puede tener en la salud de las personas que la padecen que, además, pueden sufrir alternaciones de la conducta, como una mayor tendencia a la soledad.

Hasta uno de cada cuatro españoles asegura verse privado del sueño por exceso de contaminación acústica. Si vives sobre un bar con una terraza tan ruidosa como para que, desde tu dormitorio, parezca que compartes mesa con sus clientes, si los sonidos de un establecimiento te roban el sueño, o si tienes uno de esos vecinos que esperan a que caiga la noche para poner música, es probable que estés entre ese porcentaje de afectados que señalan los estudios.

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En ese caso, es importante saber que nadie tiene por qué exponerse a que su salud se acabe resintiendo, puesto que el nivel de ruido permitido está regulado y existen unos máximos que, de superarse, podrían derivar incluso en cárcel para el emisor, según el artículo 325 del Código Penal.

Pero la penal no es, por lo general, la primera vía a activar para atajar este problema, por lo que, si quieres saber más sobre denuncias por ruido, sea esta una denuncia por ruidos molestos de vecinos o una denuncia por ruidos de un bar, te explicamos las opciones disponibles.

Ley que regula el ruido nocturno

El derecho al descanso es irrenunciable. Así lo reconoce la Justicia y la normativa promulgada desde ámbitos como el estatal, con la Ley 37/2003 o Ley del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 que la desarrolla, a los que se suma la normativa autonómica y local, con ordenanzas sobre ruido impulsadas por los ayuntamientos para limitar la contaminación acústica.

Que existan normas a tantos niveles hace que algunos aspectos difieran entre ciudades, aunque normalmente el ruido nocturno máximo al que debes estar expuesto es de 25 decibelios en tu dormitorio y de 30 en el comedor.

Horario ruido nocturno

Estos niveles corresponden a la franja horaria de noche, más restrictiva y que suele abarcar de las 23.00 a las 7.00 horas. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, se prohíbe además cualquier reparación, cambio de muebles, etc. dentro de las viviendas entre las 21.00 y las 8.00, y hasta las 9.30 los fines de semana y festivos.

Si actividades como estas te mantienen en vela, o si lo que te priva del sueño es un botellón o un local de copas, tienes varias alternativas para formular una denuncia, aunque los expertos recomiendan que el primer paso sea amistoso.

Así, informar al emisor del ruido de las molestias que está causando es una primera opción que podría ir seguida del traslado del asunto a la comunidad de vecinos para que actúe y, si no se solventa el problema, convoque una Junta de Propietarios con este punto en el orden del día, para consensuar acciones que pongan fin a las actividades ruidosas.

Denuncia administrativa por ruidos

Una de las posibilidades es interponer una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento, trámite que se puede realizar de manera individual o colectiva. De hecho, ayuntamientos como el de Barcelona admiten acompañar las reclamaciones de recogidas de firmas.

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Estas administraciones cuentan con formularios que el denunciante tendrá que presentar junto con sus datos de identificación y dirección, e información sobre el causante del ruido y cuándo se produce, para que se realice una medición acústica en el horario indicado. Si el ruido no es predecible, se recomienda alertar a la Policía Local para que acuda al lugar y compruebe si sobrepasa el máximo autorizado.

Así se iniciará el trámite administrativo y la autoridad pasará a comprobar los hechos para, de corroborarse el exceso de ruido, incoar expediente sancionador e informar al emisor para que formule alegaciones.

Finalizada la instrucción, se trasladará a las partes la propuesta de resolución y se abrirá un nuevo plazo para alegar previo a la resolución definitiva. Dependiendo de la gravedad de la infracción, esta puede derivar en multas de hasta 300.000 euros en ciudades como Sevilla y Madrid. Además, las administraciones pueden adoptar medidas provisionales mientras tramitan el procedimiento, como la clausura de un local o la suspensión de la licencia.

Defensor del Pueblo

En ocasiones, la administración no actúa con la diligencia que sería de esperar ante denuncias por ruido, por lo que si esta vía no avanza y consideras que el consistorio no ha atendido tu solicitud, puedes presentar una queja por ruidos ante el Defensor del Pueblo que, una vez tramite el expediente, realizará recomendaciones al Ayuntamiento para atajar el problema.

Denunciar ruidos por la vía judicial

Ante la acción o inacción de la administración también se puede acudir a los tribunales por la vía Contencioso-Administrativa, de la que se pueden derivar indemnizaciones con cargo al erario público a favor del denunciante, en función de las consecuencias que tenga la actuación del Ayuntamiento.

También se puede actuar desde el ámbito judicial contra el emisor del ruido a través del orden civil, que permitirá, por ejemplo, reclamar por daños y perjuicios o, si este es un vecino, privarle temporalmente del uso de la vivienda o, si está de alquiler, resolver su contrato.

La apertura de la vía penal por delitos contra el Medio Ambiente es otra de las posibilidades para los casos más graves, en los que el ruido pueda derivar en problemas de salud. Dependiendo de la gravedad del delito, las condenas pueden alcanzar los cinco años de cárcel para el emisor del ruido, a lo que se pueden añadir indemnizaciones por daños y perjuicios.

La jurisprudencia es amplia a favor de los afectados siempre que la vulneración de la legalidad quede acreditada con mediciones de ruido, denuncias administrativas, etc. Para ello, será imprescindible contratar a un abogado que te represente durante el proceso, para el que serán necesarias pruebas como mediciones acústicas e informes acústicos periciales realizados por peritos o por la autoridad competente, o informes médicos sobre los efectos para la salud.

La exposición al ruido por encima de los niveles permitidos puede acarrear mermas en la salud física y psíquica, además de vulnerar derechos constitucionales, por ejemplo a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, si tienes problemas de ruido nocturno, no dudes en reivindicar la restauración de los derechos que, por Ley, te pertenecen.

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CARTA AL DIRECTOR: Vecinos abandonados por el Ayuntamiento

Somos unos vecinos abandonados por el Ayuntamiento, el cual no responde a las peticiones de información sobre la actividad de un local que impidie nuestro descanso, por los ruidos producidos en la terraza ilegal construida en la azotea del edificio que ocupa. Somos unos vecinos que vemos cómo la administración municipal protege más a un empresario que está funcionado de forma ilegal y que tiene abierto expediente de precinto para su negocio.

Somos unos vecinos que en lugar de recibir ayuda de su administración se choca con instancias generales, venga usted mañana, ya hemos tomado nota, consulte a la Agencia de Actividades, y para colmo “¡¡No sabe en qué mundo vivimos!!”, palabras textuales de una funcionaria. Desde hace varios meses los vecinos de San Enrique 13, venimos poniendo denuncias tanto a la Policía Municipal como a la Junta de Tetuán de las graves molestias que está produciendo el Restaurante Skyline (calle San Enrique, 22-24). No habiendo recibido ninguna respuesta, los vecinos decidimos consultar a la Agencia de Actividades, descubriendo con sorpresa que hay abierto expediente de precinto y que no dispone de ningún tipo de licencia y que debemos ser nosotros a través de otra Instancia General al Ayuntamiento los que pidamos se haga efectivo dicho precinto.

La noche del sábado 18 de mayo, tuvo lugar una fiesta de graduación, donde asistieron al menos 300 jóvenes, entre los que seguramente había menores, la policía fue avisada, se personó, pero no pasó absolutamente nada, la fiesta se prolongó hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo puede ser que un local sin licencia, donde no están garantizadas las normas de seguridad, de evacuación, anti-incendios, sanitarias, pueda celebrar este tipo de fiestas? ¿Cómo se permite poner en riesgo la vida y seguridad de nuestros jóvenes, solo para el beneficio de un empresario sin escrúpulos?

¿Qué hacer si tengo problemas con un vecino?

¿Qué hacer si tengo problemas con un vecino?

Por casos como que su vecino se la pase de parranda en parranda y no lo deje dormir, que haga constantes reparaciones que implican molestos ruidos, o que hayan tenido cualquier tipo de problema, usted puede acudir a la Policia Nacional para que imponga las medidas correctivas a que haya lugar, tales como: multas, amonestaciones, entre otras.

¿Qué hacer?

En estos casos, en donde existan vecinos ruidosos, los cuales incomodan a las personas de su alrededor, es recomendable como primera medida intentar llegar a un acuerdo amigable con el posible infractor. De igual forma, también puede presentar el caso ante el Comité de Convivencia de su edificio o conjunto o a la Junta de Acción Comunal del barrio para llegar a un arreglo sobre este evento.

En caso de no lograr un acuerdo con el vecino ruidoso, o que este siga haciendo ruido, usted puede llamar a la línea de emergencia 123 o acudir a la autoridad policiva (policía uniformado, cuadrante o CAI que se encuentre cerca del lugar), para informar sobre los hechos. La policía se encargará de verificar si efectivamente la conducta existió y no hay duda de ello, para luego realizar el siguiente procedimiento:

Como primera medida, abordará a la persona en el lugar de los hechos; luego, le deberá informar la infracción que presuntamente cometió. El presunto implicado tendrá que ser escuchado con el objetivo de que se defienda (puede presentar videos, fotos, grabaciones y demás pruebas para defenderse). Y, finalmente si se considera que se ha cometido una infracción, podrá imponer comparendo, que en este caso será de $393.000 e incluso podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido si el infractor se niega a desactivarlo.

Después de que la autoridad policiva imponga el comparendo, el infractor podrá presentar recurso de apelación, en caso de no estar de acuerdo con este, ante el inspector de policía, quien verificará las pruebas y confirmará o revocará la medida impuesta.El comparendo será trasladado al inspector de policía dentro de las 24 horas siguientes a su imposición y este tendrá tres (3) días hábiles para resolver la apelación, en caso de que se presente.

Tenga en cuenta que:

Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona (salvo las restricciones que establece la ley), impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de Policía que impida la grabación de los procedimientos sin la justificación legal correspondiente, incurrirá en causal de mala conducta.

De igual forma, es importante tener en cuenta que la intervención policial podrá iniciar sin necesidad de la solicitud de otra persona cuando ellos logren observar la infracción; el ruido proveniente de construcción o reparaciones solo será sancionado si se hace en horas no permitidas; si se hace un mal uso de las líneas de emergencia, usted podrá ser sancionado por la suma de $ 786.880; cuando la infracción sea cometida por un menor de edad, las medidas correctivas se impondrán en contra de sus padres o quien lo tenga bajo su responsabilidad y es deber de toda persona (natural o jurídica), sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, a menos que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable.

La persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

Diariamente en las casas de justicia se reciben quejas de vecinos por problemas relacionados con el exceso de ruido, autos mal parqueados, mascotas y afectaciones en inmuebles.

En Canal Capital le contamos cómo puede evitar o conciliar cuando se presentan este tipo de problemas que afectan la convivencia ciudadana.

La falta de tolerancia y de respeto son las quejas más comunes entre vecinos, que en muchos casos causan graves conflictos en la ciudad. Y es que son muy pocos los ciudadanos que se han escapado de un conflicto entre vecinos.

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”La primera recomendación es no entrar en confrontación directa con él ya que esta una de las principales fuentes de riñas en estas épocas, bien sea por ruido, por uso de pólvora o por algunas afectaciones a la movilidad”, indicó el abogado civil Álvaro Pérez.

Por eso, si se ve envuelto en una de estas situaciones lo primordial es que hable con el Comité de Convivencia de su conjunto o barrio y en caso de que persista la problemática, llame a la Policía.

”Una vez llegan es importante que después de que realicen el procedimiento donde solicitaron garantizar los derechos de las personas, se solicite copia del acta que ellos levantan para tenerlo como respaldo», agregó el abogado.

Por esta razón, la Secretaría de Seguridad abrió 13 casas de justicia, con el fin de que allí se solucionen los conflictos.

«Se interpone ante la Policía la querella de policía para que ellos inicien un proceso sancionatorio en contra del vecino en el cual ambas partes aportan pruebas, garantizando así el derecho de defensa», puntualizó Pérez.

En los centro de conciliación se encuentran ayudas psicológicas, se promueve un cambio de buenas conductas y se llega a un acuerdo de pago por reparación.

Cabe recordar que en el Código de Policía todas estas conductas tienen sanciones que van desde los 120.000 pesos a los 4 millones de pesos.

Por: Carolina Beltrán

Nadie dijo que vivir en comunidad sea fácil, ya que, por lo general, conviven diferentes grupos de personas, con sus peculiaridades. Es por ello que es muy habitual encontrarnos, en algún momento de esta convivencia, con el problema de los ruidos provenientes del vecino: ya sea porque pone la música alta, porque se dedica a mover los muebles, porque el bebé no para de llorar o el perro de ladrar, porque está de obras, etc…

Pues bien, en el presente artículo vamos a hablar de ruidos y horarios y a tratar de poner en claro qué tipo de ruidos son los que debemos y los que no debemos soportar. Hablaremos también de cómo medir los ruidos del vecino y qué hacer en caso de que sean excesivos. Y, llegado el extremo, de cómo denunciar a un vecino por ruidos.

Índice de contenidos

1. Ruido de vecinos en mi comunidad: horarios y normativas

¿Hasta qué hora un vecino puede hacer ruido? Esta es la pregunta más común cuando nos enfrentamos a esta situación.

La respuesta dependerá de la localidad donde se encuentre el domicilio, ya que será en las distintas ordenanzas municipales donde se fijará exactamente el período diurno y el nocturno a los efectos de aplicación de la Ley.

En el horario diurno se puede poner la música alta, hacer una fiesta, mover los muebles, dejar que el bebé llore lo que necesite, realizar las obras que necesitemos, etc… con el límite establecido en las referidas Leye

En el caso de Castilla y león, entran en juego la Ley estatal del Ruido 3/2003 de 17 de noviembre y la Ley del Ruido de Castilla y León 5/2009 de 4 de junio, en la que se fija en su D.A. 10ª los períodos horarios estableciendo que el diurno será el comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas, y el horario nocturno cualquier periodo de tiempo comprendido entre las 22:00 y las 8:00 horas, excepto los utilizados en la evaluación del ruido ambiente.

En Valladolid, por poner un ejemplo, contamos con la Ordenanza sobre ruidos y vibraciones aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 7 de mayo de 2013, publicada en el BOP nº 122 de 31 de mayo (y es la que usaremos, a modo de ejemplo en el presente artículo, ya que la práctica totalidad de las Ordenanzas de este tipo son muy similares). En la misma se establece, por ejemplo, un horario diurno superior, hasta las 23:00 h de la noche.

Ello quiere decir que en el horario diurno se puede poner la música alta, hacer una fiesta, mover los muebles, dejar que el bebé llore lo que necesite, realizar las obras que necesitemos, etc… con el límite establecido en las referidas Leyes o en la Ordenanza Municipal correspondiente, y siempre teniendo en cuenta el “tipo de área acústica” donde nos encontremos (que van desde las áreas de silencio, de alta sensibilidad acústica y que requieren una protección muy alta contra el ruido – Uso dotacional sanitario, docente, etc… – hasta las Áreas especialmente ruidosas de nula sensibilidad acústica, como son las Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aéreo).

¿Cuál es el límite de ruido que se puede hacer?, o lo que es lo mismo, ¿Cuál es el número máximo de decibelios?

Del mismo modo que en el caso de los horarios, los valores límite sonoros son también competencia de los propios Ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, que se guiarán, en lo general, por lo establecido en las Leyes del Ruido correspondientes. En el caso de Valladolid, por ejemplo, la Ordenanza municipal se remite directamente al Anexo 1 de la Ley del Ruido de Castilla y león.

Por lo general, el límite diurno suele establecerse en los 35/40 dB (lo correspondiente a una simple conversación) y el nocturno en los 25/30 dB.

> Especial atención a los Ruidos por obras en comunidad de vecinos.

Uno de los casos más habituales de la generación de molestias vecinales suele ser la de los ruidos por obras en la comunidad por parte de un vecino o, incluso, en las zonas comunes.

En este caso, tal y como acabamos de señalar, hay que remitirse a la Ordenanza Municipal, y en su caso a la Ley del Ruido autonómica o estatal.

En el caso de Valladolid, por ejemplo, existe una referencia expresa a las “actividades vecinales en el interior de la edificación”, para prohibir “la realización de trabajos, obras o reparaciones domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones en horario nocturno de domingo a viernes, de 20:00 a 08:00 horas y en sábado y vísperas de festivos de 20:00 a 10:00 horas del día siguiente salvo las estrictamente necesarias por razones de urgencia”.

2. Medición del ruido de los vecinos

La siguiente pregunta que nos haremos, una vez que creemos que podemos encontrarnos en alguno de los casos analizados (por ejemplo, un ruido excesivo, por encima de los 50 dB, a las 23:00 horas), será la de ¿cómo puedo realizar la medición del ruido de los vecinos?

Hoy en día contamos con varias aplicaciones móviles que facilitan este trabajo inicial:

  • como por ejemplo el Sound Meter (enlace para Android)
  • o Decibel X para Android y iOS

Ello no obstante, la mayoría de estas app no son del todo fiables, no miden el ruido con total precisión, y por lo tanto no servirán como prueba para denunciar estos ruidos. Sin embargo, sí que parecen una buena herramienta para hacerse una idea inicial de los ruidos que estamos sufriendo y así tratar de solucionarlo por las buenas con el vecino ruidoso.

En caso de que los ruidos persistan, y de cara a poder acreditar los ruidos de forma fehaciente, lo aconsejable es contar con la medición profesional de un perito acústico, que realizará las mediciones correspondientes en diferentes momentos, e incluso días y horas.

3. ¿Qué hacer si mi vecino hace mucho ruido?

Otra pregunta muy común que nos hacen nuestros clientes cuando, por ejemplo, sus vecinos hacen mucho ruido por la noche, es la de si llaman o no a la policía.

Si, a pesar de los intentos y requerimientos amistosos al vecino ruidoso, éste permanece en su actitud, no quedará más remedio que interponer la correspondiente denuncia ante la policía local

  • Ante ello, entendemos que lo primero que debemos hacer cuando detectamos el problema de los ruidos causados por nuestro vecino será, como siempre, tratar de solucionarlo por la vía amistosa, poniendo en su conocimiento la molestia causada, e instándole para que cese en la actitud ruidosa.
  • Si a pesar de ello el vecino ruidoso permanece en su actitud, es entonces cuando deberemos adoptar primeramente las medidas antedichas, comenzando por la realización de las mediciones correspondientes, ya sean las que podemos realizar con nuestro dispositivo móvil o mediante un perito acústico.
  • Detectadas unas mediciones elevadas dependiendo de los límites establecidos en nuestra ordenanza municipal, entonces si, es cuando no nos quedará mas remedio que llamar a la Policía local para que acudan al domicilio, donde comprobarán los hechos denunciados, y en su caso requerirán al vecino ruidoso para que cese en su actitud.

4. Denunciar a un vecino por ruido: ¿cómo debo poner la denuncia?

Como acabamos de señalar, si a pesar de los intentos y requerimientos amistosos al vecino ruidoso, éste permanece en su actitud, no quedará mas remedio que interponer la correspondiente denuncia ante la policía local.

En la mayoría de los casos, tras una llamada desde el domicilio a la policía, suele desplazar una patrulla al mismo para la comprobación de los hechos denunciados.

En este caso, la Policía no suele realizar mediciones acústicas, cuando el problema es entre vecinos y no se trate de actividades sujetas a licencia de actividad, etc… , al entender que el problema corresponde a la jurisdicción civil.

En todo caso, si del resultado de la visita de inspección, se pusiera de manifiesto el incumplimiento de la correspondiente Ordenanza Municipal, se iniciará el correspondiente expediente de medidas correctoras y en su caso sancionador.

5. Preguntas Frecuentes sobre ruidos

Aunque en los apartados anteriores se ha realizado un análisis de los aspectos mas importantes a tener en cuenta cuando se producen ruidos por parte de un vecino, a continuación os resolvemos algunas de las cuestiones mas frecuentes que nos realizan nuestros clientes:

¿Puedo denunciar a mi vecino por ruidos?

Por supuesto. Tal y como hemos expuesto, es perfectamente posible denunciar a cualquier vecino cuando por éste se realice cualquiera de las conductas establecidas en la Legislación citada, de acuerdo siempre con la Ordenanza Municipal en la materia.
Ello no obstante, la práctica mayoría de estas situaciones se puede arreglar de forma amistosa, por lo que siempre aconsejamos un requerimiento verbal previo.

¿Dónde denunciar a un vecino por ruidos molestos?

Una vez que se ha procedido al requerimiento fehaciente e incluso a mediciones acústicas propias que ponen de manifiesto este incumplimiento de la normativa sobre ruidos, lo procedente será llamar a la policía local para que acredite dicha situación.
Si estos ruidos, además, le han causado un perjuicio acreditable, o incluso cuando a pesar de la actuación de la policía persisten estos ruidos, podrá realizar una reclamación judicial en vía civil, para lo que no dude en ponerse en manos de su abogado.

¿Cuál es el teléfono de la policía para avisar por el ruido de los vecinos?

Aunque el teléfono de la policía local en España es el número 092, número al que podrá llamar para cursar este tipo de denuncias, nosotros le aconsejamos que la llamada la realice a través del número 112, ya que dichas llamadas quedan registradas y se podría acreditar judicialmente.

¿Qué hacer si el perro de un vecino hace un ruido excesivo?

Del mismo modo que si los ruidos provienen de cualquier vecino, los ladridos de un perro pueden ser objeto de denuncia cuando se trate de ruido excesivo, como por ejemplo lo serían los “ladridos incesantes y particularmente en horas intempestivas (noche, madrugadas,…), cuando las mediciones acústicas realizadas ofrezcan niveles sonoros superiores a los estandarizados para una inmisión sonora” (SAP VALLADOLID, Sección 1ª, de 2.11.16)

¿Es obligatorio contar con un abogado?

Tan solo es obligatorio contar con abogado en algún caso en el que tenga que interponer la reclamación judicial. Pero, desde luego, es recomendable contar con uno desde el inicio, ya que la reclamación inicial puede ser determinante para el éxito de su pretensión.

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